sábado, 21 de octubre de 2006

Nervios en las alturas


Los escándalos de presunta corrupción urbanística que han salpicado decisivamente a la imagen pública percibida sobre la Región de Murcia en las últimas semanas, desde revelaciones de la prensa nacional y, más en concreto, desde el diario “El País” o la revista "Interviú", han provocado el nerviosismo de determinados altos cargos públicos implicados en la investigación de los fiscales anticorrupción, hasta llegar al extremo de intentar achantar abiertamente a periodistas que han colaborado en dichas informaciones y/o relacionados con determinados medios de comunicación no controlados por nuestras tramas locales, ahora bajo seria investigación de la Guardia Civil y la Fiscalía, y a los que anteriormente los mismos personajes probaron primero en persona a comprar su conciencia y/o voluntad mediante dádivas. Al no conseguirlo, ahora en algún caso, prueban con las "advertencias", gracias a una cacareada supuesta influencia sobre determinados soportes, sus directivos y propietarios, aunque a renglón seguido pidan perdón por su exceso verbal y el "farol" que se han marcado. ¡ Qué nivel moral !

A los anteriores casos de periodistas indómitos amenazados sin caretas en los últimos meses y, a partir, de comienzos de 2006, desde centros locales de poder político-económico y empresas promotoras bajo fuerte sospecha criminal, casos de Chema Gil (“Gaceta del Mar Menor”), Alberto Castillo (Radio Murcia-SER), Jesús Pons (“Vega Media Press”) y Francisco Poveda (“Economía Avanzada”), hay que añadir ahora esas nuevas coacciones, incluso sutiles presiones, de las mafias sobre alguno más concreto del resto de los periodistas independientes murcianos, por parte de quienes desesperadamente buscan una impunidad mediática, ya imposible conforme se estrecha el cerco policial en torno a ellos, hasta perder los papeles e intentar, una vez más en la última década, matar al mensajero o mensajeros con los peores modos imaginables en un régimen de libertades públicas, entre ellas las constitucionales básicas de prensa y expresión.

En paralelo, esbirros y envíados "blandos" de esa descompuesta pirámide de corrupción, hoy sin solución de continuidad, están intentando a la desesperada un acercamiento suave al grupo de los periodistas independientes de la Región de Murcia, utilizando a personajes menos pringados por ser de aristas más recortadas, en busca de un rápido pacto vergonzante y “contra natura” hasta las elecciones del 27 de mayo próximo, dadas las enormes dificultades que se avecinan para salvaguardar los nuevos intereses económicos de gentes muy destacadas, desde una impunidad puesta en riesgo objetivo por los medios de comunicación sin hipotecas que, finalmente, han provocado entre nosotros la intervención contundente e irreversible del Estado frente al crimen organizado y con todo su sistema legal democrático por delante.
La alianza entre esas mafias emergentes y una extrema derecha murciana de nuevo cuño tiene hoy su principal obstáculo, para lograr sus inconfesables objetivos, en una prensa alternativa realmente libre, que señale el camino a la Fiscalía. La creación, control, alquiler o compra onerosa de medios de comunicación complacientes, para silenciar todo lo que estaba pasando y no se veía, ha resultado un rotundo fracaso por mor de las nuevas tecnologías y la existencia entre nosotros de periodistas con dignidad y coraje en medio de tanto fango acumulado desde la codicia y la falta de principios. Sin ellos, prácticamente nada trascendente se hubiese sabido.

Tal situación de tensión emocional ha provocado ya, igual que en la Rusia de Putin por aquello de intentar vengar las propias culpas con escarmientos de corte gansteril a quienes no se doblegan ante las mafias surgidas de un capitalismo local degenerado, denuncias antes las autoridades corporativas, gubernativas, policiales y judiciales, al objeto de solicitar un mínimo de discreta, aunque eficaz, protección para esos periodistas murcianos a los que sin ningún pudor se intenta silenciar, dentro de un último esfuerzo oficial para que el cuerpo electoral no llegue a percibir, antes de esa decisiva fecha de cita con las urnas, la verdadera calaña oculta de las gentes que, desde amplios sectores del poder establecido, tienen secuestrada la soberanía popular de la Región de Murcia en beneficio de unos pocos privilegiados, cuyo único mérito consistió en financiar determinadas campañas electorales y utilizar concretos despachos profesionales, especializados en tráfico de influencias, para asesorarse sobre el método extralegal a seguir.

lunes, 16 de octubre de 2006

El triángulo de la impunidad



El Estado se dispone, sin más retraso, a restablecer el orden legal en el triángulo geográfico que forman las ciudades de Alicante, Murcia y Cartagena, gobernado mayoritariamente por consistorios y gobiernos autónomos del PP y donde, según todos los indicios, la presunta delincuencia urbanística parece alcanzar toda su virulencia ante la sensación generalizada de impunidad por parte de las mafias locales del sector inmobiliario. El proceso se presenta ya como irreversible, según fuentes posteriormente consultadas del Ministerio del Interior, y alcanzará plenamente a los tres últimos años.

Se trata de averiguar, entre otros muchos extremos, el concurso de esas tramas criminales en la financiación de los partidos y políticos de la zona, y el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, amén del origen de los capitales invertidos y las eventuales afecciones al medio ambiente. La Guardia Civil será la única encargada de todas las investigaciones, según confirman medios de comunicación afines al PSOE. Un núcleo central de 30 agentes, con un comandante al frente, podrá venir ya a prestar apoyo desde Madrid a la fuerza desplegada en nuestra región.

