LORCA.- La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha requerido hoy al alcalde de
Lorca, Francisco Jódar, del PP, la documentación de los 17 convenios
urbanísticos para recalificar con uso residencial suelo inadecuado para
desarrollo urbano que el consistorio suscribió en 2005, cuando gobernaba
el PSOE, y que no han llegado a ejecutarse.
El
fiscal superior de la Región, Manuel López Bernal, reclama al alcalde
que le remita "a la mayor brevedad testimonio de toda la documentación
relativa a los 17 convenios urbanísticos firmados por el anterior
consistorio en zonas no susceptibles de urbanización".
El
requerimiento fue remitido por el fiscal
el pasado 5 de diciembre y hoy ha tenido entrada en el registro del Ayuntamiento de Lorca.
En él se informa de que la
petición forma parte de las "diligencias preliminares de investigación
penal" abiertas por la fiscalía en torno a las posibles irregularidades
de estos convenios.
Fueron aprobados en un pleno
municipal en octubre de 2005 solo con el voto favorable del PSOE, el
voto en contra de IU y la ausencia del PP, ya que todo el grupo
municipal abandonó la sesión para mostrar su oposición a su debate.
Los
convenios pretendían recalificar suelo no urbanizable para construir en
él complejos residenciales en distintos puntos de la geografía
municipal con un total de 87.000 viviendas.
Estos
convenios han vuelto a la actualidad después de que los promotores
urbanísticos hayan empezado a reclamar judicialmente al Ayuntamiento el
dinero que adelantaron como fianza a la firma de los acuerdos, al haber
incumplido el consistorio una cláusula que lo obligaba a resolver todos
los trámites urbanísticos en un plazo de tres años, lo que no ha
ocurrido en ninguno de los casos.
El Ayuntamiento
recibió 13 millones de euros a la firma de los convenios y ya ha perdido
dos juicios en los que ha sido condenado a devolver el dinero
adelantado a los promotores, más los intereses y tasas judiciales.
Este
hecho motivó que la semana pasada el alcalde advirtiera de la
"gravísima situación" que atraviesa el Ayuntamiento, que podría
encontrarse al borde "de la intervención" si todos los promotores
comienzan a reclamar su dinero.
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