miércoles, 27 de enero de 2016

Muere en Cartagena el empresario Emilio Restoy Zamora, presidente de 'Licor 43'

CARTAGENA.- Emilio Restoy Zamora, doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid, presidente del grupo Licor 43 y de la promotora inmobiliaria Urbincasa, ha fallecido hoy en Cartagena a los 76 años, según fuentes cercanas a la familia. 

La causa de su fallecimiento ha sido un cáncer por el que estaba internado en el hospital Santa Lucía desde comienzos de este mismo mes de enero. 

Los restos mortales del conocido empresario cartagenero estarán a partir de esta tarde en el tanatorio Santa Lucía, para poder ser velados por familiares, empleados, clientes y amigos.

"Su pérdida viste de luto el mundo empresarial, ya que fue un referente en la industria de la comunidad murciana. Emprendedor y batallador, se volcó por completo en la empresa familiar, donde destacó por ser un gran gestor de las relaciones humanas", ha indicado la compañía en un comunicado.

La misa corpore in sepulto se oficiará mañana, a las once y media, en la iglesia de Santa María de Gracia, según las mismas fuentes familiares, antes de la inhumación de sus restos mortales en el cementerio de Nuestra Señora de los Remedios.


Restoy Zamora era hijo de uno de los tres hermanos fundadores del grupo, propietario de marcas como Licor 43 y Bodegas Ramón Bilbao, así como de Urbincasa, Mar de Frades, Ron Matusalem, y Pacharán Zoco.
"Su pérdida viste de luto el mundo empresarial, ya que fue un referente en la industria de la comunidad murciana. Emprendedor y batallador, se volcó por completo en la empresa familiar, donde destacó por ser un gran gestor de las relaciones humanas", ha indicado la compañía.


Leer más:  Economía.- Fallece el presidente del Grupo Diego Zamora, Emilio Restoy Zamora - Bolsamanía.com  http://www.bolsamania.com/noticias/empresas/economia--fallece-el-presidente-del-grupo-diego-zamora-emilio-restoy-zamora--1012753.html#QlS0s5gpFPQSRf8k

Restoy Zamora era hijo de uno de los tres hermanos fundadores del Grupo Licor 43 (propietario de marcas como Bodegas Ramón Bilbao, Mar de Frades, Ron Matusalem, y Pacharán Zoco) y de la promotora inmobiliaria Urbincasa.
Restoy Zamora era hijo de uno de los tres hermanos fundadores del grupo, propietario de marcas como Licor 43 y Bodegas Ramón Bilbao, así como de Urbincasa, Mar de Frades, Ron Matusalem, y Pacharán Zoco.
"Su pérdida viste de luto el mundo empresarial, ya que fue un referente en la industria de la comunidad murciana. Emprendedor y batallador, se volcó por completo en la empresa familiar, donde destacó por ser un gran gestor de las relaciones humanas", ha indicado la compañía.


Leer más:  Economía.- Fallece el presidente del Grupo Diego Zamora, Emilio Restoy Zamora - Bolsamanía.com  http://www.bolsamania.com/noticias/empresas/economia--fallece-el-presidente-del-grupo-diego-zamora-emilio-restoy-zamora--1012753.html#QlS0s5gpFPQSRf8k

Restoy Zamora era hijo de uno de los tres hermanos fundadores del grupo, propietario de marcas como Licor 43 y Bodegas Ramón Bilbao, así como de Urbincasa, Mar de Frades, Ron Matusalem, y Pacharán Zoco.
"Su pérdida viste de luto el mundo empresarial, ya que fue un referente en la industria de la comunidad murciana. Emprendedor y batallador, se volcó por completo en la empresa familiar, donde destacó por ser un gran gestor de las relaciones humanas", ha indicado la compañía.


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También era miembro Restoy del Patronato de la Fundación Caja de Ahorros de Murcia.

Licor 43 es el licor español más vendido en el mundo. Actualmente, se comercializa en más de 70 países, principalmente en Europa del Norte, Estados Unidos, Puerto Rico y América Central. 

Las familias Restoy y Zamora, propietarios de la licorería DZ, que fabrica el Licor 43, tienen un patrimonio que ronda los 300 millones de euros, según la revista Forbes en su edición correspondiente a 2014.

El PSRM acusa al PP de hacer una campaña de "manipulación" con las enmiendas a los Presupuestos

MURCIA.- El secretario general del PSRM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar, ha acusado al PP y al Gobierno regional de llevar a cabo una campaña de "manipulación" con la tramitación de las enmiendas a los Presupuestos de la Comunidad para 2016 con el objetivo de "alarmar a la población y crear fractura social" en temas "muy importantes".

"Esta mañana observamos con satisfacción que la Región no se ha hundido, que las plagas de Egipto no han caído sobre la misma y que la vida con normalidad sigue, y debe seguir con la esperanza y la ilusión de que consigamos entre todos un futuro mejor para esta Región", según González Tovar, quien ha considerado que un Gobierno que "miente de esa manera" es un Ejecutivo que "tiene que irse a casa".
En este sentido, ha reprochado que el PP ha sido "muy tramposo" en la ejecución de este debate presupuestario, porque ha organizado una campaña para "manipular, para mentir y para engañar a los ciudadanos de buena voluntad, tergiversando el sentido de las enmiendas y manipulando los objetivos y las repercusiones de las mismas".
A su juicio, los "agoreros y los alarmistas" han quedado hoy "en evidencia" tras la aprobación de los Presupuestos este martes en la Asamblea Regional, puesto que "todos esos males que anunciaban se han quedado en eso, en alarma injustificada".
González Tovar admite que al PSOE no le gustan los Presupuestos de la Comunidad que han resultado de la tramitación parlamentaria, pero entiende que han experimentado una "mejora importante" gracias a la "contribución efectuada por los grupos de la oposición".
En este sentido, ha defendido que el PSOE ha trabajado en sus líneas políticas y en su compromiso con los ciudadanos de la Región, intentando variar "parte de ese Presupuesto", a pesar de que contaba con "unas reglas de juego muy limitadas que no dejaban mucho margen", pero intentando que ese margen beneficiara a las personas que son el objeto de su trabajo político.
En concreto, ha remarcado que el PSOE ha trabajado por la creación de empleo, tal y como "certifican" las enmiendas. Asimismo, ha ensalzado el trabajo de los socialistas por la "atención urgente a las necesidades de los hombres y mujeres de la Región", aportando "una importante mejora para los servicios públicos, para la Educación y para la Sanidad, fundamentalmente".
De la misma forma, el PSOE "ha defendido los servicios municipales, porque en ese ámbito, en el de los 45 municipios de la Región, es donde se recibe en primera instancia a las personas que tienen esas necesidades y que acuden a su ayuntamiento para resolverlo".
En su opinión, la tramitación de los Presupuestos de la Comunidad "deja en evidencia algunas cosas claras que hoy, ya acabado el proceso, podemos valorar". En primer lugar, ha destacado la "intolerancia" en la que está instalado un PP "en minoría", que "no acepta esta nueva situación y que ha estado acostumbrado a pasar el rodillo y a que nadie pudiera aportar nada a esas cuentas públicas".
González Tovar cree que esta tramitación también ha puesto en evidencia que la "ineficiencia y el despilfarro de este Gobierno regional" tiene a la Comunidad "al borde del colapso, donde los grandes proyectos han fracasado, pero donde los ciudadanos tienen que sufrir el tener que pagarlo". Ha citado, en concreto, el caso de la desaladora de Escombreras.
Ha reprochado que "hay una incapacidad manifiesta para contener el déficit y para cuadrar las cuentas", mientras que la corrupción "está pesando como un lastre" sobre el Gobierno regional. "Los últimos días sabemos que están a riesgo, incluso, aportaciones de cientos de millones de euros para temas tan importantes como el agua".
A este respecto, ha lamentado no haber oído todavía "a ningún responsable del PP en la Comunidad defender que esa corrupción en Acuamed es algo que perjudica mucho a esta Región y que está directamente relacionada con el PP". Mientras que el PP "no coja por los cuernos el tema de la corrupción", González Tovar lamenta que "no se podrá normalizar ni las cuencas ni los proyectos de futuro ni el futuro de esta Región".
Ha insistido en que el PP "se ha dedicado a mentir" desde que presentó los Presupuestos y el techo de gasto; y ha advertido que mentir "es incompatible con la política", de forma que un político que miente "es un político que debe irse a su casa".
A su juicio, el PP ha cometido dos "grandes errores". El primero de ellos es que "no ha querido negociar con nadie" y no ha habido "ni una sola llamada y ni una sola conversación de pasillo en los temas importantes del Presupuesto, de un PP encerrado en sí mismo y con la capacidad de creer que con su solitaria minoría podía abordar la Ley más importante del año en la Comunidad".
El líder socialista ha reprochado también que el Gobierno regional "ha estado ausente del debate de los Presupuestos", esperando a que "todas las enmiendas fueran aprobadas para desarrollar una campaña de manipulación y mentira para influir en la decisión última de los grupos políticos de la Asamblea, en una ingerencia inaceptable y antidemocrática".
Ha lamentado que el poder legislativo "no se puede ver presionado de la forma en que se ha visto presionado estos días por el Gobierno de la Región". Ambos poderes, ha recordado, son "autónomos" y hay que respetarlos, lo que "implica atentar gravemente contra el funcionamiento democrático de la propia Región".
En vez de estar "preocupados por resolver los problemas", González Tovar cree que el PP ha tenido como objetivo "alarmar a la población y crear fractura social" en temas "muy importantes" y "solo han estado en la mente de los dirigentes del PP las repercusiones negativas que han ido intentando engañar a la gente desde las propias consejerías, direcciones generales y la Presidencia del Gobierno".
Por ejemplo, ha aclarado que la enseñanza concertada "no ha estado en ningún momento en peligro" ni se va a producir ningún despido, como tampoco han estado en riesgo las energías renovables, puesto que todas las enmiendas "han ido encaminadas a favorecerla". Asimismo, ha desmentido que se haya perdido "ni un solo puesto de trabajo con esas enmiendas, sino todo lo contrario: han habido miles de puestos de trabajo ganados con ellas".
Ha avanzado que el PSOE va a hablar con los colectivos, con los que ha estado hablando estos días y, de hecho, ha recordado que las enmiendas emanaban de ellos. En este proceso, espera "desenmascarar al Gobierno del PP, de Pedro Antonio Sánchez y a la propia actitud que ha tenido de estimular esa campañaque desde el sectarismo político es desde el único punto de vista que tiene explicación".
El PSOE ha llamado a la "tranquilidad" de los colectivos y de la sociedad murciana, porque las aportaciones que se han hecho a los Presupuestos "han sido positivas" y la Ley ha salido "mejorada de la Asamblea". Además, a pesar de que el margen de maniobra era "muy pequeño", celebra que ha habido debate político "por primera vez en los últimos 20 años".
Según González Tovar, la Región "necesita más transparencia", así como "más empleo y de más calidad", y mejorar los servicios públicos y municipales, "que son elementos centrales". Las enmiendas socialistas han ido encaminadas en este sentido, ha asegurado. A pesar de las "rabietas y pataletas infantiles" del Gobierno regional, ha garantizado que el PSOE "va a seguir trabajando en lo que creemos que más beneficia a la Región".
Ha defendido que no hay "ningún desfase" en el Presupuesto, porque el dinero "es el mismo" y, en vez de usarlo en lo que tenían previsto, lo tendrán que usar en lo que exige la Asamblea. Otra cosa, añade, es que "los planes que tuviera el Gobierno regional se vean truncados" por las enmiendas, lo que ha ocasionado "una pataleta".

