Trovos en prosa/De Tiñoso a Cope siempre hay "bote"

Francisco Poveda

El alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, del PP, parece que no agotará su actual mandato si el fiscal del Tribunal de Cuentas lo termina acusando de presunta malversación de fondos públicos. Es un caso muy distinto al de su correligionario y alcalde de Águilas, Juan Ramírez, a quien la Fiscalía le investiga todavía por una supuesta prevaricación en el tristemente famoso caso de “La Zerrichera”.

Lo que une en este trance a ambos políticos del partido de Ramón Luis Valcárcel es, según parece, un trasfondo de enorme sospecha de corrupción urbanística a la que, tal vez, se han visto abocados por la necesidad de tener que pactar el gobierno con partidos locales oportunistas, como el PIxM, del francotirador Domingo Valera, o el MIRA del nuevo terrateniente Alfonso García Zapata.

Blaya ha ido un poco más cerca que Ramírez en la traición a la sociedad de su pueblo. Mientras el aguileño ha pagado un alto precio con las recalificaciones urbanísticas de muchas de las fincas de su ocasional aliado, el mazarronero ha sabido contentar al suyo (más que íntimo del mismo Presidente murciano) con unas cuantas migajas a costa del erario público, que representan un máximo de 33.000 euros en anticipos ilegales. Minucia.

Pero en Mazarrón (donde ya hay construidas 28.000 casas) las recalificación salvaje de 41 millones de m2 de suelo rústico, fundamentalmente en beneficio de “Polaris”, “Euromarina” e “Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón”, para construir 4.300 nuevas viviendas, ha puesto a Blaya en la dinámica de un espiral especulativo donde Ramírez parece encontrarse más cómodo todavía.

No obstante, la Fiscalía ve también indicios de prevaricación en la tramitación del avance del PGOU y no entiende por qué la tercera de las empresas favorecidas en Mazarrón se compromete unilateralmente, a cambio, a pagar la deuda de 6,5 millones de euros que todavía mantiene el municipio con “Urbaser”, la mercantil concesionaria de la recogida de basuras. Todo eso parece muy raro.

Aunque de Mazarrón salió Carlos Sánchez, el promotor de Playa Grande, hacia Marbella tras ser, junto a Tomás Olivo, uno de los dos grandes maestros de Juan Antonio Roca en las chapuzas jurídico-urbanísticas, ha sido en Águilas donde más se investiga sobre posibles inducciones a la prevaricación, alteraciones de precios en concursos y subastas públicas, delitos contra la flora y la fauna, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. Hay “pinchazos” telefónicos por doquier y está sometido a revisión todo el mandato de Ramírez quien, desde la presunción de inocencia, parece bastante más que preocupado a tenor de las reuniones que mantiene en Madrid con amigos que son abogados del Estado, especialistas de la jurisdicción contencioso-administrativa.

¿Algún alto funcionario municipal se ha ido de “motu propio” a la Fiscalía para hablar personalmente con López Bernal? ¿Qué dicen el secretario y el interventor del ayuntamiento aguileño, si es que dicen algo, sobre convenios urbanísticos, permutas, concesiones, enajenaciones de patrimonio municipal, destino de multas, grúa, ORA…? ¿Se investiga a fondo el procedimiento y los argumentos para conceder la recogida de basuras a “Nexso”-“La Generala”? Como dice un destacado comerciante: “La gente del pueblo sabe bien qué políticos locales han aumentado mucho su patrimonio desde que alcanzaron el poder”. Es el caso de José López y Juan Pérez, del PP, y Alfonso García, del MIRA. Del resto, sólo conjeturas.

El gran pecado político de Ramírez parece haber sido su excesiva implicación en la recalificación urbanística de “La Zerrichera”, una finca de 240 hectáreas, pero 80 protegidas por la Unión Europea, junto a su grupo, parte de concejales del PSOE, y el MIRA, para que su correligionario-concejal José López ganase 1,2 millón de euros, y el especulador ex presidente del Águilas F.C., Trinitario Casanova, nada menos que en 75 tras comprarla en 30 lista para edificar y venderla en 105 a una filial de la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián, con elementos abertzales próximos a ETA en su consejo de administración, y a la que se le prometieron 4.100 viviendas y un campo de golf. Esa venta estaba viciada en origen al menos que hubiese plena seguridad de cumplir.

