En el ahora también archivado, todos los querellantes acusaban al alcalde de presunta prevaricación y varios presuntos delitos urbanísticos relacionados con el proyecto de construcción en La Manga de un edificio hotelero de 24 plantas y seis torres de diez alturas, en la zona del Rosetón de Veneciola, por parte del grupo promotor 2002, y en una parcela que todos ellos consideraban que no podía ser edificada legalmente.
Se desconoce todavía si los querellantes recurrirán, en tiempo y forma, ese archivo aunque el Ayuntamiento de San Javier iniciará ahora una investigación disuasoria para comprobar si las propiedades inmobiliarias de los querellantes contravienen alguna normativa municipal en vigor. Al mismo tiempo, el alcalde, José Hernández, ha anunciado hoy que ahora se va él a querellar, por presuntas calumnias y difamación, contra Arancha Espeso y el portavoz regional del PSRM-PSOE, José Ramón Jara.
Se da la circunstancia de que, a instancias del PSRM-PSOE, este mismo alcalde del PP, José Hernández, está inmerso en una investigación de la Fiscalía del TSJ de la Región de Murcia por presunta prevaricación, tráfico de influencias y negociación prohíbida a funcionarios públicos, aunque una investigación, interna y paralela, abierta por su propio partido concluyese en su inocencia tras amenazar Hernández al secretario regional del PP y alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, con "tirar de la manta" si San Esteban lo dejaba en solitario "al albur de fiscales y jueces".
Hace tan sólo unas semanas compareció Hernández para declarar durante varias horas, por esta denuncia del PSRM-PSOE, ante el fiscal-jefe del TSJ, Manuel López Bernal, en una completa actitud de colaboración para aclarar todos los extremos de lo que se le preguntaba, al parecer, por temas por los que podía ser imputado y, de paso, por si conocía algunas circunstancias relacionadas con otros temas recientemente entrados en Fiscalía, de los que él podía tener información de primera mano y que implicasen a miembros del PP, o de otros partidos, en la Región de Murcia.
José Hernández, a juicio de los socialistas murcianos, resulta una pieza clave para desmontar gran parte de la corrupción urbanística, de corte mafioso, en la Región de Murcia y, más concretamente, la que, espectacularmente, se ha desarrollado en los últimos diez años en el entorno de toda la comarca del Mar Menor y Campo de Cartagena. Parece que sus amigos más allegados lo han convencido de que colabore con la Justicia para luego poder beneficiarse, en caso de llegar a ser juzgado y condenado por alguno de los cargos que se le imputan, con atenuantes para una menor condena.
En la misma tesitura parece encontrarse ahora el alcalde de Águilas, Juan Ramírez, del PP, tras sentirse, igualmente, abandonado a su suerte por parte de la cúpula regional del PP con Valcárcel a la cabeza. También estaría amenazando con "tirar de la manta" si no repite como cabeza de lista en la candidatura de su partido a la alcaldía que ahora ostenta. Ambos se niegan a sacrificarse, en plan dique de contención, para que la larga mano de la Fiscalía del TSJ no se acerque a San Esteban.
11 comentarios:
Esta gentuza se escapa, aquí no pasa nada.
Hay que descollonarse con la justicia en Murcia. Habrá que manifestarse frente a los juzgados, pues.
Elena
Publicado en "El Faro"
Más de 185.500 viviendas proyectadas en la Región de Murcia no tienen, a día de hoy, garantía de suministro de agua, según la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). El número es incluso más grande, pues en el cálculo –realizado por este medio con datos de la CHS y consultas a los ayuntamientos de la Comunidad– no se han incluido las casas de algunas urbanizaciones de las que ha resultado imposible obtener información.
