MURCIA.- El Juzgado de Instrucción nº 5 de los de Murcia ha admitido a trámite la querella por supuestas obras ilegales en la Universidad Católica San Antonio (UCAM). Ahora, la magistrada María del Mar Azuar (la misma que lleva el caso de la desaladora) ha de redactar las diligencias de investigación.
La querella va contra personas físicas y personas
jurídicas: las responsables de la Fundación San Antonio y el Centro de
Estudios Universitarios San Antonio. Aunque en el escrito del fiscal
José Luis Díaz Manzanera, al que ha tenido acceso La Opinión, no se
detallan los nombres de estas personas, fuentes judiciales indicaron que
se trataría del propio José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica, y
de un pariente suyo.
Se investigan las supuestas irregularidades
en la construcción de aularios, vestuarios o laboratorios. «Todos han de
tener su expedientes» tras ser edificados, remarcaron las mismas
fuentes. Se trata de la zona sur de la UCAM.
Asimismo, fuentes
cercanas apuntaron que se pide que declaren los inspectores urbanísticos
que este mismo año se personaron en la UCAM para comprobar el estado de
las obras que se hicieron en esos terrenos. Estos inspectores fueron
mandados por el Ayuntamiento de Murcia después de que este Consistorio
incoase un expediente sancionador, tras hacerse público que la Fiscalía
investigaba este asunto.
Asimismo, se investiga quiénes fueron el
arquitecto y el constructor. «Tendrían que saber si el terreno estaba en
condiciones, y este punto debe aclararse», puntualizan fuentes
judiciales. Por todo esto, el fiscal solicita la demolición de estas
obras presuntamente ilegales. Mientras tanto, pide a la UCAM una
cantidad de 40.000 euros por gastos de demolición, dinero que la
Universidad Católica habría de ingresar en la cuenta del juzgado a modo de garantía.
Las
obras bajo sospecha de ser ilegales están valoradas en dos millones de
euros. Demoler estos inmuebles (como pide la Fiscalía) costaría unos
40.000 euros.
Por otro lado, el Juzgado nº 2 se ocupa de otra
causa relacionada con la UCAM: la de las presuntas irregularidades en la
cesión a la universidad, por parte del Ayuntamiento, de una parcela de
135.000 metros cuadrados, en la zona norte de la Universidad Católica. Este asunto
pasó al Juzgado nº 2 desde el Juzgado nº 39 de Madrid, que vio indicios
de delito en la cesión de estos terrenos. El fiscal Juan Pablo Lozano
pidió a la Intervención General del Estado un informe, en el que se
considera que esta cesión fue ilegal.
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