El Gobierno relevará próximamente a Trillo junto a otros 72 embajadores

MADRID.- El Gobierno relevará próximamente al embajador español en Londres, el exministro de Defensa Federico Trillo, según informaron hoy fuentes diplomáticas.

La sustitución de Trillo, cuyo cese había sido exigido por la oposición y los familiares de las víctimas del avión Yakolev 42, se producirá junto a otros 72 embajadores cuyo relevo estaba pendiente porque el Ejecutivo ha estado en funciones durante casi un año.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, según las mismas fuentes, da por hecho el relevo de Trillo al frente de la embajada en el Reino Unido pero desvincula esta decisión del dictamen del Consejo de Estado conocido ayer sobre el accidente del Yakolev 42 en Turquía.

En este sentido, señala que la interinidad que produjo la falta de acuerdo para la formación de un Gobierno paralizó los nombramientos en Exteriores, de forma que no sólo se suspendió el proceso de rotación de embajadas del año 2015, sino que se mantuvieron plazas vacantes y se prorrogó la continuidad de embajadores en edad de jubilación.
Tras conocerse el dictamen del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42 -que responsabiliza al Ministerio de Defensa, que dirigía entonces Trillo, del siniestro- los partidos de la oposición (PSOE, Podemos y C's) exigieron el cese del embajador en el Reino Unido, que también reclaman los familiares de las víctimas.
Fuentes diplomáticas consultadas indicaron a este respecto que la embajada en Londres está "pendiente de renovación", como otras 72 legaciones diplomáticas.
La interinidad que produjo la falta de acuerdo para la formación de un Gobierno paralizó los nombramientos en Exteriores, de forma que no sólo se suspendió el proceso de rotación de embajadas del año 2015, sino que se mantuvieron plazas vacantes y se prorrogó la continuidad de embajadores en edad de jubilación.

Podemos y PSOE exigen el cese de Trillo como embajador en Londres tras el informe sobre el 'Yak-42'

MADRID.- PSOE y Podemos se han unido este martes para pedir el cese de Federico Trillo como embajador de España en el Reino Unido después de que el Consejo de Estado haya determinado la responsabilidad del Ministerio de Defensa, que él dirigía entonces, en el accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles en 2003.

"Un Gobierno a la altura de su gente no puede mantener a Trillo como embajador tras el informe del Consejo de Estado", ha afirmado Iglesias en su cuenta de Twitter.

El Consejo de Estado ha responsabilizado al Ministerio de Defensa del accidente registrado en Turquía en el que fallecieron los 62 militares españoles cuando regresaban de una misión en Afganistán.

Al igual que PSOE y Ciudadanos, el grupo parlamentario de Unidos Podemos ha pedido la comparecencia de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para que dé explicaciones tras el informe del Consejo de Estado.

Asimismo, ha registrado varias preguntas escritas dirigidas al Gobierno en las que critica al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por asegurar que el caso del Yak-42 "ya está sustanciado judicialmente".

Tras el dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza a Defensa del accidente, el portavoz de este área del PSOE en el Congreso y responsable del Área Internacional y la UE de la Gestora, Ricardo Cortes, ha reclamado al Gobierno que asuma responsabilidades políticas "inmediatas" apartando a Trillo de la Embajada en Londres. 

"El Gobierno de Mariano Rajoy tiene ahora la oportunidad de demostrar que, esta vez sí, va a estar a la altura del dolor de las familias de las víctimas" asumiendo "de una vez por todas" responsabilidades políticas por las "escandalosa" gestión del entonces titular de Defensa, ha señalado Cortés.

El dictamen del Consejo de Estado responde a la petición de 291 familiares de 55 de los fallecidos que reclamaron la responsabilidad patrimonial del Estado en este caso. El dictamen se refiere a la existencia de "hechos" anteriores al siniestro que habrían permitido a la Administración ponderar el "especial riesgo" que concurría en el transporte contratado para el traslado de las tropas.

"Dicho con otras palabras -señala el documento-, pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llevado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría".

El dictamen admite, como lo hizo la Audiencia Nacional al archivar definitivamente el procedimiento penal abierto contra seis mandos militares por un delito de imprudencia con resultado de muerte, que la causa del accidente fue el agotamiento y el estrés de los pilotos del Yak-42 y su falta de formación para afrontar situaciones como la que vivieron.

Sin embargo, frente a la tesis de que la responsabilidad del siniestro fue exclusivamente de la agencia de la OTAN con la que Defensa había acordado delegar la gestión de los transportes de tropas, NAMSA, el Consejo de Estado entiende que el procedimiento exigía al Estado la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas, y más en actividades de riesgo.

