IU-Verdes de Murcia critica que la subida y creación de tasas es "abusiva" y afecta a los que "más sufren la crisis"

MURCIA.-   Los concejales de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas e Ignacio Tornel, han lamentado que la subida de precios públicos y la creación de nuevas tasas por parte del Equipo de Gobierno municipal del PP "es abusiva", y afecta a las personas "que más están sufriendo por la crisis", mientras que no repercute en "aquellos de los que puede sacar más, como las grandes empresas".

   En rueda de prensa, Tornel ha criticado que las ordenanzas fiscales y los precios públicos presentados el jueves pasado a la prensa por la concejala de Hacienda, Isabel Martínez Conesa, es "el programa oculto del PP", ya que su programa electoral "siempre hablaba de bajar impuestos y no gravar más a los ciudadanos".

   Por ejemplo, Herguedas critica que estas ordenanzas "se ceban en la Dependencia, porque se crean nuevas tasas y precios públicos para asistencia domiciliaria, para los centros de día, para la teleasistencia y para el respiro familiar, en función de las rentas de los contribuyentes".

   Igualmente, ha criticado el aumento de un 66 por ciento del precio de las escuelas infantiles. IU-Verdes pidió en el pasado que, "por lo menos, ese aumento no afectara al presente curso, porque desequilibra cualquier economía familiar", añade.

   La concejala ha reprochado que el precio de una escuela infantil municipal, incluida la comida y el servicio educativo, va a ascender a 200 euros al mes "para una familia mileurista", lo que supone "estar equiparando sus precios con las escuelas privadas", por lo que muchas "van a terminar sacando a sus hijos" de los centros.

   IU-Verdes también ha llamado la atención por las subidas de los servicios deportivos, porque todos ellos "suben en una proporción" menos algunos que bajan como, por ejemplo, "el alquiler de las pistas de pádel y el alquiler de los espacios deportivos, como la pista central del pabellón Príncipe de Asturias, para espectáculos que no tengan que ver con lo deportivo tales como conciertos".

   Herguedas critica que "se baja el precio de donde se puede sacar dinero", por lo que deduce que "se está intentando beneficiar a unos pocos y se está intentando perjudicar a una gran mayoría".

   La concejala también se ha mostrado "muy preocupada" por las subidas y las nuevas tasas en el ámbito de la Cultura, de forma que, antes las asociaciones sin ánimo de lucro se beneficiaban de unas bonificaciones que "ahora no van a poder tener".

   Herguedas ha anunciado que esto va a afectar a asociaciones de vecinos, culturales y musicales "que están haciendo un papel fundamental en muchas pedanías, como asociaciones culturales que están supliendo el papel de la administración en muchos casos, y que estaban haciendo uso de las instalaciones municipales de una forma gratuita".

   A partir de ahora, la concejala de IU-Verdes explica que estas asociaciones "es posible que tengan que pagar e incrementar la cuota que pagan sus socios", por lo que critica que "se está restringiendo el acceso de la ciudadanía a la Cultura por medio de la vía del pago de la tasa".

   IU-Verdes conoció las ordenanzas a través de los medios de comunicación el jueves, y las pidió el viernes pero, tras analizarlas el fin de semana, los concejales de esta formación política han detectado que se trataba de documentos "parciales" en los que "se ocultaba información".

   Los concejales de IU-Verdes lamentan que acudieron este lunes a una comisión de asuntos generales a debatir sobre las ordenanzas fiscales y los nuevos precios públicos sin tener el documento en su posesión, y creen que el Ayuntamiento les ha "ocultando información" a propósito.

   Por tanto, Herguedas ha denunciado públicamente que la claridad de información "ha brillado por su ausencia", y considera que es "toda una declaración de intenciones por parte del Equipo de Gobierno municipal del PP, que por una parte hace propaganda diciendo lo que le interesa y por otra parte sube los precios".

