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viernes, 15 de mayo de 2009

Impugnan la composición de un tribunal de oposición a 'Onda Regional de Murcia" por falta de titulación superior de sus miembros


MURCIA.- Dos de los periodistas titulados convocados mañana a un concurso-oposición de 'Onda Regional de Murcia' por una sentencia judicial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, que obliga a repetir parcialmente las pruebas efectuadas en 1994 con falta de garantías, han impugnado a gran parte de los miembros del Tribunal por su falta de titulación universitaria para poder evaluarlos, según fuentes del despacho del letrado Diego de Ramón, representante legal de los afectados.

La citada prueba debería efectuarse mañana sábado pero los dos periodistas, titulados universitarios por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid desde 1976 y 1977 respectivamente, han pedido su suspensión en tanto no se pronuncie sobre la idoneidad y legalidad del citado tribunal -compuesto por representantes de partidos políticos sin titulación ni en Periodismo ni en otra licenciatura- el Consejo Jurídico Consultivo de la Región de Murcia ya que así consideran vulnerados parte de sus derechos fundamentales por el proceder sin dictámen previo del director general de Radiotelevisión Murciana, Juan Máiquez Esteve, igualmente sin titulación universitaria aunque se presenta públicamente como 'periodista'.

El letrado de ambos periodistas profesionales se ha personado esta misma mañana en la sede de la Radiotelevisión Murciana con una copia del escrito de petición para Ana Martí, responsable de los servicios jurídicos del ente, para que advierta con tiempo a los miembros del citado tribunal de los riesgos personales (penales y civiles) y patrimoniales que asumen de efectuarse la prueba lesionando derechos fundamentales, susceptibles además de un procedimiento urgente de protección en la instancia jurisdiccional competente.

En el preámbulo de la citada impugnación expresa por la falta de los necesarios requisitos de capacidad, categoría y evaluación para poder examinar a los convocados, ambos periodistas dicen que la actual situación les produce "una total indefensión y vulneración del principio de igualdad" además de observar "arbitrariedad o desviación de poder".

En el primero de los tres puntos del escrito se recuerda al director general que la composición del tribunal impide garantizar en este caso los principos constitucionales de igualdad, publicidad, mérito y capacidad por parte de unos miembros sin conocimientos ó capacidad, igual ó superior, a la de los aspirantes, apoyándose y citando numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ya ha sentado doctrina.

En el segundo punto, se hace referencia a varios principios constitucionales y especialmente al de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos "que exigen la publicidad de los criterios de evaluación empleados por el Tribunal para que el procedimiento de selección sea conforme y respete estos principios, determinando su ausencia un supuesto de nulidad de pleno derecho" previsto en la legislación vigente.

En el tercero y último dirigido al director general de Radiotelevisión Murciana, los periodistas solicitantes, apoyándose en el fallo de la Sala de lo Contencioso del TSJ, dicen literalmente: "Al ser los mismos miembros que integraron el tribunal en 1994 es posible cuestionar su imparcialidad, ya que su actuación anterior fue antijurídica y arbitraria, y no ofrecer por tanto 'garantías jurídicas' suficientes de 'imparcialidad' y objetividad', tal como se fundamenta en la citada sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de TSJ de Murcia, ya que de ésta se desprende que dicho tribunal actuó 'irregularmente', no cumpliendo con los principios consagrados en el artículo 103 de la Constitución Española y en las normas legales de acceso al empleo público".

Los miembros impugnados del Tribunal son: Valentín Contreras Martínez (presidente), Francisco Javier Andujar Meroño, Francisco García Ortuño y Pedro Antonio Rios Martínez. Y los periodistas impugnantes son Francisco Poveda Navarro y Francisco Martínez Martínez, recurrente en su día y ganador del contencioso iniciado en 1994.

Convocatoria en el BORM del pasado 4 de mayo

De conformidad con lo dispuesto en la sentencia 938/07 dictada en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, por la que se estima parcialmente el recurso presentado por D. Francisco Martínez Martínez contra la Resolución del Director General de Radiotelevisión Murciana de fecha 6 de julio de 1994, por la que se aprobaba la lista de aspirante que habían superado la totalidad de las pruebas que se convocaron para cubrir, mediante concurso-oposición, plazas de la categoría de Redactor en Onda Regional de Murcia, S.A. y en ejecución de la misma, el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas realiza mediante el presente anuncio Convocatoria Pública a los opositores que se relacionan a continuación, para la repetición de la siguiente prueba (Base 4ª.2.2.ª fase c) de la convocatoria):

“Redacción de un informativo a base de despachos de agencia, gestionados por ordenador, que se proporcionarán por el Tribunal”. El tratamiento de textos a utilizar será Microsoft Word 2003.