Según los autores del dictamen, el acuerdo de ventas suscrito con NAMSA no permite suponer una desvinculación total de la administración militar de sus competencias en materia de seguimiento y control de las empresa subcontratada que se encargó del viaje.

Consideran que la Ley de Contratos de la Administración Pública impone a éstas el deber de velar por el cumplimiento de los requisitos aplicables mediante labores de comprobación, verificación, inspección o investigación de las empresas contratadas.

Labores previas que consideran de "especial importancia" cuando la actividad a realizar presenta "riesgos".

El Consejo de Estado valora, a tenor de los informes aportados en las pruebas judiciales, que la tripulación ucraniana carecía de la preparación y de la formación suficiente para enfrentarse a las dificultades que se le plantearon al tratar de aterrizar en el aeropuerto de Trebisonda, una zona de complicada orografía.

Sin embargo, a diferencia de lo mantenido por la jurisdicción penal, estima que los datos que la administración española aseguró desconocer no sólo eran de "gran trascendencia" sino que exigían la adopción de medidas de supervisión para garantizar el transporte en condiciones de seguridad.

A juicio de este órgano, la larga cadena de subcontrataciones realizada, que permitió reducir el precio inicial del transporte de 149.000 euros a 38.442 dólares estadounidenses, hacía "razonable" pensar en que dicha rebaja afectó también a las condiciones exigidas al contratista.

El informe señala que la administración militar podía conocer esta situación y se apoya en un informe previo de un teniente coronel de Infantería hecho en Kabul en el que advertía de que "se están corriendo graves riesgos" al transportar personal militar en aviones de carga de la antigua URSS, con un mantenimiento que calificaba el autor de "muy dudoso".

Esta advertencia de posibles consecuencias perjudiciales para la seguridad de las tropas, señala el dictamen, debía haber motivado una actuación previa por parte de las autoridades militares para verificar la situación.

El Consejo de Estado se apoya también en el testimonio de un capitán noruego que pilotó previamente el mismo avión, a cuya finalización puso en conocimiento de sus superiores que había estado "muerto de miedo al volar en aquella chatarra".

El dictamen descarta, sin embargo, la posibilidad de que los familiares de víctimas que acudieron a la vía civil para ser indemnizados puedan serlo una segunda vez a través de la responsabilidad patrimonial imputada al Estado.

Por otra parte, se hace una breve mención al procedimiento penal que supuso la condena de un médico militar por la identificación errónea y defectuosa de los cadáveres de las víctimas, al señalar que con la indemnización acordada en sentencia "puede tenerse por resarcido el concreto daño moral sufrido por las familias".

Piden que se reabra el caso tras el dictamen 

 

Francisco Cardona, vicepresidente de la asociación de víctimas del Yak-42 y padre de uno de los militares que fallecieron en el siniestro, ha vuelto a arremeter contra la ocultación y la falta de asunción de responsabilidades que han rodeado toda la investigación del accidente del Yak-42, en el que fallecieron 62 militares el 26 de mayo de 2003. 

El dictamen del Consejo de Estado responsabiliza por primera vez de lo sucedido al Ministerio de Defensa, que entonces dirigía Federico Trillo, actual embajador de España en Reino Unido.
 Cardona ha pedido este martes, en declaraciones a la Cadena SER, que se reabra el caso que fue archivado en 2012 por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska.
Según el informe del Consejo de Estado, el accidente podría haberse evitado si Defensa hubiera atendido a las denuncias y señales que recibió sobre la precariedad de los aviones y tripulaciones que subcontrataba.
Para Cardona, “lo que diga el señor Trillo a mí me da risa. Él no debió autorizar, o alguien por encima de él, el vuelo del Yak-42 porque se ha demostrado en todas las instancias judíricas que el vuelo era ilegal. Si el Ministerio de Defensa hubiera actuado conforme a la legislación vigente ese vuelo no habría despegado”.
Cardona ha empezado la entrevista en la SER recordando que él no ha perdido ningún hijo. “A mí me han matado a un hijo”, ha dicho y ha continuado: “Si el Gobierno del PP pide perdón, que tengo serias dudas, que se atengan a las consecuencias porque mis lágrimas no me las pueden secar. Mi hijo y los 61 compañeros del Yak no vuelven a casa por Navidad y nunca volverán”.

