MADRID.- Las comunidades autónomas españolas cerraron el ejercicio de 2013 con un déficit del 1,5% del PIB,
dos décimas por encima de lo previsto, y los datos conocidos hasta
ahora hacen temer que este año iremos por un camino parecido.
Con los últimos datos publicados a septiembre, nueve autonomías ya superaban el límite del 1% fijado para todo el año y siete
de ellas –Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia,
Castilla-La Mancha, Andalucía y Baleares –parece que ya han tirado la
toalla. Es más, es probable que las cuatro primeras terminen el año con un 2%, el doble del límite fijado por Hacienda.
A la vista de la situación José Luis Escrivá,
presidente de la Airef (la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal, el organismo supervisor de las finanzas públicas), ha tomado
cartas en el asunto por primera vez. Escrivá ha pedido al ministro Cristóbal Montoro que aplique medidas preventivas
“con el fin de que se puedan poner en marcha los mecanismos de
corrección sin esperar a la constatación de la posible desviación en el
mes de marzo del próximo año”. El siguiente paso lógico será que el
Gobierno lance una advertencia a las regiones incumplidoras.
Después de la citada advertencia, que previsiblemente no tardará mucho en llegar, los gobiernos regionales tendrán un mes para adoptar medidas correctoras (tales como limitaciones en el endeudamiento) o exponerse a sufrir medidas coercitivas. Entre estas últimas se encuentran el cierre del acceso al crédito y la constitución de un depósito en el Banco de España por un importe equivalente al 0,2% del PIB.
Las autonomías se enfrentan a una situación realmente complicada. De hecho, Aragón es la única que ha presentado un plan para hacer frente a las desviaciones de 2013.
Pero el asunto es que todas tienen ya unos datos económicos muy
ajustados para este año y los impuestos propios, en especial el de
Transmisiones Patrimoniales ligado a la venta de viviendas de segunda
mano, no está aportando la entrada de dinero prevista porque el mercado
sigue al ralentí. Si los ingresos no aumentan al ritmo esperado, los
gobiernos regionales no tienen margen para reducir sus gastos mucho más.
El gasto público español se ha
reducido en 2,2 puntos de PIB desde que se iniciara el proceso de
consolidación fiscal en 2010. Pero el recorte no se ha repartido de
forma equitativa entre todas las administraciones: las comunidades autónomas han bajado sus gastos un 14% y los ayuntamientos el 21%, mientras la Administración Central los aumentaba en un 3,4%.
Los más críticos dicen que la estrategia del Ejecutivo del PP es limitar los ingresos y el déficit de las comunidades autónomas para obligarles a recortar el gasto. El
problema es que, llegados a un punto donde los recortes ya son
difíciles, los gobiernos regionales se vean obligados a reducir aún más
el gasto en sanidad y educación. La primera ya ha bajado un 11% entre
2010 y 1012 y la segunda se ha recortado en 9 puntos. Una decisión
difícil y de enorme trascendencia, tanto por su repercusión social como
por su coste político en temporada de elecciones.
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