Se deja hasta el año 2020 la conclusión de los últimos once kilómetros de la denominada 'autovía del bancal'

MURCIA.- El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, ha dado hoy el visto bueno a un convenio entre la Comunidad y el Ministerio de Fomento para la ejecución de las obras para el tramo Alquerías-Santomera de la autovía RM-1, la conocida como 'autovía del bancal', que conecta los municipios de San Javier y Santomera.

Así lo ha adelantado en rueda de prensa el consejero de Fomento e Infraestructuras, Francisco Bernabé, quien ha explicado que una vez que el Ministerio lo reciba se remitirá al Ministerio de Hacienda para que se aprueben las consignaciones económicas hasta 2020, año en el que se espera que los trabajos para completar los últimos 11 kilómetros de dicha autovía concluyan. El consejero espera que "se respete lo pactado y estipulado".
El objetivo de este acuerdo es "culminar la construcción de la autovía RM-1 con la ejecución de un tramo de 11 kilómetros de longitud entre las citadas poblaciones", que tiene un presupuesto de 110 millones de euros, para cubrir los gastos derivados de las expropiaciones y la ejecución de las obras.
Actualmente, la autovía RM-1 tiene ejecutado un trazado de 29,4 kilómetros que enlaza las localidades de San Javier y Alquerías y que supuso la inversión de 111 millones por parte de la Comunidad.
Tras la construcción del tramo pendiente, la autovía tendrá una longitud total de 40,4 kilómetros para unir los municipios de San Javier y Santomera y habrá contado con un presupuesto superior a los 221 millones.
Las obras serán ejecutadas por la Comunidad, en base al proyecto de trazado redactado por la Administración regional, mientras que el Ministerio de Fomento aportará la financiación de las actuaciones contempladas, distribuida a lo largo de las anualidades comprendidas entre 2016 y 2020.
Así, este año está previsto invertir 4 millones de euros; en 2017, 20,5 millones; en 2018, 20,5 millones; en 2019, 22,6 millones y en 2020, 42,2 millones, año en que finalizarán los trabajos.
Los trabajos se ejecutarán en tres fases. El primer tramo tendrá una longitud de tres kilómetros y comprenderá entre la actual RM-1 (carretera de Zeneta) y la carretera de Beniel (RM-330) y su coste será de 30 millones de euros.
El segundo conectará los cuatro kilómetros que separan la carretera de Beniel (RM-330) y la Nal-340 en Santomera y su presupuesto será de 45 millones; y el tercero completará los cuatro kilómetros que restan desde la carretera Nal-340 en Santomera hasta conectar con la A-7 y supondrá una inversión de 25 millones.
El nuevo trazado dispondrá de dos calzadas, con dos carriles cada una y una mediana de anchura variable, entre 2 y 10 metros, y seis enlaces, de los que uno conecta con la autovía del Reguerón, otro con la autovía A-7 y los cuatro restantes con carreteras de la red secundaria.
El tramo discurrirá por el corredor paralelo a la carretera autonómica MU-303 (Santomera-Los Ramos) y se apoyará principalmente sobre el eje formado por la MU414 (Santomera-Abanilla), MU-303 y MU-304 de la red autonómica.
Una vez construido y puesto en servicio, conectará la autovía del Reguerón, a la altura de la población de Alquerías, con la autovía A-7, mejorando la conexión de la Región con otras comunidades y constituirá una alternativa a la autovía C-3319 en las relaciones entre Murcia y la comarca del Mar Menor.

Bruselas revisa 660 millones de euros de ayudas recibidos por 'Acuamed'

BRUSELAS.- La Comisión Europea tiene en el punto de mira las actividades de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed). Las numerosas informaciones publicadas en los últimos días han disparado las alarmas en Bruselas y el portavoz de la Comisión, Jakub Adamowicz, admitió ayer que la institución está siguiendo el caso tras conocerse que la entidad dependiente del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, habría usado de manera fraudulenta fondos millonarios, gran parte de ellos procedentes de las arcas comunitarias, según publica http://www.eleconomista.es.

La Comisión ya puso en conocimiento de la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude (OLAF) la semana pasada la información que tiene sobre el caso para que considere si abren una investigación, según confirmó ayer Adamowicz , ya que la entidad ha sido una de las grandes beneficiarias del maná europeo.
Acuamed recibió entre 2007 y 2013 un total de 660 millones de euros para cofinanciar proyectos relacionados con plantas desalinizadoras en el Mediterráneo. Según informaron fuentes europeas a este diario, precisamente los funcionarios de la Comisión están intentando averiguar si parte de estos fondos se vieron afectados por los escándalos de corrupción publicados en la prensa. Y en el centro de toda la polémica está precisamente el representante español en el colegio de comisarios, Miguel Arias Cañete, quien fue el responsable del ministerio entre 2011 y 2014.
Según las informaciones que se han publicado, Cañete intervino a favor de la empresa FCC para favorecerles con un pago de 40 millones a través de Acuamed, debido a los daños que una riada provocó en la desaladora de Bajo Almanzora en Almería. La ayuda al final fue incluida a pesar de que los informes técnicos eran contrarios a concederla.
El portavoz jefe de la Comisión, Margaritis Schinas, evitó ayer cualquier comentario sobre Cañete debido a que la institución no comenta mientras haya una investigación en curso. Otras fuentes comunitarias manifestaron que el presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, no ha pedido aclaraciones de momento al propio Cañete, dado que aún se desconoce si el comisario ha participado en pagos irregulares.
Por otra parte, fuentes cercanas a Cañete en Bruselas comentaron a elEconomista que el comisario está "tranquilísimo" e insisten en que todas las gestiones durante su paso por el ministerio se realizaron con el "máximo rigor". Según un email al que tuvo acceso la Cadena SER, Cañete estuvo presente en la reunión con los representantes de FCC y era consciente de que se iban a realizar los pagos.
Agricultura reconoció ayer que Cañete se reunió con los enviados de la firma. Sin embargo, el ministerio negó que los daños de la riada fueran abonados por Acuamed. Bruselas desconoce aún qué cantidades de los fondos comunitarios han podido verse afectadas, ya que están conociendo gran parte de la información a través de las informaciones en la prensa. No obstante, las mismas fuentes elogiaron la cooperación con Madrid.
La pila de casos de corrupción relacionados con España ha llevado a que el país haya empeorado su posición en el Índice sobre la percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, hasta tal punto que Qatar ocupa una mejor posición en el estudio. Según este índice, nuestro país cae dos puntos en comparación con el pasado año hasta tener 36. Mejor posicionada queda no sólo el organizador de la copa del Mundo de 2022, que encara acusaciones de sobornos y corrupción, sino también Botswana.

