Según informa Cinco Días, Adeje, Arona, Benidorm, Calviá, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos demandan su inclusión excepcional en la Ley Reguladora de Haciendas Locales para beneficiarse de la recaudación de los impuestos del Estado.
Se trata de una ley que data del año 2004 y que fija entre sus requisitos no ser capital de provincia o de Comunidad Autónoma; contar con entre 20.000 y 75.000 habitantes censados; y que las segundas residencias superen a las principales. Sólo Salou cumple con los tres criterios, pero los representantes de la Alianza consideran que se trata de una norma obsoleta que no tiene en cuenta la realidad.
“Esos ocho ayuntamientos atraen al 9% de los turistas extranjeros y concentran el 19% de las pernoctaciones. Estamos sometidos a una elevada presión durante unos cuantos meses que nos lleva a asumir un sobrecoste y un sobre consumo de infraestructuras”, subraya su presidente, Juan Antonio Amengual.
Con ello hace referencia a la cobertura de servicios básicos como limpieza, servicios médicos, transporte público, alumbrado, seguridad, agua o electricidad.
De momento, la intermediación con el Ejecutivo parece muy favorable. Se han mantenido diferentes reuniones con la secretaria de Estado, Rosana Morillo, con motivo de una renovación de la mencionada ley que contribuya al ahorro de las arcas municipales. “Tenemos que dar servicios en 25 núcleos, en 15 playas y a lo largo de 50 kilómetros de costa”.
La propuesta de la asociación de municipios reduce notablemente las exigencias para acogerse a la normativa, limitandola a no ser capital de provincia o Comunidad autónoma, y que la población se sitúe entre los 10.000 y los 100.000 habitantes.
También establece más supuestos, como superar los cuatro millones de pernoctaciones y que la cifra de plazas alojativas supere en un 50% al volumen de residentes.
Asimismo, plantea dos puntos fundamentales de carácter tributario. “Todas las adquisiciones que realice el ayuntamiento contarían con un tipo reducido del 3% del IVA, que sería del 1% en el caso del IGIC canario.
Además, los municipios turísticos verían mejorados sus ingresos a través de la cesión de tres figuras impositivas: el 2,1% del IRPF, el 2,32% del IVA y el 2,92% de los impuestos de alcohol, hidrocarburos y tabaco”, detalla Juan Antonio Amengual.
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