Trovos en prosa/De Tiñoso a Cope siempre hay "bote"

Francisco Poveda

El alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, del PP, parece que no agotará su actual mandato si el fiscal del Tribunal de Cuentas lo termina acusando de presunta malversación de fondos públicos. Es un caso muy distinto al de su correligionario y alcalde de Águilas, Juan Ramírez, a quien la Fiscalía le investiga todavía por una supuesta prevaricación en el tristemente famoso caso de “La Zerrichera”.

Lo que une en este trance a ambos políticos del partido de Ramón Luis Valcárcel es, según parece, un trasfondo de enorme sospecha de corrupción urbanística a la que, tal vez, se han visto abocados por la necesidad de tener que pactar el gobierno con partidos locales oportunistas, como el PIxM, del francotirador Domingo Valera, o el MIRA del nuevo terrateniente Alfonso García Zapata.

Blaya ha ido un poco más cerca que Ramírez en la traición a la sociedad de su pueblo. Mientras el aguileño ha pagado un alto precio con las recalificaciones urbanísticas de muchas de las fincas de su ocasional aliado, el mazarronero ha sabido contentar al suyo (más que íntimo del mismo Presidente murciano) con unas cuantas migajas a costa del erario público, que representan un máximo de 33.000 euros en anticipos ilegales. Minucia.

Pero en Mazarrón (donde ya hay construidas 28.000 casas) las recalificación salvaje de 41 millones de m2 de suelo rústico, fundamentalmente en beneficio de “Polaris”, “Euromarina” e “Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón”, para construir 4.300 nuevas viviendas, ha puesto a Blaya en la dinámica de un espiral especulativo donde Ramírez parece encontrarse más cómodo todavía.

No obstante, la Fiscalía ve también indicios de prevaricación en la tramitación del avance del PGOU y no entiende por qué la tercera de las empresas favorecidas en Mazarrón se compromete unilateralmente, a cambio, a pagar la deuda de 6,5 millones de euros que todavía mantiene el municipio con “Urbaser”, la mercantil concesionaria de la recogida de basuras. Todo eso parece muy raro.

Aunque de Mazarrón salió Carlos Sánchez, el promotor de Playa Grande, hacia Marbella tras ser, junto a Tomás Olivo, uno de los dos grandes maestros de Juan Antonio Roca en las chapuzas jurídico-urbanísticas, ha sido en Águilas donde más se investiga sobre posibles inducciones a la prevaricación, alteraciones de precios en concursos y subastas públicas, delitos contra la flora y la fauna, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. Hay “pinchazos” telefónicos por doquier y está sometido a revisión todo el mandato de Ramírez quien, desde la presunción de inocencia, parece bastante más que preocupado a tenor de las reuniones que mantiene en Madrid con amigos que son abogados del Estado, especialistas de la jurisdicción contencioso-administrativa.

¿Algún alto funcionario municipal se ha ido de “motu propio” a la Fiscalía para hablar personalmente con López Bernal? ¿Qué dicen el secretario y el interventor del ayuntamiento aguileño, si es que dicen algo, sobre convenios urbanísticos, permutas, concesiones, enajenaciones de patrimonio municipal, destino de multas, grúa, ORA…? ¿Se investiga a fondo el procedimiento y los argumentos para conceder la recogida de basuras a “Nexso”-“La Generala”? Como dice un destacado comerciante: “La gente del pueblo sabe bien qué políticos locales han aumentado mucho su patrimonio desde que alcanzaron el poder”. Es el caso de José López y Juan Pérez, del PP, y Alfonso García, del MIRA. Del resto, sólo conjeturas.

El gran pecado político de Ramírez parece haber sido su excesiva implicación en la recalificación urbanística de “La Zerrichera”, una finca de 240 hectáreas, pero 80 protegidas por la Unión Europea, junto a su grupo, parte de concejales del PSOE, y el MIRA, para que su correligionario-concejal José López ganase 1,2 millón de euros, y el especulador ex presidente del Águilas F.C., Trinitario Casanova, nada menos que en 75 tras comprarla en 30 lista para edificar y venderla en 105 a una filial de la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián, con elementos abertzales próximos a ETA en su consejo de administración, y a la que se le prometieron 4.100 viviendas y un campo de golf. Esa venta estaba viciada en origen al menos que hubiese plena seguridad de cumplir.

La Fiscalía del TSJ y la Fiscalía Anticorrupción ven demasiados elementos y coincidencias sospechosas en este caso. Ramírez es amigo de López y cuñado de Pérez, y admira tanto a Julián Muñoz e Isabel Pantoja, que los trajo a Águilas e hizo a la tonadillera pregonera del Carnaval. El PSOE local se rompe en la votación de “La Zerrichera”. Los rumores hablan de sobornos a razón de un millón de euros por barba. Al parecer, Ramón Román informó a Princesa al rechazar el regalo envenenado ¿de Trinitario?

Juan Antonio Roca no parece estar lejos de esta operación (¿es Casanova uno de sus testaferros para colocar aquí plusvalías de Marbella?). Y para mayor asombro, el consejero regional competente para validar recalificaciones, Joaquín Bascuñana, es públicamente bastante amigo de Casanova. En 2004 refrendó y aprobó el expediente de la urbanización de esta zona ambientalmente protegida (con el apoyo de Francisco Marqués, exconsejero de Medio Ambiente). Ambos son ahora investigados a fondo.

También se ha seguido el rastro de la “Mazarrón conection” en Marbella. La “escuela primaria” del “cerebro” Roca estuvo en este municipio en los años 80. Ahora son los tiempos de “Hansa Urbana” y “Polaris World”, y de los grandes promotores llegados del sur de Alicante aunque Covaticas se haya librado al final de una Actuación de Interés Regional como la que se pretende en Cabo Cope pese al dictamen en contra del Consejo Jurídico Consultivo de la Región de Murcia. La mano del director general de “Cajamurcia” y los intereses inmobiliarios de “Iberdrola” son alargados.