Los opositores convocados son:

- Don Joaquín Azparren Irigoyen.
- Don Antonio José Mínguez Pons.
- Don José Antonio Martínez Muñoz.
- Don Francisco Javier Martínez Gómez.
- Doña Ana M.ª Reviejo Gómez.
- Don Juan Tomás Frutos.
- Don Francisco José Fernández Rubio.
- Don José Baldomero Cortón Cabo.
- Don Juan González Fernández.
- Don Francisco Martínez Martínez.
- Don Héctor Menéndez Fernández.
- Don Feliciano Ortiz García-Vaso.
- Don Francisco Poveda Navarro.
- Don Juan José Villanueva Andrés.

Fecha y hora: 16 de mayo de 2009, a las 11,00 H. Lugar: Escuela de Administración Pública de la Región de Murcia (Planta 1.ª, Aula 8).- Avda. Infante Juan Manuel, 14 (Edificio Hefame).- 30011 Murcia.

Murcia, 23 de abril de 2009.

El Presidente del Tribunal, Valentín Contreras Martínez

miércoles, 25 de marzo de 2009

El Consejo Jurídico arremete contra las supuestas ilegalidades de la Consejería de Educación

MURCIA.- El Gobierno regional recibió ayer un tirón de orejas del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, durante el acto de presentación de la memoria de 2008 de este órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. El presidente del Consejo, Mariano García Canales, recordó durante el acto la importancia de respetar el principio de legalidad en la gestión pública, en referencia a los reiterados incumplimientos cometidos por la Comunidad Autónoma en la contratación pública, en especial por parte de la Consejería de Educación.

El consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, asistió al acto celebrado en la sede del Consejo Jurídico, pero al final del mismo prefirió no hacer comentarios sobre unos hechos cometidos en la etapa de su antecesor, Juan Ramón Medina Precioso, según 'La Verdad'.

La memoria del Consejo Jurídico de 2008 hace mención especial, en el capítulo de observaciones y sugerencias, a los seis dictámenes aprobados por unanimidad sobre obras contratadas por la Consejería de Educación y en los que se reprueban las «ocupaciones totales o parciales de obras, realizadas al margen de los requisitos legales (...), y siempre prescindiendo de la participación del Interventor».

La memoria alude también al caso de «la contratación verbal de la red informática y cuadros eléctricos de un instituto», y al que, como ya informó La Verdad, el Consejo Jurídico se refirió en uno de sus dictámenes como «la vulneración total de la normativa que regula la contratación administrativa».

El órgano consultivo apunta en la memoria de 2008 sobre las ilegalidades cometidas por la Consejería de Educación que «el cúmulo de incumplimientos observado, impropio del carácter profesional de la Administración, no puede ser justificado ni amparado por los titulares de los órganos directivos, a quienes compete salvaguardar el principio de legalidad».

Estos incumplimientos, sin embargo, no son exclusivos de Educación. El informe del Consejo Jurídico informa de la aprobación durante 2008 de 15 dictámenes «sobre obligaciones contraídas sin fiscalización previa»; en 13 de ellos «la infracción se había cometido en un procedimiento contractual, y, de estos últimos, 6 corresponden a las irregularidades cometidas por la Consejería de Educación.

El órgano recomienda también «hacer un uso moderado de la potestad de modificación del contrato», al existir el riesgo de «articular auténticos nuevos contratos con fraude del principio licitatorio».

El Consejo Jurídico emitió 219 dictámenes el pasado año, un 21% más que en 2007, y recibió 223 expedientes con solicitud de dictamen, de los que la mayoría (70,8%) eran casos de responsabilidad patrimonial de la Administración.

La consejera de Presidencia, María Pedro Reverte, que presidió el acto, destacó la importancia de la labor del Consejo Jurídico como garante de la legalidad.