Tras la intención del Gobierno, revelada hoy por el diario “El País”, de desplegar en ese “triángulo” a partir de enero una fuerza especializada operativa cercana al medio centenar de efectivos, dependiente directamente de la Fiscalía Anticorrupción, también anida el ánimo oculto de inflamar los primeros meses de 2007, por previos a la campaña electoral de finales del próximo mes de mayo. Aunque el fiscal-general Conde-Pumpido ha dicho hoy en el Senado que la Justicia “no está para favorecer procesos políticos” también ha puntualizado que “tampoco está para obstaculizarlos”. Al PSRM le puede venir esto, y nunca mejor dicho, como agua de ídem. Este partido cuenta aquí con la cadena SER como altavoz idóneo cuando “El País” habla ya abiertamente en sus páginas de “Puerto Mayor” y “Polaris” en nuestro caso.

Murcia será la región donde se esperan los mejores y más espectaculares efectos de la actuación inaplazable del Estado como forma de escarmiento. No en vano, desde la Región se ha venido provocando e insultando, en plan cortina de humo, a miembros del Gobierno legítimo de España y a los presidentes de otras regiones, Barreda, Maragall o Iglesias, como parte de una sucia estrategia manipuladora del tema del agua y de los trasvases, y que ahora encuentra una respuesta acorde para las cuestiones que, como sociedad diferenciada, nos ponen en tela de juicio frente al resto de las sociedades españolas. Se trata de restarnos legitimidad por vociferantes.

Por otra parte, la diferencia máxima de nueve puntos en intención de voto entre el PP de Valcárcel y el PSRM de Saura (doce, en el caso de la Comunidad Valenciana), aconseja sacar partido de los errores del largo mandato del adversario y poner blanco sobre negro aplicando la ley de forma implacable. Los analistas coinciden en que la eventual victoria de Saura necesita, en cualquier caso, de cierto tipo de fórceps para terminar siendo redonda, y que una “limpieza” de los delincuentes de cuello blanco puede atacar las bases financieras de una extrema derecha que mueve los hilos del PP murciano. Parte esencial de las investigaciones son los incrementos no justificados, ni justificables, de patrimonios personales, ya en marcha y a cargo de unidades de la UCO, Seprona y Policía Judicial especializadas en la lucha contra la delincuencia económica, organizada y medioambiental, y basadas desde hace meses en Cartagena unas y las otras de siempre Murcia.

En ese sentido y, según “El País” de hoy lunes, un Grupo especializado de la Guardia Civil que viene hacia aquí, combatirá el delito urbanístico tras las múltiples denuncias ciudadanas recibidas por la Benemérita en las últimas semanas. La alarma social causada por los supuestos abusos de determinados constructores con premio de la Cámara de Comercio, cierta complacencia de la patronal CROEM y la financiación privilegiada de “Caja Murcia”, es el origen de una decisión que pone a la Unidad Central Operativa (el núcleo de elite de esta fuerza policial) a disposición de la fiscalía Anticorrupción y destina a la Comandancia de Murcia a un mínimo de tres agentes permanentes, especializados en investigar presuntos delitos de corrupción urbanística.

Antes de las elecciones de mayo, el Estado pretende detectar y reprimir todos los delitos urbanísticos en suelo murciano y concluir la investigación sobre tramas mafiosas relacionadas con otros delitos que afectan a la ordenación del territorio. La dotación de personal idóneo y medios materiales suficientes a la Guardia Civil de la UCO tiene que ver con la reciente creación en nuestro TSJ de un fiscal anticorrupción (Alcázar Vieira de Abreu) y de un fiscal coordinador de Urbanismo y Medio Ambiente dentro de la propia Fiscalía General del Estado. El núcleo central y móvil de la UCO se ubica en Madrid y depende de un coronel.

Otros agentes de la UCO investigan discretamente desde hace algunos meses la relación directa de determinados patrimonios emergentes con determinados presuntos delitos y delincuentes de cuello blanco, hasta probar su vinculación con el fruto de una actividad ilegal del investigado. Murcia es señalada por el mando unificado de la Policía Nacional y Guardia Civil como una región donde menudean, mucho más que en otras, presuntos casos de corrupción urbanística.

Los datos e inventario en manos del Seprona contra la ordenación territorial por cuestiones relacionadas con obras y edificaciones ilegales desde 2003, servirán de guía y partida a las nuevas investigaciones sobre procesos mercantiles sobre el suelo, aguas, costas y vías pecuarias en la Región de Murcia para determinar luego la Fiscalía infracciones urbanísticas penales y administrativas sobre nuestro territorio. Un equipo delegado del de Investigación Central Medioambiental también actuará en breve para reprimir los delitos o ilícitos penales contra la ordenación del territorio en zonas que, como la nuestra, ha experimentado un mayor crecimiento y desarrollo urbanístico en muy poco tiempo.

viernes, 13 de octubre de 2006

El salón de los capos/El Minarete


Francisco Poveda

Antes de Santa Lucía y de que los días vuelvan a crecer, la Región de Murcia volverá a ver la luz de la decencia. De aquí al 13 de diciembre se esperan en Murcia y Cartagena sonadas detenciones de conocidos personajes de la política y los negocios, a cargo de brigadas especializadas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, ahora con un eficaz mando único de 44 años, al objeto de cortar de raíz el poder económico y el súbito crecimiento de las mafias locales con base en la corrupción urbanística y peligrosas amistades en el exterior. La detección de demasiado dinero ruso, de dudosa procedencia, en determinadas manos murcianas encendió la alarma policial y alertó a los sensibilizados políticos norteamericanos.

