El Gobierno de Londres que preside Theresa May empieza a asustarse
con los efectos que el Brexit puede provocar en la política y la
economía de su país y ahora pretende quedarse dos años más en la Unión
Europea y, por ello, abonar una reducida parte de la factura que debe a
la UE por causa de los compromisos que Londres adoptó cuando era miembro
de la Unión.
De pura ‘fantasía’ o de ‘delirio’ han calificado las pretensiones de
May los portavoces de Bruselas o el negociador de Dublín. Aunque para
algunos analistas la propuesta de Londres deja claro que en la capital
inglesa están ganando posiciones los partidarios de un ‘Brexit blando’
frente a quienes buscan el enfrentamiento y la ruptura brusca entre
ambas partes.
Mal va y mal empieza Londres la negociación que han perdido de
antemano porque son ellos los que se van y si tardan en irse aumentará
la factura que deben pagar a la UE y que ahora se cifra en unos 60.000
millones de euros.
Además lo primero que deben hacer los ingleses es arreglar de manera
satisfactoria para la UE la situación de los europeos residentes en Gran
Bretaña. Y luego pagar lo que deben e inmediatamente salir -porque
ellos así lo han querido- de la unión aduanera y la UE. Y una vez fuera
llamar a la puerta para solicitar una nueva relación comercial y
financiera y entonces ya verá la UE lo que responde y el precio que le
pone.
Lo que no puede pretender Londres y tampoco lo va a lograr es salir
del ámbito de la política europea y de sus obligaciones sociales,
laborales y financieras y además quedarse en el seno de la unión
aduanera como si nada hubiera pasado y en beneficio de sus transacciones
comerciales y financieras.
La UE, a la que el Gobierno conservador de Camerón ha causado un
grave daño con su temerario referéndum de salida de la UE, no debe ni
puede hacer la menor concesión a Londres porque no sería justo ni legal y
porque si eso ocurriera otros países europeos podrían imitar a los
ingleses. De ahí que Londres deberá pagar y aceptar las condiciones del
Brexit que impone la UE. Y si tarda en hacerlo la factura (el Reino
Unido paga 10.000 millones de euros anuales) subirá. Y si no paga ni se
va del todo Gran Bretaña se quedará fuera de la legalidad internacional.
(*) Periodista y editor de www.republica.com
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