Pasqual del Riquelme ha pronunciado estas palabras durante su discurso en el acto de apertura del año judicial autonómico, celebrado en Murcia.
El máximo representante del TSJMU ha alertado de que "la sociedad española está normalizando una situación patológica del Poder Judicial que, de seguir agravándose, puede comprometer, si es que no lo ha hecho ya, el orden constitucional, la separación de poderes, la independencia judicial y, con ello, el adecuado funcionamiento de todo nuestro entramado institucional".
"A base de normalizar un agravio tras otro a la Justicia podría pensarse que no pasa nada", ha aseverado para, a continuación, advertir de que "sí que pasa". En este sentido, ha aludido a la falta de atendimiento de los llamados a la renovación del Consejo General del Poder Judicial que motivaron la dimisión de su presidente; al "bloqueo" en el nombramiento de cargos judiciales por todo el territorio nacional; a las sentencias que quedan sin dictarse y "los miles de ciudadanos que se ven abocados a esperas insoportables para obtener el amparo judicial que promete nuestra Carta Magna".
Utilizando el mismo recurso estilístico, el presidente del TSJMU ha dejado también constancia del agravio que supone que "cargos políticos confunden la legítima y ponderada crítica propia de todo sistema democrático con la descalificación grave e indiscriminada a la Judicatura, llegando al insulto personal, tan pronto perciben que sus autos y sentencias no les son favorables o ponen en evidencia las negativas consecuencias de determinadas políticas y reformas legales".
Asimismo, el representante de la judicatura murciana ha subrayado la elevada incidencia de las huelgas seguidas en la Región por los diferentes Cuerpos de la Administración de Justicia durante el primer semestre de este año, que, ha dicho, "han lastrado de forma decisiva el funcionamiento de la Justicia, tanto a nivel nacional como, muy específicamente, autonómico".
"Se trata de un asunto lamentablemente no cerrado que amenaza con repetirse este otoño, lo que de confirmarse generaría una situación muy complicada a la Justicia regional", ha señalado Pasqual del Riquelme, tras recalcar que "precisamente" los territorios donde las huelgas han tenido más seguimiento han sido aquellos que, como es el caso de la Justicia murciana, acumulan mayores carencias, asuntos pendientes y retrasos en la respuesta judicial.
Según el presidente del TSJMU, "lo que está ocurriendo es, sin duda alguna, el fruto de años de abandono y carencias, de deterioro progresivo de las condiciones laborales y de un aumento exponencial de la litigiosidad para el que no se han arbitrado ni las medidas legislativas ni los medios necesarios para hacerle frente".
A este respecto, ha aseverado que este servicio público no se
despliega en igualdad de condiciones en todo el territorio español, ya
que "que existen notables asimetrías entre comunidades autónomas y que
nuestra región está entre las que, año tras año, se lleva la peor
parte".
En su balance del curso
judicial, el presidente ha apuntado a la combinación de "escasos" medios
personales, la alta litigiosidad y la extrema incidencia de las huelgas
como la causa del incremento en los asuntos pendientes y tiempos de
respuesta de los juzgados y tribunales de la Región de Murcia.
Asimismo, ha dado cuenta de que el primer semestre de 2023 se cerró con
155.000 asuntos en trámite, advirtiendo que la proyección ofrecida por
los servicios de estadística es que esa cifra se eleve a 165.000 a
finales de este año, lo que supone un 10% más de asuntos pendientes que
solo un año antes, a finales de 2022.
Con esos datos y la
mirada puesta en la conflictividad laboral que "amenaza" el curso
judicial que ahora comienza, Pasqual del Riquelme ha hecho un
llamamiento a las partes directamente implicadas --Ministerio de
Justicia y representantes asociativos y sindicales-- "para que
eventuales futuras negociaciones se lleven a cabo en contextos y con
actitudes muy distintas a las de la áspera confrontación a la que hemos
asistido este año", de forma que el proceso negociador produzca la menor
afectación posible al servicio público de Justicia.
"Son
muchos los ciudadanos que se ven afectados en sus más preciados bienes
por las consecuencias del ejercicio del derecho a la huelga de los
servidores públicos", ha recordado.
El presidente ha cerrado su discurso con una felicitación especial al
Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia que este curso
judicial cumple el decimoquinto aniversario de su declaración por la
UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
"Su presencia constante en esta tierra desde el siglo IX representa una
herencia transmitida de generación en generación que ha sabido adaptarse
a los cambios legales, sociales, históricos y ambientales. Su legado
nos enseña el valor de lo auténtico y la lección de que nada se queda
anticuado más rápido que el futuro", ha afirmado Pasqual del Riquelme,
que anunciado, además, la colocación de una placa homenaje en la Ciudad
de la Justicia que desde este viernes luce en dicha sede para que "sirva
de guía el emblema de este tribunal consuetudinario cuya eficaz gestión
ha garantizado su supervivencia a lo largo de los siglos".
El
acto solemne ha concluido con la entrega de los reconocimientos y
felicitaciones de la Sala de Gobierno por su especial contribución a
la Justicia murciana durante el pasado curso.
En concreto, han
recibido esta felicitación los magistrados coordinadores regionales
para grandes catástrofes, José Fernández Ayuso e Ignacio Munitis; la
letrada de la Administración de Justicia Maria del Carmen Navarro
Esteban, por su labor en la dirección de la tramitación procesal del
juzgado especializado en cláusulas suelo; los 24 miembros de la Red 364
de funcionarios de diferentes cuerpos, partidos judiciales y
jurisdicciones de la Región de Murcia, que contribuyen a optimizar el
uso de los sistemas informáticos; los abogados Rosa Manrubia, Regina
Márquez y Julián Lozano, por su participación en el grupo de trabajo
para el diseño e implantación de un nuevo sistema regional de atención
integral a profesionales y usuarios; el subinspector de Policía
Nacional, miembro de la Unidad de Familia los últimos 18 años, Domingo
Baños, por su colaboración con los órganos judiciales; y el arquitecto
coordinador de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, Antonio
Martín, por su implicación durante muchos años en la mejora de las
infraestructuras judiciales de la Región de Murcia.
En
agradecimiento por los servicios prestados durante su vida profesional
se ha entregado un reconocimiento las autoridades judiciales y
funcionarios públicos de todos los Cuerpos que han trabajado en la
Administración de Justicia de la Región que se jubilaron durante el
pasado año judicial.
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