Será, es, una de las derivaciones de la “Operación Malaya” pero que aquí tendrá nombre propio y unos protagonistas sorprendentes, por muy conocidos algunos e inesperados otros. Podemos estar en vísperas de una verdadera catarsis de nuestra pequeña democracia, afrentada tras la codicia desatada en aparentes ciudadanos teóricamente entregados a un interés general, al que han tumbado brutalmente en los últimos tiempos aunque con mucho menos beneficio y más riesgo del que esperaban. Su número fatal es el 42, que son precisamente los meses de un desatado frenesí de Cabo Palos al Noroeste pasando por la Castellana.

Las significativas deserciones expositoras en un reciente salón inmobiliario regional, muy parcial y desangelado en su última edición, más conocido ya de antes como el “salón de los capos” (trajes de Armani, vehículos de gran cilindrada, jóvenes amantes y algo de polvo blanco) son todo un síntoma de la tormenta que se aventa y de la esperada decisión del Consejo de Ministros de retirar temporalmente las competencias de supervisión urbanística a la Comunidad Autónoma por su presunta violación sistemática de la legalidad vigente. Por algo más que una ocupada agenda no apareció esta vez Valcárcel por el sospechoso Torre Pacheco.

Sería la primera y triste vez de algo así en la reciente historia descentralizadora de España por un ¿inmoral o amoral? desempeño de funciones públicas, que debe sentar precedente para Andalucía y la Comunidad Valenciana en primer lugar. Pero el escarmiento se prefiere dar en una región pequeña, atrasada (la penúltima, según el último estudio de las cajas de ahorro), dividida y casi irrelevante por representar en el contexto nacional un 2,5% en casi todo. Crear la provincia de Cartagena no añadiría valor económico y seguramente complicaría el “statu quo” político aunque sea de justicia tender sin prisas a su creación al margen de ocultas intenciones y las fuertes resistencias a perder poder algunos desde Murcia.

Un determinado consejero del actual gobierno autónomo puede tener, debido a esa supuesta falta muy grave, serias dificultades con la Justicia en los próximos meses y, hasta el propio presidente-candidato, podría verse obligado a declarar en un sumario, aunque sea por escrito, en/desde su despacho de San Esteban. De verdadera traca todo esto, a medio año de las elecciones locales y regionales, de llegar a producirse finalmente esa inhabitual circunstancia desde una institución mucho más impermeable a las presiones mafiosas y con mayor capacidad de resistir la corrupción.

Hay quien busca por eso, desesperadamente, llegar a ser cuanto antes diputado regional para disfrutar del estatus de persona aforada. Puede ser el caso de un relevante, y como ahora vemos, ingenuo concejal-constructor huertano, con relaciones societarias bastante comprometidas a día de hoy por su pulso a una devaluada mafia cartagenera tras el golpe asestado en Marbella a los testaferros de prominentes republicanos de nuevo cuño. ¿Está dificultando esa circunstancia la reforma del Estatuto de Autonomía para no tener que abordar la creación de una nueva provincia? La mafia de Lorca ya se encarga de enredar con Murcia para complicar la situación, amenazando con pedir la suya para que todo siga igual: pacto histórico a dos contra uno, si no, ¿cómo pudo gobernar Collado tanto tiempo?

Diversas fuentes policiales y de la Audiencia Nacional coinciden en confirmar en privado la existencia real de una lista de ilustres ciudadanos a detener en nuestra región a raíz de unas diligencias previas relacionadas con algún tipo de presunto delito económico a gran escala y que hace unos meses podría haber llevado hasta las islas Caimán, en el Caribe, a un conocido financiero lorquino en busca de avales suficientes para una tan enorme operación, que hizo recelar al Departamento de Estado USA por su cuantía, hasta truncarla. Eso obligó a mirar a un singular, por muy profesional, paraíso fiscal europeo y a mantener unas accidentadas negociaciones, aún sin cuajar por la resistencia de la mitad de una de las partes. Hay que decir, que tanto el BBVA como el BSCH se negaron en su día a emitir esos avales al verlo todo muy polarizado, aparentemente en manos exclusivamente murcianas y sin las suficientes garantías de devolución.

La guerra abierta de años entre las mafias político-económicas de “cuello blanco” de Murcia y Cartagena ha provocado tal escalada de “y yo más”, que el intento más determinante de retorno a la normalidad ha requerido de un alto consenso institucional nacional para una definitiva solución policial y judicial, que tratará de descriminalizar de raíz la actual vida pública murciana; un hecho que también preocupa en Bruselas tras conocerlo oficiosamente hace más de año y medio, el comisario de Justicia, Franco Frattini, por medio de algunos murcianos discretos desplazados al efecto y tras hacerle llegar previamente algunos indicios racionales y provocar su interés. Durante cierto ministerio, el CNI no ha sido ajeno a lo que sucedía en la Región, hasta colar “topos” en San Esteban y trillar teléfonos de gentes conocidas por muy activas en la política y los negocios.

