MURCIA.- El presidente del Grupo Hispania y promotor de la polémica urbanización aguileña de La Zerrichera, Trinitario Casanova Abadía (en la fotografía inferior), ha anunciado, en un comunicado de prensa desde la sede social en Murcia de sus empresas (en la ilustración superior), que interpondrá una demanda judicial contra el Gobierno regional "por los graves perjuicios ocasionados por la paralización del plan parcial del proyecto urbanístico, en el que estaba previsto construir más de 4.000 viviendas, un campo de golf y un hotel de lujo en una zona protegida.
Adelanta que también "tiene previsto ejercer acciones legales, por injurias y daño al honor, contra el portavoz del PSOE en Águilas, Ramón Román. Este concejal acusó al empresario de haberle ofrecido un millón de euros por cambiar su anunciado voto contrario en el pleno en el que se aprobó definitivamente la urbanización.
El presidente del Grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, en sus primeras declaraciones desde que el fiscal enviara a los juzgados el caso, anuncia que los servicios jurídicos de su empresa "estudian la interposición de una demanda judicial contra el Gobierno Regional del Partido Popular, presidido por Ramón Luis Valcárcel, ante los graves perjuicios ocasionados por la decisión de este Ejecutivo de paralizar el plan parcial previsto para la finca de La Zerrichera, en Águilas".
En un comunicado remitido y firmado por el propio Trinitario Casanova Abadía, el promotor de La Zerrichera se lamenta de que "la paralización de dicho plan, en julio del año pasado, sujeto a otro de gestión, ha causado grandes daños económicos e inseguridad jurídica a esta empresa, cuando el proyecto destinado para la zona contaba con la aprobación definitiva desde el 13 de febrero de 2006".
Además, "Grupo Hispania entiende que dicho plan de gestión nunca puede imponer criterios de ejecución al plan parcial, distintos de los criterios de la Declaración de Impacto Ambiental ya aprobada, tal y como refrenda un informe del gabinete jurídico Garrigues-Walker y que la propia Comunidad ha hecho suyo, y remitido posteriormente a la Fiscalía. Dicho documento concluye que el plan parcial diseñado para la finca de La Zerrichera debe estar incluido en el plan de gestión".
Casanova señala que jamás “ni en su nombre ni en el de su empresa se ha ofrecido dinero alguno a ningún político, ni del PSOE ni del PP, ni de ningún otro partido. Como tampoco se ha encargado a ningún intermediario que lo hiciera”.
En este sentido, Casanova interpondrá acciones legales contra el señor Ramón Román, y contra cualquier persona que tenga la “nula vergüenza” de lanzar cualquier tipo de acusaciones contra el proceder de esta empresa, que ha estado siempre marcado por los principios de la ética y la legalidad.
El máximo responsable de Grupo Hispania comunica también a los responsables políticos que “en sus peleas internas y rifirrafes entre oposición y gobierno, no se debería perjudicar de una manera tan grave e irresponsable a las empresas y los ciudadanos, como hasta la fecha viene sucediendo, dándose una pobre y nefasta imagen de lo que el ciudadano de a pie, empresario o trabajador, percibe de sus gobernantes, de lo que, en definitiva, entendemos que sería lo correcto”.
“Los políticos, añade Casanova, tanto en las tareas de Gobierno como en la oposición, lo que deberían hacer es trabajar por la Región, para que las iniciativas empresariales puedan desarrollarse dentro de un marco de seguridad jurídica, y así, posibilitar la creación de puestos de trabajo; en lugar de estar todos los días lanzando acusaciones infundadas, que están dando una imagen bochornosa y lamentable de nuestra comunidad en el contexto nacional”.
La Kutxa, Caja de Ahorros de Guipúzcoa, ha indicado, por su parte, que ha abonado al Grupo Hispania 55 millones de euros por La Zerrichera. El acuerdo consistíá en un pago total de 105 millones de euros, más otros 16,8 de IVA.
Un portavoz de La Kutxa señala que se consideran al margen de cualquier sospecha y de la propia investigación judicial, toda vez que su compromiso con Trinitario Casanova se ceñía a asumir la propiedad de la finca una vez que la recalificación contara con todos los permisos oficiales. Otros dos socios iniciales del proyecto, los grupos Lar y Riofisa, abandonaron el año pasado.
