La alcaldesa de Fuente Álamo, PP, pide el archivo de una causa que la involucraba en presunta corrupción urbanística

FUENTE ÁLAMO.- Los abogados de cinco imputados por la supuesta trama de corrupción urbanística en los ayuntamientos de Torre Pacheco y Fuente Álamo han pedido el archivo de la causa, revela hoy 'La Verdad'.

Los letrados defienden, después del examen de las actuaciones que contiene el sumario que instruye el juzgado número 4 de San Javier, «la inexistencia de indicios de delito» en sus clientes: la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, la concejal de Obras, María Inés Mendoza, la ex edil de Urbanismo María del Mar Pedreño, y los empresarios de la comarca Valero y Francisco José Garcerán.

Aseguran que «no hay indicios» que puedan sustentar las sospechas iniciales de presuntos delitos relacionados con trato de favor o clientelismo.

En el caso de la alcaldesa y las dos concejales, se apoyan, asimismo, en las recientes declaraciones del ex secretario municipal, la tesorera y el interventor, que contestaron negativamente a las preguntas de la juez, Arantxa Moreno, sobre si habían notado «algo raro o algún trato de favor» en la adjudicación de obras a Construcciones Torre Pacheco, propiedad del empresario Facundo Armero, también imputado.

Según relatan los abogados, el porcentaje de obra pública adjudicada a esa constructora en Fuente Álamo «no supera el 16% del volumen total durante el tiempo que lleva en el cargo Conesa». Acerca de «la pagamenta» a la que se refiere la alcaldesa en una conversación telefónica con Armero, pinchada por la Policía Judicial, queda claro, aseguran, que se refiere «a la recaudación de las entradas a una corrida que el empresario se comprometió a vender por su cuenta».

Otro fundamento que esgrime la defensa de las tres políticas es la ausencia de enriquecimiento ilícito «que ponen de manifiesto las investigaciones de la Agencia Tributaria y la Policía Judicial».

En diciembre, el Equipo de Delitos Urbanísticos de Murcia, adscrito a la Sección de Delincuencia Organizada contra el Patrimonio, remitió un escrito a la juez en el que se señalaba que «no se han observado variaciones patrimoniales relevantes» en los bienes de María Antonia Conesa, alcaldesa de Fuente Álamo, y Daniel García Madrid, primer edil de Torre Pacheco. Para ello se basaron en los datos que se encuentran en poder de la Administración Tributaria de los años 2004 al 2006.

En el caso de María Antonia Conesa, declaró vía IRPF unos bienes discretos, aunque se resalta su participación en 28 fincas urbanas y rústicas que son, según su abogado, fruto de herencias anteriores.

También se han investigado las cuentes de su ex marido y ex alcalde, Miguel Pérez Martínez, así como de las concejalas María Inés Mendoza y María del Mar Pedreño, y del arquitecto José Mariano Sánchez Martini.

En el caso de Torre Pacheco, también se investigó a los concejales Santiago Meroño y Josefa Marín, así como al arquitecto técnico Ramon Ángel Cabreza y a la jefa de servicio Pío Montoya Martínez.

Por su parte, el abogado de los empresarios Valero y Francisco Javier Garcerán, que estuvieron en prisión provisional a raíz de la instrucción del caso Ninette, de Los Alcázares, asegura que no se ha probado tráfico de influencias alguno cuando una de sus empresas se presentó al concurso para levantar una residencia de mayores en Torre Pacheco, cuyo proyecto al final quedó paralizado.

Los escritos de sobreseimiento del caso se han enviado a las partes, incluida la fiscalía, antes de que la juez emita un auto con su decisión.

En total, junto a los anteriormente citados, permanecen imputados en esta fase de instrucción el arquitecto y un ingeniero municipal de Fuente Álamo; el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, varios concejales y el arquitecto técnico de Torre Pacheco, dos dirigentes de Polaris World y otras dos empresarias.