MURCIA.- El exdirector general de Calidad Ambiental del Gobierno de Murcia
Antonio Alvarado declaró este viernes como imputado en el caso Novo
Carthago, sobre presunta corrupción urbanística en terrenos del Mar
Menor protegidos medioambientalmente, que la funcionaria que lo denunció
pretende vengarse políticamente.
Según se recoge en el acta de su declaración, Alvarado negó que esa
funcionaria, María Jesús Ros -miembro de la comisión de impacto
ambiental del Gobierno autonómico-, le aconsejara que hiciera una
consulta a la dirección general de Urbanismo sobre Novo Carthago con
respecto a los espacios protegidos.
Este imputado añadió que ella no es objetiva, "ya que siempre declara
contra las personas a las que tiene un odio importante", y a él lo
"llevó, como a otros, al juzgado de lo contencioso".
"Siempre ha reconocido que era militante del PSOE y decía que cuando
ganara su partido, se iban a enterar", expresó en otro momento del
interrogatorio.
A preguntas del instructor de la causa, que investiga un presunto
caso de prevaricación por la recalificación urbanística de terrenos
parcialmente protegidos para hacer viable un proyecto de construcción de
10.000 viviendas y campos de golf, reconoció que firmó para facilitarlo
la declaración de impacto ambiental de la modificación del plan general
de ordenación urbana (PGOU) de Cartagena.
Pero añadió que lo hizo porque, como ocurre en todas las
declaraciones de ese tipo, iba acompañada de una propuesta de resolución
de la comisión correspondiente, de la que él no formaba parte.
Su declaración continuará el próximo martes, cuando también la prestarán otros imputados en esa causa.
Antes de Alvarado declaró como imputado el asesor jurídico del
Gobierno de Murcia, Luis Romera, que firmó la propuesta de la orden de
marzo de 2005 que apoyaba la aprobación definitiva de la modificación
urbanística.
Igualmente, expuso que firmó el documento como asesor jurídico y que
la reforma urbanística que ha dado lugar a estas actuaciones judiciales
"no contraviene las previsiones del PGOU".
Al final del interrogatorio comentado que no cree "haber cometido
infracción legal", que nunca ha obrado "de manera frívola en su trabajo y
que le resulta extraño este debate en sede penal, cuando la Asociación
de Naturalistas del Sureste (Anse)", denunciante de los hechos, "podría
haber acudido a la jurisdicción contenciosa".
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