El Consejo de Estado responsabiliza al Ministerio de Defensa del accidente del 'Yak-42' siendo Trillo el ministro

MADRID.- El Consejo de Estado ha responsabilizado por primera vez al Ministerio de Defensa, siendo su titular el cartagenero Federico Trillo-Figueroa, del accidente del Yak-42, registrado en Turquía el 26 de mayo de 2003 y en el que murieron 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán en un avión Yakolev, según publica hoy El País.

El dictamen de este órgano asesor reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado en la catástrofe ocurrida, que provocó un largo enfrentamiento en los tribunales de justicia entre los familiares de las víctimas y Defensa que se dirimió en instancias civiles y penales.
El dictamen se refiere a la existencia de "hechos" anteriores al siniestro que habrían permitido a la Administración ponderar el "especial riesgo" que concurría en el transporte contratado para el traslado de las tropas."Dicho con otras palabras -señala el documento-, pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría".
El dictamen admite, como lo hizo la Audiencia Nacional al archivar definitivamente el procedimiento penal abierto contra seis mandos militares por un delito de imprudencia con resultado de muerte, que la causa del accidente fue el agotamiento y el estrés de los pilotos del Yak-42 y su falta de formación para afrontar situaciones como la que vivieron.
Sin embargo, frente a la tesis de que la responsabilidad del siniestro fue exclusivamente de la empresa contratada para la realización del vuelo, Namsa, el Consejo de Estado entiende que el procedimiento exigía al Estado la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas, y más en actividades de riesgo.

Un experto opina que el problema del 'Yak-42' fue que la identificación fue realizada por equipos no especializados

MURCIA.- El alférez jefe del Área de Antropología Forense del Departamento de Identificación del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, Carlos García Corrochano, que recientemente ha participado en la identificación de las once personas fallecidas en la caída de un F-16 griego en la base aérea de Los Llanos en el que se identificó a las víctimas en tiempo récord (24 horas), opina que el problema del accidente del Yak-42 de 2003, en el que fallecieron 75 personas, entre ellas 62 militares españoles, "fue que la identificación fue realizada por equipos que no estaban especializados en este tipo de trabajos".

"No era personal entrenado en la identificación de víctimas en catástrofes", ha resaltado, en la que se ha hecho hincapié que en la historia del Equipo de Identificación de la Guardia Civil, creado en 1992, no ha habido errores, "siempre se ha seguido estrictamente el protocolo de actuación y se ha identificado a los cadáveres con rigurosidad científica".

En este sentido, ha explicado que "no cuentan con un tiempo límite" para identificar a las víctimas, sin embargo, "pretendemos identificar los cuerpos en el menor tiempo posible, a lo que dedicamos todo el tiempo que sea necesario".

El problema es "la dificultad de identificación, si se trata, por ejemplo, de extranjeros, que aún se complica más", pero, ha querido dejar claro, que no se fijan tiempos, "lo importante es trabajar de forma rigurosa para evitar que, por prisas o presiones ambientales que, sin duda, siempre existen, haya errores".

"Nuestro tiempo no está limitado, para nada, pero sí que es cierto que queremos hacerlo en el menor tiempo posible, pero depende de las circunstancias y el estado de los cadáveres, por ejemplo, si están en avanzado estado de descomposición", ha apostillado.

El caso con mayor número de víctimas y en el que este departamento de la Guardia Civil trabajó en exclusiva fue el del accidente de Spanair en 2008, con 154 víctimas, "en el que estuvimos trabajando nueve días en la identificación total de las víctimas". Con diferencia, ha subrayado, fue el peor siniestro en el que han trabajado.

"No solo por el volumen de cadáveres, sino porque iban pasajeros de hasta 15 nacionalidades distintas, lo que supone una dificultad añadida porque hay que mantener contacto con las distintas embajadas y consulados", ha recalcado.

Este equipo de la Guardia Civil también ha participado en el accidente ferroviario de Chinchilla de 2003, una colisión de trenes que acabó con la vida de 19 personas y dejó unos 50 heridos, o en actuaciones del Ejército español con misiones en el extranjero, como fue el caso del accidente del helicóptero español en Afganistán de 2005 donde murieron 17 soldados españoles.

Su primera intervención fue en 1996 en el accidente de autobús en Bailén (Jaén) donde fallecieron 29 personas, carbonizadas, siguiendo el mismo año la de la riada del camping de Biescas, en el que murieron 87 personas y 183 resultaron heridas.

También han colaborado en el atentado del 11M de 2004 y el accidente de avión de Germanwings en Los Alpes, en el que han participaron tres agentes de la Guardia Civil especializados en criminalística, "quienes trabajaron de enlace con las autoridades francesas, facilitando datos Ante Mortem". En 2014, ayudaron a identificar los cuerpos del helicóptero del Ejército accidentado en Canarias y localizado a 2.000 metros de profundidad.