El consejero de Presidencia y portavoz del gobierno murciano, Fernando Cierva, ha declarado esta tarde desde San Esteban que "Trinitario Casanova no tiene razón en lo que plantea porque siempre se ha actuado en función de los informes jurídicos y administrativos". Según Cierva "el gobierno no negocia con nadie y Casanova está en su derecho de entablar esas acciones que anuncia. Desde aquí siempre se ha actuado conforme a la ley y sin favorecer a nadie", en clara alusión a la amistad manifiesta entre Casanova y el consejero de Ordenación de Territorio, Joaquín Basuñana.
Como consecuencia de todo lo anterior, el expulsado exsecretario local del PSRM en Águilas, Pedro Gil, ha negado esta mañana las acusaciones ante el fiscal-jefe, de Román Román, candidato de este partido y portavoz municipal socialista, en el sentido de que intermedió en un supuesto intento de soborno para votar a favor de la recalificación de La Zerrichera en el pleno municipal.
"Jamás he recibido ningún soborno en los doce años que llevo como concejal del ayuntamiento de Águilas", manifestó en rueda de prensa. El involucrado por sus propios excompañeros socialistas ha dicho también que sigue pensando como ha pensado siempre y que de salir de nuevo elegido como concejal, no votaría a favor de una eventual nueva reclasificación de La Zerrichera que se plantease en un Pleno.
Pedro Gil reitera que desconoce por completo la existencia de la grabación aportada por Ramón Román al fiscal y quiere aclarar su relación con Domingo Martínez, ex secretario general del PSOE local y a quien se apunta como presunto intermediario en el intento de soborno a Román por el montante de un millón de euros.
Gil señala respecto de Martínez que son «casi familia», pero que relación política no existe ninguna actualmente. «Años atrás él fue el secretario local del PSOE, mientras yo era de organización, por eso no entiendo por qué tiene que mezclar Ramón Román ahora a este señor». A su juicio, la denuncia de Román forma parte de una personal guerra política entre ambos.
Pedro Gil aseguró que las manifestaciones de Román ante el fiscal “son falsas” pues “jamás” hizo “ofrecimiento alguno de dinero, ni de otra cosa a este señor para obtener un cambio de voto”, y negó la existencia de las conversaciones con el edil del PSRM sobre “estas cuestiones”.
Según el involucrado en el supuesto intento de soborno, ninguna instancia judicial le ha imputado ilegalidad alguna y señaló que sobre las supuestas grabaciones que Román hizo de sus conversaciones, “de las que únicamente tengo constancia por los medios de comunicación, ya solicité a la Ejecutiva del PSRM que me permitiera escucharlas, con el fin de poder demostrar su falsedad”.
Luego añade que “sólo una manipulación de las supuestas grabaciones posibilitaría que se pudiese deducir algo parecido a lo manifestado por Román”, pero afirmó que no se podía querellar por desconocer la trascendencia jurídica de ese testimonio ante el fiscal jefe.
Pedro Gil deduce de todo lo anterior, que su difusión, en este momento, obedece a “una campaña de desprestigio” y pretender “eliminar a un legítimo opositor político en las próximas elecciones”.
Sin embargo, la portavoz del PSRM en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, insiste en que "estamos ante el mayor escándalo urbanístico en toda la historia de la Región" y que La Zerrichera "no es sino un pelotazo ilegal". Señala a Trinitario Casanova y al presidente Valcárcel como "las dos únicas personas que lo saben todo sobre este caso". Y pide, finalmente, al presidente de la Comunidad Autónoma que "no sea ariete contra la acción de la Justicia cuando los ciudadanos le exigen su derecho a saberlo todo sobre este tema".