Arias Cañete ignoró un informe interno que recomendaba que 'Acuamed' no pagara a FCC

MADRID.- El 23 de enero de 2014, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente realizó un informe profético sobre el caso Acuamed. Analizaba la reclamación de FCC para compartir gastos para reparar la desaladora del Bajo Almanzora (Almería), inundada desde septiembre de 2012 y que estaba sin seguro. El informe señalaba que se trataba "de un grave incumplimiento de contrato" culpa de la empresa, por lo que recomendaba resolver el contrato, según http://www.elconfidencial.com

Y advertía: "Este tema podría trascender a la opinión pública, (...) no sería nada desdeñable que cualquier persona que se considere dañada-perjudicada por el actual equipo gestor de Acuamed y que disponga de información, lo que por otro lado no es nada difícil, lo trasladara a algún medio o incluso se plantearan denuncias". Aun así, un mes después el entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, recibió a los máximos responsables de FCC y pidió un informe a la Abogacía del Estado para valorar quién era responsable de los daños y por lo tanto ver si había que pagar a medias. La partida acabó en los Presupuestos aunque nunca se abonó.
El caso es complejo, farragoso y muy largo, así que conviene ir por orden. El viernes 28 de septiembre de 2012 a las 11 de la mañana, el sureste de la Península sufre una tromba de agua brutal. En el litoral mediterráneo y a finales de septiembre las gotas frías no son extrañas. Hubo 10 muertos en Murcia, Almería y Málaga.
A la una de la tarde se desbordó la rambla de Canalejas, cerca de la desembocadura del río Almanzora. Ese río se cruza habitualmente sin problema en coche porque en el mejor de los casos no es más que un hilo de agua. La desembocadura de la rambla está encauzada "para una avenida de 500 años de periodo de retorno", es decir, para soportar la peor riada prevista en ese tiempo. Pero la riada fue tremenda. En cuanto se desbordó la rambla, la desaladora del Bajo Almanzora quedó inundada en 15 minutos. "A primera hora de la tarde, el agua alcanzó un nivel de unos dos metros, tal vez superior, en toda la parcela", según un informe posterior de Medio Ambiente.
La inundación no fue violenta, por lo que no dañó la estructura, pero el 75% de las instalaciones eléctricas y el 90% de los aparatos electrónicos y de la instrumentación quedó inservible. El coste de reparación se estimaba entonces entre 10 y 15 millones de euros. La planta, planificada por la sociedad estatal Acuamed en 2005 bajo el Gobierno socialista dentro del plan para sustituir al trasvase del Ebro, quedaba así herida de muerte. 
El problema es que entonces la titularidad no estaba clara. El 31 de julio de ese año, menos de dos meses antes, Acuamed había firmado un "acta de inicio parcial de operación y mantenimiento" y un "acta de terminación parcial de las pruebas". En esos documentos, Acuamed recoge que en ese momento inicia el periodo de "operación y mantenimiento durante 15 años previsto en el contrato" pero advierte de que la toma de posesión no será total hasta que "se hayan solventado los problemas surgidos con el bastidor número tres de la planta y probado su funcionamiento".
Así que la inundación en septiembre llegó cuando Acuamed aún no había recepcionado formalmente la totalidad de la obra. FCC, que lidera la UTE junto a Befesa (de Abengoa), ya no tenía el seguro a todo riesgo de obra ni había suscrito el seguro de explotación al que obligaba el contrato. La desaladora quedó empantanada y nadie quería pagar por ella. FCC abandonó el mantenimiento. El Gobierno no pagó la reparación a pesar de que un decreto ley de urgencia por las inundaciones le permitía mover partidas presupuestarias para paliar los daños de la riada.
Comenzó entonces una sucesión de reuniones, informes y peticiones de información para ver quién debía pagar el arreglo. FCC reclamaba el dinero y Acuamed no quería pagar. El 20 de junio de 2013, el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente y presidente de Acuamed, Federico Ramos, envió un correo al director general de Acuamed, Arcadio Mateo, en el que le preguntaba si iba a llevar al consejo de administración de la empresa pública el pago de 9,5 millones para liquidar la obra. “Así vamos avanzando con esta gente”, añadía Ramos, “a la que debemos bastante dinero por otras obras”, según adelantó la Cadena Ser. Finalmente, el tema no fue al consejo de administración.
Ramos, que en 2015 pasó a ser subsecretario de Presidencia, dimitió el viernes pasado para defenderse. Pese a que fue nombrado secretario de Estado de Medio Ambiente en enero de 2012, no asumió la presidencia de Acuamed hasta mayo de 2013, cuando ya estaba como director general Arcadio Mateo, hoy en prisión provisional. Mateo siguió en el cargo cuando en 2015 Ramos pasó a Presidencia.
El asunto seguía empantanado cuando Juan Béjar, entonces consejero delegado de FCC, pidió una reunión con el ministro Cañete. El encuentro se produjo el 24 de febrero de 2014, según admitió ayer el Ministerio en un comunicado. Cañete acudió acompañado de un abogado del Estado. Béjar fue con Fernando Moreno, entonces presidente de FCC Construcción, según fuentes próximas al encuentro. Antes de esa reunión, Cañete pidió informes a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y a Acuamed.
Esos informes, a los que ha tenido acceso El Confidencial, cargaban la culpa en FCC. Especialmente uno de ellos, el de la Secretaría de Estado que dirigía Ramos, que concluye: "Estamos ante un grave incumplimiento de contrato, que es causa de resolución del mismo por causas imputables al contratista, con las consecuencias que ello conlleva (incautación, pérdida de fianza...) y la reclamación del mismo de los daños ocasionados, ya que el tema cobra especial relevancia si tenemos en cuenta que el incumplimiento ha traído un perjuicio a un bien público de cuantía económica muy elevada". Y advertía: "Por suerte, no hubo daños a las personas, pues de haber sido así, con bastante probabilidad estaríamos con procesos penales abiertos". El texto, fechado el 23 de enero del 14, un mes y un día antes de la reunión, recomendaba "demostrar sin la más mínima duda una defensa clara y nítida del bien interés público".
El documento añadía un párrafo visionario: "Este tema podría trascender a la opinión pública, pues ante el más mínimo atisbo de alguna posible actuación que se entienda como irregular, no sería nada desdeñable que cualquier persona que se considere dañada-perjudicada por el actual equipo gestor de Acuamed y que disponga de información, lo que por otro lado no es nada difícil, lo trasladara a algún medio o incluso se plantearan denuncias".
El ministerio pidió otro informe a Acuamed para la reunión del ministro. Este no es tan contundente. Admitía que el seguro de operación y mantenimiento debía haberlo contratado Acuamed, lo que la haría responsable. Pero planteaba una "medida más drástica": "Ante la situación de abandono de la obra, cabría resolver el contrato, habida cuenta de que concurren, al menos, dos causas: el abandono e incumplimiento contractual grave". De hacerlo, Acuamed tendría que reparar la obra y restarlo de lo que aún debía pagar a FCC. Si en ese proceso aún faltaba dinero, reclamarlo a la UTE. En ese informe, Acuamed explicaba que antes de llegar a eso había una propuesta para repartir los costes al 60% por parte de FCC y al 40% por Acuamed. Sin embargo, no hubo acuerdo porque la empresa exigía un pago del 20% del importe de la misma "que no tenía soporte real".
Con esos informes, Cañete, según lo apuntado ayer por el ministerio, se inclinó por la opción más favorable a la empresa. No ordenó pagarle, pero sí pidió a la Abogacía del Estado "valorar jurídicamente las responsabilidades de cada parte en cuanto a los daños ocasionados en la planta del Bajo Almanzora". Es decir, no optó por resolver el contrato, como recomendaba la Secretaría de Estado, sino por la vía pactista. Esta fue "la única conclusión de la reunión", según el ministerio. El abogado del Estado encargado de la asistencia jurídica a esa empresa pública, Pablo Fernández Ruiz, concluyó el 10 de abril de 2014 que tanto Acuamed como la UTE tenían que correr con los gastos porque había "concurrencia de culpa en el daño". Posteriormente, señaló en un correo que si le pedían informe sobre el reparto 60%-40%, informaría negativamente.
Aunque testigos han señalado a Federico Ramos como una de las personas clave en el trato con FCC, la reunión de Cañete con los máximos responsables de la empresa y el informe de la Secretaría de Estado de Ramos puede servir en su defensa. Fuentes del ministerio indican que señalaría que el poder de mando sobre Acuamed estaba en realidad en el ministerio y no en la Secretaría de Estado. Añaden que, en realidad, Arcadio Mateo, el director general, al que el juez le atribuye directamente que recibía "agasajos" de constructoras, era un hombre del partido y de Cañete, no de Ramos, un abogado del Estado con bajo perfil político. Mateo realizaba sondeos electorales para el PP cuando fue designado y durante su mandato.
El 31 de marzo de 2014, un mes después de la reunión de Cañete con FCC, el directivo de Acuamed Francisco Valiente presentó su denuncia interna en la que incluía como ilegal el "principio de acuerdo" para repartir los gastos de la desaladora 40%-60%. Acuamed y el ministerio paralizaron entonces cualquier negociación con FCC, y nunca se pagó por la reparación.
La empresa pública desestimó las alegaciones de Valiente, pero la Audiencia Nacional comenzó una investigación en la que señala entre las irregularidades el pacto con FCC para que Acuamed pague el 40%, "cuando no es responsabilidad de la Administración", y añade que hay otras compensaciones "pactadas desde muy alto nivel en el ministerio" para que FCC recuperara dinero a través de certificaciones infladas en la descontaminación del embalse de Flix (Tarragona).
El juez señala que ha habido partidas en los Presupuestos Generales para reparar la desaladora. El ministerio admite que es así, pero añade: "La única partida presupuestaria de la sociedad Acuamed relativa al concepto 'Reparación desaladora de Bajo Almanzora' corresponde a los presupuestos del año 2016. Dicha partida, que asciende a 14,55 millones de euros y no ha sido ejecutada, corresponde a habilitación de crédito, sin constituir obligación alguna de gasto.

La agricultura europea será la más perjudicada en el TTIP entre Estados Unidos y Europa

VALENCIA.- La agricultura europea será la más perjudicada en el TTIP según informa el propio departamento de Agricultura de EEUU y recoge http://valencianews.es
 
Los acuerdos de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP), están actualmente en proceso de negociación entre Estados Unidos y la Unión Europea, tras los informes hechos públicos por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

El sindicato agrario La Unió, después de haber analizado los informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, constata que sin efectos apreciables para el PIB de ninguna de las dos zonas, el aumento de los intercambios comerciales agrícolas bilaterales, en mucha mayor medida desde Estados Unidos a la Unión Europea, se traduciría en recortes de los precios agrarios en los mercados europeos y desiguales reducciones de nuestras producciones.

El Departamento de Agricultura de USA ha evaluado los efectos que el TTIP tendría en las exportaciones agrícolas de los Estados Unidos y la Unión Europea en distintos escenarios en función del nivel de desarme de las barreras arancelarias.

A la vista del informe, en el peor de ellos, es decir, con el menor nivel de desarme arancelario, los resultados del estudio sugieren que el comercio agrícola bilateral entre los Estados Unidos y la Unión Europea se ampliaría en unos 6.300 millones de dólares como consecuencia del TTIP. 
 