Pero suceden otras cosas inaceptables como la alteración de límites con Cartagena en Isla Plana, o el alegre uso de dinero público a favor de Valera, sabiendo, como se sabe, su relación directa con el “clan de los Valcárcel”, en el que también se integra Sánchez Carrillo. El PIxM es un partido con un exclusivo fin urbanístico, escindido del propio PP de Ramón Luis, que seguramente facilita una percibida sensación de estar ante un abuso de poder para beneficio personal, aprovechando una posición de privilegio o monopolio, sin controles ante los que responder. Para la Policía es sospechoso, como el MIRA aguileño, de ser un claro partido pantalla para controlar el urbanismo, codiciada pieza en toda negociación para coaligarse. Ambos volverán a la carga en 2007. Han perdido el miedo.

Mazarrón, con un alcalde proclive a los convenios urbanísticos para alterar el PGOU con frecuencia, es hoy un emblema nacional entre los ayuntamientos costeros españoles. Aparte de las sospechas de corrupción urbanística, lo más significativo es la existencia de una estructurada mafia local, antes con intereses en la agricultura y ahora en la construcción. No están todos en los que pensamos ni pensamos en todos los que están. Controlan a distancia y tienen cautivo al ayuntamiento, como riegan con aguas del trasvase Tajo-Segura, a las que no tienen derecho aunque estén por debajo de la cota 120.

Antes tomateras y ahora césped. Necesitan, y lo consiguen como en Águilas, recalificar sus fincas rústicas. Están en perfecta sintonía con los poderes ocultos de la capital regional y doblan a Valcárcel cada vez que se lo proponen. Quieren más agua para especular. ¿Quién financia al PIxM? Los que acaparan y retienen suelo. Parece un partido dependiente de los intereses inmobiliarios locales, que saben bien de las necesidades y onerosas adicciones públicas de su líder.

En Mazarrón se confunde lo público con lo privado. Ahora se enfrenta la agricultura al cemento. La mano de obra barata pasa del bancal a la obra. El agua de la desaladora terminará en miles de cisternas para poder tirar de la cadena. Aunque todavía no existen casos demostrados de financiación de partidos políticos a través del cobro de comisiones, ¿por qué despachos de presunto tráfico de influencias de la capital regional pasa el actual urbanismo mazarronero? ¿Quiénes son los grandes financiadores del PP local y regional? ¿Tienen que ver también con la financiación del PIxM? ¿Está actuando de intermediario de “Polaris” en la zona el todavía consejero Cierva? ¿Qué papel está jugando Bascuñana en Mazarrón? ¿Quién puso a Blaya, siempre sordo, de alcalde desde la sombra? ¿Dónde veranea de siempre Sánchez Carrillo? En ese arriesgado contexto, Domingo Valera se vuelve a presentar a las elecciones de 2007 y al cartagenero arquitecto municipal, señor Senín, la vida profesional parece sonreírle, sorprendentemente más que nunca. La normalidad es su tónica.
No son pocos los que hablan de un supuesto amparo de corruptos en Mazarrón. Se basan en cifras objetivas estadísticas: se ha construido, en el mismo período de tiempo, un 30% más de casas que en su vecina Águilas. Y es cierto que parece un término municipal más permeable a la presión mafiosa. Aquí se espera pronto la detención policial de ilustres ciudadanos mientras los pequeños promotores locales de siempre son los grandes perjudicados por la espiral delictivo-especulativa importada de fuera y los partidos de oposición tienen ahora la palabra ante los tribunales para defender la dignidad democrática de todos los mazarroneros.

Caza legal al urbanismo salvaje

Visto lo anterior parece significativa la intención del fiscal especial de Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, doctor Vercher, en el sentido de cortar por lo sano con tal estado de cosas castigando penalmente la prevaricación urbanística. “Las comunidades autónomas se han olvidado del Código Penal”, ha dicho para advertirles de la importante reacción social que ha generado este fenómeno. A su juicio, va desapareciendo la sensación de impunidad conforme aumenta el número de detenidos en prisión y sentencia la eclosión de los convenios urbanísticos “aunque la Construcción haya llegado a ser mucho más rentable que jugar en Bolsa”.

Este es de los fiscales partidarios de hacer demoliciones de obras ilegales a través de sentencias rápidas. Se muestra por una interpretación restrictiva de las normas penales en estos casos y de olvidarse de amnistías. Aconseja consultar en el Registro de la Propiedad vicios ocultos de los bienes inmuebles a adquirir y se le nota convencido de la existencia de suficiente base legal como para impedir la construcción de campos de golf donde no se asegure el suministro de agua, caso de Águilas y Mazarrón. “Donde hay mucha construcción hay más delincuencia”, concluye Vercher.

Las investigaciones policiales en marcha van a cambiar por eso el concepto del urbanismo en los municipios de nuestro litoral regional. El Centro de Inteligencia contra el Crimen, creado en septiembre por el Ministerio del Interior, ya está proporcionando a la Fiscalía una información estratégica sobre lo ocurrido entre nosotros durante el último decenio. La Agencia Tributaria se apresta a investigar el patrimonio de todos los sospechosos de haberse enriquecido ilícitamente. Nuestra gobierno autónomo ha recalificado suelo edificable para poder llegar al año 2025.

Tanto Rajoy (partidario de que el Estado recupere buena parte de las competencias urbanísticas y que se aplique sin contemplaciones la ley a todos los corruptos) como Zapatero, desean tolerancia cero con la corrupción urbanística. Hasta la Federación Española de Municipios desea que la Justicia actúe con prontitud, adopte medidas preventivas en casos, y que se expulse a los implicados de los organismos públicos. Porque estamos ante la peor consecuencia del urbanismo salvaje y el fraude, posibilitado por la permisividad de los gobiernos de Aznar.