El pago por el uso de carreteras en España supondría un coste medio de 3 céntimos por kilómetro

MADRID.- La aplicación de un pago por el uso de la red de carreteras españolas conllevaría una tarifa media para vehículos ligeros de 3,1 céntimos de euro por kilómetro recorrido si se aplicaran los mismos parámetros recogidos en la actual Euroviñeta, según un estudio presentado por el Centro Español de Excelencia y Conocimiento de la colaboración Público Privada (Cecopp).

    Asimismo, la Administración podría obtener con la puesta en marcha de la tarificación por uso de infraestructuras unos ingresos iniciales cifrados en torno a 14.700 millones de euros si optara por sacar a concesión la explotación del sistema.

    Por otro lado, el estudio señala que podría generarse un ahorro total de 101.678 millones de euros en el período 2013-2043 que se produciría en la partida de gastos e inversores de los presupuestos públicos derivados de la construcción, mantenimiento y explotación de carreteras durante el período de vigencia de las concesiones.

   El informe realizado por Cecopp y coordinado por el profesor de la Universidad Politécnica de Madrid José Manuel Vassallo detalla las tarifas medias que se cobrarían en la red de carreteras españolas de aplicarse la denominada Euroviñeta. Desde Cecopp resaltan que este análisis no constituye un encargo por parte de la Administración pública, sino que es un estudio orientativo sobre una futura aplicación de medidas de pago en las carreteras españolas.

    De este modo, la implantación de esta directiva en autovías y autopistas interurbanas españolas supondrá una tarifa media para vehículos pesados de 7,9 céntimos de euro por kilómetro lo que se traduciría en un coste real de 8 euros por cada 100 kilómetros circulados si su aplicación se produce el próximo año.

    En el caso de los turismos, la implantación de la medida arroja una tarifa media para vehículos ligeros de 3,1 céntimos de euro por kilómetro transcurrido a partir de 2017.

   Por otra parte, el estudio contempla la posibilidad de incluir, además de la tasa de infraestructura, una tasa por costes externos de carácter marcadamente medioambiental.

   Esta tasa suplementaria tiene por objeto cobrar a los vehículos por los gastos que producen como consecuencia de los efectos provocados por el tráfico en el medio ambiente. La tasa "ecológica" cuenta con dos componentes: la tasa por contaminación atmosférica y tasa por contaminación acústica.

   Desde Cecopp subrayan que esta tarifa verde sería muy reducida para los vehículos ligeros, mientras que la tasa se elevaría considerablemente en el caso de los más pesados. Asimismo, la implantación de turismos más ecológicos provocará, según sus predicciones, una reducción progresiva en el coste de la misma.

   De esta manera, un viaje en vehículo ligero que recorra el itinerario entre Madrid y Valencia debería abonar una tarifa de 11,53 euros por 357 kilómetros transitados. A su vez, un tipo de vehículo pesado deberá costear un importe medio de 24,95 euros por el mismo itinerario.

    El estudio apuesta por el sistema DSRC o la tecnología satélite como los medios de cobro más convenientes que permitan un flujo libre de vehículos. "La aplicación de un sistema de cobro de flujo libre requeriría una importante armonización y adaptación legislativa para combatir y evitar el fraude".

   El nuevo sistema de peaje se implantaría en las redes de carreteras de alta capacidad, tanto del Estado como de las autonomías, así como en las carreteras convencionales. Además, se incorporarían a aquellas redes secundarias que pudieran ser susceptibles de recoger un importante desvío del tráfico.

IU-Verdes presenta una moción en la Asamblea Regional contra los peajes en las autovías

CARTAGENA.- IU-Verdes ha presentado una moción en la Asamblea Regional para evitar que el Gobierno central ponga en marcha un plan para el pago de peajes a los vehículos que circulen por la red de autovías del Estado, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

   La iniciativa insta al Gobierno autonómico a que reclame al Ejecutivo central que desestime el establecimiento de este impuesto en autovías españolas, por considerar que "únicamente tiene un fin recaudatorio".

   El diputado de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha opinado que la aplicación de esta medida demuestra que "la inoperancia del Gobierno, del PP, la vuelve a pagar la ciudadanía", y pone "en entredicho" el derecho a la movilidad.

