La enmienda primera de la Constitución
de los Estados Unidos (la que encabeza su declaración de derechos) dice:
"el congreso no aprobará ley alguna para imponer o prohibir ninguna
religión; ni para restringir la libertad de expresión o de prensa; o el
derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y pedir al gobierno que
atienda a sus agravios". (Congress shall make no law respecting an
establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or
abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the
people peaceably to assemble, and to petition the Government for a
redress of grievances).
A tenor de esa Constitución vigente en los Estados Unidos, la Ley Mordaza que entra hoy en vigor en la gran nación española,
sería nula por inconstitucional. Aquí, no se sabe, porque dependerá de
la decisión de un Tribunal Constitucional presidido por un militante (o
exmilitante) del partido del ministro que la ha hecho aprobar. Esta
norma retrotrae el Reino de España no a los tiempos del franquismo, como
suele decirse con razón, sino al siglo XVIII, antes de las revoluciones
burguesas; al siglo XVII, antes de la llamada "gloriosa" británica. Es
una ley que consagra la arbitrariedad del poder despótico frente a los
derechos de los ciudadanos.
En la neohabla del autoritarismo gubernamental, la ley se llama de seguridad ciudadana,
pero, en realidad, produce inseguridad desde el momento en que arrebata
a los jueces la competencia para sancionar determinados
comportamientos. Se la otorga a las autoridades administrativas y, en
realidad, a las fuerzas de orden público, que actúan como juez y parte y
aparecen protegidas no por la presunción de legalidad sino por la de
infalibilidad e impunidad. Cosa que se ve por cuanto se considera
punible la demostración gráfica de su comportamiento. ¿Por qué motivo se
prohíben las fotos de los agentes de la autoridad en sus actuaciones
públicas si no es porque se pretende garantizarles impunidad?
Esa
ley no protege a los ciudadanos sino que trata de amedrentarlos e
impedir, con sanciones arbitrarias y abusivas, que hagan uso de sus
derechos. Es una ley tiránica que ampara el hostigamiento de la
ciudadanía para yugular todo intento de crítica o protesta por los
medios que sean. Con esta ley, de contenido franquista, como sostiene el
New York Times, pretende despedirse este gobierno nacionalcatólico, autoritario y acosado por la corrupción, o sea, neofranquista.
Una
ley de este alcance, aprobada con los votos de un solo partido, habrá
de ser derogada en su integridad por cualquier otro gobierno, sin duda
con los votos de los demás partidos.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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