Según Teresa Rosique, el aparente enfado de Trinitario Casanova "es artificial porque
el gobierno regional mantiene viva la recalificación urbanística de La Zerrichera, la declaración de impacto ambiental favorable y sólo ha parado tácticamente su plan parcial, por una cuestión de imagen para no seguir perdiendo votos". Para la portavoz socialista, "Valcárcel viene eludiendo desde noviembre el control parlamentario y ya no creo que comparezca en la Asamblea antes de las próximas elecciones autonómicas".-(NEM)
6 comentarios:
Durante los dos días que precedieron al Pleno municipal de Águilas, que aprobó la recalificación de los terrenos de La Zerrichera, el 27 de octubre del 2005, se desató una intensa lucha interna y a contrarreloj entre los concejales socialistas, divididos en dos bandos: los partidarios de dejar vía libre a la operación urbanística del Grupo Hispania, encabezados por Pedro Gil, entonces secretario general del PSOE de Águilas; y de otro lado los ediles que estaban en contra, liderados por el portavoz, Ramón Román. Esta disputa interna, en la que participó activamente la dirección regional del partido, se entabló cuando Román no cedió al presunto soborno que le estaba ofreciendo su entonces compañero de grupo Pedro Gil para cambiar su voto. Esto es, un millón de euros para él, otro para Gil y otro para un supuesto intermediario del Grupo Hispania, según denunció a la Fiscalía.
En la declaración que Román prestó ante el fiscal jefe del TSJ, éste indica que contestó a su presunto sobornador, Pedro Gil, «de manera tajante, que no pensaba aceptar su ofrecimiento, ni tampoco cambiar su política respecto al modelo urbanístico ni al asunto de La Zerrichera». A partir de ahí se desencadenaron los acontecimientos, que terminaron con la expulsión sumarísima de los cuatro concejales que no aceptaron las instrucciones de la cúpula regional para oponerse al proyecto urbanístico.
DOS DÍAS ANTES DEL PLENO
Reunión movida en Águilas
De acuerdo con el relato al fiscal de Ramón Román, al cual ha tenido acceso esta Redacción, el día 25 Román pidió que se convocase una reunión conjunta entre la ejecutiva local y el grupo municipal. Asistieron 19 personas, «que debatieron en profundidad todas las cuestiones relativas al asunto de La Zerrichera. Finalmente hubo 16 votos contrarios a la urbanización, y tres partidarios de la abstención. Con ese resultado se mandató al grupo municipal para votar dos días después en el Pleno.
Hubo matices, no obstante, ya que se volvería a discutir el sentido del voto si antes del Pleno llegaban los informes del Ministerio de Medio Ambiente y de Bruselas autorizando la desprotección de la zona, cosa que Pedro Gil sostenía que iba a ocurrir. Asimismo, en esa reunión Pedro Gil anunció que iba «a pedir instrucciones a Murcia para concretar la postura que había que mantener el día del Pleno». Román infiere que, con esta actitud, Gil no aceptaba la posición mayoritaria adoptada en dicha reunión.
UN DÍA ANTES DEL PLENO
Pedro Gil acude a Murcia
Pedro Gil viaja a Murcia para reunirse con el número dos del PSOE, regional, José Ramón Jara, con el objetivo de «recibir las instrucciones del partido en orden a La Zerrichera», relata al fiscal Ramón Román. De regreso a Águilas, por la tarde, Pedro Gil le cuenta a Román su reunión con Jara: «En Murcia me han comentado que hay que hacer lo que sea más conveniente para Águilas», le dijo. Pero Román contaba al parecer con un as bajo la manga, puesto que Jara ya había hablado previamente con él; y las instrucciones de Murcia eran que había que votar en contra.
De La Verdad
se ve que no tienen otra cosa que hacer los jueces que preocuparse por el "honor" de don corleone zerrichero
¿Las declaraciones de Trinitario Casanova sobre la paralización de la Zerrichera son sólo una estrategia para no perder votos el PPRM, como insinúa Teresa Rosique, o realmente han incomodado al gobierno regional, según declara Fernando Cierva?.
¿Por qué no se aclara este asunto ante el fiscal López Bernal?. El empresario debería detallar cuán valiosas han sido sus pérdidas económicas y por qué tenía tanta confianza en que saliera adelante dicho proyecto, a pesar de las denuncias públicas vertidas en los medios de comunicación y a través de la justicia que han hecho las acusaciones particulares.
¿No debería adelantarse el fiscal y llamar lo antes posible a declarar a Trinitario Casanova como imputado para que en términos jurídicos dé su versión de los procedimientos seguidos por el gobierno regional, según sus abogados?.
Además, a los ciudadan@s nos gustaría ver redactada la denuncia contra el goberno regional y saber en qué juzgado se ha presentado.