Si José Salvador Fuentes Zorita, presidente de la CHS, actuara de igual forma que su homólogo en el Júcar, que ha llevado a los tribunales valencianos varios proyectos urbanísticos que no disponían de recursos, el sector de la construcción se enfrentaría a una grave crisis. Sin embargo, no es probable que esto ocurra, dadas las diferencias administrativas entre Murcia y la Comunidad Valenciana. De este modo, si en la región vecina la Confederación es el ente que asigna los recursos hídricos a cada ayuntamiento, en Murcia la tarea está delegada en la Mancomunidad de Canales del Taibilla (con la salvedad de las localidades de Murcia, Abarán, Alcantarilla y Hellín, dependientes de la CHS).
La única función de la Confederación del Segura es informar sobre la disponibilidad de agua para las nuevas urbanizaciones y, aunque el trámite es obligatorio para que el Gobierno regional dé el permiso definitivo de inicio de obras, no es vinculante. Corresponde a los ayuntamientos, en colaboración con el Taibilla, suministrar finalmente agua para estas urbanizaciones.
Recientemente el portavoz de IU, José Antonio Pujante, ha solicitado a la CHS que siga la política de la Confederación del Júcar y lleve al Tribunal Superior de Justicia todos los proyectos que no dispongan de recursos. Precisamente el pasado viernes se supo que el TSJ valenciano había paralizado la nueva ciudad deportiva del Valencia Club de Fútbol, a petición de la CHJ, lo que supone la segunda obra interrumpida por falta de agua en la Comunidad Valenciana.
PGOU y urbanizaciones
Por lo que respecta a Murcia, los proyectos que han recibido el no de la CHS no sólo son urbanizaciones, sino también industrias, centros públicos como geriátricos e incluso sanitarios, como el nuevo hospital del Mar Menor. Éste se ubicará en una zona del municipio de San Javier donde la Confederación ya advirtió de que no había agua suficiente para otra urbanización prevista.
También se da el caso de planes generales de ordenación urbana (los documentos que ordenan el crecimiento futuro de todo el municipio) para los que no hay garantía de recursos. Así ocurre en once poblaciones de la Región: La Unión, Ulea, Moratalla, Pliego, Torre Pacheco, Totana, Molina de Segura, Cieza, Ceutí, Blanca y Abarán.
Un análisis pormenorizado de los municipios descubre que Totana es la localidad donde más viviendas no dispondrían de recursos (35.000), seguido de Cieza (34.000), La Unión (22.000) y Molina de Segura (20.000), si bien en todos estos supuestos la CHS ha informado sobre planes generales cuyo plazo de ejecución puede ser de hasta 30 años.
Si el estudio se centra en las urbanizaciones que no tienen garantizado el suministro de agua, Murcia, Águilas y Torre Pacheco se llevan la palma, con 19 la primera, 13 la segunda y 12 la última.
Desde luego ésto es mucho más realista que las entradas de este mismo blog correspondientes a las últimas semanas del 2006, que venían a decir poco más o menos que "todos a la cárcel".
Le guste o no le guste a Poveda: las sociedades occidentales están al servicio de la élite empresarial, que en españa equivale básicamente al pp. La sociedad española es además, por tradición, pro-barbarie y anti-progreso, es decir, pepera. Y por si fuera poco el pp proporciona a todos los asalariados de los de 600€ al mes lo que de verdad quieren y necesitan: mano dura contra vascos y catalanes.
En otras palabras: no es que en el pp crean que son dueños de tal o amos de cual: es que realmente *lo son*. España en su forma actual es un país que se debe al pp: su forma de pensar, su manera de entender la política, la concepción del papel del estado y la forma en que debe sumirse a los intereses de los empresarios: todo es pp. El pp gobierna en casi todos los municipios, y pronto lo hará en toda españa. Contra lo que se avecina no hay salvación posible. El estado, las instituciones, las empresas, los medios: les pertenecen, son legítimamente suyos, nadie puede --ni debe-- hacer nada por arrebatárselos.
Pues hacerlo sería ir en contra de la propia naturaleza de españa: un país de ignorantes palurdos peseteros, de mezquinos pequeños propietarios y de ridículos asalariados que se creen ricos en cuanto pasan de los 700€ mensuales.
Más vale que lo admita ya: ninguno de ellos va a ir a la cárcel; ninguno de ellos va a perder ni un ápice de su poder.