El nuevo mando unificado de Policía y Guardia Civil ya ha ordenado actuar en la Región de Murcia en dos frentes, en coordinación con los fiscales anticorrupción y de delitos urbanísticos o medioambientales, para descabezar de cuajo la delincuencia de “cuello blanco” con equipos de especialistas basados en Madrid y no susceptibles de ser influidos por un determinado entono. Se van a investigar y analizar patrimonios personales y, de paso, a investigar también la delincuencia organizada y los atentados flagrantes contra el medio natural. El objetivo político es acabar en nuestra tierra con una sensación generalizada de impunidad entre los que manejan mucho dinero fácil con origen en la corrupción desatada. Corruptores y corrompidos van a estar muy pronto, si no lo están ya, preocupados en la Región de Murcia. Parte del trabajo lleva algunas semanas terminado.

La presión financiera de las mafias foráneas para blanquear dinero del tráfico de droga en la muy rentable construcción o en suelo edificable, su capacidad de corrupción y coacción, parece la explicación más plausible a una desatada e irracional expansión urbanística que, con la complicidad de determinadas instancias públicas (son bastantes los políticos en oferta para ser corrompidos), se ha desarrollado también en la Región de Murcia aunque todavía de forma incipiente. De lo que ahora se trata es de abortar este nuevo ciclo delictivo y de detener esta corrupción rampante antes de que sea más determinante en la vida de todos los murcianos.

Está por probar sus conexiones estructurales con nuestras mafias locales y sus inversiones menores con dinero gris, pasado por Caimán y mezclado con otras monedas hasta confundirse. Nuestros mafiosos cercanos están callados o de viaje estos días de “puente” al saber del desplazamiento de dinero negro desde otras costas a la de Murcia, como un nuevo territorio de oportunidad pese al movimiento policial y judicial en torno a instituciones debilitadas por la corrupción aunque en la creencia de que, por el contrario, se estaba creando empleo y riqueza entre los votantes de cara a 2007. Son mayoría los alcaldes de la Región a quienes poco importa que, de forma irreversible, se deshaga nuestro medio ambiente tan bien conservado.

La no casual casi reaparición pública de Antonio Gómez Fayrén, uno de los pesos pesados de la política regional de la derecha murciana y, en principio, para sustituir al cartagenero Francisco Celdrán al frente de la renovada Asamblea Regional, puede tener mucho que ver con las eventuales consecuencias últimas de toda esta situación al reservarlo los poderes fácticos como una alternativa de urgencia en caso de que los efectos de las operaciones en marcha aconsejasen alguna dimisión inevitable, aún tras el 27 de mayo, o una retirada “in extremis” de la carrera electoral previa a esa fecha. Los cartageneros del PP se han lanzado ya a la yugular política del inquilino de San Esteban, con todo su poder político residual y fuero activo, por disputarles a los suyos territorio y negocio.

Asegurado el eventual relevo por una figura previsible y servidora del Estado como alto y leal funcionario, por si no ganara el PSRM de Saura las autonómicas próximas, quedan abiertas todas las posibilidades. Durante el pasado verano las actividades policiales sobre nuestro territorio han sido más que intensas y la Fiscalía del TSJ no ha llegado a cerrar por vacaciones. En esos tres meses de canícula, quienes se saben en las citadas listas han pasado los peores días de su vida ante la incertidumbre de ser detenidos en cualquier momento y, tal vez, hasta en presencia de su propia familia.

www.vegamediapress.com

miércoles, 11 de octubre de 2006

Portman: la cuadratura del círculo


La anegación de la bahía de Portmán encabeza la lista de desastres naturales propiciados por el Hombre en toda su Historia en el Mediterráneo. Alrededor de ella, se ha generado una controversia ecológica y territorial que dura ya décadas.

Diversos agentes implicados han vertido sus opiniones, sentimientos, dudas, intereses, soluciones,etc, sobre este conflicto: trabajadores, vecinos, políticos, técnicos y promotores. Es una discusión tensa que no parece encontrar acuerdo ya que todas las magnitudes usadas son enormes, excesivas.

Las tres soluciones más sostenibles presentadas al Concurso de Ideas para la Regeneración de la Bahía de Portmán que han sido desestimadas son negociadoras, flexibles, participadas y equilibradas para los diversos actores que participan en ella, y sobre todo para un futuro más sostenible. Y se han desechado sin entenderlas en profundidad, con una mención escrita en el acta por parte de D. Francisco Camino (decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia), en el cual se refleja la necesidad de que estos proyectos sean explicados por parte de sus autores, con el fin de entender la complejidad de las ideas que proponen.

Por ello es importante poder explicarlas a toda la sociedad murciana y en especial a los vecinos de La Unión y al jurado del concurso, ya abren rutas alternativas a la construcción del territorio, más allá del modelo sol y playa.

Las tres propuestas desechadas son ³8², GRANDE CANALE yGREENBAY. A continuación se describen de forma esquemática las propuestas:

- ³8², equipo dirigido por Miguel San Millán, arquitecto, cuya propuesta busca generar un paisaje litoral bioactivo que potencie la estructura urbana del borde marítimo terrestre buscando la más directa relación del espacio público con el Mar Mediterráneo. Este proyecto es
bioactivo porque produce energía limpiamente y regenera el entorno de la Bahía de Portmán mediante plantas, algas y lagunaje con especies descontaminantes.

- Grande Canale, equipo dirigido por Fernando de Retes, arquitecto, propone la creación de una franja de agua paralela a la línea de costa de 1959, con el fin de recuperar el frente marítimo con diversos uso portuarios y recreativos, centralizando los residuos en una isla tratada de forma paisajística , con mínimos movimientos de tierras contaminadas.

