El juez pincha los teléfonos e investiga el patrimonio del ex consejero Marqués y su esposa

MURCIA.- La investigación del caso Zerrichera tiende, como el aire caliente, hacia arriba. Tiende a subir. En su trayectoria ascendente se ha topado ya con el ex consejero de Industria y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Francisco Marqués, quien durante meses ha tenido intervenidos sus teléfonos y cuyo patrimonio e ingresos, y también los de su esposa, están siendo exhaustivamente investigados, según revelaciones de "La Verdad".

Ésta es una de las principales novedades que aporta la pieza separada de la investigación sobre el caso Zerrichera, que se abrió en abril del 2007 por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar Fajardo, y que ha permanecido hasta ahora bajo secreto de sumario.

Esta investigación, que se resume en 345 folios que están en poder de "La Verdad", tenía por objeto determinar si algún cargo público del Ayuntamiento de Águilas o de la Comunidad Autónoma había recibido dinero, o promesa de ello, a cambio de recalificar una finca -la citada Zerrichera- para permitir edificar un resort pese a que era objeto de una especial protección ambiental.

En ese paraje de 156 hectáreas, 40 áreas y 24 centiáreas, enclavado en la diputación aguileña de Tébar y que forma parte de la Sierra de la Almenara, el empresario Trinitario Casanova promovía un proyecto urbanístico consistente en levantar unas 4.000 viviendas y un hotel de lujo en torno a un campo de golf.

Francisco Marqués, quien en la actualidad ejerce como director general de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame), no formaba parte de esa investigación en su origen. Los funcionarios del Grupo de Delincuencia Económica, integrados en la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) de la Jefatura de Policía de Murcia, se habían centrado, por orden del juez, en los ex directores generales de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado Pérez, y del Medio Natural, Encarna Muñoz Martínez; en el alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto, y en el empresario Casanova, entre otros.

Sin embargo, los datos que iba aportando la investigación, unidos a una conversación intervenida a Alvarado, en la que supuestamente se refería a su ex jefe, Francisco Marqués, como «el gran mullidor (sic)» -en realidad, habría querido decir muñidor, esto es, «el que concierta o dispone un asunto con engaño», según la Real Academia de la Lengua Española-, y en las que hacía otras consideraciones como que «ha arrastrado a unos por arriba y a otros por abajo», llevaron a los policías judiciales a solicitar del juez que ordenase la intervención de los teléfonos del ex consejero, así como que permitiese someterle a una minuciosa investigación de su patrimonio e ingresos.

En el auto dictado el 24 de enero pasado, el magistrado Alcázar otorga luz verde a los agentes para investigar a Francisco Marqués, y realiza una serie de consideraciones que justificarían una decisión de tal calado.

Así, señala el juez que Antonio Alvarado, Encarna Muñoz y José Ignacio Sánchez Gelabert, el ex jefe del Servicio de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente -todos ellos imputados en el caso Zerrichera- «dependían jerárquicamente de Francisco Marqués (...), de quien resultó muy llamativa su actuación cuando salió en prensa para defender, políticamente, la decisión adoptada por una dirección general a su cargo -la de Calidad Ambiental- al aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la finca La Zerrichera, criticando, despectivamente y sin sonrojo alguno, el contenido de un informe medioambiental anterior (del 31 de agosto del 2004), elaborado precisamente por funcionarios dependientes de él mismo, pero de otra dirección general: la de Medio Natural».

El magistrado repasa además la citada conversación telefónica mantenida por Alvarado con un desconocido, que fue intervenida por la Policía, en la que el ex director general apuntaba a que el empresario Trinitario Casanova tenía a algún político «cogido por los huevos», y a continuación se refería a ese político como «el gran mullidor», añadía que es la persona «que debería estar y no está», que ya no se dedica a la política y que «está ganando mucho dinero todos los meses» y, por último, «que ha arrastrado a unos por arriba y a otros por abajo».

