La Fiscalía echa humo

Dos cajones repletos de documentos han entrado esta semana en la Fiscalía del TSJ para respaldar la declaración, que ha durado dos días en total, de un conocido periodista murciano citado en tiempo y forma por el fiscal-jefe, Manuel López Bernal, a raíz de todo lo que ha venido difundiendo en los últimos meses desde varios soportes. Después de Navidad y Reyes este periodista aportará también pruebas de compra de terrenos en torno a "Lo Poyo" por parte de determinados concejales del PP alertados por el compañero de partido de un municipio colindante y conocedor de los intríngulis urbanísticos de la zona sur del Mar Menor.

Esa ristra de pruebas documentales aportadas ha quedado bajo custodia en el edificio de la Audiencia Provincial puesto que se han abierto diligencias de investigación inmediatamente tras finalizar su comparecencia. No se descarta que el periodista tenga que volver a comparecer en los próximos días para aclarar algún extremo o ampliar información esencial para los investigadores, como la presencia constante de un muy determinado estudio de arquitectura. El periodista ha quedado afectado por el supuesto de protección de testigos y dotado de vigilancia policial por decisión de la Fiscalía y con conocimiento de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Murcia ante las amenazas recibidas con anterioridad a su testimonio.

Esa investigación, según parece, afecta de lleno a políticos en activo del PP en la Región de Murcia y a un conocido promotor inmobiliario con negocios conjuntos. La trama de supuesta corrupción a gran escala se está investigando en base a varios presuntos delitos de unos y de otro, e implica a terceras personas, al parecer, de forma mucho más que evidente. La Guardia Civil ya ha comenzado sus pesquisas y espera haber confirmado las sospechas y todos los indicios de delito a la vuelta de las ya inminentes vacaciones de invierno, que la Fiscalía murciana no se va a tomar más allá de los festivos en rojo, ni esos miembros de la Benemérita tampoco.

Según parece, ese periodista ha puesto a disposición de López Bernal (en la fotografía, con el fiscal general del Estado, Conde Pumpido) todos aquellos documentos que se le han requerido y que probarían trasgresiones constantes de la legalidad de forma sistemática y premeditada. Afecta a personas del núcleo más duro en torno a Valcárcel y ya ha hecho comentar en privado a algún consejero que "esto se acaba en enero, o me voy o me echan". Un alcalde y varios concejales populares estarían en el centro de los afectados por el testimonio de ese periodista, y una conocida empresa emblemática, involucrada hasta las cejas por un escandaloso trato de favor en convenios urbanísticos y por concesiones de obras públicas a dedo a cambio de recolocaciones posteriores de políticos amigos con sueldos de escándalo .

El tema tiene tales ramificaciones, que otro conocido empresario de éxito en agroalimentación de la Región de Murcia tiene pensado retirar su participación casi obligada en lo que tiene toda la pinta de haber sido un presunto fraude de ley, y que también se puede destapar a raiz de estallar lo que en medios de la Fiscalía no se ha dudado un minuto en calificar como "una bomba" tras conocer la clara implicación de algunos abogados murcianos en negocios efectuados a la sombra del actual poder político regional. El desmorronamiento de Valcárcel se llevará por delante a una buena parte de la delincuencia autóctona de "cuello blanco", según se vaticina desde sectores al margen en el seno de un gobierno autónomo afectado por una profunda y ya irreversible crisis política.

Como consecuencia de otra denuncia de un particular murciano en Madrid, ante las autoridades correspondientes, la Guardia Civil adscrita al Banco de España está solicitando documentación pertinente a una conocida entidad regional de crédito para posteriormente dar traslado a la autoridad judicial en la Audiencia Nacional si encontrase, a raíz de su exámen y análisis técnico, algún indicio racional de cualquier tipo de delito por parte de sus responsables ejecutivos. Esta cuestión, de prosperar en los juzgados, también afectaría de lleno al gobierno autónomo.