   Pujante ha criticado que "no se aporte alternativa real" para evitar el impuesto como la potenciación de una red de transporte público que permita la movilidad de la ciudadanía desde un punto de vista "sostenible y eficaz".

   "Si seguimos así pagaremos hasta por respirar", ha concluido el dirigente de la federación de izquierdas.

No en las autovias de la Región

El coordinador Regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha manifestado la oposición de su formación política a la posibilidad de que se cobren peajes por el uso de las autovías de la Región.

   Sánchez cree que el Gobierno intenta sacar ingresos de "cualquier lado" sin importarle las repercusiones que esta "escalada de cobros" pueda tener entre los ciudadanos. Asimismo, Rafael Sánchez considera que la mayoría de las propuestas del PP tienen el denominador común de ser indiscriminadas.

   Además, el coordinador de UPyD considera que, de llevarse a efecto esa medida en la red estatal de autovías de la Región, habría muchos casos en los que no existiría una alternativa gratuita a la autovía de pago, "lo que resulta inaceptable".

   En este sentido, Sánchez ha citado el trayecto entre Murcia y Cartagena entre los que no tendrían posibilidad de alternativa gratuita, al ser la autovía A-30, en ese trayecto, el desdoblamiento de muchos tramos de la carretera nacional N 301.

   Rafael Sánchez ha subrayado que todavía queda mucho terreno de donde poder ahorrar "antes de poner más tasas y repagos indiscriminados".

La Comunidad quiere recaudar 735.000 euros en tasas a desfavorecidos y se niega a ingresar 21 millones de ricos

CARTAGENA.- La responsable de Sanidad y Política Social del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, ha denunciado públicamente que el Gobierno regional pretende recaudar 735.800 euros en 2012 imponiendo tasas a las personas en situación de dependencia, las personas con discapacidad y las familias numerosas, mientras que "se niega a implantar el Impuesto de Patrimonio a los ricos", que supondría "21 millones de euros de ingresos a las arcas regionales".

   En una rueda de prensa, Rosique ha tachado esta política de la Comunidad como "indecente" y recordado que ya pidieron la eliminación de estas tasas en el debate parlamentario presentando enmiendas. Comoquiera fueron rechazadas por el PP, la portavoz socialista ha anunciado que el PSOE ha presentado una moción este mismo jueves en la Asamblea Regional para exigir su eliminación.

   Además, Rosique ha señalado que el PSOE va a utilizar el cauce que posibilita el reglamento de la Asamblea Regional para intentar que esta moción se pueda tramitar con carácter de urgencia, con lo que la Junta de Portavoces tendrá que pronunciarse al respecto.

   Rosique ha recordado que la Ley de Acompañamiento, que fue aprobada en la Asamblea Regional con los votos mayoritarios del PP, fijaba tres tasas que afectan a los colectivos "más vulnerables" de la Comunidad Autónoma, como los dependientes, las personas con discapacidad y las familias numerosas.

   Así, la tasa por expedición y renovación del título de familia numerosa "hay que pagarla cuando pidas la expedición del título y certificado del mismo". En concreto, este gravamen oscila entre los 25 euros si la categoría es especial o los 15 euros si es una categoría general.

   Igualmente, ha reprochado que el Gobierno regional cobra diez euros por la renovación del título de familia numerosa, y pide cuatro euros por solicitar un duplicado.

   La tasa por solicitud del reconocimiento y revisión del grado de dependencia, solo por su solicitud y acogerse a la Ley, cuesta 30 euros. Mientras que las tasas planteadas para el reconocimiento, revisión o certificación del grado de discapacidad oscila entre los 20 euros para la solicitud de reconocimiento, 20 euros para la petición de renovación y diez euros para la certificación.