¿Santa Lucia?
¿San Valero el Rosconero?
¡NO!
¡SAN VALENTIN!
¿Sr. Poveda, era todo pura ilusión?
¿Soñamos los que vemos a Valcárcel declarando ante el Fiscal?
Acciona y Sacyr son favoritas en la disputa por el nuevo aeropuerto
LA OPINIÓN
Los proyectos de ambos consorcios logran una puntuación semejante, con apenas siete puntos de diferencia, a falta de valorar sus ofertas económicas
Los grupos liderados por las constructoras Acciona y Sacyr-Vallehermoso son los mejor situados para conseguir la concesión del aeropuerto. El primero ha obtenido 414,91 puntos, sobre un máximo de 550, mientras que el consorcio murciano tiene 407,96. Al concurso convocado por la consejería de Obras Públicas para adjudicar la construcción y la explotación del aeropuerto internacional de la Región de Murcia se presentaron otras dos ofertas, encabezadas por el grupo Dragados y por Iridium, que han quedo a una distancia considerable. Esta puntuación está referida exclusivamente a las valoraciones del proyecto técnico, pero ayer se abrieron las plicas de las ofertas económicas. Hasta finales de febrero o principios de marzo no se sabrá quién es el ganador de la puja.
El proyecto de aeropuerto regional ha salido a concurso en 185 millones de euros. La empresa que obtenga la concesión dispone de un plazo de seis meses para redactar el proyecto técnico, que después tendrá que volver al ministerio de Fomento para conseguir de nuevo el visto bueno de Aviación Civil. El adjudicatario debe encargarse además de expropiar los terrenos que ocupará la futura terminal, por lo que no se prevé que las obras puedan iniciarse antes de acabar el año. En cualquier caso, la Comunidad Autónoma da por hecho que podrá entrar en funcionamiento en 2010.
Según explicó el secretario general de la consejería de Obras Públicas, Diego Pardo, el proyecto de Acciona incluye la construcción de un centro logístico, además de la instalación de un hotel y de una estación de servicio. Este grupo ha alcanzado la máximo calificación, con 414,91 puntos sobre 550.
Acciona aporta también en su oferta el contrato suscrito por el grupo con la compañía Air Berlín, que actualmente vuela desde San Javier a una veintena de destinos europeos a través de Palma de Mallorca. Cuenta además con otras dos empresas dispuestas a operar desde Corvera, FlayGlobespan y Jet2. Este ha sido una de las ventajas valoradas por la mesa de contratación a la hora de asignar sus calificaciones.
Por su parte, el grupo liderado por Sacyr, que preside el murciano Luis del Rivero y del que forman parte Cajamurcia, la CAM, ElPozo, Monthisa y otros grupos empresariales de la Región, ha mantenido contactos con varias compañías, que han aportado su asesoramiento y experiencia en el aire a los autores del proyecto presentado por Aeromur. Según fuentes de Sacyr, este grupo cuenta con el apoyo de la empresa irlandesa Ryan Air, una de las que mueve más pasajeros en el aeropuerto de San Javier, y con Easyjet, aunque no aporta al concurso ningún contrato que vincule a los promotores con las compañías aéreas.
No obstante, la oferta de Aeropuertos de la Región de Murcia ha conseguido una puntuación muy cercana. Con 407,96 puntos se sitúa a tan sólo siete del grupo de cabeza. En su caso, se ha valorado la mayor capacidad del aeropuerto que propone el grupo, así como las acciones encaminadas a las captación de pasajeros.
Fomento de Construcciones y Contratas ha conseguido 330,64 puntos, mientras que Iridium (del grupo Dragados) se lleva 321,43.
Una vez valorados los aspectos técnicos de los cuatro proyectos que se presentaron el pasado 30 de octubre, la mesa de contratación de Obras Públicas remitirá las ofertas económicas presentadas por los cuatro grupos a la dirección general de Presupuestos de la consejería de Hacienda, que será encargada de decidir cuál de ellas es la más ventajosa. Los números de cada grupo han sido calculados de acuerdo con las previsiones de ocupación del nuevo aeropuerto.
