MURCIA.- El secretario de Organización del PSRM-PSOE, Francisco Oñate, ha dicho sobre La Zerrichera que la sociedad piensa que «los maletines con dinero corren a la misma velocidad que se toman algunas decisiones administrativas».
Recordó que el PSOE expulsó del partido a varios de sus concejales en Águilas «porque no olía claro su decisión de no acudir a un Pleno» en el que se trataba el tema, «cuando era un voto irrelevante», y se les suspendió de militancia en 24 horas.
Dice también que cuando se habló de «dinero», el PSOE recurrió a la Justicia para que esclareciera lo sucedido, mientras el PP critica a esta institución. «El PP respalda a los concejales de su partido que votaron a favor de la recalificación y hoy están procesados, al tiempo que pone palos en el engranaje -de la Justicia- para que la verdad de los hechos no se esclarezca», denunció.
«El ciudadano se pregunta cómo se tomaron las decisiones, quién aconsejó y quién coordinó» las diferentes actuaciones administrativas que se adoptaron, dijo Francisco Oñate quien reiteró la petición de su partido de que el presidente Ramón Luis Valcárcel comparezca en la Asamblea para dar explicaciones «y no escurra el bulto».
Por su parte, el portavoz adjunto del grupo parlamentario popular, Javier Iniesta, respondió a Javier Oñate que «nadie se cree que alguien estuviera dispuesto a pagar un millón de euros a un concejal del PSOE por un voto que no era necesario».
Iniesta ha pedido al fiscal jefe «que «cuide las filtraciones a los medios de comunicación que se han producido desde su departamento de manera impúdica y que aplique el mismo celo con el que está instruyendo las diligencias para respetar los derechos constitucionales de los afectados».- (EFE)
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IU critica la venta del centro comercial Nueva Condomina
Izquierda Unida del municipio de Murcia denuncia que con la venta de Nueva Condomina se demuestra “el verdadero objetivo de la operación, la especulación”. Añade que Izquierda Unida denunció “en su momento todas las circunstancias que rodearon esta opera-ción, siendo la única fuerza que votó en el pleno municipal en contra de este festín anunciado. En este momento Izquierda Unida y Los Verdes denuncian la falta de seguridad que ha rodeado todo el asunto, dejando en la indefensión e inseguridad todo el complejo”.
El concejal socialista del ayuntamiento de Murcia Javier Mármol anunció hoy que el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias por la denuncia presentada por el PSOE de Murcia sobre la presunta contratación irregular de las obras de los túneles de plaza Castilla y Las Atalayas, que, según dijo, tuvieron un sobrecoste de 4 millones de euros.
Mármol explicó en rueda de prensa que el Tribunal de Cuentas ha trasladado las diligencias y la denuncia al Ministerio Fiscal, así como al ayuntamiento de la capital, para que presente alegaciones en los próximos cinco días.
El concejal socialista recordó que las denuncias se realizaron en su día tras detectar una serie de infracciones cometidas por el equipo de gobierno del PP en el proceso de contratación de ambos túneles, cuyas obras costaron 4,5 millones de euros más de lo previsto en las adjudicaciones iniciales, agregó.
En el caso del túnel de las Atalayas, fueron 3.288.005 euros (un 53,06% más sobre el importe de adjudicación) y el de la plaza de Castilla 1.044.279 euros (un 45,5% más).
Javier Mármol dijo que a este "despilfarro" se unen los incumplimientos de los artículos 57 y 59 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y que algunas de las modificaciones del proyecto se hicieron cuando las obras ya estaban terminadas realizadas, como en el caso de la cuarta del subterráneo de Las Atalayas.
Mármol dijo que las denuncias están "más que justificadas" tras la apertura de diligencias por parte del tribunal de Cuentas, al tiempo que solicitó una explicación por parte de la concejala de Contratación, María José Velasco, de forma urgente para conocer los controles que se hacen en las adjudicaciones con dinero de todos los murcianos.