   Retegui ha insistido en que el Gobierno regional pretende recaudar 735.800 euros por estas tasas, tal y como consta en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

   A su juicio, el Gobierno regional "tiene a la Comunidad Autónoma sumida en prácticamente una quiebra financiera y cree que metiendo la mano en el bolsillo de las personas con discapacidad, de las personas en situación de dependencia y de las familias numerosas va a resolver la irresponsable y grave situación a la que nos ha llevado la política del presidente Ramón Luis Valcárcel y su Gobierno".

   Sin embargo, Rosique reprocha que la Administración regional "se niega a aplicar el Impuesto de Patrimonio, que supondría una recaudación para las arcas públicas ni más ni menos que de 21 millones de euros". Asimismo, recuerda que el Gobierno regional puede recurrir a otras figuras fiscales que el PSOE propuso en sus enmiendas como las "tasas a las grandes superficies y entidades financieras, entre otras".

   Precisamente, ha recordado que el Impuesto de Patrimonio ya está siendo aplicado por otras comunidades, incluida Castilla-La Mancha, gobernada por María Dolores de Cospedal, que se "oponía abiertamente a su aprobación pero que ahora ha tirado de él para conseguir una recaudación".

   Para la diputada socialista "resulta inaceptable por indecente que el Gobierno regional demuestre tan desmedido afán recaudatorio hacia los colectivos más vulnerables, metiendo la mano en sus bolsillos para recaudar 735.800 euros, mientras se niega a aplicar en la Región el Impuesto de Patrimonio a los ricos que supondría 21 millones de euros de ingresos para las arcas regionales".

   Más allá de las cuantías económicas, esta política "dice mucho del talante y de la ideología, de la insolidaridad y del carácter injusto de las políticas que el presidente Ramón Luis Valcárcel y su Gobierno tienen en la Comunidad de Murcia", ha añadido.

   Cabe recordar que estas tasas también han merecido la denuncia del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que las ha calificado como "injustas", además de considerar que "no se ajustan a la legalidad fiscal y por lo tanto son contrarias a la legislación tributaria básica".

   El PSOE considera que estas tasas "incumplen la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia, que en su artículo 39.4 dice textualmente: "En todo caso, tendrán el carácter de gratuito los Servicios de Información, Valoración y Asesoramiento, de Inserción Social, de Promoción y Cooperación Social, así como los servicios de reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía".

   Rosique ha recordado que se trata de un punto que "sigue en vigor, ya que en ningún apartado de la Ley de Acompañamiento aprobada por el PP se dice que queda derogado". Por tanto, el PSOE se suma a la denuncia del CERMI, al considerar que "no cumple la legislación general básica", y añade que tampoco cumple la Ley de Servicios Sociales que "establece la gratuidad de estas solicitudes".

   A su juicio, no tiene "ni pies ni cabeza que, para solicitar un derecho que establece la Ley, tenga que pagar simplemente por el hecho de acogerse al mismo, máxime cuando se trata de colectivos tan vulnerables".

   Rosique ha recordado que los colectivos afectados "necesitan un sobrecoste para hacer frente a sus necesidades diarias, y precisan más recursos que una persona que no se encuentre en la situación en la que se encuentran estas personas".

   Por tanto, defiende que lo que necesitan estos colectivos "son ayudas de las administraciones, y no la aplicación de tasas fiscales con un fin recaudatorio, es decir, que metan la mano en sus bolsillos".

   Rosique ha mostrado su deseo de que el Gobierno regional "rectifique esta injusticia indecente e inaceptable", y estima que la vía más rápida para lograrlo es la vía institucional y política, mientras que el recurso contencioso-administrativo que se podría presentar "llevaría muchísimo tiempo".

   Mientras se resuelve el procedimiento judicial, Rosique recuerda que los colectivos más vulnerables "seguirían pagando las tasas mientras no fuesen anuladas". Por ello apela a la reflexión del Gobierno regional y que corrija este "error".

IU de Murcia denuncia la "abusiva" subida del IBI y la tasa de basuras

MURCIA.- La portavoz de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, ha denunciado este martes la subida "abusiva" del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la tasa de basuras incluida en los presupuestos del municipio para 2012.

