Alvarado critica grandes defectos en la querella de Puerto Mayor

MURCIA.- El ex director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, denuncia que la querella por la reanudación, en octubre de 2003, de las obras de Puerto Mayor en La Manga "tiene grandes defectos de documentación", tras declarar ante el juez.

Los ex directores generales de Calidad Ambiental y de Transportes y Puertos, Antonio Alvarado y Marcos Ortuño, prestaron declaración en el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia y se reafirmaron en que actuaron de acuerdo con la legalidad cuando revocaron la orden de paralización de la Agencia Regional para el Medio Ambiente.

Alvarado precisó, incluso, que sólo tuvo un papel de «trámite», según su abogado.

Se enfrentan a un presunto delito de prevaricación administrativa por haber permitido en el año 2003 que se reanudaran las obras de un puerto deportivo junto al Canal del Estacio, donde se quieren fijar 950 puntos de amarre. Estas obras se encuentran paralizadas cautelarmente por un auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de junio del año 2005, a raíz de un recurso en contra presentado por la ministra de Medio Ambiente.

Alvarado insistió en que se trata de una querella de "política y no jurídica al haber sido puesta por el PSOE", y advirtió "una estrategia de acoso y derribo" contra él.

La querella contra Alvarado y Ortuño fue presentada efectivamente por el PSRM -admitida a trámite en enero por la juez Isabel Carrillo- por entender que ambos ex altos cargos no estaban facultados para levantar la suspensión de las obras.

Esa decisión debía corresponder al Consejo de Gobierno con el preceptivo informe de la Demarcación de Costas del Estado, que siempre se opuso a las obras por los daños medioambientales que se ocasionaban sobre la zona, en particular sobre una playa y la laguna del Mar Menor; así como por invadir terrenos de dominio público.

Los socialistas apuntaron que había al menos cuatro informes jurídicos contrarios a la reanudación de las obras, por considerar que había caducado la concesión del año 1975 y porque el proyecto se apartaba del diseño original.

Esos informes jurídicos en contra del puerto deportivo son de los años 1997 (del ex jefe de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, Juan Megías), de 1999 (Demarcación de Costas), y de 2001 y 2002 (Servicios Jurídicos de la Consejería de Obras Públicas).

Alvarado señaló que en Portugal "se da un caso similar en el Parque Natural de Sintra, donde se construirá dentro de una Zona de Especial Protección de Aves", y se apoyó en esta situación para argumentar que “la UE no lo prohíbe, sólo marca el procedimiento”.- (Agencias)