El anuncio lo hizo el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la reunión informativa de al menos cuatro horas que mantuvo por videoconferencia con representantes de las principales ciudades, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José Pelayo, y con los consejeros con competencias en políticas sociales para abordar esta crisis sin precedentes desde 2006. Sólo en el mes de octubre se han registrado más de 13.000 llegadas a las costas del archipiélago.
La previsión es que Madrid acoja a 1.220 inmigrantes en el Cuartel General Arteaga de Carabanchel la próxima semana y otros 1.134 en el Acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá de Henares dentro de dos. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de convertir Canarias "en un corredor para las mafias" que se lucran con la migración, las cuales, ha advertido, saben que "se abre la veda en España".
Además, otras 800 personas van a ser derivadas a un centro -sin especificar- de Mérida, cuya primera fase ya está en curso, y 600 más al antiguo Hospital Naval de Cartagena a partir del lunes que viene. En el Ministerio de Inclusión precisaron que "continúan los trabajos de búsqueda y acondicionamiento de nuevos espacios" en colaboración con Defensa que "en breve se traducirán en nuevas plazas disponibles".
La urgencia de los municipios y las autonomías que este martes trasladaron su inquietud en la videoconferencia con Escrivá viene justificada principalmente por el constante goteo de embarcaciones que llegan, día tras día, a las costas canarias. Ayer fueron 212 los inmigrantes rescatados en dos cayucos, todos próximos a la isla de El Hierro, todos en buen estado de salud tras haber permanecido unos 10 días en alta mar antes de ser remolcados hasta el puerto de La Restinga.
Fuentes presentes en la reunión señalan que el ministro explicó que los menores no acompañados se quedarán en las islas, a no ser que sus servicios sociales no puedan atenderlos, mientras que los adultos serán trasladados a la Península con "una orden de expulsión". Los interlocutores de El Mundo mostraron sus reticencias a que en realidad ese documento sea una "carta de devolución", lo que, apuntan, "permite el arraigo en España pasados dos años".
Aunque no se facilitaron cifras totales del número de inmigrantes que han sido realojados en esta crisis, sólo en Cataluña desde el 14 de octubre asciende a 1.376. La Generalitat ha reclamado un "sistema de cuotas claro para la distribución entre los diferentes territorios" y "codecisión" con aquellos que tienen "mayor volumen de acogida".
Las comunidades, en especial las del PP, siguen reclamando al ministro la convocatoria de una conferencia sectorial de inmigración para abordar la crisis y poder tomar decisiones -ya que el encuentro de este martes fue meramente informativo-, un foro que lleva cinco años sin celebrarse a pesar de que debería hacerse dos veces al año. El compromiso del equipo de Escrivá es convocarla próximamente.
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