Dicha ampliación correspondería en su mayor parte a los Estados Unidos, que vería mejoradas sus exportaciones agrarias con destino a la UE en unos 5.500 millones de dólares anuales (con un incremento de cerca del 40%). En ese mismo contexto la Unión Europea colocaría en los mercados USA unos 800 millones de dólares más en mercancías agrarias, lo que representaría un aumento sólo del 4%.

En cualquiera de los escenarios estudiados en función del nivel de desarme de barreras arancelarias, los beneficios en cuanto a incrementos de las exportaciones, son siempre mayores para EEUU que para la UE y en proporciones considerables.

Carne de vacuno y carne de porcino serían los sectores en los que las ventas de Estados Unidos a la Unión Europea crecerían más en cuanto a valor económico. En sentido contrario y en función de los escenarios, los sectores europeos más beneficiados por el TTIP según el informe del USDA, por los incrementos de exportación hacia Estados Unidos, podrían ser las frutas y verduras, el queso y las bebidas. 
 
De todas formas La Unió subraya que, no obstante y en todo caso, ese eventual beneficio no sería para los agricultores ya que el informe revela que en la Unión Europea este aumento de las relaciones comerciales agrícolas bilaterales tendría como consecuencia una reducción generalizada de los precios agrícolas, mayor o menor en función del escenario escogido, y desiguales efectos sobre la producción. Sin embargo, los precios agrarios en los mercados de Estados Unidos no se resentirían en la misma medida.

Por último, el estudio aporta también las variaciones del PIB en ambas zonas que se derivarían de la aplicación de las reglas pactadas en el TTIP. En este caso, el acuerdo repercutiría en un incremento del PIB en los Estados Unidos de entre el 0,1% y el 0,3% y en la Unión Europea también por debajo del 0,3%.

La Unió plantea por lo tanto y pide a todos los responsables políticos el rechazo a un acuerdo que no aportando beneficios apreciables al conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea y que en todo caso están por ver, pondría en serio riesgo el modelo de agricultura sostenible e integrada en el tejido socioeconómico del medio rural europeo, para ponerla en mano de los grandes operadores comerciales a los que se le proporcionaría mayores instrumentos para especular con la alimentación.

La obligada retirada de Rajoy favorecería el pacto / Pablo Sebastián *

Las palabras de Albert Rivera son determinantes: ‘veo muy difícil que Rajoy pueda abanderar un pacto contra la corrupción’. Y ese pacto es una de las condiciones esenciales de Ciudadanos para llegar a algún tipo de acuerdo para la formación del nuevo gobierno. Luego Rajoy es para C’s un obstáculo. De igual manera que lo es para el PSOE y para Pedro Sánchez quien ayer rechazó la última oferta que acaba de lanzar Rajoy a los socialistas: un pacto nacional entre los dos partidos con intercambio de apoyos en el Gobierno, ayuntamientos y autonomías.

Sin duda el último conejo salido de la chistera de Rajoy en el que pide al PSOE que le regalen la Moncloa y que traicionen a Podemos en sus pactos regionales y locales con partidos de izquierda para sustituirlos por el PP. Semejante disparate -nueva versión del casi partido único o ‘Movimiento Nacional’- desvela el nivel de desesperación de Rajoy y del PP y le pone letra al anuncio que día atrás hizo su dirigente Maillo cuando declaró que el PP tenía una oferta para Sánchez que el PSOE ‘no podría rechazar’ (sic).

Pues ya está rechazada y la oferta ha resultado ser un disparate más que evidencia el desconcierto del PP y la imposibilidad de Rajoy de llegar a acuerdos de gobierno con Rivera y Sánchez. Lo que empuja, con más vehemencia, la idea de que Rajoy debe abandonar de una vez el liderazgo del PP si no quiere que el PP salga del gobierno. Idea que a lo mejor le podría sugerir el Rey en la reunión prevista para el próximo martes. Salvo que Rajoy opte por unas nuevas elecciones como último recurso para permanecer al frente del PP.

Entre tanto a Pedro Sánchez las cosas no le van mucho mejor en el seno del PSOE donde le espera un tenso Comité Federal del día 30. De sus reuniones previas con los barones del partido se desprende la idea de que sus compañeros dirigentes quieren que Ciudadanos se integre en el proyecto de gobierno de Sánchez, lo que se anuncia imposible si ese pacto tiene en su núcleo a Podemos.

De manera que Sánchez tampoco lo tiene claro y corre el riesgo, igual que Rajoy, de verse desbancado de la jefatura del PSOE si finalmente no se aviene a un pacto PP-Ciudadanos con ausencia de Rajoy y con la abstención del PSOE, con o sin Sánchez. Esta es la fórmula que tiene más adeptos en círculos empresariales y financieros, en el ámbito de la UE, amplios sectores del PP y en la llamada ‘vieja guardia’ del PSOE.

La pregunta es la de ¿quién le pone el cascabel a los dos gatos? A Rajoy se la tienen que poner sus propios compañeros del PP, y puede que el Rey y el mismo entorno empresarial y financiero que ahora presiona al PSOE. Y a Sánchez el cascabel se lo puede poner Susana Díaz en el que será el Congreso del partido en la primavera próxima.

Lo cierto es que la salida de ambos facilitaría los acuerdos para formar el gobierno nacional. Para empezar con la salida de Rajoy, a quien los últimos acontecimientos de la corrupción valenciana y madrileña ha situado en pésima situación que le impide comparecer en el Congreso para presentar su investidura porque, además de perder la votación, sufriría un duro castigo por parte de toda la oposición.

Es decir, una vez fallido su último cartucho de ofrecimiento de un pacto nacional al PSOE, al PP solo le quedan dos zonas de repliegue si desea permanecer en el Gobierno nacional: ofrecer la cabeza de Rajoy; y si hace falta la Presidencia del Gobierno de coalición a Sánchez o Rivera. Porque si salen del Gobierno la crisis interna del PP y el vapuleo que les va a llegar por la corrupción, en los tribunales y en los medios, será monumental y de consecuencias difíciles de reparar.

Y que no sea fíen en el PP, como pregonan, de una posible mejora de resultados en un adelanto electoral con la eterna candidatura de Rajoy porque eso tampoco no les va a funcionar. Rajoy está, pues, en la pista de salida. En Zarzuela ya dio su primer paso atrás y sabe que no tiene escapatoria, de manera que el mismo debería facilitar su retirada por el bien de España y de su propio partido. Y sobre todo porque no tiene con quien pactar.

(*) Periodista

Segundo intento de investidura en un clima enrarecido de crispación / José Oneto *

Este miércoles, en un clima de crispación entre partidos y de preocupación en la Moncloa por la macrorredada contra históricos responsables del Partido Popular, operación calificada por el juez encargado de la investigación de trama de “organización criminal”, se ha iniciado en el Palacio de la Zarzuela, la segunda ronda de consultas, con representantes de catorce grupos políticos (tanto Esquerra Republicana de Catalunya, ERC, como Bildu, se han negado a asistir), en un intento de encontrar una salida a la investidura de un candidato a la Presidencia del Gobierno, casi mes y medio después de las elecciones del pasado 20 de diciembre.

Asi pues, en un un clima de preocupación en el PP, pero de un cierto alejamiento del Presidente del partido, que parece no concederle mayor importancia a lo que está pasando a pesar de la gravedad de los casos de corrupción que han saltado en la última semana, en los que, de alguna u otra forma, aparecen implicados un subsecretario de la Presidencia, la alcaldesa de Valencia Rita Barberá, actual senadora, el diputado por Alicante, Gerardo Camps, y el exministro de Agricultura y actual europarlamentario y Comisario de Acción por el Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete. Esto es lo que se ha podido deducir de las declaraciones del Presidente a Ana Rosa Quintana en Tele 5. Su percepción de la realidad, habría que decir que es, cuanto menos, bastante peculiar, de acuerdo con el análisis que ha hecho de la situación a lo largo de la entrevista.

A ese clima de preocupación, que no parece afectar al señor Presidente del Gobierno e inevitablemente se ha extendido a Ciudadanos, que comenzará próximamente las negociaciones con representantes del PP para estudiar posibles salidas a la gobernabilidad del país, hay que añadir los enfrentamientos entre partidos a raíz de la distribución de escaños en el Parlamento y a la colocación del grupo de Podemos, la tercera fuerza política del país, en el “gallinero” del hemiciclo, según expresión de su portavoz Iñigo Errejón, (“muy lejos de los tiros de cámara” ha matizado el responsable de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales del partido morado Rafael Mayoral, en declaraciones al programa “la Brújula” de Onda Cero). Es, en ese ambiente enrarecido en el que se ha iniciado esta segunda ronda de consultas que terminará el martes, después de la reunión del Comité Federal del PSOE, y de programadas entrevistas del Rey con Sánchez y Rajoy, con la propuesta formal del Jefe del Estado, a Pedro Sánchez para que intente la investidura. Lo más probable, es que, dada la situación, Rajoy, vuelva a rechazar su posible investidura, para que no se convierta en una moción de censura.

Todavía Rajoy no se ha dado cuenta de su situación, tras los escándalos que han estallado en la última semana y que complican las posibles negociaciones con Ciudadanos, que insisten en que el actual Presidente en funciones no puede encabezar un gobierno para iniciar lo que Rivera entiende que es una urgente “regeneración democrática”. Si la situación era complicada ya, se ha complicado más con lo ocurrido en Valencia con la detención de más de una veintena de miembros del PP implicados en una trama de corrupción, de comisiones a cambio de concesiones de la administración y de financiación ilegal del partido, uno de los más poderosos de la Comunidad Valenciana. El propio Rivera ha querido aclarar que ve “muy difícil” que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, pueda abanderar un pacto contra la corrupción política, una de las prioridades de Ciudadanos, cuando “no ha sabido controlar la de su partido”.

