El Gobierno y PP intentan avanzar en la reforma de administraciones públicas

MADRID.- El Gobierno y el Partido Popular intentarán dar un impulso a la reforma de las administraciones públicas que ha puesto en marcha Mariano Rajoy con el objetivo de racionalizar estructuras, procedimientos y recursos. Para ello se han convocado sendas reuniones, una en Moncloa más centrada en el ámbito local y otra en 'Génova' con carácter más autonómico.

   Así, el presidente del Gobierno recibirá en el Palacio de la Moncloa al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, que le trasladará la disposición de las entidades locales para trabajar en la reforma de la administración con "la máxima lealtad institucional, consenso y diálogo".

   A la misma hora, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; y el vicesecretario de Política Autonómica y Local del partido, Javier Arenas, abordarán la reforma de las administraciones públicas en la sede del PP.

   A este encuentro asistirán también los consejeros de Presidencia y de Administraciones Públicas de las comunidades en las que gobierna el PP; así como los portavoces del PP de estas materias de las CCAA en las que no gobiernan. El objetivo es "coordinarse" y poner en común propuestas para racionalizar recursos y reducir estructuras.

   Cospedal ha explicado este lunes que pretenden introducir el criterio de eficacia en todas las administraciones, mediante la eliminación de duplicidades y la limitación de competencias que cada una debe asumir. Se trata, ha proseguido, de introducir el criterio de sostenibilidad en la gestión pública para hacerla lo más eficiente posible.

   La 'número dos' del PP ha señalado que están trabajando en propuestas que quieren compartir y estudiar "en el buen sentido con el PSOE en aras de conseguir un gran acuerdo". Por el momento, los responsables de Política Municipal de los dos principales partidos ya han mantenido algún contacto para dar pasos en la reforma de la administración local.

   Fuentes del PP han explicado que la vicepresidenta del Gobierno informará este martes de los trabajos de la comisión de estudio para la reforma integral de las Administraciones Públicas que se constituyó hace pocas semanas y que tiene que elevar una propuesta formal antes del próximo 30 de junio.

   El objetivo de esta comisión es auditar de "abajo a arriba" las administraciones para hacer viable una estructura de Estado, de reparto de competencias y de responsabilidades que "ha funcionado muy bien" pero que es "insostenible" en tiempos de crisis, en palabras de Sáenz de Santamaría.

   Una de las primeras propuestas de esa comisión ha sido la reducción del número de coches oficiales del parque móvil del Estado, que supondrá un ahorro para las arcas públicas de 10,5 millones de euros en los dos próximos años.

   Por su parte, Montoro dará cuenta en esta reunión en 'Génova' de cómo marchan los trabajos para la reforma de la Administración Local, que pretende clarificar competencias municipales para evitar duplicidades (supondrá un ahorro de al menos 3.500 millones de euros).

   Esa reforma apostará también por la supresión de más de 3.000 entidades locales menores y mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no está asegurada y la eliminación de más de 21.000 concejales en las próximas elecciones municipales.

   Precisamente, Cospedal y Arenas mantuvieron el pasado jueves un encuentro con representantes de distintas federaciones de municipios del país, en el que subrayaron la apuesta del PP por reducir el número de concejales y los sueldos, así como mejorar la financiación municipal, aclarar las competencias, reforzar las diputaciones y eliminar buena parte de las mancomunidades.

   Fuentes del PP han asegurado que se trata de una reunión "ordinaria" en el marco de las muchas que organiza cada semana el partido para "coordinarse" con el Ejecutivo y han señalado que el objetivo de esta cita no es dar el visto bueno a ningún texto concreto que vaya a ir ya al Consejo de Ministros.

   En principio, desde el Gobierno se tiene intención de aprobar antes de que acabe el año la reforma de la Ley de Gobierno Local, clave en el marco de reformas estructurales anunciadas por Mariano Rajoy para esta legislatura.

Aprobado el Programa de Redistribución del personal de la Administración regional

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha aprobado el Programa de Redistribución de efectivos, que afecta al personal al servicio de la Comunidad, según se contempla en la Ley 5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y de medidas en materia de Función Pública.

   Esta actuación tiene como objetivo conseguir una mayor optimización de los recursos humanos y garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno regional, José Ballesta.

   Se trata, en definitiva, "de aprovechar al máximo las potencialidades del personal al servicio de la Administración regional con la finalidad de aumentar la eficiencia de los recursos humanos".

   Mediante este programa, el personal que presta servicios en un determinado departamento cuyo volumen de actividad haya disminuido, será adscrito a otro centro directivo cuyos servicios se consideren prioritarios y con necesidades de personal, ha continuado.

   El personal afectado por esta redistribución "tendrá garantizadas las condiciones administrativas y económicas con las que cuente en su puesto de trabajo inicial".

   La Comunidad, ha afirmado Ballesta, "intentará conjugar al máximo la voluntariedad y las preferencias del personal, siempre que las necesidades de los servicios lo permitan".

El Gobierno italiano aprueba la reducción del número de provincias de 86 a 51

ROMA.- El Gobierno italiano ha dado luz verde este miércoles a la ley que prevé la reducción del número de provincias del país de 86 a 51 a partir de 2014 con el objetivo de ahorra gastos al Estado, según ha anunciado el ministro de Función Pública, Filippo Patroni Griffi. Según el Gobierno, la medida ahorrará 40 millones de euros al año.

   El consejo de ministros ha aprobado el decreto ley de reforma y con ello se ha puesto en marcha el "proceso irreversible" de reducción del número de provincias, ha explicado. "A partir de enero, y en coherencia con la gobernanza, se reducirán la juntas provinciales", ha indicado el ministro, si bien la supresión definitiva de las provincias tendrá lugar en enero de 2014.

   Según ha explicado Patroni Griffi, en noviembre de 2013 se celebrarán las elecciones para elegir los gobiernos de provincias, que serán "completamente nuevas tanto por sus dimensiones como por sus funciones".

   El objetivo del Gobierno de Mario Monti, además de reducir gastos, es racionalizar competencias como la gestión de las carreteras o de la educación, y además permitirá que algunos ayuntamientos puedan pasar a otra provincia más cercana y con la que tienen mayor afinidad.

   La nueva ley también prevé la creación a partir del 1 de enero de 2014 de las ciudades metropolitanas que sustituirán las provincias de los principales núcleos urbanos del país. En concreto, se constituirán diez ciudades metropolitanas: Roma, Turín, Milán, Venecia, Génova, Bolonia, Nápoles y Reggio Calabria.

El Gobierno estudiará durante ocho meses cómo reformar la Administración Pública

MADRID.- El Gobierno se ha comprometido a elaborar antes del 30 de junio de 2013 una propuesta de "reforma integral" de las administraciones públicas, de manera que se simplifique y adelgace su estructura, estudiando el coste de todos los servicios para evitar duplicidades, que las administraciones se solapen y existan organismos como las embajadas autonómicas, según ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

   "A lo mejor hay que empezar a eliminar mucha cosa superflua", ha resumido la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El objetivo del estudio es realizar una auditoría "de abajo arriba", un camino en el que se buscará el consenso con los partidos políticos y el resto de los niveles de la administración, el autonómico y el local.

