¿Quién puede violar a un niño? ¿Quién puede, además, grabarlo y distribuirlo por la Red? Sólo un depravado, un vicioso moral, al que la sociedad rechaza y que hay que perseguir y detener. Seguramente pocas noticias producen una satisfacción tan unánime en la ciudadanía como las que relatan la detención de individuos que trafican con pornografía infantil.
La última operación policial llevada a cabo esta semana deja cincuenta y cuatro detenidos que presuntamente disfrutaban con el espectáculo de un pederasta, de origen peruano, violando a una niña de ocho años. El tema es repugnante y revela la amplitud de la contaminación de Internet, que se ha convertido en el vehículo para compartir las agresiones sexuales y el daño físico inferido a los niños.
Por eso es urgente que la fiscalía cuente con todos los medios para llevar a cabo la imprescindible tarea de detener y encarcelar a estos indeseables que se están convirtiendo en una plaga que azota a la niñez, sobre todo en el sureste asiático.
Un caso paradigmático de la cooperación internacional ha sido, también esta semana repleta de actuaciones contra los violadores, la detención del canadiense Neil convertido por su exhibicionismo en la Red en el pederasta más buscado del mundo.
Su mayor afición consistía en grabarse mientras agredía sexualmente a un niño y colgar las imágenes en Internet desfigurándose la cara. De poco le ha servido a este perturbado, profesor en escuelas católicas de Canadá, que quería ser sacerdote. Una operación coordinada por Interpol y, gracias a la colaboración ciudadana, le ha dado alcance.
Esta acción demuestra que el problema nos compete a todos, que la Guardia Civil y la Policía necesitan el apoyo y los ojos vigilantes de los que navegan por la Red. Que cualquier imagen que muestre una agresión a un menor debe ser denunciada.
E incluso la clase política debería plantearse si, dada la magnitud del problema, no hay que crear más fiscalías que protejan a la infancia de los abusos sexuales. No debemos, ni podemos, asumir este horror como precio de la sociedad tecnológica.
La última operación policial llevada a cabo esta semana deja cincuenta y cuatro detenidos que presuntamente disfrutaban con el espectáculo de un pederasta, de origen peruano, violando a una niña de ocho años. El tema es repugnante y revela la amplitud de la contaminación de Internet, que se ha convertido en el vehículo para compartir las agresiones sexuales y el daño físico inferido a los niños.
Por eso es urgente que la fiscalía cuente con todos los medios para llevar a cabo la imprescindible tarea de detener y encarcelar a estos indeseables que se están convirtiendo en una plaga que azota a la niñez, sobre todo en el sureste asiático.
Un caso paradigmático de la cooperación internacional ha sido, también esta semana repleta de actuaciones contra los violadores, la detención del canadiense Neil convertido por su exhibicionismo en la Red en el pederasta más buscado del mundo.
Su mayor afición consistía en grabarse mientras agredía sexualmente a un niño y colgar las imágenes en Internet desfigurándose la cara. De poco le ha servido a este perturbado, profesor en escuelas católicas de Canadá, que quería ser sacerdote. Una operación coordinada por Interpol y, gracias a la colaboración ciudadana, le ha dado alcance.
Esta acción demuestra que el problema nos compete a todos, que la Guardia Civil y la Policía necesitan el apoyo y los ojos vigilantes de los que navegan por la Red. Que cualquier imagen que muestre una agresión a un menor debe ser denunciada.
E incluso la clase política debería plantearse si, dada la magnitud del problema, no hay que crear más fiscalías que protejan a la infancia de los abusos sexuales. No debemos, ni podemos, asumir este horror como precio de la sociedad tecnológica.
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