El PP "gasta con mucha alegría para beneficiar a empresas de sus amigos mientras da la espalda a los ciudadanos de la capital", dijo el concejal socialista, quien agregó que ese dinero "malgastado", "que son unos 700 millones de las antiguas pesetas", podría haber servido para construir ocho consultorios médicos, o cinco escuelas infantiles o para arreglar calles y aceras de las pedanías en las que viven 268.000 personas.EFE
El fiscal de delitos urbanísticos, Juan Pablo Lozano, se ha sumado a la apelación de los vecinos en la denuncia al alcalde de San Javier por el caso Las Brisas. En un informe le pide al Juzgado de Instrucción número cuatro que reabra el caso «al entender que existen hechos y méritos suficientes para considerarlos un claro delito de prevaricación con vulneración de la ordenación del territorio así como un delito de fraude». «Se trata de una flagrante, clamorosa y patente ilegalidad (prevaricación), porque la actuación del Ayuntamiento carece de cobertura jurídica alguna», afirma el fiscal en su informe.
El fiscal entra con este informe en el caso que los vecinos de la urbanización Las Brisas de La Manga llevan denunciando varios años y que el Juzgado de San Javier ya archivó dos veces. La querella vecinal surgió a raíz de la licencia que el Ayuntamiento otorgó a la promotora Promociones Internacionales en Costa S.L. para edificar un bloque de 64 viviendas, locales y aparcamiento en una parcela que, según la denuncia respaldada por el fiscal, no reúne las medidas necesarias. El fiscal imputa los delitos de prevaricación y fraude al alcalde, José Hernández, al arquitecto municipal, Miguel Botella y al jefe de Servicios Jurídicos, Francisco Javier, entre otros.
El alcalde, José Hernández, respondió ayer que «me causa sorpresa la conclusión del fiscal después de que el caso haya sido archivado varias veces, y confío en que volverá a archivarse».
La portavoz del Grupo Independiente, Arancha Espeso, cree que «las continuas y graves irregularidades urbanísticas del equipo de gobierno de Hernández tenían el denominador común de favorecer los intereses especulativos de propietarios de terrenos, promotores y constructores».
De La Verdad
El concejal socialista de Totana, Alfonso Martínez Baños, ha denunciado que el gobierno municipal “está derrochando el dinero que se recauda de los ciudadanos”.
Dijo que el Gobierno municipal ha reconocido que la deuda del Ayuntamiento supera los 60 millones de euros.
Recordó que el PP acusó de despilfarrador al anterior gobierno por tener una deuda que no llegaba a los 15 millones de euros, “y se preguntó que cuál debe ser el calificativo que hay que dar a un gobierno que ha elevado esa deuda en más de 45 millones de euros”.
Se refirió al gasto en publicidad y propaganda en los medios de comunicación. Martínez Baños asegura que durante esta legislatura “el gasto se ha desorbitado, y aseguró que ha superado los 750.000 euros”. “El Ayuntamiento gastó más de 350.000 euros en publicidad y propaganda en medios de comunicación”, continúa.
El edil socialista afirma que con esos 350.000 euros “se podría haber atendido a la larga lista de espera de enfermos que necesitan el servicio de ayuda a domicilio, haber mejorado la pobre oferta cultural del municipio”.EFE
IU critica la venta del centro comercial Nueva Condomina
Izquierda Unida del municipio de Murcia denuncia que con la venta de Nueva Condomina se demuestra “el verdadero objetivo de la operación, la especulación”. Añade que Izquierda Unida denunció “en su momento todas las circunstancias que rodearon esta opera-ción, siendo la única fuerza que votó en el pleno municipal en contra de este festín anunciado. En este momento Izquierda Unida y Los Verdes denuncian la falta de seguridad que ha rodeado todo el asunto, dejando en la indefensión e inseguridad todo el complejo”.
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