   A ello se dedicará la comisión creada hoy por acuerdo del Consejo de Ministros, cuyo trabajo implicará a todos los departamentos del Gobierno. "Vamos a analizar y proponer cambios de estructuras, competencias y procedimientos, vamos a organizarnos mejor para ser mejores", ha dicho Sáenz de Santamaría.

   La portavoz ha subrayado que se busca "una auditoría completa a las estructuras administrativas", un "trabajo de bolillos" para dibujar "un mapa de todo lo que hay, que no se ha hecho nunca y ha llegado el momento ineludible de hacer". Ha añadido que se trata de hacer viable una estructura de Estado, de reparto de competencias y de responsabilidades que "ha funcionado muy bien", pero que es "insostenible" en tiempos de crisis.

   Y preguntada específicamente por ello, Sáenz de Santamaría ha dudado por ejemplo de mantener organismos como las embajadas autonómicas en el extranjero, las más discutidas, las de Cataluña. "Es uno de los puntos que en el informe se abordará", ha dicho, para defender que "probablemente" lo más eficiente sean embajadas españolas "bien dotadas".

 "Con lo grande que es el mundo, cuanto más grandes seamos mejor nos escucharán ", ha interpretado.

   Al hilo de este asunto, la vicepresidenta ha asegurado que el trabajo de la comisión va a ser también un ejercicio de transparencia: dónde gasta cada cuál y cómo. "Aquí vamos a salir retratados muchos, lo que nos están costando determinadas estructuras", ha dicho, para agregar: "Vamos a saber el coste de determinadas decisiones. La transparencia permite valorar por qué determinadas administraciones no suprimen determinadas cosas y hacen otros ajustes. Eso también va en la responsabilidad".

   Soraya Sáenz de Santamaría ha recalcado en su intervención que este trabajo es un mandato de la Conferencia de Presidentes, en el que se acordó por unanimidad estudiar cómo hacer más eficientes las administraciones. Por ello, confía en que todos también intenten acordar los instrumentos para ello. "La voluntad de diálogo hay que ponerla en valor", ha dicho.

   Ha advertido sin embargo de que con la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria, Hacienda cuenta con un conocimiento profundo y detallado de la situación de todas las administraciones, del destino del dinero que gastan y de cómo lo gastan, porque deben cumplir el objetivo de déficit. Según Sáenz de Santamaría, el trabajo que ahora se realiza también dará a este ministerio información de dónde "generar más ahorro" para llegar a ese objetivo y devolver los créditos, tanto del Fondo de Liquidez como del Plan de pago a proveedores.

   La portavoz ha recordado que en la pasada Conferencia de Presidentes se acordó estudiar este asunto y crear un grupo de trabajo. Para contribuir a él, y en representación del Estado, se crea esta comisión, que deberá presentar propuestas antes del próximo verano.

   La presidirá el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, será vicepresidenta la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas y ejercerá de secretario el director general de Coordinación Estado-CCAA. Estará formada además por un representantes de cada ministerio, así como por uno del gabinete de Mariano Rajoy, otro de la oficina económica del presidente y uno más del gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría, en este último caso, con dedicación exclusiva.

   La comisión trabajará en cuatro apartados: cómo evitar duplicidades, cómo simplificar los trámites administrativos y rebajar la burocracia, cómo mejorar la gestión de servicios y de medios comunes y cuál es la estructura completa de la administración española.

   En el apartado para evitar duplicidades, se tendrá en cuenta el trabajo que está realizando la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas para reforma la Ley de Bases de Régimen Local, que el Gobierno quiere presentar en las próximas semanas.

   El objetivo es que varias administraciones hagan lo mismo. Sáenz de Santamaría ha recurrido a su propio departamento para poner un ejemplo sobre una competencia "poco problemática": los boletines oficiales, que se editan en cada autonomía y en el Estado. Ha reconocido que todos son necesarios, pero se ha preguntado si cabe compartir imprenta y distribución, coordinarse "mejor".

Lombardía propone reducir a tres las regiones en Italia y a la mitad los diputados y senadores

ROMA.- El presidente de la región de Lombardía, Roberto Formigoni, ha propuesto la abolición del actual sistema de organización territorial para "reducir el coste de la política" y crear tres grandes áreas: Norte, Central y Sur. Además, apuesta por reducir a la mitad el número de diputados y senadores en Italia.

   En una conferencia, Formigoni ha abierto la caja de Pandora, siendo el primer alto cargo político en Italia en realizar una propuesta concreta para la reorganización territorial.

   "Para rebajar el coste de la política, es el momento de poner la atención en la reorganización de las regiones. Son demasiadas y demasiado pequeñas. Hay que tener menos regiones y más grandes", ha sugerido Formigoni.

   A raíz de esta reforma, el presidente de Lombardía ha asegurado que se suprimirían 331 conserjerías regionales de un total de 1.111 que existen a día de hoy, según ha recogido el diario italiano 'Corriere della Sera'.

   "El Parlamento debería seguir nuestro ejemplo. Es el momento de reducir a la mitad el número de diputados y senadores", ha añadido Formigoni, quien ha admitido que esta sería una reforma "radical".

   Sobre esta propuesta ya ha opinado el presidente de Italia, Giorgio Napolitano, quien ha apelado a la moderación y ha afirmado que "hay que valorar todos los aspectos en las diversas instituciones y no solo centrarse en la parte negativa" de la organización territorial italiana, según ha informado el periódico italiano 'La Repubblica'.

Los gestores públicos que falseen cuentas u oculten datos podrán ir a prisión

MADRID.- Los gestores públicos que falseen las cuentas, oculten datos o los divulguen siendo falsos, generando con ello un perjuicio económico para la Administración, podrán ser condenados a penas de cárcel de entre uno y cuatro años, además de ser inhabilitados entre tres y diez años. 

   Así consta en la reforma penal que acompaña al proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, después de incorporar las sugerencias realizadas por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

   En este sentido, ha explicado que el Gobierno ha "reforzado" la respuesta penal a la "mala gestión de los recursos públicos", ya que, aparte de  las sanciones por infracciones graves y muy graves que ya recogía la Ley de Transparencia, se "ha dado un paso más" al incluir penas de prisión. Hasta ahora, el texto que manejaba el Ejecutivo incluía una pena de inhabilitación de hasta diez años para los malos gestores que gasten sin tener competencia o crédito.

   Pero en el proyecto aprobado se introduce un nuevo delito con dos tipos en el Código Penal (normal y agravado) mediante los que se castigará la conducta de la autoridad o funcionario público que, a sabiendas y para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, falsee su contabilidad, documentos o información que deban reflejar su situación económica o divulgue información falsa por cualquier medio.

   En estos casos se aplicarán penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y penas de multa de mayor o menor extensión en función de si se llegara a causar el perjuicio económico a la entidad pública, supuesto en el que podrá imponerse además pena de prisión de uno a cuatro años, según ha informado el Gobierno.

   Además, esta norma incluirá una "pequeña" modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que sea "causa de inelegibilidad" haber sido penado por la comisión de una infracción muy grave de las previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que recoge la Ley de Transparencia.

   Estarán sujetas a esta norma todas las Administraciones y poderes públicos -Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial-, así como el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social y a las instituciones autonómicas análogas.  También lo estarán las sociedades mercantiles en que la participación pública sea de más de un 50 por ciento con independencia de cuál sea su régimen.