En Murcia, el Departamento de Identificación del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, un equipo "multidisciplinar" compuesto por unas 40 personas, se encargó de identificar el cadáver de un finlandés en la rambla de Valdelentisco en Isla Plana (Cartagena) en 2012, "gracias a la regeneración dactilar que se practicó".

En todas estas intervenciones, ha querido resaltar Carlos García Corrochano, "las identificaciones han sido positivas, no ha habido errores".

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil se encarga de la identificación de cadáveres en accidentes con víctimas múltiples, lo que "requiere un procedimiento técnico-científico, un trabajo de protocolo, organización e identificación en el tiempo más breve posible", es "en lo que nos centramos".

Para ello utilizan métodos "rigurosamente" científicos como pueden ser los métodos odontológicos o de ADN, "datos que cruzamos con la de los familiares o personas conocidas". De tal forma, se dividen principalmente en dos equipos, el del 'Ante Mortem' (AM), con entrevistas a familiares y amigos para conocer datos de los fallecidos como características físicas, ropa que llevaban o fotografías, "todo lo que ayude a la identificación".

El otro equipo es conocido como 'Post Mortem' (PM), que se encarga de obtener todos los datos de los cuerpos, "etiquetarlos, enumerarlos y tomar muestras de la huella dactilar, las de ADN, y los odontogramas (radiografías de la boca) de los cadáveres.

En definitiva, "se trata de un cruce de datos de las muestras que se obtienen de los cadáveres con las que se obtienen de los familiares directos o las fichas odontológicas que pudiera tener la víctima".

Carlos García Corrochano ofreció a las 12.30 horas la conferencia la 'Actuación de la Guardia Civil en catástrofes con múltiples víctimas' en el campus de La Merced en el Paraninfo, donde ha explicado la labor del equipo de catástrofes de la Guardia Civil, las distintas actuaciones en las que han trabajado desde su creación en 1992 y cómo se protocolizan todas estas actuaciones.

Los familiares de las víctimas del Yak-42 echan fuego contra el Gobierno tras el indulto de militares condenados

MADRID.- El presidente de la Asociación de Víctimas del Yak-42, Miguel Ángel Sencianes, se ha mostrado "furioso" por el indulto parcial concedido por el Gobierno de Mariano Rajoy a dos oficiales condenados en el caso sobre el accidente del Yakolev 42, al considerarlo "inhumano y una burla". 

   "Señor Rajoy, así no se hace memoria de 62 militares. Esto es inhumano y una burla", expresó Sencianes, visiblemente compungido, en rueda de prensa, para después garantizar que los familiares estarían dispuestos a ir "al infierno" para hacer justicia por el incidente de mayo de 2003 en Turquía.

   El presidente de la asociación además aseguró que ya se esperaban este indulto, si bien quiso dejar claro que no se explican el porqué. Y esgrimió que la causa llevaba pendiente dos años.  

   Para Sencianes, los comandantes "profanaron" cadáveres y "falsearon" documentos oficiales, por lo que exigió la salida del ejército de los implicados.

   "España ahora no sólo tiene crisis económica, sino también democrática, pues se da un golpe al Estado de Derecho", explicó, al tiempo que aseguró que el Ejecutivo de Rajoy se alinea con esta decisión en el lado de los "delincuentes".

   Por último, la asociación anticipó que seguirán buscando esclarecer los hechos en el Tribunal Constitucional o en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Desde los servicios jurídicos de la asociación apuntaron que la estrategia a seguir aún no está definida, pero recordaron que un indulto "no borra" la condición de culpables de los comandantes.  

   El Consejo de Ministros aprobó este viernes la concesión del indulto parcial para el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez, condenados por las identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres de los militares españoles fallecidos en el accidente del Yak-42. Los indultos afectan únicamente a las penas de inhabilitación de un año que les fueron confirmadas a ambos por el Tribunal Supremo.

   Los dos oficiales fueron condenados en 2009 como cómplices de un delito de falsedad documental por su responsabilidad en el accidente aéreo que provocó la muerte de 62 militares en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003, siendo ministro de Defensa el cartagenero Federico Trillo, actual embajador del Reino de España en Gran Bretaña.