La Fiscalía del TSJ y la Fiscalía Anticorrupción ven demasiados elementos y coincidencias sospechosas en este caso. Ramírez es amigo de López y cuñado de Pérez, y admira tanto a Julián Muñoz e Isabel Pantoja, que los trajo a Águilas e hizo a la tonadillera pregonera del Carnaval. El PSOE local se rompe en la votación de “La Zerrichera”. Los rumores hablan de sobornos a razón de un millón de euros por barba. Al parecer, Ramón Román informó a Princesa al rechazar el regalo envenenado ¿de Trinitario?

Juan Antonio Roca no parece estar lejos de esta operación (¿es Casanova uno de sus testaferros para colocar aquí plusvalías de Marbella?). Y para mayor asombro, el consejero regional competente para validar recalificaciones, Joaquín Bascuñana, es públicamente bastante amigo de Casanova. En 2004 refrendó y aprobó el expediente de la urbanización de esta zona ambientalmente protegida (con el apoyo de Francisco Marqués, exconsejero de Medio Ambiente). Ambos son ahora investigados a fondo.

También se ha seguido el rastro de la “Mazarrón conection” en Marbella. La “escuela primaria” del “cerebro” Roca estuvo en este municipio en los años 80. Ahora son los tiempos de “Hansa Urbana” y “Polaris World”, y de los grandes promotores llegados del sur de Alicante aunque Covaticas se haya librado al final de una Actuación de Interés Regional como la que se pretende en Cabo Cope pese al dictamen en contra del Consejo Jurídico Consultivo de la Región de Murcia. La mano del director general de “Cajamurcia” y los intereses inmobiliarios de “Iberdrola” son alargados.

Pero suceden otras cosas inaceptables como la alteración de límites con Cartagena en Isla Plana, o el alegre uso de dinero público a favor de Valera, sabiendo, como se sabe, su relación directa con el “clan de los Valcárcel”, en el que también se integra Sánchez Carrillo. El PIxM es un partido con un exclusivo fin urbanístico, escindido del propio PP de Ramón Luis, que seguramente facilita una percibida sensación de estar ante un abuso de poder para beneficio personal, aprovechando una posición de privilegio o monopolio, sin controles ante los que responder. Para la Policía es sospechoso, como el MIRA aguileño, de ser un claro partido pantalla para controlar el urbanismo, codiciada pieza en toda negociación para coaligarse. Ambos volverán a la carga en 2007. Han perdido el miedo.

Mazarrón, con un alcalde proclive a los convenios urbanísticos para alterar el PGOU con frecuencia, es hoy un emblema nacional entre los ayuntamientos costeros españoles. Aparte de las sospechas de corrupción urbanística, lo más significativo es la existencia de una estructurada mafia local, antes con intereses en la agricultura y ahora en la construcción. No están todos en los que pensamos ni pensamos en todos los que están. Controlan a distancia y tienen cautivo al ayuntamiento, como riegan con aguas del trasvase Tajo-Segura, a las que no tienen derecho aunque estén por debajo de la cota 120.

Antes tomateras y ahora césped. Necesitan, y lo consiguen como en Águilas, recalificar sus fincas rústicas. Están en perfecta sintonía con los poderes ocultos de la capital regional y doblan a Valcárcel cada vez que se lo proponen. Quieren más agua para especular. ¿Quién financia al PIxM? Los que acaparan y retienen suelo. Parece un partido dependiente de los intereses inmobiliarios locales, que saben bien de las necesidades y onerosas adicciones públicas de su líder.

En Mazarrón se confunde lo público con lo privado. Ahora se enfrenta la agricultura al cemento. La mano de obra barata pasa del bancal a la obra. El agua de la desaladora terminará en miles de cisternas para poder tirar de la cadena. Aunque todavía no existen casos demostrados de financiación de partidos políticos a través del cobro de comisiones, ¿por qué despachos de presunto tráfico de influencias de la capital regional pasa el actual urbanismo mazarronero? ¿Quiénes son los grandes financiadores del PP local y regional? ¿Tienen que ver también con la financiación del PIxM? ¿Está actuando de intermediario de “Polaris” en la zona el todavía consejero Cierva? ¿Qué papel está jugando Bascuñana en Mazarrón? ¿Quién puso a Blaya, siempre sordo, de alcalde desde la sombra? ¿Dónde veranea de siempre Sánchez Carrillo? En ese arriesgado contexto, Domingo Valera se vuelve a presentar a las elecciones de 2007 y al cartagenero arquitecto municipal, señor Senín, la vida profesional parece sonreírle, sorprendentemente más que nunca. La normalidad es su tónica.
No son pocos los que hablan de un supuesto amparo de corruptos en Mazarrón. Se basan en cifras objetivas estadísticas: se ha construido, en el mismo período de tiempo, un 30% más de casas que en su vecina Águilas. Y es cierto que parece un término municipal más permeable a la presión mafiosa. Aquí se espera pronto la detención policial de ilustres ciudadanos mientras los pequeños promotores locales de siempre son los grandes perjudicados por la espiral delictivo-especulativa importada de fuera y los partidos de oposición tienen ahora la palabra ante los tribunales para defender la dignidad democrática de todos los mazarroneros.