   Otra de las novedades, según ha explicado Sáenz de Santamaría, es que se establecen una serie de obligaciones de publicidad activa más amplias que las contempladas actualmente. "Es un elemento fundamental de control de los recursos públicos y para evitar publicidades", ha dicho, para añadir que el objetivo es que se pueda conocer "cómo se convenia, cuánto cuestan los convenios y qué competencias están conveniando".

   Además, ha informado que se amplía el ámbito de las publicaciones de retribuciones y de declaraciones de incompatibilidad, al tiempo que se refuerza la independencia y garantías de control en la Agencia Estatal de Transparencia, cuyo presidente será nombrado por el Consejo de Ministros pero previa comparecencia en el Congreso, donde será refrendado por mayoría absoluta.

   Al ser preguntada por el hecho de que la Ley de Transparencia no permita conocer la agenda de actividades y reuniones del presidente del Gobierno, Sáenz de Santamaría ha subrayado que esta norma es "mucho más que la anécdota de saber que hace en cada momento el presidente del Gobierno".

   Aunque ha admitido que en Estados Unidos la agenda del presidente es pública, ha explicado que Mariano Rajoy tiene reuniones públicas pero "otras" son privadas, bien porque lo prefiera el interlocutor, bien porque se puede estar negociando algo y se requiera "sigilo y discreción".

 "Cómo contemos lo que hacemos las 24 horas del día, daría para mucho pero no cumpliríamos el objetivo de la ley, que es cambiar de cultura a la administración y saber que pueden controlarse los actos administrativos del principio al final", ha aseverado.

   La portavoz del Gobierno ha destacado que esta norma es "un elemento clave para luchar contra la corrupción" porque lo fundamental es que, a partir de ahora, cuando entre en vigor los ciudadanos podrán ver desde el primer al último trámite todos los contratos administrativos.

   "Eso a lo  mejor no tiene tanto interés mediático, pero tiene un interés público absoluto porque va a permitir conocer determinadas prácticas que a veces se hacen y que dificultan mucho saber cómo se están gestionando los recursos públicos", ha recalcado.

    En este sentido, ha señalado que lo importante de esta ley es que a partir de ahora un alto cargo que no gestione debidamente los recursos públicos y "oculte facturas en el cajón", sepa que "puede ser sancionado y destituido".

 "España merece cargos públicos que gestionen adecuadamente", ha añadido.

   Sáenz de Santamaría ha asegurado que la Ley de Transparencia es una "nueva filosofía de lo público" y ha confiado en que sea una norma "de consenso". Según ha añadido, va a suponer "un cambio de cultura administrativa muy importante".

   Finalmente ha informado de que han atendido a la "inmensa mayoría" de las sugerencias del Consejo de Estado, CGPJ y Agencia de Protección de Datos, lo que ha permitido que la norma "gane en rigor y en fortaleza", ya que "es una ley amplía que tiene que aplicarse a distintas administraciones".

Interventores y secretarios municipales volverán a depender de Hacienda

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que los interventores y los secretarios municipales volverán a depender de este departamento y no de los alcaldes, con lo que se pretende devolverles "la objetividad" en su trabajo de fiscalización de los municipios.

   "Es una vuelta a lo que ya tuvimos en España y que nunca debimos perder: la objetividad de esa gestión para la transparencia en el manejo de los presupuestos públicos y la independencia en la toma de decisiones", ha explicado Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local.

   El proyecto incluye una nueva lista de competencias, con la prohibición a los municipios de ejercer ninguna otra, y la eliminación de órganos intermedios como mancomunidades y pedanías, creadas "pretendidamente para organizar mejor los servicios públicos pero que no tienen sentido". 

Además, como ya se había anunciado, las diputaciones asumirán las competencias de las localidades de menos de 20.000 habitantes que no cumplan con una evaluación de calidad que deberán pasar.

   Montoro ha confirmado también la reforma de la Ley Electoral para reducir un 30 por ciento el número de concejales, lo que a juicio del gobierno pemitirá "aligerar y favorecer la toma de decisiones políticas".

Rajoy anuncia un recorte del 30% en el número de concejales

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este miércoles durante su intervención en el Pleno del Congreso que recortará un 30% el número de concejales de los más de 8.000 ayuntamientos del país, como medida dentro de un paquete de reforma de la administración pública que busca mayor "austeridad" y "eficiencia".

   Según ha indicado el presidente, se reducirá un 30% el número de concejales "por tramos de población, según la Ley Orgánica de Régimen de Bases Locales", y además se "homogeneizarán y publicarán" las retribuciones de los cargos municipales en función de unos baremos que se fijarán en los Presupuestos Generales del Estado y que también atenderán a las características de cada municipio.

   La reforma de las administraciones públicas también buscará "evitar duplicidades atendiendo a la premisa de una administración, una competencia", por lo que se "solucionarán las competencias impropias de los ayuntamientos, para que no presten servicios para los que no tengan la financiación necesaria" y se reforzará el papel de las diputaciones provinciales con el objetivo de que centralicen la prestación de servicios y "garanticen que los pequeños municipios reciban unos servicios públicos adecuados a precios razonables y mejor gestionados". Según Rajoy, esto generará un ahorro de unos 3.500 millones de euros.

   Finalmente, se acometerá una "reducción, e incluso eliminación, de empresas públicas en el ámbito local" para evitar duplicaciones "e incluso triplicaciones", y se mejorará el control de las cuentas públicas en el ámbito local con el "fortalecimiento" de la "imparcialidad" del Interventor Municipal y de los funcionarios de carácter nacional.

Beteta recalca que los gestores públicos que gasten sin tener crédito serán inhabilitados

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha recalcado que la Ley de Transparencia permitirá inhabilitar durante diez años a aquellos gestores públicos que gasten "sin tener crédito para ese gasto", lo que permitirá "eliminar a los malos gestores y de la vida pública".

   Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior al encuentro que él y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, han mantenido en Madrid con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas. Beteta ha recalcado que "no se puede gastar sin tener dinero" y ha señalado que el mecanismo de pago a proveedores de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos ha revelado cómo estas administraciones han ido contrayendo importantes deudas.

   El Gobierno ya había advertido que la Ley de Transparencia contendría este tipo de castigos, pero el Consejo General del Poder Judicial había observado que a la vista de su redacción, la normativa no penalizaba el hecho de gastar por encima de lo presupuestado sino únicamente el falseamiento de las cuentas. Ahora Beteta ha sido más claro y ha subrayado que se inhabilitará a quien gaste sin tener crédito para ello, lo que supondrá "una auténtica revolución".

   Por otro lado, el secretario de Estado ha trasladado que en la reunión de hoy con el vicepresidente andaluz, que ha definido como "intensa en el fondo y con discrepancia en algunas cuestiones", le ha trasladado a éste que la nueva ley de Racionalización y Sostenibilidad de las entidades locales pretende "mantener la calidad democrática" de las mismas, que estará inspirada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que contendrá entre sus ejes la idea de una administración, una competencia; la no supresión de ningún ayuntamiento pero sí la de otros entes supramunicipales "que solo hacen que estorbar".