Los familiares del Yak-42: “Es un agravio que Trillo sea embajador en Londres”

MADRID.- Las familias de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42, en 2003, conocieron el pasado 3 de febrero que el juez Fernando Grande-Marlaska decretaba el "sobreseimiento libre" de la cúpula militar de la etapa de Federico Trillo al frente de Defensa, por considerar que no existió "responsabilidad penal relevante" en la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en tiempo de paz. Es el tercer archivo del caso, contra el que ya han presentado recurso, según revela hoy 'El País'. 

Pocos días después recibieron otra noticia que también les cayó  como un jarro de agua fría: el nombramiento del exministro de Defensa como nuevo embajador español en Londres. “Queremos expresar nuestro sufrimiento moral por esta decisión, para nosotros es un agravio”, han lamentado esta mañana.

La asociación de víctimas del accidente insiste en la responsabilidad penal de los mandos militares en el siniestro del avión ucranio. "Era vox populi que los aviones eran inseguros, hubo negligencia", ha defendido el presidente, Miguel Ángel Sencianes. Por eso han recurrido el auto de Grande-Marlaska, una decisión a la que se ha adherido la Fiscalía. El Ministerio Público estimó que los mandos incurrieron en una "imprudencia grave" y una "absoluta falta de diligencia, pese a tener conocimiento de las enormes deficiencias e irregularidades que caracterizaban" ese tipo de vuelos. Todo ello, dijo el fiscal, "hacía previsible que pudiera suceder [un siniestro] que hubiera sido evitable".

“Pedimos al juez que reabra al caso y que tenga en cuenta que es una cuestión de honor”, han asegurado. Grande-Marlaska acaba de ser nombrado presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pero ellos no creen que la nueva organización, con el responsable de cerrar el caso a la cabeza, vaya a perjudicarles: “Llevamos nueve años confiando en la justicia, eso no se quiebra por un nombramiento”, ha afirmado su abogado, Leopoldo Gay.

El proceso judicial se alarga ya nueve años, y están cansados de esperar: “Por salud mental, por todo, necesitamos un plazo, que los juicios no se alarguen tanto. Esto debía de acortarse porque no hay quien lo resista”, se quejaba Granada Ripollés, hermana de uno de los fallecidos. En opinión de la asociación, existen razones políticas para el retraso judicial. Federico Trillo, dicen, es la “mano negra” que lo obstaculiza. “Sigue sobrevolando, tiene mucho poder, más de lo que la gente se imagina”, añadía Francisco Parada, otro de los miembros.

Los familiares solicitan también al Gobierno que no conceda el indulto a los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sanz, condenados por la Audiencia Nacional en 2009 por falsear las identidades de 30 de los 62 militares fallecidos en el Yak-42, en un sumario separado del que investigaba las irregularidades que rodearon la contratación del avión ucraniano. "Nunca han pedido perdón, no han mostrado arrepentimiento", defienden. La ejecución de la sentencia se ha paralizado por la petición de indulto que tiene que resolver el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La asociación ha solicitado además audiencia con los ministros de Interior y Defensa, pero aún no ha obtenido respuesta.

Marlaska archiva la investigación sobre la contratación del Yak-42 contra el criterio del fiscal

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha archivado la investigación que instruía contra la cúpula militar del exministro de Defensa, el cartagenero Federico Trillo sobre las irregularidades en la contratación del avión Yak-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) provocando la muerte de 62 militares que regresaban de una misión en Afganistán. 

  El magistrado, que ha tomado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía, reconoce en un auto hecho público este jueves "la gravedad de los hechos" investigados pero especifica que los seis altos mandos militares imputados no tuvieron "responsabilidad penalmente relevante" en el accidente, que atribuye a la "falta de preparación" de la tripulación.

   Tras apuntar que en la Audiencia Nacional sólo se ha investigado la presunta actividad delictiva de los imputados, "nunca la de cualquier otra responsabilidad de naturaleza diversa", Marlaska señala que no cabe atribuir a estos "una acción concreta omitida, intencional o imprudente relacionada con el vuelo en sí mismo o de carácter colateral".

   El juez imputaba 62 delitos de homicidio por imprudencia grave al exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuía "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas" y al jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que consideraba "responsable de la contratación" del aparato.

   También estaban imputados el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y del Grupo de Control del Contrato, el contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo; y el teniente coronel Abraham Ruiz López, enlace de la división de planes del Estado Mayor Conjunto ante la agencia de la OTAN Namsa.

   Tras señalar que ninguno de ellos "hubiese podido evitar el resultado" del vuelo siniestrado, el juez concluye que la causa del accidente no fue la adjudicación de esta operación a Namsa, su posterior subcontratación al broker Chapman Freeborn, "avalado por 30 años de experiencia en la aviación y en concreto en servicios en la zona",  ni la atribución del vuelo a la compañía ucraniana UM Air, propietaria del aparato.

