CARTAGENA.- La portavoz del grupo parlamentario socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, afirmó ayer que, además de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción por el caso de la balsa Jenny, existe otra ante la Oficina de Lucha Contra el Fraude de la Unión Europea (UE).
Teresa Rosique explicó que esta denuncia ante la UE, interpuesta por “unos ciudadanos”, se debe a que parte de los trabajos de descontaminación se realizaron con fondos europeos.
Teresa Rosique explicó que esta denuncia ante la UE, interpuesta por “unos ciudadanos”, se debe a que parte de los trabajos de descontaminación se realizaron con fondos europeos.
2 comentarios:
Eres famoso, Poveda. Mundialmente famoso. Joer.
Casi diez años después de la presunta comisión de los delitos, los acusados ya conocen los delitos y las penas a las que se enfrentan.
En concreto, el fiscal pide penas que suman 95 años y seis meses para los 21 implicados en un fraude en el que se hicieron con cerca de 7,5 millones de euros -casi 1.300 millones de pesetas- en concepto de ayudas de los fondos FEOGA para la transformación de naranjas en zumo entre los años 1994 y 1997. Entre los acusados se encuentran los tres responsables de la empresa 'Golden Bullida S.A.', con sede en Bullas, así como nueve funcionarios del Fondo Español de Garantía Agraria, el director de una sucursal bancaria y varios falsos agricultores.
En su escrito, el fiscal pide seis años de prisión y una multa conjunta de doce millones de euros para los miembros del consejo de administración de esta mercantil, los hermanos J.P.E., de 74 años; A.P.E., de 72 y J.P.E., de 68 años. El representante del ministerio público les considera responsables de un delito contra la Hacienda Comunitaria y de otro de falsedad continuada en documento mercantil. Además de los tres responsables, están implicados el jefe de Compra de 'Golden Bullida S.A.' y tres responsables de la sociedad valenciana de transformación de cítricos 'Pardo Maiquez'.
Para la obtención de las ayudas comunitarias, la legislación obligaba a la empresa "a cumplir determinadas condiciones relativas a la formalización de unos modelos de contrato-tipo y a que la industria transformadora pagase a los agricultores unos precios mínimos por cada kilogramo de naranja. Además, la Unión Europea obligaba a que las naranjas destinadas a la transformación cumpliesen con unos requisitos de calidad "en cuanto a tamaño y capacidad de producción de zumo".
El cumplimiento de estas condiciones debía ser verificado en las inspecciones de los funcionarios de la consejería de Agricultura de la Región de Murcia. Sin embargo, según el fiscal, los responsables de 'Golden Bullida S.A.' no compraban todas las naranjas que después figuraban en los contratos, "ya porque los supuestos vendedores no tenían huertos o porque las naranjas que se vendían no reunían las condiciones de calidad necesarias".
Los falsos agricultores en los contratos recibían 600 euros por su participación. Para entrar en el negocio, los falsos vendedores de naranjas tenían que abrir una cuenta en el Banco de Valencia de la localidad valenciana de Manuel.
Allí recibían los pagos de la sociedad 'Golden Bullida S.A.' por las ventas falsas, para lo que firmaban contratos de compra-venta ficticios. El director de la sucursal, J.T.R., recibía también "una pequeña compensación económica" por participar en la trama.
Por último, los funcionarios del Fondo Español de Garantía Agraria levantaban actas de inspección en los almacenes de 'Golden Bullida S.A.' que no se correspondían con los datos reales. El ministerio público solicita, para los nueve inspectores implicados, cinco años de prisión y multa de 30.000 euros por un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial.
De "La Opinión"
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