El catedrático y experto en esta cuestión, de “Transparencia Internacional” en España, Manuel Villorria, es de los que opina que prolifera la urbanística porque los convenios “son un nido de corrupción por una nefasta jurisprudencia del Tribunal Supremo. Ya hay redes estables de esa corrupción, y ésta es sistémica”. Opina, además, que nuestra democracia corre peligro porque “nuestro actual sistema judicial no sirve contra la corrupción. Aplicar la ley actual no basta. Se necesitan medidas radicales ante hechos consumados”.

Incluso es partidario Villorria de que Hacienda entre a saco porque si comprobase los actuales bienes de alcaldes y concejales cree que unos 5.000 pequeños políticos saldrían a investigar. “Todo el sistema (ayuntamientos, comunidades autónomas, bancos y cajas, notarías, registros…) contribuye a este atraco brutal, que se llevará un tercio de nuestra riqueza, hasta el año 2020, hacia entidades de crédito, especuladores, terratenientes, promotores y corruptos, con pérdida ambiental y de calidad de vida”.

Proyectado todo lo anterior sobre la Región de Murcia, parece que urge tras las próximas elecciones, que los partidos que gobiernen se planteen una nueva Ley Regional del Suelo (¿qué pasa en el Tribunal Constitucional que todavía no se ha pronunciado sobre el recurso del PSRM contra la actual?), un Plan de Estrategia Territorial, un código ético urbanístico, un servicio de inspección y disciplina, y una estrecha colaboración con la Justicia. El constatado urbanismo especulativo e intenso de la “era Valcárcel” supone una grave amenaza para un desarrollo regional sostenible, sólido, justo y sano. Y ha supuesto el desprestigio de su partido por primar las actuaciones de unos cuantos contra la racionalidad, decencia y ética política en la gestión urbanística.

Parte del territorio murciano está sometido al estrés traumático desde 1996. No se perciben remedios. Se actúa contra todo dictamen técnico preceptivo, aún a costa de agravar el déficit hídrico y de infraestructuras, lo que resulta una estafa. No hay propósito de enmienda del estamento especulador, que casi siempre actúa con consentimiento, y en casos el aval, de San Esteban.

Nadie desde el gobierno regional habla de moratoria urbanística, en pleno cambio de retórica florida y verde, ni siquiera en esta pausa reflexivo-electoral en ceremonia de confusión para los más simples de entre los murcianos hasta el 27 de mayo próximo, por el legado negativo en planeamiento que nos deja el cuarteto Valcárcel-Bascuñana-Ramírez-Blaya con su clara política urbanística predadora.

Mero maquillaje para ganar tiempo; luego todo volverá a ser como antes si renueva en las urnas esta dictadura del cemento: un sistema muy extendido de supuesta corrupción desde San Javier a Águilas. En esta región hay políticos que se ofrecen para favores pagados y especuladores que les pagan lo que les piden. Constructores que sobornan a quienes más les permiten. Y funcionarios que avalan con su firma este enorme fraude.

El Estado está al rescate con una nueva legislación-marco nacional para evitar nuevos desmanes al haberse derrumbado el actual derecho urbanístico español. Intenta poner coto legal al frenesí del cemento. Se van a utilizar el Código Penal y la cárcel de forma serena y proporcional, tras activar mecanismos legales contra la corrupción. La idea es pena de prisión para la prevaricación, más años por cohecho, y confiscar los bienes adquiridos ilegalmente.

Esa expectativa de cárcel está frenando en seco algunas actuaciones escandalosas (tipo “La Zerrichera” y “Lo Poyo”) por el miedo de algunos destacados políticos, familiares y amigos a ir a la trena. Desde Madrid se tiene claro que ha sido la especulación financiera la que ha cebado la bomba inmobiliaria en la Región de Murcia, donde Águilas y Mazarrón son objetivo preferente de una determinada entidad de ahorro, y que se trata de un fenómeno realimentado por nuestra corrupción política.

Especialmente entre nosotros, todo es un espejismo virtual, una “burbuja” a punto de estallar, un ficticio efecto riqueza, una orgía que destruye nuestro suelo y nuestra cultura, una hipertrofia constructora, monstruosa y destructiva. La causa es un complejo circuito de tramas para blanquear dinero y por eso Anticorrupción investiga a fondo a conocidas empresas murcianas sospechosas de no tener más sentido que ese aunque tengan apariencia de otra cosa.

Extraña su operativa y las pesquisan llevan a despachos, domicilios y sedes empresariales desde las que se defrauda a la hacienda pública. Muchas de esas sociedades interpuestas, aunque sea muy difícil probarlo, son propiedad última de relevantes capos murcianos muy conocidos socialmente. Fiscalía y Policía saben bien de este “cuello blanco” de enriquecimiento insultante y patrimonios abrumadores a costa del empobrecimiento general, incluido el de nuestras clases medias.

El fenómeno que se ha cebado con los murcianos de a pié necesita de la complicidad bancaria, notarías, registros y bufetes. La Construcción es hoy un negocio sin merma por blanqueo, rápido y de beneficios descomunales. El propio Valcárcel ha estado mucho tiempo a los pies de especuladores y promotores salidos de la nada.

Ahora se investiga policialmente, desde el Presidente al último concejal, pasando por consejeros, alcaldes, asesores fiscales, intermediarios financieros, fedatarios públicos y otros cargos públicos. El tema no resulta fácil de investigar por la ingeniería fiscal utilizada para esconder con la ayuda de expertos bien pagados para borrar rastros. Pero es un secreto a voces que determinados despachos profesionales encauzan inversiones criminales de dinero negro hacia la Construcción en el litoral murciano.

Ediles y promotores juegan con cartas marcadas esta partida y olvidan la función social de la propiedad. Tanto en Águilas como en Mazarrón algunos han conseguido plusvalías de hasta el 10.000%. Todavía permanecen aquí intactos los factores que generan la tentación de un dinero fácil a partir de recalificaciones urbanísticas para todos, que sólo ha logrado frenar una campaña electoral en ciernes, y nadie está por erradicar los convenios aunque sean un nido de corrupción de un urbanismo a la carta, pura basura y de promotor.

