ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha afirmado este lunes que en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad "no hubo trato de favor ni a Enrique Ortiz ni a empresario alguno" y ha negado haber recibido dádivas de este constructor, al que la Fiscalía Anticorrupción cree que hay indicios de que la primera edil pudo facilitar información privilegiada en relación con el planeamiento de la capital alicantina.
El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, imputa a la regidora los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. En esta causa, y de acuerdo al informe policial, también está implicado el ex alcalde de Alicante y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, así como el subdirector general de Bancaja, José Cortina.
La acusación del fiscal, basada en las escuchas telefónicas del caso Brugal, describe tres supuestos hechos delictivos en los que habría estado implicada Castedo en calidad de concejal de Urbanismo de Alicante, cargo que ostentó hasta su llegada a la alcaldía en septiembre de 2008. El primero de estos hechos está relacionado con una supuesta información privilegiada al promotor Ortiz sobre la elaboración del nuevo PGOU.
El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, imputa a la regidora los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. En esta causa, y de acuerdo al informe policial, también está implicado el ex alcalde de Alicante y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, así como el subdirector general de Bancaja, José Cortina.
La acusación del fiscal, basada en las escuchas telefónicas del caso Brugal, describe tres supuestos hechos delictivos en los que habría estado implicada Castedo en calidad de concejal de Urbanismo de Alicante, cargo que ostentó hasta su llegada a la alcaldía en septiembre de 2008. El primero de estos hechos está relacionado con una supuesta información privilegiada al promotor Ortiz sobre la elaboración del nuevo PGOU.
En este apartado, Briones relata hasta tres encuentros de la entonces edil y el responsable del equipo redactor del planeamiento, el arquitecto Jesús Quesada, en las que supuestamente Castedo facilitó datos del PGOU.
"El día 3 de julio de 2008 se produce una cita con Enrique Ortiz para proporcionarle el plano del plan general y se interviene una conversación entre ambos en la que Enrique Ortiz reconoce que el plano entregado es uno que él ya poseía pero sin la última modificación", reza el escrito.
El segundo hecho supuestamente delictivo hace referencia a "diseños a la medida de Ortiz" de otros aspectos del PGOU relacionados con los índices de edificabilidad previstos en distintos programas urbanísticos, entre ellos el APA-9, el PAU-3, Lomas Garbinet y Rico Pérez.
"El día 30 de julio de 2008 se produce una llamada con Enrique Ortiz en la que Sonia Castedo confirma que tiene un plano del PGOU y en la que el empresario le pide que "le pinte de azul" tres parcelas. Al parecer es lo que queda pendiente de cambiar, reconociendo dos zonas: al lado de Rabassa y la planta suya de Tizor", afirma el fiscal.
Y el tercer hecho supuestamente delictivo está vinculado a la remodelación del estadio Rico Pérez, donde juega el Hércules, cuyo máximo accionista es precisamente Enrique Ortiz. "En fecha 26 de junio de 2008 se interviene una conversación entre Enrique Ortiz y Jesús Quesada en la que el jefe redactor del PGOU accede a prestar auxilio en el proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez con la anuencia de Sonia Castedo, extremo este último que se confirma en la llamada al efecto", concreta el fiscal.
El escrito del ministerio público concluye con la relación de dádivas que Castedo habría recibido presuntamente por parte de Ortiz para garantizar esos favores urbanísticos, según 'El País'.
La Fiscalía ha apreciado estos indicios en base a unas escuchas telefónicas, en 2008, de conversaciones intervenidas por la Policía entre Ortiz y Castedo.
Para Castedo, la no finalización de la investigación "quiebra el principio de inocencia" y se adentra en "la presunción de culpabilidad, valiéndose de información sesgada y no contrastada".
La primer edil ha considerado que se encuentra en un caso "jurídicamente inconsistente, que no se sostiene", por lo que no se trata de "un asusto judicial", sino del "comienzo de la campaña electoral de quienes ven en el PP no un adversario político, sino un enemigo al que hay que destruir", puesto que "se busca una condena mediática, conscientes de que una derrota electoral es harto improbable".
Después de Enrique Ortíz, uno de los mayores propietarios de suelo en el término de Alicante es el empresario murciano Tomás Fuertes, propietario, a su vez, del hotel Albahía, en el barrio de La Albufereta, de esta ciudad, en primera línea de mar.
Después de Enrique Ortíz, uno de los mayores propietarios de suelo en el término de Alicante es el empresario murciano Tomás Fuertes, propietario, a su vez, del hotel Albahía, en el barrio de La Albufereta, de esta ciudad, en primera línea de mar.
4 comentarios:
En Alicante trabaja mucho La Generala y en Murcia Enrique Ortíz, todo parece andar conectado. ¿Las fiscalías también?
Ibolele
Me voy a ir a ver al fiscal de Alicante para desvelarle algunas conexiones con Murcia y viceversa porque en el sureste la corrupción anda en tándem
Hay murcianos que se pasan la vida iendo a Alicante donde creen que no los ve nadie y siempre hay un ojo indiscreto que los reconoce e informa a quien debe informar para ir haciendo granero. Al final haremos un gran pan entre todos los que luchamos contra el cancer de la corrupción que ha arruinado a España y los españoles
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