   Además, ha subrayado que la voluntad del Ministerio es tramitar la misma como proyecto de Ley y, por tanto, sujeta a debate y enmiendas en el Congreso; y que se "estudiará" la posibilidad de convocar una Conferencia de Administración Local, "teniendo en cuenta que la competencia que existe entre las diferentes comunidades autónomas es muy asimétrica", debido a las diferencias que los estatutos de autonomía de tercera generación recogen en cuanto a competencias con respecto a los otros anteriores no reformados.

   Beteta no ha aclarado si el proyecto de ley será visto en el Consejo de Ministros de este viernes porque aún está en proceso de consultas con las diferentes comunidades autónomas.

   Por último, el responsable ministerial se ha referido al mecanismo que el Gobierno presentará a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este jueves para facilitar a las regiones la colocación de deuda en el mercado y, tras señalar que en la reunión con Valderas no se ha abordado los condicionantes de la propuesta, ha dicho que con el déficit público establecido, en el 1,5 por ciento, las comunidades autónomas ven imposible financiarse o refinanciar deuda, por lo que, una ampliación del déficit es "de difícil justificación".

Cospedal critica el incremento de un 20% en 10 años de empleados públicos

MADRID.- La secretario general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha subrayado este lunes que van a ser necesarios "más esfuerzos" para cumplir el déficit en las administraciones públicas, a pesar de que el "margen de austeridad" empieza a ser "pequeño", y ha arremetido contra el incremento en los últimos 10 años de los empleados públicos en 440.000 personas, un 20 por ciento, en el conjunto del país. "No es normal ni sostenible", ha dicho.

   En rueda de prensa en la sede nacional del PP, Cospedal ha hecho hincapié en que las comunidades autónomas han hecho "un ejercicio importante de contención del gasto", pero ha advertido de que puede ser necesario uno mayor porque ellas también son Estado y es España en su conjunto la que debe cumplir un objetivo de déficit. A ello se sumarán también los nuevos ajustes que el Gobierno va a anunciar en los próximos días, ha dicho, y que el PP apoyará sin fisuras aunque no le gusten.

   Será el caso del IVA, cuya subida en 2010 llevó a los 'populares' a organizar una campaña en contra, ha reconocido Cospedal. Si el PP estuvo "radicalmente en contra" entonces fue porque esa medida no siguió a "ningún ejercicio de austeridad", que sin embargo hoy considera que sí se ha hecho. Y ha vuelto a decir que es la "herencia" de la "nefasta gestión" de los gobiernos del PSOE la que exige estas medidas.

   Dicho esto, María Dolores de Cospedal ha recordado que este jueves, el Consejo de Política Fiscal y Financiera revisará el grado de cumplimiento de los planes de ajuste que han aprobado. Ha reconocido que la "inmensa mayoría" de las CCAA ha hecho un "gran esfuerzo de austeridad", pero deberán hacer más si es necesario. "Somos parte del Estado y el objetivo de déficit de España se cumple si cumple el Gobierno y cumplen los gobiernos y las administraciones de las Comunidades y esto tiene que quedar meridianamente claro", ha recalcado.

   En este contexto de crisis, la secretaria general del PP ha arremetido contra el incremento del número de empleados públicos en 440.000 personas, "una situación que hay que encarar y tomar medidas", aunque no ha precisado cuáles. El crecimiento en los últimos 10 años "no es normal" y tampoco, ha añadido, la confusión de competencias que existe entre unas administraciones y otras.

   Como argumento, Cospedal ha explicado que las administraciones públicas "no tienen como función ser agencias de colocación, para eso no pagan los ciudadanos sus impuestos", y deben dedicar el dinero público a "ayudar" a quienes sí deben crear puestos de trabajo: empresas y autónomos. "Es lo que se está tratando de encauzar desde el Gobierno de España y desde muchas Comunidades Autónomas", ha dicho.

   La secretaria general ha defendido en esta misma línea la reforma municipal que está preparando el Gobierno y que deberá limitar las competencias de las administraciones locales, con la consiguiente reducción de consistorios y de cargos.

  A su juicio es "elevadísimo" el número de concejales, que se solapan con diputados provinciales y otras estructuras institucionales. "Existen más de 8.100 municipios, con una media de 5.000 habitantes por municipio, cuando en países semejantes la media duplica o triplica esta cantidad. Es un tema que tenemos que abordar", ha insistido.

La CSI-F critica que el Gobierno tenga a los funcionarios en su "punto de mira"

MADRID.- El presidente de CSI-F, Miguel Borra, ha criticado que el Gobierno haya situado a los empleados públicos "en el punto de mira", y ha respondido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ningún empleado público se va a negar a que se evalúe su trabajo o productividad.

   Borra ha lamentado que cada vez que se anuncian noticias negativas para la economía española salgan a colación los empleados públicos, ahora con la posible eliminación de una de sus pagas extraordinarias, más horas de trabajo y mecanismos para evaluar su desempeño.

   El dirigente sindical ha recordado que en 2007, en el Estatuto Básico del Empleado Público que firmó el Gobierno socialista con los sindicatos, ya se contemplaban estos mecanismos de evaluación. Sin embargo, este tema aún está pendiente de desarrollo.

   Borra ha recordado que los grandes problemas del sector público, como la proliferación de empresas públicas, "no son culpa de los funcionarios, sino de los políticos", que han permitido y toleran, por ejemplo, que España tenga 170 embajadas en el extranjero, que haya televisiones autonómicas y locales con enormes déficit y que haya empresas públicas que gestionan estaciones de esquí y construcción de colegios, algo que puede hacer perfectamente la empresa privada.

   Sobre la afirmación de Montoro de que no conviene tener la idea de que con aprobar una oposición "se tiene todo hecho", Borra ha declarado que lo que se gana al superar un proceso selectivo es el derecho a un trabajo. "A lo mejor habría que pasar oposiciones para ser político", ha replicado.

   Desde CSI-F se ha vuelto a lanzar la oferta de alcanzar un gran pacto para luchar contra la crisis porque, según Borra, la situación es "tan dramática" que ha superado lo que puede hacer un partido o un Gobierno. "Se necesita el acuerdo de todos", ha precisado.

Malos tiempos para el funcionariado

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, había avanzado hoy que el Gobierno estudia la posibilidad de ampliar la jornada laboral a los funcionarios para aproximar su régimen laboral al del sector privado.
   Así lo ha señalado Montoro, quien ha asegurado que su tarea como ministro de Hacienda es disciplinar a las administraciones públicas.
   En este sentido, ha indicado que al país no le conviene la imagen de que con aprobar una oposición ya se "tiene todo hecho", ya que el examen debe ser la forma de acceder a un puesto de trabajo en el que hay que "cumplir todos los días".
   "Lo que haremos es asimilar el régimen laboral de la función publica a el régimen existente en el sector privado, ése es el camino hacia donde vamos y lo que estamos considerando hacer", ha dicho, tras explicar que como ministro es el "director de orquesta" que tiene que hacer cumplir a las administraciones.
   En cambio, el ministro no ha querido decir si el Gobierno se plantea también eliminar los moscosos, los días para asuntos propios de los que disponen los funcionarios, y ha insistido en que su idea es avanzar en el número de horas semanales que trabajan.
   Por otro lado, ha admitido que el Gobierno también está considerando la posibilidad de que los funcionarios sean sometidos a evaluaciones permanentes con "más peso" para que ver cuáles son productivos y para que la función pública vaya adquiriendo eficiencia en la prestación de servicios.