Caza legal al urbanismo salvaje

Visto lo anterior parece significativa la intención del fiscal especial de Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, doctor Vercher, en el sentido de cortar por lo sano con tal estado de cosas castigando penalmente la prevaricación urbanística. “Las comunidades autónomas se han olvidado del Código Penal”, ha dicho para advertirles de la importante reacción social que ha generado este fenómeno. A su juicio, va desapareciendo la sensación de impunidad conforme aumenta el número de detenidos en prisión y sentencia la eclosión de los convenios urbanísticos “aunque la Construcción haya llegado a ser mucho más rentable que jugar en Bolsa”.

Este es de los fiscales partidarios de hacer demoliciones de obras ilegales a través de sentencias rápidas. Se muestra por una interpretación restrictiva de las normas penales en estos casos y de olvidarse de amnistías. Aconseja consultar en el Registro de la Propiedad vicios ocultos de los bienes inmuebles a adquirir y se le nota convencido de la existencia de suficiente base legal como para impedir la construcción de campos de golf donde no se asegure el suministro de agua, caso de Águilas y Mazarrón. “Donde hay mucha construcción hay más delincuencia”, concluye Vercher.

Las investigaciones policiales en marcha van a cambiar por eso el concepto del urbanismo en los municipios de nuestro litoral regional. El Centro de Inteligencia contra el Crimen, creado en septiembre por el Ministerio del Interior, ya está proporcionando a la Fiscalía una información estratégica sobre lo ocurrido entre nosotros durante el último decenio. La Agencia Tributaria se apresta a investigar el patrimonio de todos los sospechosos de haberse enriquecido ilícitamente. Nuestra gobierno autónomo ha recalificado suelo edificable para poder llegar al año 2025.

Tanto Rajoy (partidario de que el Estado recupere buena parte de las competencias urbanísticas y que se aplique sin contemplaciones la ley a todos los corruptos) como Zapatero, desean tolerancia cero con la corrupción urbanística. Hasta la Federación Española de Municipios desea que la Justicia actúe con prontitud, adopte medidas preventivas en casos, y que se expulse a los implicados de los organismos públicos. Porque estamos ante la peor consecuencia del urbanismo salvaje y el fraude, posibilitado por la permisividad de los gobiernos de Aznar.

El catedrático y experto en esta cuestión, de “Transparencia Internacional” en España, Manuel Villorria, es de los que opina que prolifera la urbanística porque los convenios “son un nido de corrupción por una nefasta jurisprudencia del Tribunal Supremo. Ya hay redes estables de esa corrupción, y ésta es sistémica”. Opina, además, que nuestra democracia corre peligro porque “nuestro actual sistema judicial no sirve contra la corrupción. Aplicar la ley actual no basta. Se necesitan medidas radicales ante hechos consumados”.

Incluso es partidario Villorria de que Hacienda entre a saco porque si comprobase los actuales bienes de alcaldes y concejales cree que unos 5.000 pequeños políticos saldrían a investigar. “Todo el sistema (ayuntamientos, comunidades autónomas, bancos y cajas, notarías, registros…) contribuye a este atraco brutal, que se llevará un tercio de nuestra riqueza, hasta el año 2020, hacia entidades de crédito, especuladores, terratenientes, promotores y corruptos, con pérdida ambiental y de calidad de vida”.

Proyectado todo lo anterior sobre la Región de Murcia, parece que urge tras las próximas elecciones, que los partidos que gobiernen se planteen una nueva Ley Regional del Suelo (¿qué pasa en el Tribunal Constitucional que todavía no se ha pronunciado sobre el recurso del PSRM contra la actual?), un Plan de Estrategia Territorial, un código ético urbanístico, un servicio de inspección y disciplina, y una estrecha colaboración con la Justicia. El constatado urbanismo especulativo e intenso de la “era Valcárcel” supone una grave amenaza para un desarrollo regional sostenible, sólido, justo y sano. Y ha supuesto el desprestigio de su partido por primar las actuaciones de unos cuantos contra la racionalidad, decencia y ética política en la gestión urbanística.