El 35% de los murcianos considera mala la política urbanística del PP en la Región de Murcia a siete meses de la cita electoral sin saber que el 5% del total español de viviendas ilegales, unas 5.000, están en nuestra región.

(En la ilustración, la playa mazarronera de Bolnuevo)

www.vegamediapress.com

Un alcalde de Jumilla con demasiadas prisas

El senador y alcalde socialista de Jumilla, el abogado Francisco Abellán, ex secretario regional socialista también, es casi seguro repetirá como candidato del PSRM-PSOE en las próximas elecciones municipales pero no parece estar muy en la línea modernizadora, reformista y socialista ética de Zapatero y sí del PP de Valcárcel. Se acaba de sumar a la irracional escalada urbanística que posibilita una Ley del Suelo de la Región de Murcia recurrida por el PSRM ante el Tribunal Constitucional. ¿Cabe mayor incongruencia? Tiene todo esto la pinta de ser un “pelotazo” en dos tiempos políticos distintos y con beneficiarios políticos diversos. Al tiempo, bloggeros.

Abellán no parece así creer en la política urbanística de Zapatero y tampoco en los jumillanos, a quienes les ofrece como señuelo la vía fácil de vivir indirectamente de la especulación en vez de buscar el futuro en su mejor adiestramiento para añadir valor a lo que sí saben hacer como nadie: uno de los mejores vinos de España.

A este caballero diría que le importa un bledo convertir su pueblo en un “gueto” ruso que descongestione a Torrevieja. La presencia del asesor urbanístico alicantino-murciano, Juan Enrique Serrano (el mismo de “Nueva Condomina” y ex concejal socialista de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia en 1984) hace pensar más, a la larga, en un macroproyecto de 15.000 viviendas que en otro de 2.285, en referencia al recién aprobado, en pleno municipal, plan parcial de Santa Ana del Monte-Jumilla Golf en base a un PGMOU, también bastante reciente, que dicen asegura abastecimiento hídrico e infraestructuras suficientes para ser aprobado.

¿Qué se pretende sin decirlo? Alejar a los rusos de la costa hacia una zona interior cercana y más discreta. ¿Quién está detrás de “Herrada del Tollo S.L.”? ¿Cómo solamente una S.L. para abordar proyecto tan ambicioso y tanto volumen de negocio previsto? ¿A qué viajó Abellán (buen amigo de Juan Escudero y de Manuel Sanes – otro que repite como candidato en La Unión– desde sus tiempos de la transición imposible en el PSRM) a Marbella, y con quién, en busca de promotores maleados para que fuesen más viables y rápidos sus proyectos faraónicos? Jumilla (arriba ilustración de su ayuntamiento y su alcalde) tiene actualmente una densidad de 18 habitantes/km2 (de las más bajas de nuestra región) y comprende su término municipal un total de 972 km2. Está tan cerca de la capital murciana como del aeropuerto de Alicante.

Hay muchos aspectos no desvelados por Abellán a los electores que, seguramente, le pasarán factura en las urnas por hacer un urbanismo más propio de Joaquín Bascuñana que de Cristina Narbona. Para hacer eso ya están aquí los amigos de Valcárcel y de su hermano. ¿O acaso es que todos somos amigos y colegas para estos temas de la pasta? Es posible que los una a todos la “mordida” de las basuras, el ladrillo y la gestión del agua potable. Que, al final, ese plan parcial haya recibido solamente los votos a favor de los socialistas y que PP e IU votasen en contra por distinto motivo (unos querían más viviendas y los otros ninguna) desgasta al PSRM-PSOE y se lo pone mucho más difícil por aquello de la credibilidad perdida.

Al pleno no asistieron Primitivo González (PSOE), Marcos Nogueroles (portavoz municipal del PP) ni otros cuatro concejales del PP por tener intereses particulares directos en la aprobación de este tan cuestionado plan parcial. La votación fue nominal (por qué) y el PP pasó de la anunciada abstención al rechazo, no se sabe muy bien en base a qué, cuando la empresa promotora había llegado a tener la conformidad de los tres grupos políticos a sus proyectos poco después de aprobarse el PGMOU por unanimidad.

Casi seguro que Abellán ha tenido que variar sobre la marcha su estrategia política inicial, hasta rebajar las 15.000 previstas hasta poco más de 2.000 para no sufrir los efectos políticos letales de Ferraz vía Princesa. Ha sido una clara marcha atrás preelectoral. El agua que se dice disponible para el caso es más pretensión que realidad a día de hoy porque sobre la que se habla es salobre y no potable. La salmuera se quiere enterrar (un disparate) porque el mar más cercano está a 70 kilómetros de Jumilla. No digamos ya para las 70.000 previstas por el PGMOU.

La urbanización “Jumilla Golf” se asentará sobre 7 millones de m2, tendrá dos campos de golf y viviendas de no más de 100 m2. Se le ha llegado a abrir expediente sancionador por construir sin licencia pisos-piloto, e IU la considera un proyecto urbanístico insostenible. En cualquier caso cabe hacerse, finalmente, algunas preguntas al respecto: ¿Por qué no ha esperado Abellán a la nueva ley estatal del suelo próxima a aprobar por las Cortes y que da mayores garantías contra la especulación y a favor de la viabilidad ambiental de los proyectos? ¿Por qué se redactó y aprobó un PGMOU en base a la controvertida ley regional del suelo? ¿Por qué accedió el alcalde a este proyecto, inicialmente a cambio de 200.000 m2 de cesión al municipio a tres kilómetros del núcleo urbano, cuando luego se cambió esa ubicación por otra de 400.000 m2, a 20 kilómetros, de mucho menor valor económico? Verán como no contesta o dice otra cosa.

Ante estas cosas no es de extrañar que la candidata de IU a la presidencia de la Generalidad Valenciana, Gloria Marcos, haya pedido con urgencia al gobierno Zapatero que mande a Levante un contingente completo de 200 guardias civiles para luchar contra la delincuencia organizada, para corrupción, especulación y delitos urbanísticos, que campa a sus anchas ante la alarma ciudadana. “Preocupan más los ladrones de guante blanco que los pequeños delitos más relacionados con las desigualdades sociales que con estas tramas delictivas (…) Los ciudadanos no confiarán en los cuerpos policiales y en la Justicia mientras exista la sensación de una total impunidad por parte de altos cargos de las administraciones públicas”.

