MADRID.- El Gobierno ha limitado a 600.000 euros el
sueldo de la cúpula en las entidades que han recibido ayudas públicas y a
300.000 euros en las que han sido intervenidas por el Estado, anunció
el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros.
El Ejecutivo ha establecido un techo a las remuneraciones de
las entidades que han recibido ayudas públicas a través del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del
Banco de España, ya sea a través de créditos al 7,75%, que aún no han
sido devueltos en su totalidad, o de capital.
Han recibido apoyo público a través de créditos ('FROB 1')
Bankia, Banca Cívica, Unicaja Caja Duero-España, y Banco Mare Nostrum
(BMN) con el fin de llevar a cabo su integración, mientras que han sido
nacionalizadas con capital público ('FROB 2') por problemas de solvencia
Novacaixagalicia, Catalunya Caixa, Unnim y Banco de Valencia.
En el caso de las entidades con créditos públicos, queda
suspendida la retribución variable y en un plazo de tres años se
valorará si se han cumplido determinados objetivos de negocio de cara a
restituirla, en su caso. Los derechos de pensión deberán incluirse en el
tope de emolumentos establecido.
Así, la alta dirección registrará un descenso de la retribución
de entre el 67% y el 65% con respecto a la prevista para el presente
ejercicio, mientras que los consejeros no ejecutivos de estas entidades
podrán recibir una remuneración máxima de 100.000 euros por todos los
conceptos.
En el caso de las entidades intervenidas, el personal de alta
dirección registrará una reducción sobre la retribución media del 76% en
el caso de los presidentes, y del 66% en el de los consejeros. El
Gobierno ha eliminado para estos directivos tanto la retribución
variable como los beneficios de pensiones en este ejercicio.
Estas medidas se enmarcan en la reforma financiera que, entre
otras medidas, exige una provisión adicional a la banca por importe de
50.000 millones de euros para sanear sus balances ante el deterioro de
sus activos inmobiliarios.
Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, se fijan estas limitaciones de sueldo en las entidades que
han recibido aportaciones de dinero público "del mismo modo que se fijan
límites a las remuneraciones para casos donde el sector público tiene
actividad".
De Guindos sostuvo que el Ejecutivo ha tomado esta decisión
tras recibir el informe del Banco de España sobre dichas remuneraciones y
a la luz de la situación económica tanto a escala internacional como en
España, e incidió en que el techo máximo establecido a los emolumentos
es "razonable".
El informe del organismo que preside Miguel Ángel Fernández
Ordóñez ponía de manifiesto que el grado de seguimiento de las
recomendaciones de retribución contenido en el decreto del FROB por
parte de las entidades era "medio o bajo".
De Guindos subrayó que el Banco de España era responsable de la
vigilancia de esta directiva y que cuando las remuneraciones de los
directivos no son compatibles con la base de capital el instituto emisor
está facultado para limitar el total de emolumentos.
Se trata de una decisión que en este contexto "parece lógica",
que se ha adoptado "sin demagogia pero con responsabilidad", según de
Guindos, quien reconoció que es una medida que se aplica de cara al
futuro, ya que "no se puede hacer nada" ante las retribuciones
devengadas con anterioridad.
El Gobierno está convencido de que "su misión no es fijar los
sueldos del sector privado", pero tanto el Ejecutivo como el Banco de
España consideran adecuado que las entidades de crédito que han recibido
respaldo público garanticen el cumplimiento de los objetivos para los
que se concedió éste, y sirvan de ejemplo a la sociedad en un momento de
dificultad, argumentó el ministro.