Elena
La verdad acaba de poner el siguiente titular en su web:
El PP dice que el anuncio de denuncia del Grupo Hispania demuestra que el Gobierno regional tiene "en cuenta los intereses de la Región"
Lo que se demuestra una vez más la conjunción de intereses corruptos entre Trinitario Casanova, el gobierno del PP de Valcácel y el diario La Verdad.
La preocupación del gobierno regional por los intereses de los murcian@s, se refleja en el siguiente artículo:
En Murcia es posible
MIGUEL ÁNGEL ESTEVE SELMA/
Así reza una de las tantas iniciativas propagandística de la Consejería de Industria y Medio Ambiente: en Murcia es posible crecer económicamente y proteger al mismo tiempo los espacios naturales y su riqueza biológica. No obstante al gobierno regional se le ha olvidado añadir en estos mensajes algunos datos:
Estamos más de un punto por debajo de superficie protegida por vía convencional con respecto a la media española. Hemos de recordar que desde hace 6 años esta red tiene 15.000 hectáreas menos por una desprotección masiva auspiciada por el Partido Popular con su ley regional del suelo.
Con respecto a los LIC o Lugares de Importancia Comunitaria estamos 7 puntos por debajo de la media española. Este importante déficit sólo es compensado parcialmente por nuestras Zepas (Zonas de Especial Protección para las Aves), con dos puntos por encima de la media española, aunque como saben la Zerrichera es una Zepa (y un LIC), por lo que el trato a este tipo de espacios protegidos por parte del gobierno regional no es muy ejemplar que digamos. Recordemos que el gobierno regional además de la Zerrichera ha intentado desproteger parte de Calblanque-Peña del Águila e incluso atribuye edificabilidad a los espacios protegidos, computables como sistemas generales.
El diseño de la red de espacios se aleja de los mínimos criterios de funcionalidad: nuestros espacios son la mitad de extensos que la media española, porque hemos dirigido la protección exclusivamente a sus núcleos, dejando todas las zonas periféricas, claves desde el punto de vista funcional, sin tutela e indefensas ante los cambios de uso más agresivos con nuestro medio como los urbanísticos.
Tardamos tres veces más tiempo que la media de las Comunidades Autónomas en aprobar los Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) necesarios para la gestión de los espacios protegidos.
Algunos de estos PORN, como los del Mar Menor, están teniendo una tramitación larga y tortuosa pues se les ha modificado de forma premeditada para permitir actuaciones urbanísticas como Lo Poyo o Novo Cartago.
El gobierno regional está continuamente dando bombo y platillo a su propuesta de protección del litoral: no se pueden hacer desarrollos residenciales en 500 metros de la franja costera allí donde aún esté sin urbanizar. Pero ésta es sólo una verdad a medias (o a terceras partes). En la franja litoral aún salvaje no se pueden hacer chalets u otras edificaciones residenciales, y esto está bien, pero por el contrario sí se pueden hacer hoteles de todo tipo, campos de golf y cualquier otro equipamiento deportivo o de ocio. Su propuesta debe entenderse de otra manera: no mataremos la costa virgen con balas de plomo, la mataremos con balas de metales algo más preciosos.
Los errores y deficiencias deliberadas en el diseño de la red de espacios protegidos facilitan una política urbanística demasiado discrecional, agresiva con los recursos naturales y sobredimensionada, ya que sólo los territorios protegidos están fuera de la ola urbanizadora, aunque en Murcia, como se ha dicho, esta regla tiene demasiadas excepciones e irregularidades. De 600.000 a 800.000 nuevas viviendas para las próximas décadas, según distintas contabilidades, y al menos la mitad en resort y otras actuaciones dispersas, las más consumidoras de recursos naturales y servicios, hacen impensable un futuro sostenible para Murcia. Los cálculos de distintos indicadores de sostenibilidad nos dan siempre el mismo resultado: por cada unidad de riqueza (PIB) que crecemos los murcianos, consumimos cada vez más recursos naturales, generamos más residuos y artificializamos más el paisaje; es decir, crecemos de una forma objetivamente insostenible.