Claves para encontrar la Ley del Suelo ideal

La fórmula magistral para controlar el precio de la
vivienda y atajar de raíz el problema de la corrupción

urbanística existe sobre el papel y su composición

admite múltiples variantes.

"El Mundo" le ha pedido a
12 expertos en Derecho que prescriban sus recetas para
acabar con los males que aquejan al urbanismo en
España y, lejos de dar por desahuciado al 'paciente',
le auguran larga vida, siempre y cuando cumpla al pie
de la letra con una serie de consejos normativos.

Ante el reto de diseñar una 'ley ideal' que frene las
irregularidades inmobiliarias, los expertos
consultados plantean, en líneas generales, que se
fomenten los controles administrativos, tanto en la
esfera local como en la autonómica, mediante
comisiones de expertos independientes que velen por la
independencia del proceso.

Muchos apuestan por
potenciar un modelo de desarrollo urbanístico
coherente a salvo de intereses económicos.
En cuanto al reto de poner techo al desbocado aumento
de los precios de las casas, la mayoría de los
especialistas considera que la regulación del mercado
del suelo no es ni el único factor ni, según varias
opiniones, el más importante. El impulso del alquiler
y la promoción de un mayor número de viviendas
protegidas son algunas de las medidas propuestas.

¿Es posible elaborar una 'Ley del Suelo ideal'? ¿Se
puede acabar con la corrupción inmobiliaria y hacer
sensato el precio de las viviendas?

A todas estas

preguntas han respondido más de una docena de expertos
en Derecho y Urbanismo.
Además, muchos de ellos han incluido sus particulares
'recetas' para afrontar con el mejor rostro posible el
presente y futuro del sector inmobiliario español.

«Antes de aprobar una 'Ley ideal' 'del Suelo', habría
que preguntarse por qué no se ha aplicado ni cumplido
la ley vigente. ¿Qué ha fallado en nuestras
administraciones públicas? Creo que no es sólo un
problema de corrupción -que también, en algunos casos-
sino de desidia, de falta de medios personales y
materiales y, en ocasiones, de falta de voluntad
política», afirma José Manuel Sala Arquer, catedrático
de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan
Carlos.

CORRUPCIÓN
«Como decía Joaquín Costa, leyes las tenemos por
arrobas, lo importante es que se apliquen. Esto quiere
decir que para modificar las leyes hay que hacerlo con
sentido común», según fuentes del bufete de abogados
Uría y Menéndez.

El catedrático en Derecho Administrativo de la
Universidad de Alcalá de Henares Miguel Sánchez Morón
cree que uno de los capítulos clave que debería
recoger la Ley del Suelo sería los mecanismos de
vigilancia estatales para evitar la arbitrariedad en
las decisiones de algunos ayuntamientos: «El Tribunal
Constitucional reconoce la competencia urbanística a
las autoridades locales, sin embargo el Estado puede
establecer comisiones de seguimiento para asegurar que
los ordenamientos y licencias se hacen conforme a
criterios legales».

Otra de las medidas que propone este catedrático es la
«creación de comisiones técnicas, ajenas a cualquier
signo político, para que valoren qué concesiones están
justificadas y cuáles son sospechosas».

En esta misma línea se pronuncia Agustín de Asís,
profesor titular de Derecho Administrativo de la
Universidad Carlos III, quien señala que se deberían
establecer procedimientos urbanísticos más
transparentes que fuesen supervisados por
profesionales ajenos a los ayuntamientos y las
promotoras: «En la medida en que los procesos son más
participativos e intervienen más agentes externos al
mismo habrá menos corrupción».

Una receta similar prescribe José Antonio Pellicer,
profesor titular de Derecho de la Universidad de
Murcia, quien cree que hay que «reforzar los
mecanismos de control existentes». A saber, «el
social, a través de los medios de comunicación; el
jurídico, con la posibilidad de ir no sólo a los
tribunales penales, sino al contencioso
administrativo; y el político».

«La figura del secretario, que es asesor jurídico de
las corporaciones municipales, se ha debilitado en el
plano legal. Habría que relanzar el carácter
preceptivo de sus informes junto al de los servicios
técnicos de los ayuntamientos, sin perjuicio de otros
controles exteriores», agrega Pellicer.

Para Dionisio Fernández de Gatta, profesor de Derecho
Administrativo de la Universidad de Salamanca, la
solución pasa también por fomentar la vigilancia no
sólo a nivel local. «La decisión final puede
corresponder a las comunidades autónomas, pero se debe
potenciar el papel de los consejos autonómicos de
urbanismo, como el que existe en Castilla y León, en
el que están representados los municipios, los agentes
profesionales, las organizaciones sociales...»,
expone.

Muy ligada al control está la transparencia de las
operaciones. «Habría que dar más transparencia al
proceso y establecer unas reglas básicas de la
negociación urbanística y de la regulación de los
convenios, que establezca los límites de los mismos»,
sugiere Marta Lora-Tamayo, profesora de Derecho
Administrativo de la UNED.

Por su parte, Rafael Barranco, director del
Departamento de Derecho Administrativo de la
Universidad de Granada, opina que «los modelos
eficaces para combatir la corrupción no existen».
Según Barranco, las leyes pueden controlar ciertos
aspectos que favorecen la corrupción urbanística, pero
ésta no se soluciona a golpe de ley: «Lo que conviene
es ser radical en la ordenación urbanística de las
ciudades y empezar a pensar en que lo más lógico es
hacer un crecimiento cero», comenta Barranco.