El Ministerio de Justicia propone controlar el horario de sus funcionarios

MADRID.- El Ministerio de Justicia ha propuesto introducir el control horario de los funcionarios al servicio de esta Administración y ha entablado negociaciones con los sindicatos para estudiar dos resoluciones por las que se aprueba su calendario laboral.

   La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha convocado la próxima semana a los sindicatos del sector para conversar, entre otros puntos, sobre la distribución de la jornada y la fijación de los horarios determinados en el calendario laboral de los secretarios judiciales y de los funcionarios de los Cuerpos Generales o Especiales.

   Las resoluciones afectan a los funcionarios del territorio del Ministerio de Justicia --de aquellas comunidades sin las competencias transferidas--, así como a los secretarios judiciales de toda España ya que este Cuerpo depende del propio Ministerio.

   Las propuestas de Justicia no se refieren a los jueces y magistrados, ya que su regulación depende del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

   Las resoluciones proponen que las Gerencias Territoriales del Ministerio, con la colaboración de los responsables de los centros de destino, unidades y servicios de esta Administración, velen "en su ámbito de competencia por el cumplimiento de las jornadas y horarios de trabajo" mediante "el sistema de control" establecido. Se contemplan medidas para la corrección de incumplimientos e infracciones, algo que ya se hace en la actualidad.

   Mientras que el horario de los funcionarios será controlado por la Administración, los secretarios judiciales vigilarán su cumplimiento ellos mismos. La propuesta del Ministerio establece que "los secretarios coordinadores o, en su caso, los de gobierno velarán en su ámbito de competencia por el cumplimiento de las jornadas y horarios de trabajo".

   La regulación del calendario laboral para el Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales les permite desempeñar cuatro o cinco horas durante el horario de atención al público en los juzgados y, el resto de la jornada, cumplirla fuera de la oficina judicial.

   El Ministerio argumenta que este colectivo ejerce funciones directivas, como la práctica de diligencias procesales o la preparación y estudio de resoluciones.

   La secretaria General del Sector de Administración de Justicia de CC.OO., Flora Martínez, ha explicado que se trata de la primera vez en la que el Ministerio establece dos resoluciones distintas para ambos colectivos y se muestra sorprendida porque sean los propios secretarios judiciales los que controlen su horario, a diferencia del resto de empleados públicos.

   "Además, se permitiría que los secretarios judiciales suspendieran las diligencias urgentes que se encuentran realizando por haberse iniciado en el tiempo de trabajo ordinario y que las continuara un funcionario del resto de los Cuerpos", explica.

  "Esto es inaudito puesto que en el calendario de los Cuerpos Generales se establece que, en ningún caso, se pueden interrumpir las diligencias y actuaciones urgentes", agrega.

   Para el sindicato, esta propuesta supone "una escandalosa rebaja de la jornada laboral de los secretarios judiciales a cuatro o cinco horas al día", algo que "en los tiempo que corren y con las medidas de ajuste que el Gobierno está adoptando en las Administraciones Públicas, es una decisión que, de mantenerla el ministro Gallardón, supondrá un error político de calado".

 "Será otra semana caribeña como la destapada en el CGPJ", concluye.

Según Beteta, el objetivo de la reforma local es "garantizar" los ayuntamientos

MADRID.- El secretario de Estado Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha subrayado que la intención del Gobierno al reformar las administraciones locales es "garantizar el futuro" de los ayuntamientos y no eliminarlos. "No pretendemos imponer agrupaciones o fusiones. El mapa debe ser simplificado, pero fruto del acuerdo de las partes, jamás por imposición", ha añadido.

   Durante su intervención en unas jornadas sobre la reforma de la administración pública en el Instituto de Empresa, Beteta ha dicho que en las próximas semanas su departamento presentará la propuesta para reformar la Ley de Bases de Régimen Local, en la que está trabajando con partidos políticos y entidades locales de toda España.

   Además de insistir en que el nuevo mapa local será fruto del acuerdo y no una obligación, el secretario de Estado ha destacado que el proyecto en el que trabaja su departamento ayudará "a taponar una gran lacra en la gestión pública, las competencias impropias", al determinar la lista de materias que son responsabilidad exclusiva y obligatoria de los ayuntamientos y las que son de "carácter facultativo".

   Además, ha añadido, mientras las primeras no se presten con eficiencia no se podrán ejercer las segundas. Todo ello servirá además, según Antonio Beteta, para clarificar "el mapa competencial" español, distinguiendo entre el sector local, el autonómico y el estatal.

   El secretario de Estado ha defendido por último la intención de su departamento de potenciar las diputaciones, para que asuman las competencias de los municipios menores de 20.000 habitantes que no las presten con eficacia.

   Beteta ha querido subrayar la necesidad de que esta reforma se lleve adelante y que provoque también, en otoño, la modificación de la Ley de Haciendas Locales, para asegurar la financiación de los servicios que prestan los municipios.

   Ha insistido en que debe de establecerse para siempre en el sector público el principio de no gastar lo que no se tiene, de pagar las facturas y de hacer siempre el papel de la hormiga, "frente a la derrochadora cigarra", en la popular fábula.

El Gobierno quiere reducir vacaciones a los funcionarios

MADRID.- La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha enviado a diferentes organismos de la Administración del Estado un borrador de resolución en el que se amplía el horario de obligada presencia de los empleados públicos y se suprimen los días de vacaciones que se concedían por antigüedad, entre otras medidas.

   En concreto, en el borrador se establece que el horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será, de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas. En la resolución actualmente en vigor, que data de finales de 2005, el horario fijo en jornada de mañana es de 9.00 a 14.30 horas, con lo que, de aprobarse esta nueva resolución, se ampliaría en media hora el horario de obligado cumplimiento a los empleados públicos.

   En el borrador, la jornada semanal se mantiene en un mínimo de 37,5 horas. Ahora, para llegar a esa cifra, los empleados públicos pueden elegir entre completar esas horas entre las 7.30 horas y las 9.00 horas de lunes a viernes, entre las 14.30 horas y las 18.00 horas de lunes a jueves y entre las 14.30 horas y las 15.30 horas los viernes.

   En el texto elaborado por Administraciones Públicas no se establecen franjas horarias para completar la jornada, sino que se señala que serán los calendarios laborales los que establecerán los límites horarios máximos y mínimos para alcanzar las 37,5 horas semanales.

   En la actual resolución sobre jornada y horarios se señala que se podrá implantar la jornada intensiva de verano (normalmente se desarrolla de 8.00 a 15.00 horas) en el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre. En el borrador con los nuevos horarios no se contempla la jornada intensiva.

   De hecho, en una carta el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta recuerda que la jornada semanal es de 37,5 horas (1.647 horas en cómputo anual) y que, si el calendario laboral del centro en cuestión hubiese previsto una jornada de verano, "ésta no podrá suponer un menoscabo" de la jornada anual, "debiendo recuperarse la reducción operada en el periodo estival para completar dicho cómputo".

   En el texto se eliminan además los días de vacaciones que se concedían en función de la antigüedad del trabajador. Los empleados públicos tienen actualmente 22 días hábiles de vacaciones, pero van sumando uno, dos, tres o cuatro más cuando cumplen 15, 20, 25 y 30 años de antigüedad, respectivamente.