La Comunidad Autónoma ofrecía en principio la posibilidad de que la empresa adjudicataria se acogiera a una ayuda para compensar el posible déficit económico que pueda general la concesión en los primeros años. Sin embargo, las cuatro empresas que optan al contrato han rechazado estas ayudas oficiales ofrecidas por la Administración regional, lo que supone que están dispuestas a cubrir las posibles pérdidas con sus propios recursos, según indicó Diego Pardo.
En las bases del concurso se establecía que el aeropuerto alcanzaría una ocupación de 1,5 millones de pasajeros en el momento de su apertura. Estás cifras se han estimado teniendo en cuenta la evolución del tráfico en el aeródromo de San Javier, que ha cerrado el año 2006 con 1.665.000 pasajeros, una cifra bastante inferior a las previsiones que tenía Aena para el pasado año, que se cifraron en dos millones de pasajeros. Se cuenta también con captar a los murcianos que vuelan por Alicante.
Por otra parte, todas las empresas se muestran dispuestas a ceder a la Comunidad la misma participación en los beneficios que puedan llegar a obtener en el futuro. En total, la valoración económica aporta 450 puntos de los 1000 que hay en juego en este concurso.
En principio, tras un primer análisis, la baza más importante estará en los plazos que establezca cada grupo para alcanzar la rentabilidad y en el incremento de la ocupación que tengan previsto conseguir. Una vez deducidos los aspectos de la ofertas económicas en los que están empatados los cuatro contrincantes, queda un margen de maniobra apenas 100 o 120 puntos, cuya distribución decidirá quién es el ganador del concurso.
El Ayuntamiento pagó por un solar tres veces más de lo que costaba ocho meses antes
La empresa beneficiada es Publiesmar, que compró 407 metros cuadrados en la calle Cuatro Santos por 300.000 euros y lo vendió por 870.000 a Urbanismo El convenio urbanístico firmado entre ambas partes incluye una permuta con dos solares cuyo precio ha sido rebajado, según el informe oficial de un perito
J. A. ELGARRESTA/CARTAGENA
El Ayuntamiento de Cartagena compró un solar en la calle Cuatro Santos por un precio tres veces superior a lo que costaba apenas ocho meses antes. La empresa beneficiada de esta operación es Publiesmar, una compañía dedicada a servicios publicitarios, a la que está vinculado el ex concejal del PP Gabriel Ruiz López y que adquirió el citado solar por 300.000 euros y lo vendió al Ayuntamiento por 870.000 euros.
El 6 de agosto del año 2004, la empresa Publiesmar compró a otra compañía, Procaman, un solar situado en la calle Cuatro Santos, en los números 15 y 17, de poco más de 407 metros cuadrados. Pagó 300.000 euros. En ese momento, la sociedad compradora, que aparece en el Registro Mercantil como una compañía dedicada a los servicios de publicidad, relaciones públicas y similares, tenía como uno de sus administradores a Faustino Marín Pedreño, conocido constructor al que se adjudicaron diversas obras públicas durante la primera legislatura del gobierno del PP en el Ayuntamiento.
Apenas ocho meses después ese solar sufrió una revalorización espectacular, posiblemente vinculada al interés que el Ayuntamiento mostró por él para construir un aparcamiento que dé servicio al antiguo colegio San Miguel, una vez se haya convertido en el edificio administrativo municipal.
Rápida revalorización
Un informe fechado el 14 de marzo de 2005 y firmado por el arquitecto jefe de Gestión Urbanística, Fernando Masdeu, señala: «El valor de la compraventa en 6 de agosto de 2004 figura en escritura por un montante de 300.000 euros. Su valor actual se estima en 870.000 euros». Es decir, casi tres veces más. La diferencia entre ambas valoraciones es de 570.000 euros -unos 95 millones de pesetas- en favor de la empresa.