   Herguedas ha señalado que este incremento perjudica a la ciudadanía, ya afectada por las consecuencias de la crisis económica, y en especial a las 16.000 familias murcianas que están en riesgo de no poder contribuir a las arcas municipales.

   Así, ha explicado que la previsión de ingresos por el IBI asciende a 115 millones de euros, ocho millones de euros más que en 2011, mientras que la tasa por recogida de basuras aumenta dos millones de euros respecto al presente ejercicio.

   La edil también ha criticado el incremento de los ingresos por actividades económicas pese a la "elevada" tasa de desempleo que registra la localidad, y por la venta de patrimonio público, que el ayuntamiento cifra para el próximo año en 10,2 millones de euros.

   Para Herguedas, las concejalías de Urbanismo, Calidad Urbana e Infraestructuras y Obras y Servicios Comunitarios "mantienen la misma tónica de los últimos años en cuanto al descenso de la inversión, sin que en 2012 tengamos Plan E que nos salve".

   En cuanto a las inversiones en pedanías, ha señalado que "se limitan al mantenimiento del alumbrado público y aceras, y al cumplimiento de parte del programa de las costeras, que es fruto de un convenio con la Comunidad Autónoma y tiene un desarrollo de diez años".

   "Urbanismo cae en picado, una vez ejecutado el nuevo edificio municipal se acabaron las infraestructuras municipales", ha afirmado Herguedas, tras asegurar que en materia de vivienda hay "una anecdótica inversión para mantener el exiguo parque de viviendas municipales".

   Sobre servicios industriales, ha señalado que el gasto de energía eléctrica "sube más de 4,5 millones de euros", lo que se contradice, en su opinión, "con la política que dicen de austeridad de apagar bombillas para reducir el consumo eléctrico y la factura de la luz".

   "El aumento del gasto de energía eléctrica acapara la aparente subida presupuestaria, por lo que tampoco se va a traducir en una mayor inversión municipal ni en la creación de empleo", ha concluido

La cuota obligatoria a las Cámaras de Comercio desaparece del todo en 2012

MADRID.- El secretario de Estado de Comercio Exterior, Alfredo Bonet, ha admitido que la supresión de la obligatoriedad del pago de la cuota cameral para todas las empresas tendrá un "impacto indudable" en los recursos disponibles para impulsar la internacionalización, ya que uno de sus actores principales, las Cámaras de Comercio, van a ver reducidos sus presupuestos.

   Así lo ha asegurado durante su comparecencia ante la Comisión de Industria, Turismo y Comercio en el Congreso, a instancias del diputado 'popular' Celso Delgado, quien le ha preguntado por el impacto de esta medida, incluida en el decreto ley de medidas de ajuste aprobado el pasado mes de diciembre.

   En este sentido, Bonet ha mencionado actuaciones como las incluidas en el Plan Cameral de Promoción de Exportaciones, fruto de la coordinación entre las Cámaras, el ICEX, comunidades autónomas y Turespaña, si bien ha recordado que salvo para las pymes, la supresión de la cuota obligatoria no se hará efectiva hasta 2012.

   Así, ha explicado que su departamento está en negociación con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio para el diseño de nuevos planes en los que el papel de las Cámaras se verá "necesariamente redimensionado" por la reducción en su presupuestos.

   Asimismo, ha anunciado que el grupo de trabajo compuesto por catorce ministerios en materia de internacionalización, cuya creación reclamó el Congreso por unanimidad el pasado mes de noviembre, estará constituido en pocas semanas y podrá celebrar su primera reunión en el plazo de un mes.

El Gobierno Zapatero elimina la cuota obligatoria a la Cámara de Comercio

MADRID.- El Gobierno estima que la eliminación de la obligación de todas las empresas y trabajadores autónomos de pagar cuotas a las Cámaras de Comercio, que este viernes aprobará el Consejo de Ministros, les supondrá un ahorro anual de 250 millones de euros, de los cuales 90 millones de euros repercutirán en las pymes.

   Según el Ejecutivo, el hecho de que el conocido como 'recurso cameral' sea voluntario implica que la financiación de las Cámaras "estará vinculada efectivamente a los servicios demandados por las pymes". 