- Greenbay, equipo dirigido por Javier Peña, arquitecto, propone la construcción de dos puertos usando los residuos como materiales útiles, con nuevos programas de investigación y docencia vinculados a la UPC y al mundo marino, dispersados en un paisaje activo dedicado a la bioremediación y la depuración de tierras y escorrentias de la Sierra Minera.

Para poder elegir una solución es necesario entenderla, darle voz. Las consecuencias que este concurso tiene son suficientemente importantes para dedicarle el tiempo que se merece. No debemos de dejar pasar una oportunidad más.

Son proyectos complejos y completos, que entienden Portmán como un ecosistema.
Javier Peña

El pollo de Lo Poyo (por un testigo de cargo)



Informe anónimo recibido en nuestro e.mail y presuntamente remitido por un supuesto testigo de cargo

"Fue José A. Alonso “el camotín”, entonces Alcalde socialista de Cartagena y hoy prospero promotor inmobiliario y Andrés Ayala “el pajarito” entonces abogado y asesor urbanístico de la familia Armengol, además de ex asesor jurídico del Ayuntamiento, de Tomás Olivo y de la mitad de los promotores de La Manga y hoy flamante Diputado nacional por el PP, los que pertrechan la Reclasificación de LO POYO con anterioridad al año 1995 en que por primera vez da la cara tras la Aprobación inicial de la Modificación Nº 55 del Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena (PGMO) que versa sobre Lo Poyo.

La reclasificación de Lo Poyo es paradigmática no solo por lo que se ha escrito sobre el asunto, sino porque fue la primera gran reclasificación de terrenos de carácter estructural que se tramitó y que hasta entonces nadie se había atrevido a proponer porque no caviar en el ordenamiento jurídico-urbanístico la posibilidad de modificar-reclasificar los planes de ordenación en las magnitudes y envergadura de LP. El PGMO de Cartagena así como otros muchos planes de ordenación determinaban claramente que asuntos como este debían esperar a la Revisión de los planes si es que no suponían en si mismo suficiente justificación para iniciar la Revisión del PGMO.

Lo Poyo supuso la ruptura de las buenas formas y prácticas de la cosa urbanística y el inicio de una desaforada carrera de reclasificaciones que perdura hasta nuestros días y que se significan objetivamente por tratarse de actuaciones urbanísticas al margen de lo que es un PGOU y de los elementos que definen la estructura territorial y orgánica de un municipio.

Pero volvamos a los orígenes, hablábamos del ex alcalde Alonso que desde entonces y hasta nuestros días, junto a otros ex funcionarios del Ayuntamiento, al frente de la Sociedad Cartagena Casco Antiguo, que funciona como otro cohete gracias a las buenas relaciones con el actual Ayuntamiento del que consigue importantes concesiones de obras y terrenos, como los del PERI CA-4 o nuevo barrio universitario. Alonso posteriormente y a raíz de aquello fue vetado por la cúpula socialista en su intento de repetir a la alcaldía que pasó a manos del PP en las siguientes elecciones por razones más que justificadas.

Alonso y Ayala preparan el terreno para la tramitación de Lo Poyo trajinándose a dos personajes que tenían que ser claves en la operación, por un lado el Secretario General de la Consejería de Política Territorial, cuyo Consejero era Ramón Ortiz, Rafael Martínez Campillo, abogado oriolano, exdiputado por el CDS y exfuncionario de la casa (DG Urbanismo) que nadie supo como había llegado a ganarse la confianza del PSOE para llegar a ser Director General de Urbanismo primero y Secretario General después. El otro personaje era Miguel Garulo, arquitecto alicantino y también exfuncionario de la casa que apadrinado por Martínez Campillo es nombrado Director General de Urbanismo.

El trabajo de estos dos “fontaneros” y nunca mejor empleado el apelativo, no se hizo esperar, tenían como misión preparar el terreno para el paso triunfal de Lo Poyo por la Comunidad Autónoma. El tandem M. Campillo & Garulo paralizan la tramitación de las “Directrices del Mar Menor” que suponían un obstáculo para la tramitación de LP cuyo expediente había entrado en la Comunidad Autónoma en abril de 1995. (La Ley de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor, el Acuerdo de la Asamblea Regional de 5-7-90 que instaba al Consejo de Gobierno para que L.P. fuera declarado espacio natural de especial protección en la Ley del territorio, y el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16-12 94 por el que se convalidaban los trabajos existentes de las Directrices del Mar Menor y se fijaba el plazo de finalización en Octubre 95).

Pero no era suficiente con la paralización de las directrices mencionadas, quedaba un cabo suelto que iba a ser difícil de sortear y era que la Ley de Atribuciones atribuía al Consejo de Gobierno la competencia para la aprobación de los planes generales de ordenación urbana y de sus modificaciones. El Consejo de Gobierno no iba a pasar por ello porque entre otras cosas uno de sus hombres fuertes, Fuentes Zorita que había sido el impulsor de las Directrices del Mar Menor, alertado de lo que se pertrechaba no iba a consentir la reclasificación. Muy sutilmente y como por lo bajini M. Campillo & Garulo aprovechando la buena fe del Consejo de Gobierno, de los servicios jurídicos de la Comunidad y la inopia de R. Ortiz, modifican la Ley de Atribuciones para pasar las competencias de aprobación de los planes y sus modificaciones al Consejero de Política Territorial, competencia que se mantiene hasta nuestro días y que hace a nuestra Comunidad Autónoma una singularidad entre las comunidades autónomas del resto de España.