El 2 de junio del mismo año, el arquitecto jefe de Gestión Urbanística firma otro informe en el que se hace una valoración de la operación y se señala que el valor de la finca ya construida es de 2.410.950 euros -que incluyen los 870.000 euros del suelo-. La forma de pagar este suelo que propone el Ayuntamiento es una permuta por dos solares, uno de ellos ubicado en El Bohío y otro en lugar que elegirá la empresa con posterioridad.
Un ex concejal del PP
Como dato curioso, según datos que obran en poder de este diario, cuatro días después de que el técnico municipal realizara esa valoración de la obra, se incorporó a la empresa como administrador Gabriel Ruiz López, ex concejal y actual gerente del consorcio turístico de la Sierra Minera. También es hermano del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Juan Carlos Ruiz.
En septiembre de 2005 se firmó el correspondiente convenio entre el concejal de Urbanismo, Agustín Guillén, y el entonces representante de Publiesmar, Antonio Marín Córdoba. El documento establece que esta compañía construirá el aparcamiento y que el Ayuntamiento le compensa con un solar en El Bohío, valorado en 1.205.625 euros y otro equivalente a 3.214 metros cuadrados edificables. En noviembre, la empresa pedirá que este segundo solar esté en el Plan Parcial El Mojón, en Isla Plana.
Sin embargo, también existen algunas diferencias en la valoración del precio que tiene el metro cuadrado en estas parcelas. Así, por ejemplo, la que hacen los técnicos municipales de los 3.215 metros cuadrados edificables de la parcela objeto de permuta en El Bohío es de 375 euros por metro cuadrado, con lo cual vendría a costar 1.205.625 euros. En cuanto a la de El Mojón, la valoración que se hace es de 450 euros por metro que, multiplicado por la superficie edificable, 2.678,50 metros cuadrados, da 1.205.325 euros. Dicho de otra forma, con la suma de las dos parcelas se cubre el precio convenido con Publiesmar.
Sin embargo, una tasación oficial, realizada por el ingeniero técnico industrial Raúl Salvador Rubio Ortiz, visada por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia y con fecha de certificación de 1 de febrero de 2007, señala que el metro cuadrado en el Plan Parcial El Mojón es de 900 euros, teniendo en cuenta no sólo la normativa vigente, sino la comparación con los precios de otras fincas de similares características en el municipio y que sólo se puede construir bajo más cuatro alturas.
Este precio oficial de mercado es el doble de la valoración municipal que sirve para cerrar la permuta del solar. Algo similar ocurre con la parcela de El Bohío, donde la valoración de mercado es de 750 euros por metro cuadrado, también el doble de lo fijado por Urbanismo.
Tampoco se escapa de esta valoración el propio solar en cuestión de la calle Cuatro Santos. Al tener 407 metros cuadrados y costar, según los técnicos municipales, 870.000 euros, el metro cuadrado sale por algo más de 2.000 euros, mientras que en la valoración del perito es de 1.000 euros.
De La Verdad
Izquierda Unida pide la dimisión del alcalde de Cieza por prevaricación y tráfico de influencias
El representante de Izquierda Unida aseguró que esta dimisión ya fue solicitada hace un año, cuando denunciaron la concesión de la licencia de ampliación de la explotación porcina propiedad de la hermana de la concejal de Urbanismo de Cieza y de su esposo, José Pastor
EFE / Murcia
El candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma por la coalición IU-Los Verdes, José Antonio Pujante, pidió hoy la dimisión del alcalde de Cieza, Antonio Tamayo, tras conocer la presentación por parte de la fiscalía de una querella por prevaricación y tráfico de influencias, relativa al caso de la granja "Claufer".
El fiscal del TSJ de Murcia ha presentado una querella contra el alcalde de Cieza, el jefe de servicio de sanidad animal de la Consejería de Agricultura, José Pastor, el secretario del Ayuntamiento, Bartolomé Buendía, y otro funcionario municipal.
Pujante recordó hoy que el presidente del PP y de la Región, Ramón Luís Valcárcel, se comprometió en público en fechas recientes a no mantener candidatos imputados por la fiscalía.