  "La problemática del movimiento de tropas y su avituallamiento, encuadrado en el ámbito de la OTAN no puede estimarse generador de un riesgo añadido al que de por sí ya lleva cualquier operación militar en un escenario conflictivo", argumenta.

  En relación con las causas del desastre aéreo, el auto recoge las conclusiones del informe pericial elaborado por la Comisión Internacional de Investigación que analizó el siniestro para sostener que "no fueron las circunstancias relativas al estado y mantenimiento de la aeronave" las que lo provocaron sino "la preparación concreta de la tripulación".

  El magistrado indica, de hecho, que el avión se encontraba "en perfectas condiciones técnicas" y había pasado todos los controles de mantenimiento. "Era apto para volar", agrega antes de añadir que "disponía de combustible suficiente".

   En cuanto a la capacidad de los tripulantes, Marlaska refleja en el auto que estos "no habían recibido entrenamientos adecuados" y adolecían de "coordinación e ideas".

  "No consta que ninguno de los pilotos hubiera aterrizado previamente en el aeropuerto de Trabzon, caracterizado por una orografía montañosa", destaca el juez para añadir a continuación que carecían de "programas de formación" y se encontraba en una situación de "estrés y cansancio" que les llevó a perder la situación espacial.

   El accidente del Yak-42 ya fue juzgado por la Audiencia Nacional por la falsificación de la identidad de 30 de los 62 fallecidos. El tribunal condenó en mayo de 2009 a tres años de prisión al general Vicente Navarro y a un año y medio de cárcel a los oficiales médicos José Ramírez y Miguel Sáez, aunque posteriormente suspendió la ejecución de las penas. Las penas fueron confirmadas por el Tribunal Supremo.

Golpe moral

El presidente de la Asociación de Familiares del Accidente del Yak-42, Miguel Ángel Sencianes, ha calificado de "golpe moral" y "jarro de agua fría" el archivo de la causa judicial que se seguía en la Audiencia Nacional por la contratación del aparato, y ha anunciado que los allegados recurrirán el auto del juez Fernando Grande-Marlaska "con todas las fuerzas".
    Sencianes se ha preguntado cómo el juez ha decretado el sobreseimiento de la causa, en la que estaban imputados seis miembros de la cúpula militar del exministro de Defensa Federico Trillo, si la Fiscalía apuntaba en su informe que todos ellos habían incurrido en "una conducta omisiva en la contratación, ejecución, vigilancia, inspección y supervisión del aparato".
   "Vamos a luchar por la memoria de los nuestros porque murieron inútilmente, su muerte era evitable", ha señalado Sencianes antes de mostrarse "absolutamente convencido" de que los altos mandos militares tenían "dominio pleno" para haber podido evitar el accidente.
   Tras recordar que Grande-Marlaska también archivó la causa por falsear la identidad de 30 de los 62 militares fallecidos y la Sala de lo Penal le obligó a reabrirla, el portavoz de la asociación de familiares de las víctimas ha indicado su intención de "continuar luchando para que prevalezca la verdad y la honestidad".
   En este contexto, ha recordado que antes de que se produjera el accidente los militares denunciaron su "miedo a volar" en un aparato que calificaron de "tartana o chatarra", en el que "la carga no iba anclada o los pilotos bebían vodka durante el vuelo".

"Ese aparato nunca debió volar", ha concluido.

Familiares piden el fin de la investigación sobre la contratación del avión Yak-42

MADRID.- Los familiares de las víctimas del accidente del Yak-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 provocando la muerte de 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán, han solicitado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska que finalice la investigación sobre la contratación del aparato de cara a la celebración del juicio oral. 

   Así consta en dos escritos presentados por dos grupos de familiares, entre los que se encuentran los representados por la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42, en los que solicitan al instructor que dicte el auto de transformación en procedimiento abreviado contra los seis mandos militares que se encuentran imputados, equivalente al procesamiento.  

   Las familias también piden que "se dejen sin efecto la práctica de las comisiones rogatorias pendientes de cumplimiento", al considerar que en la causa ya obran "indicios relevantes de criminalidad" contra los imputados por 62 delitos de homicidio por imprudencia, castigados con penas de uno a cuatro años de cárcel.

   La acción penal se dirige contra el exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas"; y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera "responsable de la contratación" del aparato, siendo ministro de Defensa, Federico Trillo.

   También están imputados el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y del Grupo de Control del Contrato, el contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.