Tratar la corrupción urbanística como una más podría
ser otro camino. «Ésta tiene un tratamiento represivo
que no debería ser muy diferente del de la lucha
contra la corrupción en otros ámbitos: en definitiva,
hay que lograr que las infracciones no 'compensen',
que no 'salgan a cuenta' al infractor, como ocurre hoy
en muchos casos», apunta Sala Arquer.

«Pero además», añade, «hay un tratamiento preventivo
bastante más difícil: reducir el margen de
discrecionalidad de los planificadores, estableciendo
en la Ley criterios objetivos para la clasificación de
suelo; los derechos y deberes de los distintos sujetos
deben establecerse en la Ley, y no en pactos y
convenios; debe resolverse el problema de la
financiación de las entidades locales».

Dar con el modelo urbanístico es vital para José Luis
Laso, registrador de la propiedad y experto en
urbanismo: «Elegir un modelo coherente de desarrollo,
bien sea el tradicional a partir de un planeamiento
general cerrado y vigoroso o con un planeamiento
abierto, que permita la acción urbanística sobre el
resto con criterios reglados».

Apunta también que previamente «se cumplan las
exigencias de implantación y conexión con los sistemas
generales, las garantías de su ejecución por el
promotor, la actualización legal de las cesiones y la
vinculación de los suelos a la construcción de
viviendas con algún género de protección y el
aprovechamiento y densidades máximas».

Igualmente importantes es, en su opinión, «la
exclusión de la discrecionalidad, que es la que
propicia los riegos de corrupción, con la fijación de
criterios reglados para suprimir los llamados
convenios urbanísticos de planeamiento, permitidos hoy
por todas las leyes autonómicas».

Por otro lado, hay opiniones que muestran su
contrariedad por la necesidad «española» de hacer
leyes 'sin ton ni son'. «En España hacemos una ley
cada cinco minutos. La Ley no puede sustituir el
funcionamiento del mercado y lo importante es que éste
funcione correctamente», según otras fuentes jurídicas
consultadas.

Con respecto a la corrupción, «basta con aplicar las
leyes, como está ocurriendo en Marbella», señalan las
mismas fuentes, que además aportan una solución
coincidente con otras: «Hay que ir hacia los
patrimonios municipales de suelo y esto se puede hacer
desde 1940 y no se ha hecho. ¿Qué sucede? Que los
ayuntamientos no tienen suelo y tienen que comprarlo o
expropiarlo y eso tiene un precio».

«Para acabar con la corrupción hay que intentar que el
urbanismo no sea una manera de financiar a los
ayuntamientos. Hay que ver si es mejor una legislación
de suelo de Estado o de comunidades autónomas» y
añaden que «es imposible un mercado uniforme si no se
hace una regulación sistemática y uniforme».

El catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad Complutense de Madrid Tomás Ramón
Fernández coincide con esta opinión: «Los
ayuntamientos tienen un sistema de financiación poco
equilibrado y necesitan recurrir al suelo». Y señala
también a los partidos políticos: «Es imposible su
financiación si no recurren al urbanismo, porque en
cada pueblo hay una sede de todos y en España hay
miles de pueblos».

En esta línea añade un apunte más Nicolás González
Deleito, socio del despacho de abogados Cuatrecasas,
quien cree que «hacen falta más garantías a nivel de
incompatibilidades y separación de intereses públicos
y privados en funcionarios, concejales y contratistas
de la administración».

En su opinión, «hay que recuperar por parte de las
comunidades autónomas la posibilidad de suspender las
licencias urbanísticas, eliminada por la sentencia
46/92 del Tribunal Constitucional por no estar
incluida en la Ley de Bases de Régimen Local». «Si se
hubiera seguido aplicando, no habría sucedido lo que
ha pasado en Marbella», asegura González Deleito.

PRECIOS
Chantal Mol, profesora de Derecho Civil de la
Universidad de Barcelona, señala los dos pilares
básicos que a su juicio sustentarían el mercado
residencial: fomentar el alquiler y generar nuevas
fórmulas para la adquisición de viviendas.
En el
primer caso, considera que es preciso que se plantee
la posibilidad de que «el arrendatario pueda deducirse
el dinero que gasta en la residencia habitual» y que
se modifique la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)
para «aumentar la duración de los contratos en algunos
supuestos» y «establecer mecanismos de prórroga».

Asimismo, sugiere que se acuñe el concepto de «la
propiedad separada», que permite que una persona sea
propietaria del suelo y otra de lo construido, de modo
que esta última pague un canon a la primera, de forma
similar al derecho de superficie.
«Esta fórmula
permite que entidades publicas adquieran únicamente el
suelo y luego particulares compren lo construido a un
precio mucho menor que el actual», dice.
Rafael Barranco también se muestra partidario de
fomentar el alquiler y la rehabilitación y cree que
hay que «olvidarse de un crecimiento que mira sólo por
los intereses económicos del promotor».

«¿El precio de la vivienda tiene algo que ver con el
precio del suelo? Pues poquísimo», indica Tomás Ramón
Fernández. «Los empresarios no ponen el precio de la
vivienda sumando costes. Ponen el precio en función
del mercado. No hay ninguna Ley que controle el precio
de la vivienda».

Igual de escéptico se muestra Agustín de Asís: «Es
imposible que una ley baje los precios porque éstos se
fijan con la demanda que existe en el mercado». En su
opinión el problema aparece cuando hay gente que no
puede acceder a ella: «Una ley efectiva es la que
favorece la creación de más viviendas protegidas. Se
considera que es sano para el mercado que el 30% de
las casas de un país tengan algún tipo de protección.

En España ni siquiera llegamos al 10%».
José Manuel Sala también duda de que la Ley del Suelo
pueda dar la solución definitiva al precio: «Sin duda,
una planificación menos rígida, con trámites menos
complejos, adaptable a los cambios, puede contribuir a
que el producto final -el suelo- no se encarezca; como
también la eliminación de barreras burocráticas y el
establecimiento de criterios no discrecionales a la
hora de excluir suelo del proceso urbanizador».