Tanto la Policía Judicial como el juez llegan a la conclusión de que la persona a la que se presuntamente refiere Alvarado, aunque sin nombrarlo, sólo puede ser Francisco Marqués. Y, de esta forma, el instructor afirma que «puede inferirse, lógicamente, que Alvarado -mejor que él nadie puede saberlo- pudo no actuar por decisión propia, sino inducido por su superior jerárquico, Francisco Marqués, en cuya mano además estaba la posibilidad de haber detenido el irregular proceso, entonces ya socialmente polémico, lo que no sólo no hizo, sino que lo apoyó abiertamente».

La última consideración del magistrado al autorizar la intervención de los teléfonos de Marqués es especialmente reveladora. «Aunque Francisco Marqués, actualmente no aforado, no fue incluido por el fiscal en su querella, no es descartable, por los antecedentes expuestos, que termine declarando como imputado en la causa».

Los teléfonos del ex consejero del Gobierno regional han permanecido pinchados desde el 11 de enero hasta al menos el 15 de junio de este año, momento en que la UDYCO estima que ya no tiene sentido seguir con la intervención telefónica. Del contenido de las escuchas poco ha trascendido, pues han sido remitidas al juez en CD y las diligencias escritas sólo recogen una conversación con la ex secretaria general de la Consejería de Medio Ambiente, María de los Reyes Sánchez, a la que llama dos días antes de que ésta tuviera que prestar declaración en el juzgado.

-«Tú, cuando acabes, me tienes que llamar», le exige Marqués.

-«Hombre, ya lo sé, ya lo sé. Qué te crees», responde ella.

Nada ha trascendido, tampoco, de la investigación económico-patrimonial que están llevando a cabo los agentes de la UDYCO sobre Francisco Marqués y su esposa, María Jesús G.M., pues los informes todavía no han sido redactados o, al menos, no han sido incorporados a las diligencias cuyo secreto se ha levantado ahora.

Con estas actuaciones, Marqués se convierte en la persona investigada por el caso Zerrichera que ha ocupado, hasta el momento, un cargo de mayor relevancia en la Administración regional.

La convicción del fiscal

El 19 de abril del 2007, días después de que el juez Antonio Alcázar Fajardo admitiese a trámite la querella presentada por la Fiscalía, el máximo representante de esta institución en la Región, Manuel López Bernal, presentó un escrito en el juzgado en el que señalaba: «En nuestro criterio, atendidos los datos dimanantes de las actuaciones, éstos apuntan inequívocamente en la dirección de que, en la tramitación de la Modificación del PGOU de La Zerrichera, han existido contraprestaciones económicas para funcionarios públicos».

Y añadía que «de otra manera, resulta incomprensible el cúmulo y la gravedad de las irregularidades cometidas, que han llegado hasta la presunta falsificación de fechas en documentos oficiales».

López Bernal reclamaba que, «ante la extrema dificultad en este tipo de investigaciones para conectar las actividades de los distintos personajes y las relaciones existentes entre los mismos», se procediese a autorizar la intervención de una serie de teléfonos. Un hecho, añadía, que se justificaba por la gravedad de las penas que podrían corresponderle en su día a los imputados, así como de «una evidente repercusión social de los hechos y de la evidencia de que constituyen un durísimo ataque a la credibilidad de nuestras instituciones locales y autonómicas».

En concreto, el fiscal jefe reclamaba que se pinchasen los teléfonos de varios de los imputados, «y significativamente del director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, y del empresario Trinitario Casanova». A la vez, solicitaba que se abriese pieza separada y que las diligencias fuesen formalmente declaradas secretas.