Ajeno a todo Rajoy , sigue con su propuesta de la “Gran Coalicion” y , en un esfuerzo inútil para que el PSOE forme parte de esa Gran Coalición, le ha ofrecido a Sánchez el apoyo del PP en Ayuntamientos y Autonomías, si Podemos, en caso de un pacto PSOE-PP le retira su voto. Un ofrecimiento que el dirigente socialista (que por primera vez ha anunciado que está dispuesto a entrevistarse con Rajoy para decirle cosas que no quiere oír), ha rechazado con convicción, convencido de que bajo ningún concepto el PSOE puede apoyar a un partido como el PP, contaminado por la corrupción y, a un dirigente como Rajoy, que debería haberse ido cuando aparecieron los primeras datos del escándalo de los sobres y de la financiación ilegal del partido denunciado por el extesorero del PP, Luis Bárcenas.

“La corrupción que azota al PP es un suma y sigue. El PP es un partido muy importante en el sistema democrático en nuestro país, y yo nunca diré que es un partido corrupto, pero sí digo que el hedor empieza a ser insoportable. Hoy en España todas las fuerzas políticas que quieran regenerar la vida democrática tienen que cumplir una condición necesaria, y es que el PP pase a la oposición. Sin el PP en la oposición, será imposible regenerar la vida democrática en nuestro país. Y estoy convencido que esta afirmación la comparten no sólo millones de españoles que votaron al PP el pasado 20 de diciembre, sino muchísimos militantes populares que se merecen una organización limpia que ahora mismo no tienen”. 

La larga cita pertenece a Pedro Sánchez , y ha sido interpretada como un rechazo, a la propuesta de Felipe González, supuestamente partidario de un Gobierno PP-Ciudadanos con la abstención del PSOE, una fórmula que estaría dispuesta a aceptar la líder andaluza del PSOE, Susana Díaz, una de las más firmes enemigas de un Gobierno PSOE-Podemos.

Es decir que cuanto más tiempo pasa más se enrarece el ambiente y más complicada se presenta la solución…


(*) Periodista

Un país gobernado por delincuentes / Ramón Cotarelo *

Imagino que mucha gente recordará a  Aznar diciendo en 2010 o 2011 con su habitual facundia que el PP es incompatible con la corrupción. El contenido de veracidad de tal aserto era más o menos el mismo que cuando aseguraba que en el Irak había armas de destrucción masiva. Dos mentiras como pianos dichas por quien sabía muy bien lo que decía. En el PP no hay sino corrupción y la banda de ladrones y forajidos que lo componen ha arruinado el país a base de robar. En el Irak no había armas de destrucción masiva, pero la intervención de este personaje sin principios ni moral fue la causa política indirecta de cientos de miles de muertos. Hoy el tal Aznar es un hombre próspero, que ha acumulado una considerable fortuna, producto de sus desvelos y sacrificios por la Patria, de la que no deja de hablar.

Veintitrés de los treinta y cuatro ministros del mismo individuo están salpicados en diversos grados por esa corrupción que era incompatible con el PP. Y quien quiera ver alguno de los rostros más conocidos de ese gatuperio de sinvergüenzas que es la Gürtel solo tiene que visualizar el vídeo de la inenarrable boda de la hija del mismo Aznar en El Escorial. Un Aznar, antaño irrefrenable parlanchín, que lleva meses en un silencio de cartujo.

El tiempo está encargándose de poner a cada cual en su sitio que, en el caso de los ladrones del PP, según se ve, es el trullo, en el que ya entran por docenas. Seguirán haciéndolo en los próximos tiempos y ya veremos en donde paran por último el señor Aznar y su sucesor, el señor Rajoy, reconocido cobrador de sobresueldos de procedencia dudosa y beneficiario de dádivas de los ladrones de la Gürtel parecidos a los que recibía su amigo Francisco Camps, otro presunto ladrón de la cruz a la calva.

Por supuesto, todos estos ladrones y sinvergüenzas son gente de orden, bien trajeada y defensora del orden constituido. Todos ellos predican los valores de la civilización cristiana, van a misa y son muy amigos de los curas, esa otra agrupación sistemáticamente dedicada a vivir a cuenta de los demás mientras les predican patrañas sobre la otra vida. Van a procesiones, condecoran trozos de palo a los que llaman vírgenes y se preocupan porque los niños sean adoctrinados en sus supersticiones. Y todos, también, defienden el credo de la libre iniciativa sin regular en el mercado y la necesidad de expoliar todo lo público y privatizarlo para beneficio de sus parientes, amigos y enchufados. Lo llaman liberalismo y contratan esbirros en los medios de comunicación (también pagados con dinero de todos) para que lo prediquen a berridos mientras difaman las alternativas. Por eso se han puesto de nombre Partido Popular, como un banco.

Imagino que mucha gente recordará también cómo, cuando comenzaron a aflorar los casos de corrupción, en 2009, ¡hace ya siete años!, Rajoy reunió a la plana mayor de esta asociación de malhechores para proclamar que no se trataba de una trama del PP, sino de una trama contra el PP. Por que sí era una trama del PP, un partido cuajado de chorizos. Después de esta foto, vinieron los SMS a Bárcenas-Luis-sé-fuerte, la sistemática obstrucciòn a la justicia hasta culminar con la destrucción de los discos duros de Bárcenas, prueba procesal imprescindible y por la cual está imputado hoy todo el PP como persona jurídica.

¿Alguien cree que hay un solo país en el mundo en el que el partido del gobierno esté imputado en un proceso penal y pueda seguir gobernando? ¿Un partido con todos sus tesoreros también imputados, un montón de dirigentes y cargos en la cárcel por ladrones, administrando los recursos públicos? ¿Un partido cuyo presidente, y presidente del gobierno, que lleva cuatro años mintiendo y está acusado de cobros irregulares, presentándose a las elecciones como si no pasara nada?

¿Nadie ve que esto es un disparate inimaginable, solo posible en un lugar en que las normas más alementales de la moral no existen? Pues, sí, según parece, nadie. Y menos que nadie una oposición que en estos años de latrocinio generalizado ha seguido haciendo el juego a la banda de malhechores como si fueran un partido de verdad y un gobierno y un parlamento y no lo que son. 

En cualquier otro lugar civilizado del planeta esta gente estaría toda procesada, empezando por el presidente, el partido ilegalizado y disuelto y convocadas nuevas elecciones para que la gente pudiera elegir políticos menos sinvergüenzas.

¡Ah, pero esto es España! Una "gran nación", según el Sobresueldos.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Resumen de Confidenciales

Miércoles con la redada de la Operación Taula en Valencia, que salpica a Rita Barberá y deja tiritando al PP y a Rajoy de cara a la formación de Gobierno el día que el Rey reinicia los contactos.
Casualidad o no, el lastre se acumula en estos momentos críticos a estas otras líneas simultáneas de corrupción: Caso Acuamed en el que entra en liza Arias Cañete, malversación en Mercamadrid, Bárcenas, nueva cita judicial a Rodrigo Rato...
Portadas y grandes titulares inundados por estas tramas, sus consecuencias y lo último en movimientos poselectorales: Felipe González no publica su esperado artículo en El País pero come con embajadores europeos y se filtra su apuesta de Gobierno PP-C's con abstención del PSOE; ex ministros de la Fundación España Constitucional proponen la gran coalición que evite repetir las elecciones; y Podemos se sube por las paredes tras lo que denomina 'cacicada' al ser relegados al gallinero en el reparto de escaños.
Otros ejes informativos: el Tribunal Supremo dice que hay que devolver el céntimo sanitario; el TC también estudia la última concesión de canales de TDT por si la adjudicación a Atresmedia y Mediaset fomenta el duopolio; Guindos anuncia que la EPA de mañana será ‘la más intensa de la historia’; el gasto en pensiones bate en enero todos los récords con 8.384 millones; y el déficit público a noviembre es del 3,87%.

21-D...
Vozpopuli: Pataleta en Ferraz: El PSOE acusa a Felipe VI de favorecer a Rajoy en los tiempos de la investidura (Federico Castaño). Otro titular: Se estrecha el cerco a Barberá: cinco conversaciones y cinco imputados la salpican en la Operación Taula (Marina Alías). ABC: González aboga por un Gobierno PP-C’s con abstención del PSOE: el referente socialista rechaza cualquier pacto con Podemos, mientras casi 40 ex ministros apuestan por ‘una gran coalición de dos o más partidos constitucionalistas’. Libertad Digital: Rajoy intenta transmitir firmeza contra la corrupción, pero en el PP preocupa Rita Barberá (Pablo Montesinos). Periodista Digital: La corrupción cae como una bomba sobre las negociaciones entre PP y C's. Europa Press: Exministros de PSOE y PP piden un Gobierno de amplio respaldo y una reforma de la Constitución en dos años.
El País: La corrupción le estalla al PP en plena negociación de los pactos: una nueva trama en Valencia apunta a Rita Barberá; el caso dificulta la negociación entre Rajoy y Rivera (J.J.Mateo y N. Junquera). Otro titular: Un informe municipal denuncia malversación en Mercamadrid: el documento, al que ha tenido acceso El País, sugiere la comisión de delitos en la época en que Botella fue alcaldesa (José Antonio Hernández). Otro titular: Entrevista a Cristina Cifuentes: ‘¿Por qué se va a ir Rajoy y no Sánchez? Me parece injusto (Rafa de Miguel). Otro titular: Polémica por la asignación de los peores escaños a Podemos (Fernando Garea). El Español: Al menos 4 contratos de Barberá por 75 millones, bajo sospecha (Daniel Montero y Carlota Guindal).
La Razón: El PP expulsa en horas a los detenidos en Valencia para salvar los pactos con C’s; la Policía arresta a 24 implicados, entre ellos el ex presidente de la Diputación, Alfonso Rus, por cobro de ‘mordidas’; Rivera pide negociar si hay un pacto anticorrupción (Carmen Morodo). Otro titular: Felipe González presiona a Sánchez para que deje gobernar a Rajoy y no se apoye en Podemos: traslada a los embajadores en España de la UE su preocupación por que el PSOE se alíe con los populistas; ex ministros del PP, PSOE y UCD piden un Gobierno de ‘gran coalición’. Otro titular: El Comité Federal del PSOE dará vía libre a un 'pacto imposible': los barones permitirán a Sánchez intentar formar Gobierno con Podemos para que, si fracasa, la responsabilidad sea de Iglesias (Toni Bolaño).