   El Gobierno justifica esta medida, así como las otras anunciadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras, "para fomentar de forma inmediata la inversión y la creación de empleo entre las pymes".

Bruselas da luz verde a subir el peaje a los camioneros españoles

LUXEMBURGO.- Los ministros de Transportes de los Veintisiete han alcanzado -con la oposición expresa de España, Italia, Irlanda, Países Bajos y Portugal- un acuerdo político, pendiente de ratificar por la Eurocámara, sobre la norma que permitirá aumentar los peajes para los camiones españoles que cruzan Europa hasta cinco céntimos por kilómetro recorrido.

   Este incremento se debe a que los Estados miembros podrán tener en cuenta al calcular las tarifas no sólo los costes de construcción y mantenimiento de las carreteras, como hasta ahora, sino también los costes del ruido y la contaminación. La denominada 'directiva euroviñeta' podría empezar a aplicarse en 2012.

   El ministro de Fomento, José Blanco, ha mantenido su oposición a la norma por considerar que "penaliza a los países periféricos" de la UE, como España, y supone una carga excesiva "en la situación de crisis económica en la que nos encontramos, que ha afectado de manera singularmente grave al sector del transporte, sector de vital importancia para Europa y que deberá favorecer la recuperación económica".

   A su juicio, esta norma "debería presentarse en el contexto temporal de la previsible recuperación económica a partir del año 2012".

   La directiva euroviñeta perjudica especialmente a los países periféricos, como España, Portugal, Grecia o Italia, ya que puede provocar un encarecimiento de los costes de importación y exportación de sus mercancías.

   Blanco dio a entender este verano que España podría también aplicar la 'euroviñeta' en su territorio para recaudar más recursos para financiar infraestructuras. Pero más tarde dio marcha atrás y aseguró al sector del transporte que no habrá nuevos peajes esta legislatura.

   Los mayores defensores de la directiva son los países de tránsito --especialmente Alemania, Austria y Francia-- que buscan limitar los problemas de congestión y medioambientales aplicando estas nuevas tasas. Francia planea introducir su nuevo sistema de peajes en 2012.

   La norma aprobada establece una serie de criterios armonizados para calcular los peajes pero no obliga a los Estados miembros. Cada país es libre de decidir si introduce o no este tipo de tasas y en qué carreteras. La directiva sólo se aplicará a los camiones de más de 3,5 toneladas, y no a los vehículos privados, aunque en este campo también deja libertad a los Gobiernos.

   Finalmente, los Veintisiete han decidido excluir del cálculo de los peajes los costes de congestión, que sí estaban en la propuesta original de la Comisión.  Además, los camiones que cumplen los estándares más exigentes en materia de reducción de emisiones no tendrán que pagar extra por la contaminación durante los primeros años. En concreto, los camiones que cumplan los límites 'Euro 5' no pagaran por contaminar hasta finales de 2013 y los 'Euro 6' hasta finales de 2017.

   La norma permitirá aumentar los peajes durante las horas punta a condición de que se reduzcan en las horas valle. Los ministros de Transporte han acordado que sólo podrá fijarse un tope de cinco horas punta al día y que el incremento máximo de precio será del 175%.

   La Comisión había propuesto que los recursos recaudados con estos peajes se dedicaran a proyectos en el sector del transporte. Como muchos Estados miembros lo rechazan, finalmente la obligación ha sido sustituida por una simple recomendación.

Oposición de España

El ministro español de Fomento, José Blanco, ha afirmado que no tiene "ningún interés" en aplicar en España la nueva norma aprobada este viernes por el Consejo de Transportes de la UE que permite encarecer los peajes para los camiones y se ha mostrado convencido de que no entrará en vigor hasta que se consolide la recuperación económica. 

   La norma establece una serie de criterios armonizados para calcular los peajes pero no obliga a los Estados miembros. Cada país es libre de decidir si introduce o no este tipo de tasas y en qué carreteras. Afectará a los camioneros españoles que atraviesen Europa porque los países centrales como Alemania, Francia o Austria sí la van a aplicar.