Estos factores no son, a su juicio, los únicos que
pueden influir en el precio. «La realidad es que, hoy
por hoy, ante una elevada demanda, con tipos de
interés todavía bajos y con hipotecas a más de 30 años
el precio se fija en función de lo que se calcula que
la gente puede pagar».

Miguel Sánchez Morón coincide en este aspecto: «En
otros países el precio de un suelo no urbanizado es
casi como el de uno rústico, aquí sin embargo aunque
todavía no se haya levantado ni una sola piedra las
cantidades son mucho mayores».

La ley «fantasma» del 98


El caso de la Ley del Suelo de 1998 está envuelto en
la paradoja: ha sido usada como 'chivo expiatorio' por
quienes tratan de señalar un culpable para la 'cara
oscura' del 'boom inmobiliario' y, sin embargo, nunca
se ha aplicado.

Ésa, al menos, es la opinión de la mayoría de los
expertos en Derecho consultados, que dejan entrever
que el texto elaborado por el 'popular' Francisco
Álvarez Cascos hace ocho años ha sido lo más parecido
a una norma 'fantasma'.

«Se critica mucho la Ley 6/98 y está inédita», afirma
Tomás Ramón Fernández, catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad Complutense de
Madrid. «Ninguna comunidad autónoma ha seguido por ese
camino. Y, especialmente, leyes de regiones como
Extremadura. Ésta junto con Castilla-La Mancha y
Andalucía no aplicaron esa Ley», asegura este experto.

Según Fernández, «curiosamente, Seseña es de
Castilla-La Mancha y Marbella de Andalucía. Y los
proyectos pensados para edificar en Cullera surgieron
con la Ley de 1994 de la Comunidad de Valencia, que
fue condenada por el Parlamento Europeo en 2005».

Según otros profesores de Derecho, la 'carta magna'
del suelo aprobada en 1998 no se ha aplicado por dos
razones fundamentales: «En primer lugar, esta ley
estatal establece que todo el suelo es urbanizable,
salvo el protegido, pero las leyes autonómicas ya
recogen categorías de reserva, de protección del
paisaje... El concepto es tan vago que está vacío de
contenido, se desvirtúa. Y, en segundo lugar, la
transformación en las clasificaciones de suelo se
tiene que llevar a cabo en los planes generales de
ordenación urbana y, como muchos se habían redactado
en 1990, todavía no se han modificado y, por lo tanto,
no han podido incluir las nuevas directrices».

La duda sobre la efectividad de una norma de estas
características llega hasta el punto de que un
especialista asegura que desde 1956 no ha habido un
cambio importante en la legislación de suelo.

Rafael Barranco, director del Departamento de Derecho
Administrativo de la Universidad de Granada, teme que
la nueva Ley del Suelo vaya camino de tener tan poco
protagonismo como la actual. «Una normativa estatal
siempre va a ser más restrictiva que una disposición
local sobre ordenación del territorio, por eso en
Andalucía los promotores han seguido las directrices
autonómicas y municipales», considera.

www.elmundo.es

El fiscal delegado de Anticorrupción se adelanta a su cese

El nuevo fiscal delegado de Anticorrupción en el TSJ de la Región de Murcia vendrá de fuera y podría ser una mujer, según se ha sabido hoy tras la dimisión (antes de ser cesado a petición del fiscal-jefe Manuel López Bernal), de su antecesor en el cargo, murciano de nacimiento, José María Alcázar Vieyra de Abreu, de 56 años y casado con una notaria que actualmente ejerce en nuestra provincia. Llevaba en ese puesto desde septiembre pasado tras ser nombrado por un pleno del Consejo Fiscal.

Alcázar se apresuró ayer a presentar su dimisión ante los insistentes rumores de que iba a ser cesado tras no haber actuado de oficio y no haber abierto ni una sola diligencia de investigación a pesar de las noticias de presuntos delitos de esa naturaleza que inundan casi a diario la prensa nacional y alternativa a la local hipotecada, en relación a la Región de Murcia. Llegó al cargo a propuesta de López Bernal, después de otros tres meses de reflexión previa por su parte, antes de aceptarlo con la única condición de contar con unos medios suficientes que, al parecer, tampoco ha llegado a tener.

Todo lo actuado por denuncias de parte o de oficio, actualmente 17 investigaciones en marcha, las llevaba personalmente el fiscal-jefe asistido de miembros de su máxima confianza de la policía judicial de la Guardia Civil (arriba en la foto, el edificio de la 322 Comandancia de la V Zona en la ciudad de Murcia) ante la negativa de Alcázar a entrar en cuestiones que no le fueran remitidas directamente desde la Fiscalía Anticorrupción, en Madrid, argumentando que las cuestiones sobre supuestos delitos urbanísticos y/o medioambientales y sus conexiones de corrupción, no eran de su estricta competencia.

La marcha de Alcázar se produce precisamente en medio de fuertes rumores de inminentes detenciones, esta misma semana, de sospechosos de haber cometido algún delito en el desempeño de su cargo o actividad profesional, en Murcia, Cartagena, Mazarrón, Águilas, San Javier, La Unión, Los Alcázares, Totana, Archena y Cieza. Hay quien opina que el fiscal dimisionario no estaría de acuerdo con esa actuación y ha preferido dejar claro ante los afectados que se aparta a tiempo del criterio mayoritario del resto de la Fiscalía del TSJ.

Ahora se especula si esas detenciones, en cualquier caso previstas para antes del próximo día 13 de diciembre, se retrasan hasta después de Navidad y Reyes o, por el contrario, se pueden producir escalonadamente a partir de mañana jueves.

Y, aunque fuentes jurídicas cercanas a Alcázar, esgrimen que se ha sentido muy presionado por López Bernal y que ya mantenía demasiadas discrepancias y diferencias con el fiscal jefe, otras tan cualificadas como las anteriores inciden en que el verdadero problema son las profusas relaciones sociales que este fiscal mantiene de hace mucho tiempo con un determinado sector de la sociedad murciana sobre el que ahora convergen todas las miradas.