ECONOMÍA
Capital Madrid: España, con ayuda de Draghi, convence a los inversores: el Tesoro consigue colocar más deuda de la prevista (José Hervás). Libertad Digital: España incumple el objetivo de déficit en 2015 y tendrá que aplicar ajustes extra en 2016: las cuentas públicas arrojarán un déficit próximo al 5% del PIB en 2015, casi 10.000 millones de euros por encima de lo previsto (Javier G. Echegaray y Manuel Llamas. El Economista: El Supremo investiga el reparto de las TDT por fomentar el duopolio: admite a trámite un recurso de los anunciantes por los canales a Mediaset y Atresmedia (Eva Díaz y Javier Romera).
El Confidencial: Alerta máxima en las empresas ante una derogación de la reforma laboral (Carlos Sánchez). Expansión: Las operaciones corporativas caen a mínimos de 20 años: parón inversor por la incertidumbre política. El Mundo: Declaramos nada que declarar: los agentes sociales pactan como declaración conjunta guardar silencio (Carlos Segovia). Otro titular: Los 'contratos ocultos' elevan al triple el déficit de Cataluña: El agujero alcanzó en noviembre el 2,21% del PIB, frente al 0,7% previsto (Francisco Núñez). Otro titular: Las 200 mayores fortunas de España, un 16% más ricos en 2015 (José F. Leal).

EMPRESAS
El Confidencial: Cañete ignoró un informe interno que indicaba que Acuamed no pagara a FCC (Rafael Méndez). El País: Caso Acuamed: Arias Cañete ignoró un informe de su ministerio contrario a compensar a FCC; el ex ministro de Agricultura se reunió con la constructora para abordar este acuerdo y pidió a la Abogacía del Estado que buscara si tenía encaje legal (M. Planelles y J.A. Hernández). El Economista: La UE revisa si Acuamed usó irregularmente fondos europeos por 660 millones: el caso, en manos de la Oficina Antifraude (Jorge Valero). Otro titular: Los acreedores acusan a Abengoa de no darles el plan de viabilidad: la empresa afirma lo contrario ante la CNMV.
Vozpopuli: Alerta entre las empresas proveedoras de Abengoa: en tres meses vencen 300 M (Alberto Ortín). El Mundo: La crisis de Abengoa eleva a 800 millones sus impagos a proveedores (Víctor Marínez). Expansión: Repsol evalúa las provisiones por la caída del precio del crudo. Capital Madrid: Endesa lanza su nueva marca para adaptarse a los retos que esperan al sector eléctrico: el cambio de imagen se enmarca dentro del plan estratégico, con inversiones de 4.400 millones hasta 2019 (Julián González). Cinco Días: Enel y Endesa presentan en Madrid su nuevo ‘look’ mundial (Carmen Monforte). Otro titular: Renault opta a un nuevo modelo para Valladolid y más inversión en España (Noemí Navas).

SECTOR FINANCIERO
Capital Madrid: Capital Madrid: Los March 'barren' todo el papel de BME y acumulan un 1% adicional en enero: aprovechan la corrección del holding para llegar hasta alrededor del 11% del capital y ya es el primer accionista (Quesada Vargas). Otro titular: Ana Botín recompensa con creces al creador de la cuenta 1/2/3, Rami Aboukhair (José Luis Marco). Economía Digital: El sapo que deberán tragarse los compradores de BPA: comienza el traspaso de los activos y del personal de la banca a Vall Banc, la entidad puente que las autoridades andorranas subastarán a finales de febrero con dudas crecientes sobre la operación (Josep Maria Casas). Confidencial Digital: Grandes del Ibex arremeten contra Mafo por llamarles ‘franquistas’: el ex gobernador del BdE asegura en su nuevo libre que el CEC hereda la cultura empresarial de la dictadura.

OTROS TITULARES DESTACADOS
Cinco Días: Wanda contacta con varias consultoras para vender el Edificio España. Otro titular: Carmena: ‘Seguimos negociando con Wanda’ (Alfonso Simón Ruiz). Libertad Digital: Carmena da otra opción a Wanda para que no abandone Edificio España (Beatriz García). El Economista: Wanda se fija en Málaga ante sus problemas con el Ayuntamiento de Madrid (Alba Brualla). Expansión: El Atlético de Madrid se financia en Wall Street. OKdiario: Pablo Iglesias vive en una VPO ilegal pese a que gana más de 107.000 euros al año (M.A. Ruiz Coll). El Periódico: ERC desautoriza la hoja de ruta de Puigdemont: primeras diferencias en la coalición de gobierno; Esquerra se aferra a la declaración de independencia (Xabier Barrena, Roger Pascual y Fidel Masreal).

OPINIONES
Editorial en El País: ‘Perversión de la política; Mariano Rajoy debe someterse esta vez a la votación de investidura o renunciar sin dilación’. Manuel Jabois en el mismo diario: ‘¿Llorar por los viejos tiempos? El PP empieza a tener más gente defendiéndose en el banquillo que trabajando en los gobiernos’. Xavier Vidal-Folch en el mismo diario: ‘Una propuesta para Cataluña: el inmovilismo acrecienta el secesionismo; la reforma constitucional federal es adecuada pero tardía; urge un paco previo de blindaje catalán, en forma de disposición adicional rápida, como propuso Herrero de Miñón’. Otro editorial: ‘Supervisión eficaz: hay que revisar el sistema español de vigilancia de las instituciones financieras y homologarlo al que rige en las economías más avanzadas’.
Editorial en La Razón: ‘Sánchez debe sumarse al diálogo entre Rajoy y Rivera’. Editorial en El Imparcial: ‘La gran corrupción sigue minando al PP’. Editorial en El Mundo: ‘Rajoy puede pagar ahora por su tibieza contra la corrupción’. Editorial en La Vanguardia: ‘Corrupción sin fin en Valencia’. Editorial en El Periódico: ‘Redada contra el PP valenciano’. Editorial en El Español: ‘’¿Por qué consintió el lodazal valenciano, señor Rajoy? Editorial en ABC: ‘Ex ministros unidos por España: la Fundación España Constitucional apela a que C’s, PSOE y PP reediten el ‘espíritu de la Transición’. Otro editorial: ‘La maldición del Partido Popular’. Manel Manchón enEconomía Digital: ‘¿Y si Mafo tiene razón con su obsesión por De Guindos?’. Carlos Carnicero en el mismo medio: ‘De las pataletas de Podemos al ingenuo Sánchez’.

Cifuentes presidenta del PP, Margallo o Alonso del Gobierno / Marcello *

Rajoy y Soraya se tienen que marchar. Porque la última gota fría de la corrupción valenciana del PP derramada sobre la espalda del PP, ha desbordado el vaso-‘los vasos son los vasos’- de la paciencia, muchos de los propios y cercanos del Partido Popular, y abierto el abanico de las apuestas sobre los que podrían protagonizar el relevo del Rajoy al frente del PP y también del Gobierno si finalmente se retira Rajoy y se abre la posibilidad de un pacto con el PSOE y Ciudadanos.

Así y a la espera de acontecimientos y la celebración de un Congreso nacional del PP -que lleva más de seis meses de retraso- la persona que podría asumir la dirección del Partido es Cristina Cifuentes, cuyo prestigio al frente de la Comunidad de Madrid ha crecido de manera exponencial en los últimos meses, al tiempo que representa un cambio político hacia el centro y una garantía de regeneración democrática en el seno del PP ajena y enfrentada a los protagonistas de la corrupción de los últimos años.

Para la presidencia del Gobierno circulan dos nombres: José Manuel García-Margallo y Alfonso Alonso. El primero con gran experiencia en el ámbito internacional y conocimiento de las cuestiones económicas; y el segundo, Alonso, por su juventud y moderación. Y ambos dos desde sus posiciones más centradas y dialogantes que las ya exhibidas estos años por Rajoy y su adjunta Soraya Sáenz de Santamaría.

De manera que si se va Rajoy debería acompañarle en su ‘exilio’ la vice Sáenz de Santamaría que cuenta con escasos apoyos en el PP, además de con una batalla frontal con Dolores de Cospedal, otra que está fuera de juego. Pero sobre todo porque Soraya ha sido el brazo duro y ejecutor de políticas de ajuste despiadado de la crisis, y autora de la involución democrática, judicial y de libertades, con larga mano en los medios y sobre todo en el CNI.

Un CNI donde se dice que, por órdenes de Soraya, se han elaborado ciertos informes políticos y empresariales que podrían estar al salir. Lo que de confirmarse -Podemos podría presentar pronto una petición en el Congreso- sería el colmo de los abusos de la era Rajoy (recuérdese el cese de Narcís Serra de la vicepresidencia de Felipe González por aquello de las ‘escuchas aleatorias’ del anterior Cesid).

Por otra parte la reciente dimisión del subsecretario de la Presidencia, Federico Ramos, mano derecha de Soraya en la Moncloa, ha acabado manchando su departamento dentro del escándalo de Acuamed, donde veremos si también acaba tocado el comisario europeo Arias Cañete.