   "Yo no tengo ningún interés en transponer esta directiva, que saben que no es de obligado cumplimiento", ha dicho el ministro de Fomento al término de la reunión. Y ha destacado que "cuando se pueda aplicar, en el caso de que el Gobierno de España decidiera aplicarla", la UE y España ya estarán "en un momento de recuperación económica".

   Además, Blanco ha señalado que la voluntad de España "es seguir trabajando en el Parlamento Europeo para ir mejorando la directiva de acuerdo a las pretensiones del Gobierno".

   "Lo que hoy venía aquí era mucho más duro que lo que ha salido de aquí y por lo tanto yo estoy parcialmente satisfecho con el avance y el acuerdo alcanzado, aunque nosotros hayamos votado en contra", ha dicho el ministro de Fomento.

   "España ha logrado avances muy importantes en lo que se ha acordado hoy en relación a nuestros objetivos y que favorecen al transporte español. Es verdad que no alcanzamos todos los objetivos y esa fue la razón por la que nos opusimos finalmente a la directiva", ha explicado.

España recaudaría 3.000 millones al año con un peaje para camiones

MADRID.- El Estado recaudaría unos 3.000 millones de euros anuales mediante el cobro de un peaje al transporte de mercancías por circular por las carreteras españolas de gran capacidad, la denominada 'Euroviñeta', según un estudio del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

El informe señala además que este gravamen permitiría mejorar la eficiencia del transporte por carretera y reducir el impacto medioambiental que genera esta actividad.

Para ello, los ingenieros consideran que los recursos de la 'Euroviñeta' podrían destinarse a mantener la red viaria, a apoyar la reestructuración del sector de transporte por carretera e incluso a incentivar la compra de vehículos nuevos, menos contaminantes, con la consiguiente mejora medioambiental.

En su estudio 'Una política de inversión en infraestructuras en tiempos de escasez', el Colegio de Ingenieros reconoce que la imposición de esta tasa elevaría los precios de los productos, pero garantiza que el impacto de este incremento en la economía sería "insignificante".

"En resumen, la 'Euroviñeta' constituye un instrumento de gran utilidad para la obtención de recursos para mantener la red viaria en condiciones óptimas de utilización y eficiencia, gestionar el tráfico y reducir la congestión, el consumo energético y la siniestralidad", concluye el informe. "Y todo ello con un mínimo impacto en la economía del país", añade.

Los ingenieros subrayan además que en la actual coyuntura de crisis y recorte de inversión en obra pública, los ingresos que se obtendrían con este peaje son "imprescindibles" para financiar todas las obras de la red viaria que las Administraciones no pueden acometer, pese a ser rentables socioeconómicamente, por no disponer de suficientes recursos.

El Colegio de Ingenieros calcula el importe anual de recaudación a partir de la imposición de una tasa media de 10 céntimos de euro por kilómetro de más de 3,5 toneladas de peso en carga máxima en las autopistas, las autovías libres, las carreteras desdobladas y carreteras paralelas a las vías tarificadas.

La 'Euroviñeta', que el próximo mes de octubre comienza a aplicar Portugal, ya se cobra en Alemania, Suiza y Austria "con resultados altamente satisfactorios y efectos económicos muy positivos", según el estudio.

Por contra, el Ministerio de Fomento ya ha asegurado que no contempla "en esta Legislatura" imponer en España ningún peaje por el uso de autovías y autopistas en servicio y actualmente gratuitas para los ciudadanos.

En este sentido, los ingenieros destacan que "los vehículos españoles que circulan por estos países están siendo gravados, pero no así los vehículos extranjeros que transitan por España".

Por todo ello, el Colegio de Ingenieros considera "insoslayable" la implantación de la Euroviñeta en España. "El retraso en su aplicación perjudica a nuestro país y evita la obtención de unos ingresos sostenidos y previsiblemente estables para las Administraciones Públicas", advierte esta institución.