También en su informe preliminar, los agentes de la UDYCO señalaban que tanto el alcalde de Águilas, Juan Ramírez, como el concejal de Agricultura José López Díaz, «podrían hallarse envueltos en una serie de actividades al menos irregulares», y aseguraban que «parece claro» que tanto Antonio Alvarado como la ex directora general Encarna Muñoz «están llevando a cabo actividades profesionales que, en principio, serían incompatibles con sus puestos de trabajo, o bien por su empeño de recalificar lo irrecalificable».

El juez Alcázar acabó autorizando las escuchas telefónicas a los altos cargos Alvarado y Encarna Sánchez, al alcalde Ramírez, al empresario Casanova, al edil José López, entre otros, y acabó haciéndolo también con el ex consejero de la Comunidad Autónoma Francisco Marqués.

La investigación patrimonial y económica se ha extendido además a los restantes imputados en la causa, aunque el resultado de las gestiones de los expertos policiales no ha trascendido por el momento.

Los amigos de Valcárcel

La diputada regional socialista, Begoña García Retegui, manifestó, a través de un comunicado, su "total respeto al trabajo de la Justicia" en todo lo que concierne al caso de La Zerrichera, aunque se preguntó, como ciudadana, "quién se ha estado llevando los beneficios del crecimiento económico de la Región estos últimos años".

Al respecto, recordó que "Trinitario Casanova se embolsó 75 millones de euros sin haber puesto un solo ladrillo, sin haber creado un solo empleo", a lo que añadió que "no sólo intervino la Consejería que en su día presidía Francisco Marqués, sino que nunca hubiera sido posible sin la aprobación definitiva del proyecto por el consejero Joaquín Bascuñana".

Igualmente, comentó que "el PSOE pidió en varias ocasiones --cuando se supo de la imputación de varios altos cargos de dos consejerías en el asunto de La Zerrichera-- la comparecencia urgente del presidente Ramón Luis Valcárcel en la Asamblea Regional, y los diputados del Partido Popular la impidieron con su voto en contra".

Para Retegui, "está claro que el modelo de desarrollo basado en el pelotazo urbanístico que ha imperado en los mandatos de Valcárcel ha propiciado que algunos se hicieran ricos, mientras la mayoría de los ciudadanos se ven asfixiados pagando altas hipotecas, o incluso en el paro".

La diputada advirtió, en un comunicado, que el asunto de La Zerrichera "huele muy mal", y pidió explicaciones al presidente del Ejecutivo regional, Ramón Luis Valcárcel.

García Retegui aseguró que "las conversaciones [telefónicas] implican a varias consejerías y, en definitiva, al Consejo de Gobierno", por lo que consideró que "es imprescindible que antes de que se sepa nada nuevo, Valcárcel debe dar explicaciones a los ciudadanos, porque es necesario que se sepa la verdad".

Por otro lado, García Retegui aseguró que todos estos casos son "consecuencia de la política del Ejecutivo regional y del modelo de desarrollo que ha llevado Valcárcel en los últimos años".

Y criticó que el Gobierno regional "haya dejado a la Región en una situación vulnerable económicamente, que hace que la crisis económica actual afecte a la mayoría y nos golpeé mucho más duro que a otras comunidades cuyos gobernantes optaron por otro modelo de desarrollo".

También IU-Los Verdes exige explicaciones a Valcárcel por la gestión de su gobierno en este caso y critica el enriquecimiento que podría haberle producido a algunos investigados por la justicia la recalificación urbanística de esa finca rústica de Águilas.

IU-Los Verdes exige a Valcárcel que explique "por qué puso la mano en el fuego" por el entonces titular de Medio Ambiente Francisco Marqués.

"Tras el bochorno de los ya numerosos cargos de corrupción surgidos entre las personas de su confianza, Valcárcel debe pedir perdón a los ciudadanos y argumentar por qué tomó esas decisiones".

Las explicaciones de Valcárcel son "una necesidad ética", ya que "se trata de personas que se podrían haberse enriquecido de forma ilícita, mientras que la población se ve abocada al paro y a la precariedad económica, que seguro a ellos no les afecta".