Parte del territorio murciano está sometido al estrés traumático desde 1996. No se perciben remedios. Se actúa contra todo dictamen técnico preceptivo, aún a costa de agravar el déficit hídrico y de infraestructuras, lo que resulta una estafa. No hay propósito de enmienda del estamento especulador, que casi siempre actúa con consentimiento, y en casos el aval, de San Esteban.

Nadie desde el gobierno regional habla de moratoria urbanística, en pleno cambio de retórica florida y verde, ni siquiera en esta pausa reflexivo-electoral en ceremonia de confusión para los más simples de entre los murcianos hasta el 27 de mayo próximo, por el legado negativo en planeamiento que nos deja el cuarteto Valcárcel-Bascuñana-Ramírez-Blaya con su clara política urbanística predadora.

Mero maquillaje para ganar tiempo; luego todo volverá a ser como antes si renueva en las urnas esta dictadura del cemento: un sistema muy extendido de supuesta corrupción desde San Javier a Águilas. En esta región hay políticos que se ofrecen para favores pagados y especuladores que les pagan lo que les piden. Constructores que sobornan a quienes más les permiten. Y funcionarios que avalan con su firma este enorme fraude.

El Estado está al rescate con una nueva legislación-marco nacional para evitar nuevos desmanes al haberse derrumbado el actual derecho urbanístico español. Intenta poner coto legal al frenesí del cemento. Se van a utilizar el Código Penal y la cárcel de forma serena y proporcional, tras activar mecanismos legales contra la corrupción. La idea es pena de prisión para la prevaricación, más años por cohecho, y confiscar los bienes adquiridos ilegalmente.

Esa expectativa de cárcel está frenando en seco algunas actuaciones escandalosas (tipo “La Zerrichera” y “Lo Poyo”) por el miedo de algunos destacados políticos, familiares y amigos a ir a la trena. Desde Madrid se tiene claro que ha sido la especulación financiera la que ha cebado la bomba inmobiliaria en la Región de Murcia, donde Águilas y Mazarrón son objetivo preferente de una determinada entidad de ahorro, y que se trata de un fenómeno realimentado por nuestra corrupción política.

Especialmente entre nosotros, todo es un espejismo virtual, una “burbuja” a punto de estallar, un ficticio efecto riqueza, una orgía que destruye nuestro suelo y nuestra cultura, una hipertrofia constructora, monstruosa y destructiva. La causa es un complejo circuito de tramas para blanquear dinero y por eso Anticorrupción investiga a fondo a conocidas empresas murcianas sospechosas de no tener más sentido que ese aunque tengan apariencia de otra cosa.

Extraña su operativa y las pesquisan llevan a despachos, domicilios y sedes empresariales desde las que se defrauda a la hacienda pública. Muchas de esas sociedades interpuestas, aunque sea muy difícil probarlo, son propiedad última de relevantes capos murcianos muy conocidos socialmente. Fiscalía y Policía saben bien de este “cuello blanco” de enriquecimiento insultante y patrimonios abrumadores a costa del empobrecimiento general, incluido el de nuestras clases medias.

El fenómeno que se ha cebado con los murcianos de a pié necesita de la complicidad bancaria, notarías, registros y bufetes. La Construcción es hoy un negocio sin merma por blanqueo, rápido y de beneficios descomunales. El propio Valcárcel ha estado mucho tiempo a los pies de especuladores y promotores salidos de la nada.

Ahora se investiga policialmente, desde el Presidente al último concejal, pasando por consejeros, alcaldes, asesores fiscales, intermediarios financieros, fedatarios públicos y otros cargos públicos. El tema no resulta fácil de investigar por la ingeniería fiscal utilizada para esconder con la ayuda de expertos bien pagados para borrar rastros. Pero es un secreto a voces que determinados despachos profesionales encauzan inversiones criminales de dinero negro hacia la Construcción en el litoral murciano.

Ediles y promotores juegan con cartas marcadas esta partida y olvidan la función social de la propiedad. Tanto en Águilas como en Mazarrón algunos han conseguido plusvalías de hasta el 10.000%. Todavía permanecen aquí intactos los factores que generan la tentación de un dinero fácil a partir de recalificaciones urbanísticas para todos, que sólo ha logrado frenar una campaña electoral en ciernes, y nadie está por erradicar los convenios aunque sean un nido de corrupción de un urbanismo a la carta, pura basura y de promotor.

El 35% de los murcianos considera mala la política urbanística del PP en la Región de Murcia a siete meses de la cita electoral sin saber que el 5% del total español de viviendas ilegales, unas 5.000, están en nuestra región.

(En la ilustración, la playa mazarronera de Bolnuevo)

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