Lo Poyo empieza a tener trascendencia mediática tras su presentación en abril de 2005 en la CARM y tras la propuesta favorable del Consejo Asesor de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CAOTU) tras una escandalosa sesión en la que el Director General de Urbanismo M. Garulo que preside el Consejo, toma la palabra para que, de una forma insólita y sin precedentes y antes de oír el informe del ponente, hacer una ardorosa defensa del proyecto Lo Poyo y descalificar previamente el informe del ponente. El informe desfavorable del técnico responsable de informar los asuntos del área de Cartagena y ponente del CAOTU era demoledor y suficientemente motivado como para que Lo Poyo no hubiera sido aprobado. Sin embargo tras la beligerancia del Director General y la encendida defensa del proyecto en la intervención del Alcalde Alonso y la descalificación del ponente, los miembros del CAOTU que habían sido aleccionados en gran parte por Alonso (representantes socialistas de las consejerías y delegaciones ministeriales) callan y otorgan informando favorablemente el asunto no sin antes taparse las narices.

El paso siguiente era ya la aprobación definitiva por el Consejero Ortiz, pero este avisado o aleccionado por quien fuera, paraliza la tramitación y no llega a aprobar Lo Poyo. Las elecciones municipales y autonómicas estaban próximas y el asunto queda sobre la mesa.

Tras las elecciones y la consabida llegada del PP al poder, tanto en el Ayuntamiento de Cartagena como en la Comunidad Autónoma, es nombrado Consejero de Política Territorial J.R. Bustillo, ex concejal del Ayuntamiento de Cartagena que se lleva como Secretario General al ex asesor jurídico del ayuntamiento de Cartagena y de Lo Poyo, Andrés Ayala que a su vez se lleva como Director General de Urbanismo a su amigo y compañero de fatigas Rafael Amat, arquitecto del estudio Amat-Gadea-Amat.

Desde ese momento se produce la entrada a saco de estos personajes en la Consejería y en la DG de Urbanismo produciéndose una autentica serie de estragos por llamarlo de alguna forma que se suceden impunemente bajo la indiferente mirada y tancredismo del Consejero Bustillo, en forma anterior, posterior y contemporánea a Lo Poyo. Algunos de estos ejemplos antes de volver a Lo Poyo fueron:

    • Recalificación de terrenos de uso terciario a uso residencial en Cabo de Palos, propiedad de la Madre y familia de Federico Trillo Figueroa, proyecto del estudio Amat-Gadea.
    • Concesión del puerto deportivo de Puertomayor a Tomás Maestre. Difícil de entender que una vez hecha la cama por Ayala se le acueste Sánchez Carrillo y aparezca como consejero de Maestre, cuando es sabido, que no comulgan juntos. ¿Quién filtró la pertenencia de S. Carrillo al Consejo de Administración?
    • Reclasificación de “El Vivero” en La Manga y aprobación de un Plan Parcial inexistente en contra de los informes desfavorables de DG de Costas que es anulado por Sentencia de la Sala de Lo Contencioso después de varios apercibimientos de obstrucción a la Justicia por no remitir documentación. Recientemente aprobado se trata de terrenos propiedad de los conocidos promotores cartageneros Mariano Roca y Alfonso García “Portman Golf”
    • Tolerancia y archivo del expediente sancionador a Alfonso “Pandehigo” por construir y vender puntos de amarre en un muelle ilegal en el Club Náutico La Isleta de La Manga.
    • Liquidación de hecho, del Consejo Asesor de Urbanismo CAOTU al eliminar a los ponentes técnicos y limitar el número de sus miembros a representantes “oficiales” de las consejerías, eliminando a los miembros externos representantes de colegios profesionales, sindicatos, ecologistas, consumidores, etc. ¡Testigos no!. Ayala preside o asiste continuamente el CAOTU sin ser miembro del mismo ni ostentar delegación alguna. Ver Actas del CAOTU.
    • Invento del “peaje en sombra” para la ejecución y financiación de la Autovía del Noroeste, invento que ha hipotecado por 25 años los presupuestos de la DG de Carreteras al comprometer el pago durante esos años de más de 60.000 millones de pesetas por una obra que costó en torno a los 14.000 millones de pesetas.
    • Ley 1/2001 del Suelo de la Región de Murcia, Ley singular donde las haya hecha por y para beneficiar el interés privado y de los promotores por encima del interés público, circunstancia que queda claramente expuesta en el art. 171 dando preferencia a la iniciativa privada frente a la iniciativa pública que en su caso tiene que justificar su actuación. ¡Insólito!

La lista podría ser interminable, pero como botón de muestra otras dos cuestiones, El estudio Amat-Gadea que como vulgarmente se dice no se había comido una rosca, pasa a liderar los estudios de arquitectura merced a la oportunidad que le brindan fundamentalmente las grandes reclasificaciones y las recomendaciones de Ayala-Amat. Hacienda El Álamo, La Glorieta, Cooperativa Monte príncipe, etc., etc.

Y también son muy significativas las continuas y veladas interferencias que el equipo Trillo-Ayala-Amat como lobby cartagenero hace sobre el aeropuerto de Corvera. Para ellos Corvera es Provincia de Murcia y San Javier es Provincia de Cartagena, por lo tanto y ya desde el Ministerio del Ejército tratan de favorecer con grandes inversiones el Aeropuerto de San Javier y boicotear subrepticiamente el de Corvera.