Valcárcel "tiene que asumir ahora su responsabilidad y cumplir con su palabra, cesando de sus responsabilidades a los cargos políticos y personal de confianza imputados", dijo el responsable de IU.
El candidato a la presidencia de la Comunidad autónoma por la coalición IU-Los Verdes, se refirió que esta dimisión ya fue solicitada hace un año, cuando este partido denunció la concesión de la licencia de ampliación de la explotación porcina propiedad de la hermana de la concejal de Urbanismo de Cieza y de su esposo, José Pastor.
"En estos momentos no caben excusas, ni mirar para otro lado por parte de Ramón Luis Valcárcel, ya que si no cumple con su palabra y cesa de manera fulminante a los responsables de su cargo, será cómplice de un presunto caso de corrupción".
En el comunicado de IU-Los Verdes, se recuerda que Antonio Tamayo recibió el respaldo del presidente de la Comunidad autónoma para repetir como candidato a la alcaldía el pasado martes.
Pujante agrega que "aunque el alcalde de Cieza intentó descargar todas las responsabilidades en un uno de los empleados municipales imputado, que en el momento de los hechos estaba con un contrato en precario, no ha podido evitar que la fiscalía se querelle contra él".
El candidato de IU precisó que fue Tamayo quien propuso a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento y votó la concesión de una licencia de ampliación de actividad de una empresa que carecía de licencia previa y sin que el órgano que el mismo presidía tuviera competencias para ello.
Pujante considera que esta querella de la fiscalía, la primera que presenta contra un alcalde y un alto cargo de la Comunidad autónoma, demuestra que la justicia "aunque lenta por los escasos medios de que dispone, es implacable", y deja claro que Izquierda Unida "cuando realiza una acusación es porque tiene en sus manos la documentación necesaria para mantener lo que dice".
Para el candidato a la presidencia de la Comunidad autónoma por la coalición IU-Los Verdes este caso "no es más que la punta del iceberg que va a destapar lo que está ocurriendo en algunos ayuntamientos de la Región, especialmente en el de Cieza, del que recordó que, además de este caso, la fiscalía tiene abiertas diligencias por otros cuatro más, que está convencido irán aflorando "en las próximas semanas".
----------------------------------
Fiscalía actúa contra el alcalde de Cieza por presunto tráfico de influencias y prevaricación
Ha presentado una denuncia contra el primer edil, dos empleados municipales y un alto funcionario de Agricultura Otorgar0n autorización para ampliar una granja de cerdos que era ilegal
R. FERNÁNDEZ/J. MOLLEJO/MURCIA
El alcalde de Cieza, Antonio Tamayo (PP), tendrá que volver a visitar los juzgados. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) ha encontrado indicios de tráfico de influencias y de prevaricación en la actuación del primer edil ciezano, así como de otros dos funcionarios del mismo ayuntamiento, al autorizar la ampliación de una granja de cerdos que no cumplía la normativa vigente. La consecuencia de ello ha sido la presentación de una denuncia en los juzgados de Cieza, en la que también aparece como imputado el dueño de la explotación porcina, el jefe de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura y propietario de la Granja, José Pastor.
La investigación de la Fiscalía, que en todo momento ha estado supervisada por su titular, Manuel López Bernal, se inició en febrero del año pasado, a raíz de unas informaciones publicadas por La Verdad. En concreto, este periódico denunció que el Consistorio ciezano había autorizado la ampliación de una explotación ganadera de José Pastor, que contaba con 1.600 cerdos y carecía de licencia de apertura. A pesar de esta última circunstancia, el alcalde de Cieza dio luz verde a su ampliación hasta las 4.000 cabezas, y ello, aparentemente, sin que tampoco existiera la previa y preceptiva evaluación de impacto ambiental.
Se daba además la circunstancia de que el jefe del Servicio de Sanidad Animal de la Consejería es cuñado de la concejal de Urbanismo de Cieza, que a su vez es nuera del alcalde, y hermano de otra concejal del grupo socialista.