   En junio de 2008 Grande-Marlaska cursó comisiones rogatorias internacionales a 15 países, entre ellos Luxemburgo, Ucrania, Bélgica, Turquía o Noruega, para solicitar pruebas e interrogar a un total de 45 testigos.

   Los familiares sostienen que de la instrucción se ha podido concluir la "evidencia de fallos de seguridad, mal funcionamiento y mal mantenimiento" de las aeronaves ucranianas contratadas a través de la agencia de la OTAN Namsa.

   "La absoluta desidia, ceguera o complicidad a la hora de efectuar los controles a los aviones comerciales y su documentación tuvo un resultado dañoso", señala uno de los escritos antes de añadir que los mandos militares "nunca se esforzaron los garantes en averiguar y determinar cuáles serían las condiciones, que la aeronave habría de enfrentar".

   A su juicio, existían "innumerables documentos, que de haber sido obtenidos por las personas garantes en su debido momento, hubiesen impedido asistir a una tragedia como la que ocurrió aquella noche".

"No fue un suceso  fortuito o imposible de predecir", pues los responsables "conocían las condiciones de los aviones contratados, por lo que no pueden alegar sorpresa ante el resultado", concluyen.

   El accidente del Yak-42 ya fue juzgado por la Audiencia Nacional por la falsificación de la identidad de 30 de los 62 fallecidos. La Audiencia Nacional condenó en mayo de 2009 a tres años de prisión al general Carlos Navarro y a un año y medio de cárcel a los oficiales médicos José Ramírez y Miguel Sáez, aunque posteriormente suspendió la ejecución de las penas.

Familiares de víctimas del Yak piden la declaración de 46 testigos para esclarecer la contratación

MADRID.- Familiares de víctimas del accidente del Yak-42 -que costó la vida a 62 militares españoles en Trazbon (Turquía) en mayo de 2003- representadas por la abogada María Ángeles López, han presentado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska solicitando la declaración de un total de 46 personas para esclarecer las posibles negligencias en la contratación de la aeronave.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 mantiene abierto este procedimiento, cuyos dos principales imputados son el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas"; y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera "responsable de la contratación" del aparato.

En un escrito de 45 folios, los familiares de dos comandantes fallecidos en el accidente solicitan la declaración de un total de 22 militares españoles en calidad de testigos.

Entiende esta parte que el testimonio de todos ellos servirá para acreditar "la dejación de funciones de control y vigilancia de la contratación, aviones y vuelos de tropas a Afganistán e Irak entre 2002 y 2003", en especial del vuelo UKM 4230, "que carecía como el resto de cualquier tipo de control por parte de la Defensa o la contratista Chapman Freebrorn", un hecho que terminó con el luctuoso acontecimiento.

Entre las testificales, solicitan un careo entre el que fuera Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) entre 2003 y 2004, Alejandre Sintes, y el JEMAD entre 2004 y 2008 Félix Sánz Roldán, con el fin de aclarar si llegó al entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, la queja remitida por el teniente coronel del CISET Javier Marino.

El primero ya declaró en la Audiencia Nacional que no tenía constancia de que el escrito llegara a Trillo, mientras que el segundo indicó también en sede judicial que la queja fue cursada con toda seguridad al ministro.

Igualmente, esta parte solicita la comparecencia en la Audiencia Nacional de 15 civiles también en calidad de testigos, entre ellos varias personas que volaron antes del accidente con las tropas destino a Afganistán en aviones ex soviéticos, así como intervinientes en el contrato de los vuelos.

Interesan también la declaración de militares chilenos e italianos testigos de los últimos momentos con vida de los 62 fallecidos. Estos testigos coincidieron con los militares durante la última escala que éstos hicieron en la base aérea militar de Manás (Kirguizistán), y según esta parte son testigos de llamadas a España para solicitar un cambio de avión o la espera de un día para emprender el regreso.

Además, las familias piden al juez que requiera hasta una treintena de documentos a los ministerios de Defensa y Fomento, al Centro Nacional de Inteligencia, a las empresas Iberia Air Europa, RTVE, Cadena Ser, Cope, Onda Cero y al Juzgado de Zaragoza que llevó la vía civil del caso.

El instructor de caso, Fernando Grande-Marlaska, también mantiene imputados en esta causa al jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.

El pasado mes de marzo, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó realizar nuevas imputaciones, al considerar que el vuelo era responsabilidad de la agencia de la OTAN Namsa y no de las autoridades militares españolas.