La salida de Trillo y Amat del Ministerio de Defensa supuso que se les jodiera el negocio que tenían muy avanzado de venta de la Ciudad del Aire en San Javier, en colaboración con el ínclito Alcalde Pepe Hernández y sus socios promotores. Por un lado se hace una Ley (militar) para desahuciar a los inquilinos históricos, que más o menos dice que cuando el Plan Urbanístico conceda una mayor edificabilidad que la existente a los solares estos podrán ser desalojados sin indemnización. Naturalmente el Plan urbanístico que es el nuevo PGOU de San Javier da mayor aprovechamiento a la Ciudad del Aire.

Ayala entre sus múltiples facetas es también empresario en actividades náuticas y en negocios de juego, con su socio, el aparejador Pedro J. Martínez Vidal (Presidente de la Agrupación Regional del juego o de maquinas tragaperras o como se llame), circunstancia de sobra conocida en Cartagena. Esta circunstancia que parece no tener mayor importancia, si la tiene si se tiene en cuenta que el Director General de Urbanismo es miembro nato de la Comisión Regional del Juego, que la Comisión Regional del Juego es la que adjudica los casinos de juego y la que adjudicó El Gran Casino Rincón de Pepe, al Grupo Orenes, fabricante de máquinas tragaperras y socio años después del ínclito Ayala en los Casinos de Juego de Logroño y Gijón, asunto ampliamente difundido en la prensa. Solo faltaba que las mercantiles de Ayala dedicadas al juego compraran por entonces sus máquinas tragaperras al Grupo Orenes y comprobar quien asistió a la sesión de la Comisión Regional del Juego, si el amigo Amat o el mismo Ayala para dejar claramente establecida la relación Ayala-Grupo Orenes.

Pero volvamos al asunto Lo Poyo propiamente dicho. Tomadas las riendas de la Consejería de Ordenación del Territorio, después Obras Públicas, Ayala & Amat comienzan la labor de zapa, acoso y derribo.

    • Suprimen la Sección de Planeamiento Urbanístico y trasladan a su Jefe, responsable y ponente del Informe Lo Poyo a otro departamento sin competencias urbanísticas.
    • Consiguen informes favorables del Jefe de Servicio de Urbanismo el arquitecto José M. Rodenas que debido a su rango “desautoriza” el informe del ponente. Rodenas, verdadero cerebro gris o factotum de la actual situación urbanística, de la Ley del Suelo y de las dos modificaciones de la misma necesarias para justificar todas las tropelías que se vienen haciendo desde entonces, es “recompensado” por su informe favorable y posteriormente es nombrado Director General de Infraestructuras Turísticas tras la salida de la Consejería de Bustillo&Ayala&Amat que se van todos a Madrid y la llegada del equipo de Ruiz Abellán.
    • Pero necesitaban el informe y la propuesta jurídica de la Jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo y ello no solo no era posible que les fuera favorable sino que ni siquiera se atrevían a demandárselo, dada la independencia, rectitud y profesionalidad de la responsable del Servicio. Ante esta tesitura, puentean a la Jefa del Servicio Jurídico a la que ni siquiera pasan el expediente y encargan el informe jurídico y la propuesta de aprobación a un jurídico, funcionario interino con un pié en la calle, que ejerce de Jefe de Sección subordinado al Servicio. Su informe y propuesta favorable da lugar a la Aprobación Definitiva de la Modificación Nº 55 del PGMO de Cartagena conocida como Lo Poyo que es firmada por el Consejero Bustillo el 2 de agosto de 1996.

A partir de ese momento, verano y otoño del 96 se produce el gran escándalo de Lo Poyo, ampliamente recogido en los medios y denunciado fundamentalmente por organizaciones ecologistas encabezadas por ANSE y por IU que interpusieron Recurso Contencioso Administrativo. No existía Estudio Ambiental, se afectaba al Saladar de Lo Poyo y la reclasificación estaba afectada por el PORN del Mar Menor que estaba en tramitación.

Tras un Dictamen de la Comisión Europea al respecto, Valcárcel se ve obligado a pactar con los grupos ecologistas y se compromete con ellos a “echar” las casas mas atrás (se habla de un mínimo de 500 metros) para mayor protección del Saladar de Lo Poyo, pero no a disminuir el número de viviendas. Para ello da instrucciones a los responsables de Medio Ambiente encargados de tramitar el PORN del Litoral del Mar Menor.

Ayala no traga y no está dispuesto a modificar ni un ápice lo aprobado y para ello “envía” a la Secretaría General de la Consejería de Agricultura donde entonces radicaban las competencias de Medio Ambiente a su Vicesecretario en Política Territorial, Juan F. Martínez Oliva q.e.p.d. para que se oponga a las recomendaciones del Presidente y para que paralice el PORN o cualquier cosa que se mueva en torno a cuestiones ambientales que le pudieran suponer impedimentos legales. Así se hace y desde entonces no ha habido cojones a aprobar el PORN del MarMenor, ni ningún otro, dicho sea de paso. El mencionado PORN se llegó a aprobar inicialmente para con ello justificar la reclasificación de lo que podemos llamar Lo Poyo 2 o Nueva Cartago en San Ginés de la Jara pero no definitivamente, por lo que Nueva Cartago se encontraría en la misma o parecida situación a Lo Poyo. Lo que sucede es que la participación e intervención de la CAM en el asunto ha propiciado que los medios no hayan tomado cartas en el asunto ni tenga “interés” periodístico. Pero debe quedar claro que a efectos urbanísticos y medioambientales Lo Poyo y San Ginés de la Jara son la misma cosa.

