El coste de la corrupción

La querella presentada ayer por la Fiscalía contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el militante de Coalición Canaria Miguel Zerolo, y la libertad bajo fianza de 80.000 euros decretada para el presidente del PP en Telde, José Luis Sánchez, constituyen los últimos episodios de las investigaciones que se vienen sucediendo sobre posibles delitos de corrupción. Las pesquisas policiales y judiciales en marcha se están desarrollando en un período preelectoral, lo que inquieta a todas las formaciones políticas concernidas por los procedimientos abiertos y que tienden a reaccionar con visible contrariedad ante los mismos. Así, el presidente de Baleares, el popular Jaume Matas, ha llegado a sostener que las indagaciones protagonizadas por el Ministerio Público en Andratx constituyen una especie de 11 de marzo para su partido, cuya intención de voto, según las encuestas, se está viendo seriamente mermada en las islas por el escándalo.

Con independencia de que resulte inadmisible que se invoque aún hoy la tragedia del 11-M con voluntad de alentar presuntas conspiraciones fuera de lugar, no es de recibo descargar las culpas en la Fiscalía, que debe cumplir con su obligación de perseguir el delito, de las consecuencias más o menos dañinas que ocasiona la corrupción en los intereses y las expectativas de los partidos. Las acusaciones de parcialidad no sólo no contribuyen a aliviar la profunda irritación que suscitan en la ciudadanía los abusos de algunos de sus servidores públicos, sino que llevan implícita la sospecha de que jueces fiscales prevarican con actuaciones de mala fe destinadas de perjudicar a terceros. La generalización no es verosímil y, en todo caso, esas imputaciones no deberían ni siquiera insinuarse si no se cuenta con pruebas concluyentes que las respalden.

Es indudable que las investigaciones de casos de corrupción pueden provocar movimientos en el electorado, que toma en consideración todos los factores que matizan la oferta política a la hora de ponderar su voto. Pero si los partidos -y, en especial, las dos grandes formaciones llamadas a sucederse a frente del Gobierno- quieren librarse de esta destructiva rémora, deben combatir desde dentro la corrupción, prevenirla primero y erradicarla sin contemplaciones cuando se presenta, no cuestionar y desacreditar a la Justicia y a quienes la ejercen sin evidencias concluyentes que lo justifiquen. Si las fuerzas políticas tienen esa vocación compartida, deberían consensuar mecanismos eficaces para combatir cualquier atisbo de irregularidad. Los escasos intentos ya consolidados, como el Pacto Antitransfuguismo, han demostrado su eficacia aunque sus resultados hayan sido insuficientes por la ausencia de una voluntad política real de aplicarlos. Lo exigible en un sistema democrático asentado y lo que la ciudadanía reclama es que los partidos renuncien a la tentación de utilizar la corrupción como arma arrojadiza y no se amparen en argumentos o excusas de difícil justificación para tratar de eludir sus potenciales responsabilidades.

www.lasprovincias.es