MURCIA.- La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha citado a declarar al periodista Ernesto Sáenz de Buruaga en las diligencias abiertas por la adjudicación de la televisión pública autonómica, La 7, por un posible delito de prevaricación. El Ministerio Público cita a Buruaga en calidad de testigo, según informa "La Verdad". No es la única comparecencia, ya que también deben pasar por Fiscalía más personas en los próximos días relacionadas con el contrato de adjudicación efectuado en su día por Radiotelevisión Pública de la Región de Murcia (RTRM), organismo dependiente del Gobierno regional y a cuyo frente está Juan Máiquez.
La Fiscalía abrió diligencias contra RTRM por un presunto delito de prevaricación en el procedimiento de concesión, a raíz de una denuncia por posible trato de favor al Grupo Empresarial Televisión de Murcia (GTM) que ganó el contrato de la televisión pública durante siete años, por el cual percibirá 36 millones de euros de las arcas autonómicas en cada anualidad más el IPC.
El fiscal trata de averiguar si esa adjudicación había sido pactada de antemano y bajo cuerda. El denunciante aportó numerosa documentación, entre la que figura material gráfico sobre el proceso de construcción de los estudios de GTM y La 7, en el polígono industrial de San Ginés, antes de que se adjudicara el concurso público al cual optaron otros tres grupos empresariales y de comunicación.
El Gobierno regional encargó en el año 2004 a Ernesto Sáenz de Buruaga los estudios para poner en marcha la televisión autonómica. En septiembre de ese año presentó su informe a los consejeros de Presidencia y de Industria, Fernando de la Cierva y Patricio Valverde, respectivamente, que recogía diversas opciones para desarrollar el proyecto.
El Gobierno regional optó finalmente por abrir un concurso público para adjudicar dos lotes; uno referido a la producción audiovisual y publicidad, y el otro para la asistencia técnica de informativos. GTM obtuvo los dos, además de un canal de televisión digital terrestre. GTM está formado por Grupo Intereconomía, Prodher, Terrapilar, Golosinas Vidal, Palprom 2004, Grupo Polaris, Grupo 2002 y Grupo Corporativo Fuertes.
El PSOE denunció el pasado mes de mayo que la televisión pública que sostiene el Gobierno regional había pagado 1,8 millones de euros a Sáenz de Buruaga por su gestión, lo cual fue negado por el director general de La 7 y por el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel.
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