   De aprobarse esta nueva resolución, los empleados públicos de la AGE estarán obligados a cogerse al menos la mitad de sus vacaciones entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, sin que puedan acumularse los días de vacaciones a los de permiso por asuntos particulares. Asimismo, en caso de que su lugar de trabajo cierre durante un periodo concreto del periodo estival, el disfrute de las vacaciones de los empleados públicos deberá coincidir con esa franja temporal.

   La resolución va acompañada de dos anexos: un código de buenas prácticas de los directivos públicos para fomentar la productividad de la AGE y de sus organismos públicos, y un código de conducta para los empleados públicos de estas áreas.

   En el código de buenas prácticas para los directivos públicos se emplaza a los subsecretarios de los departamentos ministeriales y demás titulares de órganos competentes de la gestión de recursos humanos a adoptar medidas disciplinarias en los supuestos legalmente tipificados de absentismo injustificado; a exigir la justificación oportuna "de todas las ausencias", incluidas las de duración inferior a cuatro días en las que se alegue enfermedad; a impulsar reconocimientos médicos para controlar las bajas por enfermedad o accidente; y a remitir a la Secretaría de Estado información sistemática sobre el cumplimiento de los horarios y de los niveles de absentismo.

   El borrador no ha gustado nada a los sindicatos. En un comunicado, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. ha criticado que el Gobierno pretenda aplicar "unilateralmente" a los empleados públicos una nueva resolución de jornadas y horarios incumpliendo lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

   En dicha ley, recuerda CC.OO., se establece que el calendario laboral debe ser objeto de negociación con los sindicatos de la Función Pública. Para el secretario general de la FSC-CC.OO., Enrique Fossoul, el procedimiento que está siguiendo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en esta cuestión es "inadmisible" y "ahonda en el deterioro que el Gobierno está aplicando al derecho de negociación colectiva de los empleados públicos".

   Fossoul considera que esta medida podría tener un efecto muy amplio no sólo para la Administración del Estado, a la que afecta directamente este borrador de resolución, sino para el resto de las administraciones públicas, "que seguirán probablemente el camino diseñado desde el Gobierno para continuar recortado derechos a los empleados públicos, en pequeñas dosis pero de forma constante".

   Desde CSI-F, su presidente de la Administración Central, Francisco Camarillo, también ha expresado su malestar por el hecho de que el Ministerio no haya abierto una negociación con los sindicatos sobre jornada y horarios, tal y como determina el EBEP.

   Camarillo ha calificado este procedimiento de "inadmisible" y teme que el Gobierno vaya a aprobar esta resolución de manera unilateral, como ha sucedido con las últimas medidas que han afectado a los empleados públicos.

   Además, el responsable de CSI-F ha dejado claro que estas medidas no contribuyen a reducir el déficit, sino a recortar derechos adquiridos a los empleados públicos, a los que ya se les ha castigado reduciéndoles retribuciones. "Nos tememos lo peor", ha dicho Camarillo, que ha subrayado además que el absentismo no es un problema en la AGE.

Los Ayuntamientos, en el punto de mira de la tijera del Gobierno

MADRID.- El Gobierno español está ultimando una reforma administrativa para delimitar de forma precisa las competencias de los ayuntamientos que aspira a modificar radicalmente la prestación de los servicios municipales, dentro de sus esfuerzos por cumplir los objetivos de déficit y racionalizar el gasto público.

Esta reforma de la ley del régimen local, que tendrá continuidad en otra esperada modificación de la financiación municipal, pretende despejar la actual maraña de instituciones en este ámbito y entre sus principales objetivos está el de impulsar la fusión de los ayuntamientos más pequeños.

Con estos cambios, el Gobierno confía en lograr ahorros de unos 3.500 millones de euros el próximo año, una pieza más de su activa estrategia para reducir drásticamente el déficit público desde el 8,5 por ciento de 2011 al 5,3 por ciento este año y al 3 por ciento en 2013.

Los ayuntamientos, muchos de los cuales están en una "situación crítica" según el Ejecutivo, supusieron un 0,4 por ciento del déficit total del año pasado, y deben reducir una décima esa cifra este año y llevarla a cero el siguiente.

Aunque las fusiones de ayuntamientos tendrán un carácter voluntario, podrían ser inevitables para muchos, si tienen dificultades para cumplir en solitario con una serie de criterios de eficiencia en función de su población - aún por definir - a la hora de prestar servicios como la recogida de basura, el alcantarillado o el abastecimiento de agua.

Estas exigencias les abocarán según el Gobierno o a unirse a otro municipio o a delegar directamente esas funciones en las diputaciones provinciales, unos organismos que saldrán claramente reforzados de la reforma en marcha.

"Se trata de primar la austeridad, aumentando la eficacia y eficiencia y evitando duplicidades para no despilfarrar recursos en la administración pública", dijo esta semana el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, cuyo departamento pretende tener cerrada este mismo mes la propuesta de reforma.

Los cambios pretenden también enviar un mensaje de orden en el complejo mapa político español, en el que conviven más de 8.100 municipios, medio centenar de diputaciones provinciales, una decena de cabildos o consejos insulares, e innumerables entidades de ámbito local, además de las consabidas 17 comunidades autónomas.

El mapa municipal español se caracteriza además por una gran fragmentación, donde el 84 por ciento de los municipios tiene menos de 5.000 vecinos y sólo un 5 por ciento tiene más de 20.000 habitantes.

"La reordenación municipal es algo inevitable. Es hora de que reconozcamos que no todos los ayuntamientos son capaces de llevar cuentas ordenadas, de prestar servicios de modo eficiente a sus ciudadanos", señaló Beteta, que ha asegurado que el Gobierno quiere hacer la reforma con consenso y de la mano de las comunidades autónomas.

Según una encuesta realizada por la Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS) conocida esta semana, el 62,5 por ciento de los españoles estaría a favor de la fusión de municipios, un camino aún por explorar que han iniciado dos corporaciones gallegas, las de Cesuras y Ozas del Río.

Sin embargo, esta no es la opción preferida de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha enviado al Gobierno sus propias propuestas de reforma, en las que se inclina por una cesión de competencias a entidades mayores por parte de las corporaciones más pequeñas, en lugar de por uniones o fusiones de las mismas.

Los municipios - que según datos del Banco de España acumulaban a finales de 2011 una deuda de 35.420 millones de euros - se financian con el cobro de tributos y tasas, mediante las transferencias que reciben de otras administraciones y a través del endeudamiento. La crisis económica ha supuesto que esas tres vías se hayan visto drásticamente reducidas.

En este contexto, numerosos ayuntamientos están sufriendo para pagar a sus empleados públicos y tienen cientos de miles de facturas pendientes de cobro por servicios, lo que llevó al Gobierno central al salir al rescate - para evitar también una quiebra masiva de pequeñas empresas - con un plan de pago a proveedores.

Sin embargo, de los más de 4.600 municipios que quisieron acogerse a este plan, 2.000 de ellos no llegaron a presentar los planes de ajustes necesarios para recibir la financiación del Gobierno.

Y de los que los presentaron, unos 300 recibieron una valoración negativa. Uno de Guadalajara llegó a presentar un plan por el que necesitaría 7.058 años para poder saldar su deuda, algo calificado de "escalofriante" por parte de Beteta.