Un año de averiguaciones
Después de un año de investigación, la Fiscalía adoptó este jueves la decisión de remitir una denuncia contra el alcalde Tamayo y contra dos funcionarios municipales, que en apariencia fueron los que habrían tramitado el expediente administrativo que permitió la supuesta ampliación irregular de la granja. En la misma situación se encuentra el jefe de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura y propietario de la Granja, José Pastor.
Las mismas fuentes señalaron que los cargos que se les imputan son los de tráfico de influencias y prevaricación. Asimismo indicaron que, aunque la Fiscalía ha adoptado la decisión de redactar una denuncia, «ésta tiene en realidad la apariencia y consistencia de una querella, ya que menciona expresamente las personas que aparecen como sospechosas de los delitos, los hechos que se les imputan, los posibles delitos cometidos y hasta las pruebas que se solicita que sean practicadas».
De La Verdad
El alcalde de San Javier, José Hernández, del PP, informó ayer del archivo judicial de la denuncia presentada por un presunto delito de prevaricación en relación al asunto Veneziola de La Manga, y afirmó que “en estos momentos no hay ninguna causa pendiente en ningún tribunal contra mí”.
En una rueda de prensa celebrada en la sede regional del PP en Murcia, Hernández anunció la presentación de sendas querellas contra la portavoz del Grupo Independiente de San Javier, Arantxa Espeso, y contra el portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, a los que exigió disculpas por las acciones judiciales presentadas contra él.
José Hernández, que estuvo acompañado por el secretario ejecutivo de Política Local, Juan Carlos Ruiz, así como por ocho concejales de su equipo de Gobierno, señaló que siempre se ha sentido “respetado” por el PP tanto regional como municipal.
El alcalde de San Javier dijo que “quien manipula con estas cosas no se puede ir de rositas, por eso esperábamos estar ‘limpios del todo’ para proceder a denunciar” a Arantxa Espeso, portavoz del Grupo Municipal Independiente, al que calificó de “muy correoso y manipulador”, y a José Ramón Jara, a los que reclamó que le pidan disculpas.
Daño a su entorno familiar
En este sentido se preguntó quién le recompensará “el daño hecho a su imagen; he salido durante un año en las fotos como un asesino en serie” y esto ha hecho “un daño muy grave a mi entorno familiar, una incomodidad al pueblo, que vota mayoritariamente al PP” y que lo continuará haciendo “se presente quien se presente”. Preguntado si se presentará a la reelección, Hernández, aseguró no haber tomado todavía una decisión y que, en su caso, lo estudiará con el partido en San Javier y con el de la Región.
Por su parte, el portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, aclaró con relación al asunto de Veneziola que “el PSOE no ha interpuesto ninguna demanda sobre este tema, puesto que la iniciativa fue de los propios vecinos de la zona y yo no he realizado ninguna declaración”.
Sin embargo, Jara ha apuntado que el PSOE se ratifica en todas las denuncias que ha realizado sobre actuaciones del alcalde y de algunos de sus concejales “por realizar negocios privados en temas de interés público sobre los que ellos mismos tenía poder de decisión”. EFE
La edil del Grupo Independiente de San Javier Arantxa Espeso presentó ayer una denuncia por «injurias y amenazas» contra el alcalde, José Hernández. Espeso explicó en un comunicado que los hechos que han motivado la denuncia se remontan al Pleno del pasado día 26 de enero, cuando la edil realizó una valoración política de la gestión urbanística de Hernández.
Tras la misma, el alcalde tomó la palabra «y sin referirse al contenido de la intervención del Grupo Independiente, se dirigió a mi en un tono brusco e intimidatorio, a voz en grito realizó una intervención repleta de descalificaciones personales humillantes y vejatorias, injuriando y amenazando por haber puesto denuncias ante la fiscalía».
El alcalde, por su parte, señaló que Espeso «se inventa las amenazas, porque lo que quise decir es que iniciaría acciones penales contra ella por todas las graves acusaciones que había lanzado contra mí». Hernández denunció a Espeso y al portavoz del PSOE José Ramón Jara por injurias.
Publicar un comentario