El recurso contencioso de ANSE prospera y en el año 2000 el TSJ de Murcia Sentencia ordenando la suspensión de la Aprobación Definitiva de la Modificación de Lo Poyo, motivada fundamentalmente en la falta de evaluación y declaración de Impacto Ambiental.

Mientras tanto los propietarios Armengol, tramitan y consiguen la aprobación del Ayuntamiento con el visto bueno de la CARM del PAU y Plan Parcial correspondiente, que quedan en suspenso tras la Sentencia del TSJ. Todo queda paralizado mientras tramitan el Estudio de Impacto Ambiental y Lo Poyo es puesto en venta quedando en manos de numerosos intermediarios, corredores, tratantes, oportunistas y demás fauna, entre los que han trascendido nombres famosos como el de J.A. Roca (el de la operación Malaya y Marbella) y Paqui-Chelo Cano (cortesana murciana) sobre los que volveremos posteriormente. Sin embargo no se vuelve ha hablar de la intermediación de A. Ayala que supuestamente está apartado del asunto ¿Alguien cree que Ayala, conociendo su interés por la “pomada” se iba a quedar otra segunda vez, como en el caso de Puertomayor, fuera del negocio?.

Durante años, nadie es capaz de garantizar a los compradores la efectiva reclasificación de los terrenos hasta que solo o en compañía de otros aparece el hortera de J.A.Roca dándose abrazos con el Concejal de Urbanismo de Cartagena, Agustín Guillen, abrazo que debió ser muy presenciado o incluso fotografiado ya que el propio Guillen ha tenido que reconocerlo muy recientemente aunque dejando bien claro “que le tuve que parar los pies”. La cosa es que Roca intermedia, compra o simplemente a través de opciones de compra se lleva el gato al agua y obtiene las garantías suficientes de que los terrenos van a ser reclasificados como para revenderlos por 213 millones de euros al grupo de “incautos” vascos.

Es evidente que ningún incauto por muy incauto que sea paga cerca de 40.000 millones de pesetas por unos terrenos sin las garantías efectivas de reclasificación y más aun si entre los incautos está un banco como la Kutxa y el resto de socios son conocidos y procesados por sus tropelías en Marbella donde ya se sabe como actúan. Como las garantías no pueden estar escritas, tienen que ser verbales (pacto entre canallas) y Roca no era nadie para dar ese tipo de garantías. Las garantías verbales solo las puede dar quien tiene poder de decisión y el poder de decisión lo tienen como es más que evidente en este caso LOS POLITICOS, ya sean del Ayuntamiento de Cartagena ya sean de la Comunidad Autónoma o altos cargos a nivel nacional.

Como todo el mundo entiende, las garantías tienen un precio y un pacto entre canallas, si tu reclasificas yo pago y aquí paz y después gloria, pero si tu no reclasificas yo canto porque el dinero ya sé que no lo voy a recuperar (salvo que se trate de mafias violentas, que esos si que lo recuperan). Y llegados a este momento obsérvense las similitudes existentes entre Lo Poyo y La Cerrichera, espacios naturales protegidos, intermediarios listillos, tramitación conflictiva, políticos en entredicho y al final los mismos compradores la Kutxa y sus atlatares.

Al payo listo de La Cerrichera cuando le llamó cobarde a Valcárcel, solo le falto añadirle si le iba a devolver las perras o el piso del Banco Exterior en la Gran Vía murciana.

Hecha ya la venta formalmente y escriturados los terrenos (marzo de 2004) a favor de los ya mentados y conocidos incautos (El Tony Leblanc de Los Tramposos se estaría descojonando en ese momento) el Ayuntamiento de Cartagena reinicia la tramitación, es de suponer que a instancias de los nuevos propietarios, primero activando el Estudio de Impacto Ambiental que como era de prever es aprobado por Medio Ambiente en Enero de 2005 sin que esté aprobado previamente el PORN del Mar Menor como ya ocurrió también con la EIA de Nueva Cartago y como también ocurrió con la EIA de La Cerrichera donde tampoco estaba aprobado el PORN correspondiente y después con la formulación por el propio Ayuntamiento de la Nueva Modificación 55 del PGMO de Cartagena en Lo Poyo que se encuentra pendiente de aprobación definitiva por la Comunidad Autónoma.

Se ha insistido mucho en lo de los PORN, porque estos son los que establecen los usos del suelo en las zonas protegidas y prevalecen sobre los planes de ordenación. Quiere ello decir que en tanto en cuanto no se hayan aprobado definitivamente los PORN los planes de ordenación no pueden establecer ningún tipo de uso sobre el territorio protegido y su ámbito de protección ni los EIA pueden ser aprobados por falta de marco legal de referencia. En el caso de Lo Poyo, Nueva Cartago y Cerrichera se han pasado los PORN por el forro y alguien se la ha jugado si el Fiscal llega a actuar conforme a Ley.

Quien está detrás de todo, el concejalillo del abrazo, la alcaldesa, el director general, el consejero, el hermano, el diputado o el gran hermano. La clave está en ¿quién mando a Paqui-Chelo de intermediaria?.

La huida hacia delante de la alcaldesa remitiendo el expediente de Lo Poyo al fiscal, es algo más que un gesto, es un sálvese quien pueda que yo no me llevado ni un euro, que esto ya no va de responsabilidades políticas, que esto va de carcel".

Continuará........