La división de poderes es uno de los pilares de la democracia que tiene
como misión evitar el ejercicio arbitrario del poder y, en último
extremo, la corrupción, a través del contrapeso y equilibrio entre el
ejecutivo, el legislativo y el poder judicial.
En Murcia, el
ejecutivo descansa sobre un Gobierno que es elegido sobre la base
mayoritaria de los diputados del legislativo. Esto da lugar a que, en
muchas ocasiones, la labor legislativa sea siempre del partido
mayoritario que suele imponer sus ideas, confundiendo, con demasiada
frecuencia, los roles de ejecutivo y legislativo. La oposición queda así
como un testigo mudo que no puede hacer valer sus enmiendas, con lo que
su capacidad de intervención se resume, muchas veces, en la pataleta o
en la corrección de erratas o de algún que otro dislate legislativo y,
en ocasiones, ni siquiera eso.
Las últimas elecciones pueden
cambiar esta situación. Con frecuencia, la discusión se centra en quién
controlará el ejecutivo, cuando en realidad la pregunta clave debe ser:
¿quién controlara el legislativo? La razón es simple; el ejecutivo, por
definición, debe preocuparse por poner en marcha las leyes que apruebe
el legislativo, al tiempo que éste controla la actuación de aquél a
través de las diferentes comisiones. Un ejercicio de democracia nunca
visto en este país.
En la situación actual en Murcia, el partido
mayoritario, gracias a una legislación electoral creada con escuadra y
cartabón, tiene 22 diputados, frente a los 23 de la oposición, formada
por tres partidos. La unión de estos 23 diputados electos de cara al
control de la Mesa de la Asamblea, supondría equilibrar las diferentes
sensibilidades con las que los murcianos votaron el 24 de mayo, pues es
esta Mesa quien acepta las iniciativas legislativas, bajo informe del
Consejo de Gobierno en los casos que dependen de hacienda.
La
Mesa está formada por un presidente, elegido en primera vuelta por
mayoría absoluta o por mayoría simple en segunda vuelta; dos
vicepresidentes, elegidos al unísono entre los dos más votados, y dos
secretarios, elegidos también al unísono entre los dos más votados. Si
la oposición no logra ponerse de acuerdo en la elección del presidente,
el vencedor será, evidentemente, el PP, con lo que ganaría la
presidencia, una vicepresidencia y una secretaría, lo que dejaría fuera
cualquier iniciativa legislativa por parte de la oposición y así
diríamos adiós al control del ejecutivo por parte del legislativo.
Pero
para que la oposición se ponga de acuerdo obviamente tendrán que
repartirse los ´sillones´, por lo que el presidente debería ser una
persona de cintura con reconocida calidad y con capacidad de
negociación. El juego podría variar entre los partidos en liza, pero
parece claro que a día de hoy tenemos dos discusiones diferentes sobre
el tapete: la primera ¿quién controlará la Mesa? y la segunda ¿quién
será el próximo presidente de la Comunidad Autónoma?
Sería una
lástima para todos, y especialmente para los movimientos sociales, que
ambas discusiones fueran en paralelo o se convirtieran en una única
cuestión. Para nosotros, incluso, es más importante quién controla el
legislativo que quién gobierna en esta Región. Porque a lo largo de
estos años hemos visto como el ejecutivo rehuía la discusión de temas
espinosos a través de su control de la Mesa, o como se paralizaban
mociones que hubieran puesto en duda ese perenne servilismo del
ejecutivo ante los dictados de Madrid y Fomento, con respecto a tantas
cosas y especialmente al incumplimiento del Convenio de 2006 sobre al
soterramiento de las vías del tren.
Por ello queremos dejar
patente y rogamos a toda la clase política que en la Mesa estén
representados todos los partidos. Sólo así se podrán presentar a
discusión iniciativas que nos atañen a todos. Una verdadera regeneración
democrática donde la Asamblea actuaría como un verdadero motor
legislativo en diálogo con el ejecutivo del que saldría fortalecida toda
la ciudadanía.
Si la negociación de la Mesa fracasa, la oposición
tendrá que jugar a la contra. Entonces, incapaz de presentar propuestas
en la Asamblea, no le quedará otro papel que denegar la propuestas del
ejecutivo, el cual venderá como una supuesta inestabilidad, como ya lo
ha venido haciendo, para llevarnos a elecciones anticipadas; cuando en
realidad, lo que estaremos experimentado será, por primera vez, el
verdadero juego democrático: la división de poderes. Algo muy necesario y
posible, por otra parte, gracias a la no aprobación de esa reforma del
Estatuto de Autonomía al que algunos grupos se vendieron con la promesa
de una reforma de la ley electoral. Menos mal, todavía hay tiempo de
hacer política.
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