El tribunal rechazaba de esta forma el recurso de apelación presentado por la Asociación de Familiares del Accidente de Turquía Yak-42 (AFATY) y otro grupo de víctimas contra un auto en el que el instructor del caso, Fernando Grande-Marlaska, rechazaba la imputación de once altos cargos y militares.

En su auto, el tribunal sostenía "las alegadas malas condiciones" en que se habría realizado el vuelo del Yak-42 "no eran responsabilidad directa de las autoridades militares españolas", que "cedieron" a la agencia Namsa "la provisión de servicios de transporte para las fuerzas españolas", y que las distintas subcontratas, gestionadas por la multinacional Chapman Freeborn, "resultan igualmente ajenas al ámbito penal".

También indicaba la Sala de lo Penal que las quejas presentadas por los militares que habían tomado vuelos de aviones procedentes de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética "no afectan a un problema de seguridad, sino que más bien apuntan a un defectuoso cumplimiento de las condiciones" del acuerdo que el Ministerio de Defensa firmó con la OTAN.

Zapatero pide a Rajoy que "si cree en el respeto" pida "disculpas" a los familiares en el acto junto a Trillo

VALENCIA.- El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió hoy al presidente del PP, Mariano Rajoy, que, "si defiende y cree en la seriedad, el rigor y el respeto", pida "disculpas" a los familiares de los militares españoles fallecidos en el accidente del Yak-42, en el acto en el que intervendrá mañana en Alicante junto al diputado popular en el Congreso y ex ministro de Defensa, Federico Trillo.

Rodríguez Zapatero realizó estas declaraciones durante su participación en un mitin del PSOE, con motivo de las próximas elecciones europeas que tendrán lugar el próximo 7 de junio, celebrado hoy en el pabellón Fuente de San Luis de Valencia.

En este acto estuvo acompañado por el cabeza de lista del PSOE a los comicios al Parlamento Europeo (PE), Juan Fernando López Aguilar; el primer ministro de Portugal y secretario general de los socialistas lusos, José Sócrates; la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el secretario general del PSPV, Jorge Alarte.

El jefe de Gobierno incidió en que, en el acto de mañana, Rajoy tiene una "buena oportunidad" de pedir "disculpas a los familiares del Yak-42, por lo que hicieron en esa tragedia", una tarea que, a su juicio, debería hacer Mariano Rajoy porque, tal y como recordó, "es líder del PP y era miembro del Gobierno cuando ocurrió la tragedia"

"No les pido dimisiones, les pido que respeten y que, alguna vez, asuman una autocrítica", subrayó Zapatero, quien pidió a los populares que "reconozcan su error y se dejen de mentira y de crispación".

Asimismo, lamentó que los dirigentes del PP, porque "cogieron la gripe unos cuantos militares", pidieron la dimisión de la ministra de Defensa, Carme Chacón, "el mismo día que defienden a Trillo, con lo que pasó con el Yak-42". Al respecto, se preguntó "cómo es posible tan poca seriedad y credibilidad".

Trillo pone su cargo orgánico a disposición del PP tras la sentencia del Yak-42

MADRID.- El ex ministro de Defensa y actual coordinador de Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, puso ayer su cargo a disposición de Mariano Rajoy, después de conocerse la sentencia sobre el accidente del Yak-42, pero el presidente del Partido Popular rechazó "rotundamente" esa opción, confirmaron fuentes de la sede de Génova.

Trillo también hizo el mismo gesto con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y con la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, quienes también se mostraron contrarias a que abandone su actual responsabilidad política, por entender que no ha estado imputado en el proceso y que ni siquiera ha sido llamado a declarar en el juicio, señalaron las mismas fuentes.

El ex titular de Defensa puso su cargo a disposición del partido tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional en la que se condena al general Vicente Navarro a tres años de prisión por falsear las identificaciones de 30 de los 62 cadáveres de militares españoles fallecidos en el accidente del Yak 42 el 26 de mayo de 2003. También condena a dos subordinados a un año y medio de cárcel.

Al conocerse el fallo, Trillo compareció en la sede nacional de su partido para asegurar que respetaba pero que no compartía la decisión de la Audiencia Nacional. Tras afirmar que las personas que intervinieron en la repatriación de los cuerpos actuaron de "buena fe", pidió disculpas de nuevo a las familias de los militares.

Los dirigentes del PP cerraron ayer filas con el ex ministro y censuraron que los socialistas exijan que abandone su acta de diputado. Mariano Rajoy, mantiene "toda su confianza" en Trillo, aseguraron hoy de nuevo fuentes cercanas al presidente del PP.