El origen del problema se encuentra tanto en años de mala gestión como en la prestación por parte de los ayuntamientos de servicios para los que no cuentan con financiación por corresponder en un principio esas funciones a las comunidades autónomas, enfrascadas por su parte en su particular vía crucis de contención del gasto.

Esas llamadas "competencias impropias", que suponen el 26 por ciento de todos los gastos de los ayuntamientos según un informe del Instituto de Economía de Universidad de Barcelona, es lo primero que se quiere suprimir.

Dentro de la revisión del mapa de atribuciones entre administraciones que ha emprendido el Gobierno, se prevé que los ayuntamientos más pequeños pierdan competencias, pero la situación podrá suponer todo lo contrario para las corporaciones de mayor tamaño, que podrían recibir funciones - y financiación - que ahora recaen en las comunidades autónomas.

También tendrán un papel reforzado las diputaciones provinciales, a las que el Gobierno quiere dar "más músculo técnico y financiero" que garantice la prestación de determinados servicios asumiendo la labor que en algunos puntos de España desempeñan las mancomunidades, que podrían estar llamadas a desaparecer.

El papel de las diputaciones - instituciones cuya función es gestionar los intereses económico-administrativos de las provincias - ha estado sin embargo en cuestión en los últimos meses, y líder del Partido Socialista ha llegado a asegurar que son unos organismos que "sobran", lo que podría dificultar el consenso al que aspira el Gobierno con la reforma.

El Gobierno estudia que los funcionarios no cobren todo su sueldo si están de baja

MADRID.- El Gobierno quiere poner en marcha este año un plan para atajar la "elevada" tasa de absentismo entre los funcionarios que prevé que los empleados públicos no cobren la totalidad de su salario durante los tres primeros meses de baja por incapacidad temporal.

   Así lo recoge el 'Programa Nacional de Reformas 2012' enviado por el Ejecutivo a Bruselas que anticipa que a lo largo de este año "se reformarán las condiciones de acceso y permanencia en la situación de incapacidad temporal de los funcionarios civiles del Estado".  

   Entre las medidas que se prevén está la "modificación de la plenitud retributiva durante los primeros 90 días de la baja, modulando las retribuciones del funcionario que le corresponderían en caso de desempeñar con normalidad su trabajo".

   Además, el cómputo de las situaciones de incapacidad temporal se realizará en días en lugar de meses para "reflejar con exactitud la situación real de la enfermedad".

   Por otra parte, no se abonarán los subsidios en caso de incomparecencia injustificada al reconocimiento médico y se acortarán los plazos de expedición y entrega de los partes de baja por parte de los afectados.

   El Gobierno afirma que el objetivo de esta reforma es "reducir los problemas de riesgo moral asociados al aseguramiento de las contingencias relativamente comunes, que se traducen en una elevada tasa de absentismo entre los empleados públicos".

   En su opinión, este absentismo "repercute directamente en la productividad de la Administración Pública no sólo a consecuencia de las ausencias, sino también debido a sus efectos negativos sobre la motivación de los empleados que acuden a su centro de trabajo y sobre el desempeño de labores por éstos que normalmente no son de su competencia".

   Asimismo, el Ejecutivo considera que el absentismo contribuye "a aumentar la interinidad en el empleo público, lo que también puede repercutir en la productividad del trabajo".

   El Gobierno también argumenta que "dado que las situaciones de ausencia se remuneran, el absentismo produce un perjuicio directo a las arcas públicas de imposible justificación, con los consiguientes costes para el conjunto de la sociedad".

   Por todo ello, afirma que promoverá durante 2012 una reforma del Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado que actúen en casa uno de estos frentes.

   En concreto, cree que medir la duración de la baja en meses "puede contribuir a no reflejar con exactitud la situación real de la enfermedad".

   También considera que "no existen mecanismos de control adecuados que vinculen efectivamente el pago de subsidios a partir del cuarto mes de baja a la situación real de incapacidad del empleado".

   Y por último, el Gobierno indica que orientará su reforma "a evitar que se produzcan dilaciones indebidas por parte de los organismos intervinientes en la eficacia de las situaciones de incapacidad temporal, que pueden perjudicar injustificadamente a los empleados públicos".

El Gobierno aprobará una reforma para simplificar la Administración

MADRID.- El Consejo de Ministros aprobará a primeros de mayo una reforma para simplificar la Administración Pública, reordenar las competencias de las distintas administraciones y evitar duplicidades, según han informado fuentes gubernamentales.

   Por lo pronto, este mismo viernes el Gobierno ya adelantará algunas líneas generales sobre esa simplificación de la administración porque es una de las reformas incluidas en el Programa Nacional de Reformas que el Ejecutivo enviará a Bruselas antes de que acabe el mes.

   El propio ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado este miércoles que el Gobierno trabaja para "eliminar la superposición de competencias y reducir el gasto superfluo que de ella se deriva".

   El objetivo de esta reforma, que está todavía en fase de elaboración, es desarrollar el principio que enunció el propio Mariano Rajoy en el debate de investidura: "una competencia, una administración", recuerdan fuentes gubernamentales.

   El pasado 14 de mayo, Rajoy llevó este tema a la reunión que mantuvo en la sede del PP con los presidentes autonómicos y regionales del partido, que se comprometieron a "racionalizar" las administraciones, evitar duplicidades y ordenar las competencias, con el fin de "gestionar el dinero de los ciudadanos de la manera más austera y sobria posible".

   De hecho, suscribieron un documento en el que figura explícitamente la necesidad de "acometer de forma clara y profunda una reforma del conjunto de las administraciones públicas y de los servicios que prestan". Se trata, añadía el texto, de "usar con más eficiencia y capacidad los recursos que los ciudadanos, con gran esfuerzo, ponen a disposición de todas las administraciones".

   En cuanto a las competencias -el documento no hablaba en ningún momento de devolverlas como planteó recientemente Esperanza Aguirre--, se comprometieron a "eliminar las duplicidades existentes de forma que cada ámbito competencial sea ejercido por una sola administración".

   El ordenamiento de las competencias debe llevar a "la eliminación de forma progresiva de las competencias impropias de las corporaciones locales". Además, "los servicios públicos se han de modernizar de forma que se racionalice su uso y se puedan prestar con más calidad a los ciudadanos", decía el citado manifiesto.

Beteta dice a los funcionarios que deben "olvidarse de tomar el cafelito"

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha cifrado este jueves en 2.500 millones de euros el ahorro que supondrá para comunidades autónomas y ayuntamientos la extensión de la jornada laboral de los funcionarios en 2,5 horas semanales.

   Durante su partipación en el Foro Aragonex, Beteta ha subrayado que "nada será como antes" y que los trabajadores, estén al servicio del sector público o del sector privado, deben ser conscientes de la necesidad de una formación permanente para ser más efectivos.

   Así, ha señalado que los trabajadores deben "olvidarse del cafelito y de leer el periódico" y ser más productivos, con responsabilidad y humildad, "que no sumisión".

   Beteta ha indicado que la economía española tiene que ganar en competitividad y ligar las subidas salariales a este concepto y cuando las circunstancias lo aconsejen, al tiempo que ha asegurado que los salarios de los empleados públicos no deberían vincularse con la evolución de la inflación.

   El secretario de Estado se ha referido también a la reforma laboral, apuntado que ésta se ha hecho para modernizar las relaciones laborales un país con más de 5 millones de desempleados y "harto" de escuchar "palabras vacías".

