MADRID.- La Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa es el resultado de dos años de trabajo de auditores externos encargados por el Ministerio de Medio Ambiente y este miércoles fue presentado ante el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), el órgano consultivo que agrupa a administraciones, expertos, ecologistas y agentes sociales. Su objetivo es tan ambicioso como complicado, un cambio de modelo en la gestión de la franja costera, el fin de los desmanes urbanísticos y restañar los daños ocasionados con construcciones ilegales e infraestructuras contra natura.
Propone demoliciones, compra pública de terrenos y un franja de exclusión de 500 metros desde la línea del oleaje. Eso sí, dejó claro que «han de ser las comunidades autónomas y los ayuntamientos afectados quienes ejecuten voluntariamente el plan porque la mayoría de las competencias son suyas».
El Gobierno estará detrás, apoyando con fondos y expertos, matizó la ministra.
«Nos jugamos mucho en términos ambientales y económicos», recordó la ministra de Medio Ambiente, que presidió la décima sesión del CAMA en esta legislatura. No le falta razón. Años de turismo playero masivo, la fiebre de las segundas residencias, la proliferación de puertos deportivos, espigones, etc, han acercado el cemento al borde mismo de la arena y más allá.
Además, existe la amenaza de la subida del nivel del mar por el cambio climático, perceptible ya, pero que en España podría llegar a los quince metros de media para el año 2050, según los estudios más rigurosos. En las próximas décadas, los casi 900 kilómetros de fachadas marítimas urbanas en el Mediterráneo, Andalucía occidental y los archipiélagos «están expuestos a sufrir daños significativos y crecientes por la acción del mar», subraya la Estrategia presentada.
Ése es el panorama y lo que se pretende es frenar la degradación natural e inducida, evitar el éxodo de turistas a países más vírgenes -la patronal del sector turístico costero ha advertido del riesgo- y, a la vez, devolver para el uso público la franja costera más próxima al agua.
España tiene 8.000 kilómetros de litoral y, de ellos, 600 han sido «transformados por obras artificiales», detalla la estrategia. El estudio se centra en el arco mediterráneo, el litoral atlántico andaluz y los dos archipiélagos, las zonas más degradadas. Para una segunda fase queda el retrato de la cornisa cantábrica y Galicia.
Los puertos, diques, espigones y muros de contención que pueblan la costa suponen «interrupciones y discontinuidades graves» en el litoral. La excesiva acción humana, modificando la funcionalidad física y natural de la línea de costa genera «cuantiosas pérdidas económicas y aumenta el riesgo de inundación».
El Ministerio considera que, dado que no es posible actuar sobre la actividad portuaria comercial, que genera un importante movimiento económico, es necesario «racionalizar la implantación y ampliación» de puertos deportivos.
En algunas autonomías mediterráneas, más del 75% de los terrenos colindantes al mar son urbanos o urbanizables y casi el 25% del litoral es costa artificial. Según el informe, un tercio de la costa del Mediterráneo requiere «restauración y/o mejora ambiental», y la mitad de los 1.000 kilómetros de playas y casi el 70% de los sistemas de dunas «necesita algún arreglo». Pese a todo, en la estrategia no se han anunciado medidas concretas que adoptar desde ya.
Narbona insistió en que corresponde actuar a comunidades autónomas y ayuntamientos. El Ministerio de Medio Ambiente «colaborará para defender el litoral hasta donde haya acuerdos» y consenso, plasmado en convenios bilaterales con cada comunidad.
Además, la ministra recordó que los 500 metros de exclusión para nuevas construcciones desde la línea del oleaje es «una recomendación» que ya aplican algunas regiones, como Murcia, Cantabria, Asturias, o Cataluña y que «debería generalizarse».
Los planes del Ministerio de frenar el crecimiento urbanístico del litoral y la proliferación de puertos deportivos choca con algunos de los proyectos más importantes previstos en Murcia, como Puerto Mayor y Marina de Cope.
Las propuestas de Medio Ambiente para recuperar la costa murciana han causado cuando menos sorpresa en determinados círculos de la Región. A los planes de demolición de las construcciones situadas en la zona de dominio público se suma aquí la paralización del gran complejo turístico que proyecta la Comunidad Autónoma en Marina de Cope, además de la "eliminación del puerto de San Pedro del Pinatar"; el traslado del de Águilas; y la paralización del proyecto de dársena comercial en la cala de El Gorguel, entre Cartagena y La Unión.
El plan encargado por el Departamento de Cristina Narbona a una consultora para impedir el avance del ladrillo y despejar la costa contempla además la compra de una franja costera de 500 metros en varios municipios del litoral murciano.
Narbona defendió la moratoria urbanística en el litoral y advirtió de que, en los casos en los que no se llegue a un consenso con las comunidades autónomas, aplicará la Ley de Costas "para recuperar espacios que hemos perdido en el pasado".
El informe encargado a una consultora recoge medidas como "la eliminación del puerto de San Pedro del Pinatar", para restablecer el suministro de arena a la playa de La Llana, mientras para La Manga se plantea el rescate de la concesión de Puerto Mayor, cuyo futuro está pendiente de la decisión de los tribunales.
En Marina de Cope, donde el Gobierno regional pretende construir un gran complejo urbanístico que sirva como referencia turística de la Región, la alternativa propuesta es comprar los primeros 500 metros de la franja costera para impedir que se urbanicen.
Para La Manga del Mar Menor se pide una moratoria en la construcción que frene la presión urbanística y demográfica.
Puerto Mayor: El TSJRM de Murcia suspendió cautelarmente en 2005 las obras de este ambicioso proyecto que pretende habilitar 950 puntos de amarre para embarcaciones deportivas en La Manga, junto al actual puerto de Tomás Maestre.
Marina de Cope: El proyecto incluye más de veinte hoteles, 9.000 viviendas, campos de golf, instalaciones deportivas y una marina para 2.000 puntos de amarre en la zona de Cabo Cope. Los ecologistas y el Ministerio se oponen.
Compra de terrenos: El Ministerio ha comprado ya 300 hectáreas de terreno en el litoral al Ministerio de Defensa para asegurar su preservación. Corresponden a baterías de costa en la zona de Cartagena.
El Ministerio ha recuperado 26 kilómetros de costa de la Región para el dominio público mediante distintas actuaciones administrativas sobre zonas ocupadas y urbanizadas «indebidamente».- (Agencias)
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El plan que prepara el Ministerio no sólo surge de la preocupación por el crecimiento urbanístico. También por los peligros del cambio climático. En el informe sobre la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, se advierte de que «es esperable un retroceso generalizado de unos 15 metros en las playas del litoral español para el año 2050». La culpa la tendrá «un ascenso del nivel del mar de 15 centímetros». También hay otros cambios. El informe advierte de que «el oleaje que llega a nuestras costas está sufriendo alteraciones». En consecuencia, «los temporales en el mar duran más que antes, y parece que la tendencia es que en el futuro sean aún más intensos y duraderos». La subida del nivel del mar y la mayor energía del oleaje traerá consecuencias. Desaparecerán playas y humedales, y habrá daños en infraestructuras, edificaciones y servicios urbanos situados junto a la rivera del mar. Se producirá también «un aumento de la cota de inundación en todo el litoral». Peligran «muchos de los paseos marítimos de nuestras ciudades».
De "La Verdad"
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