Además la actuación de Soraya en el debate ‘a cuatro’ en Antena 3 TV no aportó nada sino que más bien evidencia su nivel tecnocrático y su escasez política salvo para toda clase de intrigas monclovitas en las que, en tiempo record, parece que aprendió lo peor de la política en menoscabo de la vida democrática. La utilización de la portavocía del Consejo de Ministros para atacar a otros partidos y tapar la corrupción del PP es otro abuso de Soraya, máxime cuando el Ejecutivo está en funciones.

Rajoy y Soraya van en el mismo ‘paquete’ y creemos que tanto Rivera como Sánchez lo saben y no deberían de aceptar un relevo de Rajoy por Soraya, porque seria más de lo mismo y no un cambio sustancial. De hecho Soraya, que ha jugado e intrigado con inusitada energía para ser la sucesora de Rajoy, está, de un tiempo a esta parte, más callada y con el discurso imposible y un tanto hipócrita de la permanencia de Rajoy al frente del Gobierno y del PP.

El tiempo de Mariano y Soraya ya pasó y mal porque lo desperdiciaron con modales autocráticos, convencidos como parecían que la mayoría absoluta del PP sería eterna, mientras promocionaban a Podemos para hundir al PSOE. Ahora ambos dos están perdidos en el laberinto de los pactos y el festival de la corrupción del PP y todo apunta a que alguien deberá pagar los platos -‘los platos son los platos’- rotos si quieren que el PP siga en espacios de poder.


 (*) Pseudónimo de un veterano periodista cordobés


martes, 26 de enero de 2016

Óscar Urralburu, de 'Podemos': "Son los presupuestos de un partido imputado y lastrado por la corrupción"


CARTAGENA.- El portavoz de Podemos en la Asamblea Regional ha señalado que un 25% de los presupuestos murcianos se van a pagar "la herencia, que nos hipoteca, de las corruptelas de la era Valcárcel", como es Corvera, la desaladora de Escombreras o el auditorio de Puerto Lumbreras.

Óscar Urralburu ha dicho que el dinero público y la corrupción están "ligados al Partido Popular, a su ADN, como demuestra el caso de Acuamed, entre otros" y que las cuentas de 2016 son, por tanto, "precarias y propias de un partido corrupto e hipotecado en hasta una cuarta parte del presupuesto por las políticas aplicadas por el Partido Popular en la era Valcárcel, que ahora parece que quiere perpetuar el presidente Pedro Antonio Sánchez".
Si bien, según su portavoz, el Grupo Parlamentario Podemos ha intentado trabajar con el "pequeño margen" que deja este modelo de presupuestos para "intentar paliar en lo posible la situación de emergencia social que vive la Región. Hemos destinado 30 millones de euros para: becas de comedor, material escolar y transporte, una Agencia de Excelencia que controle el gasto sanitario y que se encargue de evaluar que el dinero público va a las necesidades de los murcianos y murcianas, una Oficina Antifraude para luchar contra los paraísos fiscales y la economía sumergida, o una Oficina Técnica del Mar Menor para defender lo que se debe ser una de las prioridades políticas de toda la Región en los próximos años".
Urralburu ha continuado incidiendo en que el Partido Popular "no pone solución a las situaciones que requieren de actuación inmediata, ya que es incluso incapaz de reconocer que ha generado desigualdad en esta comunidad autónoma". Por otro lado, tal y como ha explicado el portavoz de Podemos en la Asamblea Regional "cuando se quedan sin argumentos, el Partido Popular no tiene reparos en acudir a los insultos a la oposición y a situarse como los únicos legítimos para defender los intereses de las personas de esta Región. Y ahí, faltan al respeto a todos los ciudadanos que no han votado Partido Popular".
Óscar Urralburu ha señalado que las enmiendas que presentó Podemos en este capítulo "formaban parte de las propuestas que nos presentó la plataforma rural de la que forma parte COAG. Y por lo tanto, incorporamos los que nos llegó desde el campo regional y estatal". Se han retirado, ha añadido Urralburu "porque había diferencia en los tiempos de aplicación de estas medidas. Y nosotros entendimos que es comprensible dar de plazo un año, para que todo la parte de gestión forman que conllevan se pueda producir, y trabajar desde el lunes para que se apliquen en los presupuestos del año próximo".
El portavoz parlamentario de Podemos en la Región, ha reiterado que no se han incorporado a los presupuestos "más por el calendario de aplicación que por el contenido de las mismas" y se ha mostrado convencido de que " on las políticas que necesita la región en materia agrícola y ganadera, y a partir del lunes nos reuniremos con las asociaciones para que se incorporen a los presupuestos de 2017".

Se confirma la incapacidad de gestión de la vicealcaldesa de Cartagena en la pérdida de fondos para formación de parados

CARTAGENA.- "El director regional de Empleo han demostrado esta mañana que ha sido la negligencia de los nuevos responsables de la Agencia Local de Empleo la causa de que Cartagena haya perdido miles de euros para formación de desempleados en cursos que no se han pedido o se ha pedido mal", ha informado el portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, Diego Ortega, tras la reunión extraordinaria del Consejo Rector de la Agencia para analizar la pérdida de cursos que se ha venido reiterando en los últimos meses. 

A criterio de Ortega, "las pruebas han sido tan demoledoras que el gerente de la Agencia ha tenido que reconocer los errores, aunque haya sido con la boca pequeña y limitándose a decir que las cosas se podían haber hecho mejor".
El portavoz popular ha informado de que la vicealcaldesa y responsable directa de la agencia, Ana Belén Castejón, "ha asistido a la reunión prácticamente en silencio y ha tenido que escuchar cómo quedaba desmontada su acusación de que Cartagena tiene menos proyectos por el maltrato del Gobierno popular en la Región".
Ha quedado acreditado que el SEF repartió los programas con criterios técnicos y después de valorar cada una de las solicitudes conforme a los baremos con los que salieron a concurso.
"La reunión de hoy ha servido para confirmar el problema, pero no se ha hablado de consecuencias y de soluciones y de eso también hay que hablar", ha dicho Diego Ortega que se ha comprometido a seguir realizando un "seguimiento del trabajo de la Agencia para intentar cortar la sangría del dinero para los parados que el Gobierno ha estado consintiendo".
La vicealcaldesa y concejal del Área de Estrategia Económica, Ana Belén Castejón, ha presidido hoy, en sesión extraordinaria, el Consejo Rector de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo en la que han participado representantes de todos los grupos municipales en el Ayuntamiento de Cartagena.
El motivo de esta reunión ha sido esclarecer los motivos por los cuales Cartagena ha perdido unos 600,000 euros que les correspondían en concepto de subvenciones para organizar programas y cursos de formación a empleados y desempleados; para ello se ha invitado el director del Servicio de Empleo y Formación (SEF), Alejandro Zamora, el cual ha explicado que este año se han destinado subvenciones por valor de de 860.000 euros al municipio de Cartagena, y que "si no se ha dado más es porque no se ha pedido más".
Zamora ha explicado, frente a las acusaciones de la vicealcaldesa de que se habían cambiado las bases de la convocatorias sin avisar , "que la normativa, la orden de bases reguladoras, fue aprobada en el mes de septiembre y la convocatoria se hizo posteriormente, y esa normativa es la que ha servido, desde el minuto uno, a todos y cada uno de los municipios para presentar los proyectos, y de hecho, todos los municipios han presentado el máximo número de proyectos, salvo el de Cartagena", con la consiguiente disminución de fondos.
El director de la ADLE ha admitido la pérdida de subvenciones, y aunque ha reconocido que se han podido cometer errores "que las cosas se podrían haber hecho mejor", no ha querido asumir sus responsabilidad, como tampoco lo ha querido hacer la máxima responsable de la agencia, su presidenta Ana Belén Castejón.
La Agencia Local de Empleo y Formación (ADLE), presidida por la vicealcaldesa socialista, Ana Belén Castejón, ha perdido en los últimos meses unos 600.000 de euros en concepto de ayudas para organizar cursos de formación a desempleados. Castejón no sólo no ha admitido su responsabilidad, sino que ha estado culpando ante los medios de comunicación de esta pérdida de fondos a una difusa conspiración partidista del SEF para ocultar su incapacidad para gestionar el área de empleo y formación de esta ciudad. Ha preferido acusar al Servicio de Empleo y Formación de la Comunidad Autónoma (que sí ha concedido sin problemas las ayudas que han solicitado correctamente otros ayuntamientos con gobierno socialista) antes que admitir que algo no se ha hecho bien desde la ADLE.
Hasta en cinco ocasiones, desde que arrancó la nueva legislatura, se presentaron mal las solicitudes: para los cursos de Garantía Juvenil, para los programas mixtos de empleo y formación con prácticas y para la convocatoria de Empleo Público Local.
Respecto a la convocatoria de Empleo Público Local (contratación directa de parados de larga duración para tareas en interés de la comunidad) el Ayuntamiento de Cartagena solicitó proyectos por importe de 143.000 euros, cuando tenía acceso, y se le habría concedido, 270.000 euros. Es decir, 127.000 euros perdidos. El montante de ayudas perdidas, admitido por el Gobierno local, es de unos 600.000 euros aproximadamente.
Todavía es más incomprensible e indignante lo sucedido hace unas semanas, en relación a la convocatoria de proyectos formativos (en el que se repartían 2,4 millones de euros). Aquí el Ayuntamiento de Cartagena ni siquiera ha tenido a bien presentarse alegando que en diez días "no da tiempo a nada".
Castejón ha aprovechado este encuentro para recordarle al director del SEF las alegaciones presentadas en referencia a la adjudicación de programas de Formación y Empleo, de las que hasta el momento no han obtenido respuesta.
La vicealcaldesa ha mostrado su disconformidad con el procedimiento de adjudicación de los programas mixtos de empleo y formación ya que en las bases se pedía la solicitud por especialidades y no agrupadas, según ha señalado, añadiendo que lo que motivó a la ADLE a pedir muchos cursos de diferentes especialidades fue para abrir un horizonte a nuevas oportunidades laborales y evitar empleos precarios de corta duración en sectores con pocas oportunidades laborales en la actualidad.
Desde la ADLE se ha expresado el compromiso de tener una comunicación mucho más fluida y más coordinación, evitando lanzar el mensaje a la ciudadanía de unos partidos contra otros, además de indicar el compromiso de hacer llegar todas las convocatorias al Consejo Rector para que entre todos los representantes políticos se pueda decidir hacia donde orientar la oferta laboral.
La presidenta de la ADLE ha asegurado que el Ayuntamiento podría optar a programas de formación de diversa índole para ocupados o de reinserción social, pero en este ámbito no pretende ocupar líneas de formación que ya desarrollan asociaciones y colectivos sociales, por lo que ha anunciado que la Agencia se reunirá con estas entidades para que de forma conjunta se conozcan a qué programas se quiere optar y no competir unas por otras y así abarcar diferentes áreas laborales dentro de la intervención social.