La CAM y Caja Murcia preparan su privatización parcial

El secretario de Estado de Economía, el socialista catalán David Vegara, ha pedido a las cajas de ahorro en el “Foro ABC” que avancen hacia un creciente sometimiento a la disciplina del mercado si quieren afrontar ya compras fuera de España. Considera que una buena fórmula puede ser la emisión de cuotas participativas (títulos similares a las acciones pero sin derechos políticos) sin aludir a la histórica reacción en contra de los sectores sociales interesados en función de la naturaleza benéfica de estas entidades.

Esta idea encuentra la oposición frontal y el fuerte rechazo de los sindicatos mayoritarios, UGT y CC. OO., pese a ser una de las condiciones impuestas por el Banco de España para dar su visto bueno a esas posibles compras de entidades financieras foráneas. En los casos de la CAM y Caja Murcia (la ilustración es de su oficina conjunta de representación en Londres) los tanteos sobre el particular no han sido todavía satisfactorios, ni para Vicente Sala ni para Carlos Egea, mientras los impositores no han tenido tampoco la oportunidad de manifestarse al respecto en la Asamblea General, pero la idea es ir preparando esa privatización parcial con la mayor discreción posible.

El instrumento propuesto dice Vegara que ayudaría, además, a paliar su déficit de recursos y, tanto la CAM como Caja Murcia, lo ven con buenos ojos de cara a su, más que deseada por los políticos del PP que hoy las controlan, privatización parcial para que se las queden sus amigos. El gran riesgo es, precisamente, el tipo de manos inversoras en las que pueden caer en la práctica ambas entidades tan enraizadas en Alicante y Murcia, y su propósito final encubierto de utilización excluyente, como ya se ha podido apreciar en los arriesgados casos de “Terra Mítica” y “Polaris World”.

El presidente de la Asociación Española de Banca, la patronal bancaria AEB, Miguel Martín, también ha expresado esa conveniencia tal vez pensando en la brecha que se abre para que los grandes bancos españoles terminen siendo los propietarios “de facto” de un buen número de ellas, aunque no parece tan posible en los casos de la CAM y Caja Murcia al estar en el ojo de un capitalismo emergente y más local de ambas provincias. Hasta ahora, las cajas de ahorro utilizan las participaciones preferentes o la deuda subordinada para captar fondos pero que no cotizan en Bolsa.

El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, reconoce que el Banco de España se ha comprometido a flexibilizar su postura respecto a la expansión internacional de nuestras entidades de ahorro a cambio de que las cajas se auto impongan unos controles excepcionales, lo que, a su juicio,”se puede conseguir a través de diferentes fórmulas como crear una sociedad para controlar la operación bancaria en esos países o con la emisión de cuotas participativas'.

Sólo La Caixa ha anunciado ya que va a constituir ese “holding” con buena parte de su cartera industrial para sacarlo a Bolsa. Pero Caja Madrid, Caixa Galicia, la CAM y Caja Murcia, estudian mejor la posibilidad de lanzar las controvertidas cuotas participativas para su eventual expansión en la Unión Europea e, incluso, América Latina. Tanto la CAM como Caja Murcia tienen ya en Londres (primer centro financiero mundial), en la sede de la CECA, oficinas de representación, dicen que para vender hipotecas. Comparten espacio con La Caixa, Unicaja y Caixa Galicia, a un paso de Picadilly Circus aunque no en la “City” como es el caso del BSCH.

Según Juan Ramón Quintás, “las alternativas que hay ahora para obtener financiación son menos costosas. Sin embargo, el campo de actuación en preferentes y subordinadas es, cada vez, menor por sus límites. Puede que haya cajas de ahorro que tengan que optar, entre seguir creciendo y emitir cuotas, o congelar su crecimiento. Su regulación ha sido algo ortopédico y la caja que las emita tendrá un costo político fuerte por la presión sindical”. (NEM).

Los bancos restringen crédito para comprar suelo

La futura ley nacional del Suelo, actualmente en tramitación por el Congreso de los Diputados, ya hace notar sus efectos benéficos en las provincias del sureste peninsular a la hora de conseguir créditos para comprar terrenos en los que edificar posteriormente. Las entidades bancarias de Alicante, Almería y Murcia, al menos, han elevado el nivel cualitativo de exigencia y garantías de los créditos hipotecarios denominados "préstamos a promotor" para luego edificar viviendas.

Con esta nueva legislación, que entrará en vigor a comienzos de 2007, la valoración de cualquier suelo a la hora de tasarlo tendrá que ver mucho menos que hasta ahora con su expectativa urbanizadora que con su valor de calificación real en el momento de su adquisición como rústico.

Ante ese horizonte tan cercano, las entidades bancarias toman ya sus precauciones frente a la inseguridad de que ahora cualquier terreno rústico no termine siendo finalmente expropiado o no se recalifique nunca como urbanizable. La nueva ley estatal abarata considerablemente, incluso, los procesos para que las administraciones públicas se puedan hacer con cualquier terreno.

Esa ley ya tiene previsto que cualquier plan urbanístico reserve un 25% de su suelo para construir VPO y así contrarrestar el encarecimiento experimentado por la vivienda nueva, de hasta un 150%, entre 1998-2005, y un aumento del 500% del precio del suelo susceptible de ser urbanizado.

La nueva situación hace tremendamente difícil que ahora se lleve a cabo la AIR (Actuación de Interés Regional) de la Marina de Cope, en Águilas, la explosión urbanística de Mazarrón o sur del Mar Menor (con fuerte presencia de promotoras y constructoras alicantinas) y se demuestra lo innecesario de la nueva autopista de peaje Cartagena-Vera ante el parón a la especulación urbanística en todo el litoral meridional de la Región de Murcia y el levante almeriense, con el riesgo de ruina para su concesionaria, "Autopistas del Sureste", al menos que consiga cambiar las condiciones de su actual contrato con el Estado hacia la fórmula más ventajosa del "peaje en sombra", hasta para el tramo en servicio Crevillente-Cartagena. (NEM)