No obstante, claro que en Murcia es posible un desarrollo sostenible, sólo hemos de cambiar de gobierno. Este cambio es condición necesaria y, aunque no es garantía suficiente (realmente de lo que hay que cambiar es de modelo de crecimiento), facilitará mucho las cosas para que lo sea. A dos meses de las elecciones autonómicas pido a todos los murcianos sensibles con nuestra calidad de vida y la de sus hijos, con nuestra naturaleza, con las raíces culturales murcianas y con nuestro patrimonio arqueológico, que se activen y se alíen con el futuro apoyando un cambio para esta región. Devolvámosle algo de cielo y tierra a los búhos reales y démosle su merecido a los especuladores y a sus colaboradores necesarios, a los que confunden el interés general con sus propios intereses. En Murcia es posible el desarrollo sostenible siempre y cuando sea posible otra Murcia. En nuestras manos está, no la desaprovechemos. Nunca un voto habrá evitado tanto daño.
Miguel Angel Esteve Selma. Profesor de Ecología y miembro de Ecologistas en Acción.
El alcalde de San Javier prohíbe al Foro Ciudadano la presentación del libro El otro estado de la Región. Informe 2006 (10-3-07).
www.forociudadano.org
En una nota de prensa hecha pública hoy, el Foro Ciudadano de la Región de Murcia denuncia al alcalde del PP de San Javier por abuso de autoridad y atentado contra la libertad de expresión. Ayer, 9 de marzo, el alcalde prohibió que se presentase el libro El otro estado de la Región. Informe 2006, en un colegio público de la localidad.
Este intolerable abuso de autoridad demuestra fehacientemente el déficit democrático que padece la Región de Murcia y que ha sido denunciado por el Foro Ciudadano en el propio Informe 2006.
El Foro Ciudadano recuerda que sobre el alcalde de San Javier pesan ya varias denuncias por corrupción urbanística, y que ayer mismo se hizo público el recurso de la Fiscalía del TSJ, que lo acusa de prevaricación.
Ayer, viernes 9 de marzo, a las 8 de la tarde, estaba prevista la presentación del libro El otro estado de la Región. Informe 2006 en el salón de actos del Colegio Público Nuestra Señora de Loreto, situado en la Ciudad del Aire, municipio de San Javier. Iban a intervenir Antonio Campillo, presidente del Foro Ciudadano; Felipe Iracheta, arquitecto y urbanista; y Rodolfo Ruiz Ligero, realizador de TVE y miembro de la Plataforma Ciudadana por la Democracia Informativa.
Se había informado previamente al Ayuntamiento de la organización del acto, y no había puesto ningún inconveniente. Dada la escasez de locales públicos disponibles en el municipio para la realización de actividades culturales, y dado que el único centro cívico de la localidad estaba ya reservado para otra actividad, hubo que recurrir al salón de actos de un colegio público, generosamente cedido por el director del mismo. Una vez que se contaba con el local, se enviaron cartas de invitación y se colocaron carteles publicitarios por todo el municipio, convocando a la presentación pública del libro.
A las 13.30 de ayer, pocas horas antes de la celebración del acto, el director del colegio recibe un fax del Ayuntamiento con la prohibición de realizarlo, con el argumento de que no ha sido solicitado previamente por escrito. Cuando llega la hora de la presentación, comienzan a congregarse a las puertas del colegio los intervinientes y varias decenas de personas, aproximadamente medio centenar, y el director del colegio les informa que el acto ha sido prohibido por el alcalde.
El público asistente no da crédito a lo sucedido. Pero muchos de ellos, por ser vecinos del municipio de San Javier, no se sorprenden de esta nueva tropelía del alcalde, sobre el que pesan varias denuncias por delitos urbanísticos. Ayer mismo se hizo público el recurso de la Fiscalía del TSJ, que lo acusa de prevaricación, por lo que muchos vecinos entendieron la prohibición como una pataleta y una muestra más del talante autoritario del alcalde.
Varias decenas de personas, acompañadas por los intervinientes en el acto, se trasladaron a la puerta del Ayuntamiento, para mostrar su indignación por este abuso de autoridad y este atentado contra la libertad de expresión.
Los representantes del Foro Ciudadano se comprometieron con los asistentes para buscar una nueva fecha y realizar la frustrada presentación del libro en San Javier, para reafirmar así la democracia y la libertad de la ciudadanía frente al caciquismo y la intolerancia del alcalde del PP.
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