"El saqueo del agua potable en Lorca se acabará, por las buenas o por la Justicia", dice Antonio Meca, líder de C's

LORCA.- Antonio Meca, concejal y portavoz del Grupo municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lorca, ha comparecido hoy en rueda de prensa para dar las explicaciones necesarias en relación a la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de la Región de Murcia el pasado jueves día 21 de enero de 2016. 

Ciudadanos aportó al fiscal diversa documentación con el fin de aclarar la sospecha de presunta "Administración desleal" de la empresa 'Aguas de Lorca' S.A., denunciado públicamente por el Grupo municipal de Ciudadanos desde el inicio del actual mandato corporativo en el mes de julio.
Con esto "hemos cumplido con la obligación de un servidor público, denunciar los presuntos delitos que observe en la administración pública", ha declarado Antonio Meca. La documentación presentada ante la Fiscalía Anticorrupción es muy amplia y el edil naranja ha considerado oportuno poner como ejemplo del contenido de la misma, algunos documentos referentes al gasto mensual de esta empresa pública en los conceptos de:
Asesoría fiscal, contable y laboral - 7.393,37 euros mensuales autofacturados por la empresa ¨Aquagest¨.
Presupuesto de esos servicios ofrecido por una empresa lorquina y de reconocida solvencia - 850 euros mensuales.
Del mismo modo, Meca ha destacado que "de otros conceptos y partidas de gasto no podemos presentar presupuestos por resultar extrañas e irreales para cualquier asesor. Se desconoce la razón de esos servicios y algunos son considerados ridículos para una empresa pública que además cuenta con 15 ejecutivos de titulación universitaria superior". Alguna de las partidas cuestionadas a las que hace alusión son:

1-Mantenimiento de equipos de comunicación 8.758'16 €/mes.
2-Asistencia técnica, área de producción 3.926'45 euros al mes.
3-Mantenimiento del sistema de gestión comercial10.840'35 €/mes
4- Asesoría en imagen y publicidad 909 euros al mes.
5 Gestión de tesorería 468'06 euros al mes.
6 Participación en proyecto informático 3.716'69 euros al mes.
7- Asistencia comercial 2.734'24 euros al mes.
8- Asistencia financiera 3.176'86 euros al mes.

Ciudadanos se ha puesto a disposición de cualquier persona o especialista para que les hagan llegar la existencia de algún caso semejante en una empresa cuya característica principal es de oligopolio.
El partido naranja ha querido igualmente manifestar que "el alcalde de Lorca miente cuando dice que nos ha entregado todos los documentos que hemos solicitado". Y es que, a pesar de haberlos solicitado repetidamente durante meses y hasta en tres ocasiones cada uno, los siguientes documentos no han sido entregados a su grupo municipal:

1.- Relación de trabajadores de la empresa, remuneración, lugar de trabajo, horario, ocupación, etc.
2.- Informe de los servicios jurídicos municipales acerca de la legalidad de cobrar 86'60 euros por la reconexión del agua potable a los ciudadanos que se la han cortado, estando publicada la cantidad de 24'30 euros.
3.- Acta del Consejo de Administración de Aguas de Lorca de 2011, donde se acordó la cuantía a cobrar por los miembros de este Consejo.

En cumplimiento de su lealtad institucional con los demás grupos municipales, C's ha "solicitado una Junta de Portavoces extraordinaria donde daremos cuenta de los detalles y documentación aportada a la Fiscalía Anticorrupción".

El PSRM no apoya los Presupuestos regionales para 2016 porque siguen sin ser los que la Región necesita

CARTAGENA.- El secretario general del PSOE de la Región de Murcia y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar, ha señalado a propósito del Pleno de hoy, donde se iba a debatir sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2016, que el PSOE no apoyaría ,es decir, votaría en contra, de que prosperen dichas cuentas, porque a pesar del riguroso trabajo realizado por la oposición, siguen sin ser las que la Región necesita.

El portavoz socialista fue muy contundente en su crítica a que el Gobierno regional se haya posicionado descaradamente frente al trabajo realizado por los grupos de la oposición con las enmiendas para mejorar el presupuesto, llevando a cabo una campaña de difamación y mentiras inaceptables".
Para González Tovar, el presidente de la Comunidad se ha convertido en "un Nicolás Maduro, al que no le sonroja decir públicamente que no va a acatar la voluntad de la Asamblea Regional. No es de recibo que quieran convertir esta Región en una república bananera, en la que el Gobierno regional se dedique a intoxicar y movilizar a un sector de la población con mentiras y manipulando la realidad desde su posición de poder sobre nuestras enmiendas y llegando a decir que no van a acatar lo que hoy suceda en el parlamento regional".
El portavoz socialista considera muy grave lo ocurrido y denuncia que la injerencia del Gobierno regional es una actitud reprobable, impresentable, rodeada de opacidad y mentiras con el único objetivo de sembrar la alarma sobre el trabajo realizado y aprobado por la Asamblea. "Denunciamos la deriva de falta de respeto que ha tomado este presidente, que vive acosado por la justicia y que está desvirtuando la política regional. Le guste o no, el Gobierno regional tiene que cumplir los presupuestos que salgan de esta Asamblea. Lo tiene que hacer sí o sí, no tiene opción, ya que incumplir esta Ley que salga de la Asamblea sería incumplir las reglas democráticas y la separación de poderes que respalda nuestra Constitución y la única salida honrosa que le quedaría a Pedro Sánchez sería la de irse ".
En este sentido aseguró que el PSOE va a vigilar el cumplimiento estricto por parte del Ejecutivo regional de lo que se apruebe en la Asamblea Regional, puesto que en el caso de los Presupuestos es una Ley de obligado cumplimiento.
González Tovar destacó el debate político intenso que ha rodeado a estos presupuestos, muy mejorados en su fase final por el trabajo de los grupos de la oposición. "Con nuestras enmiendas hemos tratado de reorientar unos presupuestos malos, enmendados primero en su totalidad. Sin embargo, a pesar de las mejoras no se ha conseguido tener unos buenos presupuestos y no nos satisfacen en absoluto".
Las enmiendas del PSOE han tenido como eje central el empleo, las políticas sociales y la defensa de los servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación, además de un apoyo decidido a los Ayuntamientos por ser la administración más cercana a la ciudadanía y para que puedan seguir prestando sus servicios a los vecinos y vecinas de la Región.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista se reafirma y votará en contra de que salgan adelante estos presupuestos, porque no son los que necesita la Región.
Rafael González Tovar quiso tranquilizar a la ciudadanía, porque a pesar de las mentiras, de la manipulación y de la campaña orquestada por el Gobierno regional para levantar alarma en algunos sectores, no va a pasar nada, al contrario, se ha dado prioridad a lo que afecta al interés general y el presupuesto ahora es mejor y lo es por el trabajo riguroso de los grupos de la oposición".

'Cambiemos Murcia' pide la remunicipalización de los centros deportivos gestionados por 'Intersa'


MURCIA.- El concejal de Cambiemos Murcia Nacho Tornel ha dicho hoy, en relación a la resolución de los contratos gestionados por Intersa, que es hora de sentarse a reflexionar sobre la eficacia de las externalizaciones de servicios y que el Ayuntamiento asuma el contrato de las instalaciones explotadas por la empresa para su gestión pública directa.

La mercantil Infraestructuras Terrestres S.A. (Intersa) gozó hasta el pasado diciembre, cuando el Juzgado de lo Mercantil n°1 de Murcia acordó iniciar la fase de liquidación de la compañía, de una concesión administrativa por 40 años para la construcción y explotación de dos complejos deportivos, JC1 y La Flota, y tres aparcamientos subterráneos.
Tornel ha señalado que lo idóneo ahora, en lugar de continuar con la externalización del servicio, es que el Ayuntamiento de Murcia "aprenda de la experiencia" y asuma gestión de esas instalaciones, asegurando el buen funcionamiento de estos centros y la continuidad de los trabajadores.
Según el edil, "con un servicio 100% público esto no habría pasado porque el Ayuntamiento no tendría que depender de los vaivenes de una empresa privada que en un determinado momento puede quebrar, además de que la gestión privada o mixta es, a larga, mucho más cara".
Igualmente, Tornel ha criticado la fórmula del reequilibrio económico, utilizada por el Consistorio en los casos de concesiones administrativas vinculadas a instalaciones deportivas, y que consiste en que las pérdidas anuales que pueda generar las empresas concesionarias serán cubiertas con dinero público. En el caso de Intersa, el dinero que ha puesto el Ayuntamiento desde el inicio del contrato en ese concepto "se ha perdido sin dar ningún fruto".
"Solo ahorrando el beneficio empresarial y el plan de reequilibrio, el Ayuntamiento, que tiene capacidad para asumir la gestión de las instalaciones, se hubiera evitado unos gastos importantes", ha concluido.