 "No entiendo por qué se venera tanto un régimen que es herencia del Franquismo", ha añadido.

   En cuanto al plan de lucha contra el fraude fiscal, que incluirá la prohibición para empresarios y profesionales de pagar en metálico operaciones por importe superior a los 2.500 euros, Beteta ha indicado que la sociedad entera "tiene que rebelarse contra la economía sumergida".

   Así, ha advertido de que cuando no se emiten facturas en las operaciones comerciales. "se está poniendo en peligro el pago de medicamentos y la educación", entre otras cosas. "Es malo que lo haga una empresa y que el particular lo tolere. Y yo creo que no es cuestión sólo de multa. Para las empresas está el riesgo de la reputación", ha añadido.

Los cargos públicos que falseen datos podrán ser inhabilitados 10 años

MADRID.- Los gestores públicos que cometan infracciones muy graves en el ejercicio de su cargo, tales como falsear u ocultar datos contables, podrán enfrentarse a diez años de inhabilitación y una multa, según consta en el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Además, esta norma establecerá baremos para fijar los sueldos de los cargos electos locales, que se recogerán cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

    En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que España es uno de los pocos países de la UE que no dispone de una norma de estas características y ha recalcado que su aprobación definitiva -no se prevé que sea antes del mes de junio-- permitirá "cumplir otros estándares de competitividad institucional" y "reforzar la confianza y la credibilidad de las instituciones españolas".

   "La norma busca reforzar la transparencia de las administraciones públicas y eliminar compartimentos opacos en el ámbito de la administración para que puedan ser consultados por los ciudadanos. También impone férreas obligaciones de buen gobierno y principios éticos de actuación, con el correspondiente régimen de infracciones y sanciones, incluso penales, para los malos gestores o los que incumplan las obligaciones previstas en la ley", ha destacado.

   La vicepresidenta ha explicado que la norma incorpora un procedimiento "novedoso" de audiencia pública, de forma que los ciudadanos dispondrán de 15 días a partir del próximo lunes para hacer aportaciones y sugerencias al texto de la ley a través de la web del Ministerio de la Presidencia. La norma se compone de tres bloques:  publicidad activa, derecho de acceso a la información pública y buen gobierno.

    En cuanto al primer bloque, la Ley de Transparencia "refuerza" las obligaciones de publicidad activa de todas las administraciones y, por lo tanto, deberá suministrarse en las webs de las administraciones la siguiente información: contratos adjudicados con indicación del objeto, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado, adjudicatario, prórrogas o precios del contrato; la relación de los convenios suscritos por las administraciones con mención de las partes, el objeto y las obligaciones económicas convenidas; las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo, finalidad y beneficiario; y los presupuestos, con descripción de las partidas y datos actualizados sobre su ejecución.

    Igualmente, debería ofrecerse información sobre las retribuciones percibidas por los órganos superiores y directivos; las resoluciones dictadas por la Oficina de Buen Gobierno y Conflicto de Intereses sobre compatibilidad con actividades privadas a realizar por los cargos incluidos en la la Ley de Conflictos de Intereses; y la información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento de la ley, según ha precisado la vicepresidenta.

   Para cumplir con esa "obligación" de publicidad activa, el Gobierno creará un Portal de la Transparencia que, en el ámbito de la Administración General del Estado, centralizará toda la información que debe hacerse pública.  Se prevé que la Administración General del Estado, las Comunidades  Autónomas y las entidades locales puedan adoptar medidas de colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de información.

    El segundo gran eje de la ley se refiere a la regulación del acceso de los ciudadanos a la documentación pública a través de preguntas y solicitudes de información dentro de los límites previstos en la Constitución, estableciendo un "equilibrio" entre la protección de datos de carácter personal y el derecho de acceso a la información pública. El plazo para responder a las peticiones de información de los ciudadanos será de un mes desde la recepción de la solicitud.

    En cuanto a los límites, no se proporcionaran datos si afectan a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias. Tampoco está previsto que los ciudadanos puedan conocer el régimen de visitas de los  ministros o del presidente del Gobierno, algo que sí que ocurre en países como Estados Unidos.

    Sáenz de Santamaría ha indicado que la Agencia de Calidad de los Servicios y Evaluación de las Políticas Públicas pasará a llamarse ahora Agencia de Transparencia, encargándose de resolver las reclamaciones que se produzcan en caso de denegación de acceso  de información. 

    El tercer bloque de la norma es la aplicación de un "código de buen gobierno" por "primera vez" con rango legal" para todas las administraciones públicas, que incluye "principios éticos y de actuación que dejan de ser meras recomendaciones" porque "se constituyen en obligaciones de cumplimiento legal", por lo cual su incumplimiento acarreará sanciones.

    Entre las infracciones "muy graves" en materia de gestión económica-presupuestaria figurará: la administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública estatal sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro; la utilización de compromisos de gastos sin tener crédito para hacerlo o en contra de la legislación aplicable; la ausencia de justificación de la inversión de los fondos con arreglo a la Ley de Subvenciones; el incumplimiento deliberado del nivel de deuda pública; no formular los planes económico financieros en los supuestos que figura en la Ley de Estabilidad; o el incumplimiento de medidas de corrección previstas en esa norma.

   Sáenz de Santamaría ha recalcado que esas infracciones "muy graves y algunas graves" podrán llevar aparejada la destitución en el cargo del gestor en cuestión y la imposibilidad de poder volver a ser nombrado por un periodo de entre cinco y diez años.

   Además, en el caso de que haya "un verdadero falseamiento u ocultación de datos de naturaleza contable", la conducta "será constitutiva de delito, pudiendo ser penada con una inhabilitación de hasta diez años y la correspondiente multa".  Aunque no se prevé en la norma la pena de cárcel, la portavoz del Gobierno ha recordado que si  no se cumple la pena de multa, ésta "se sustituye por una pena de prisión".

    El objetivo de esta norma es "complementar" la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para que las administraciones públicas "cumplan y sean respetuosas en la gestión de los fondos públicos", de forma que los altos cargos "responden con carácter personal de esa conducta". Es más, ha subrayado que esta ley trata de "evitar" que "alguna administración diga que cumple el seis por ciento de déficit" y "acaba dejando el país en un ocho".

   La portavoz del Gobierno ha hecho hincapié que "el responsable sólo puede ser el competente". En este sentido, ha comentado que, por ejemplo, si un consejero es el responsable de enviar a Hacienda un plan de ajuste y no lo hace, sería "el responsable". "La competencia determina la responsabilidad", ha reiterado.

    Sáenz de Santamaría ha explicado también que la Ley de Transparencia "por primera vez hará públicas las resoluciones en relación con las compatibilidades e incompatibilidades", colgándose en la web "las autorizaciones o denegaciones que se den en este punto". 

  Además, el anteproyecto de ley fija un "primer paso" hacia la fijación de baremos en la retribución de los miembros de las entidades locales, que constarán en los Presupuestos Generales del Estado de cada año. Para fijar estos baremos, se tendrán en cuenta las características de cada entidad local, el tamaño y sus circunstancias económicas o administrativas.  

Según Rajoy, si hay enchufes saldrá el nombre y se explicarán las razones

OVIEDO.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que la Ley de Transparencia que hoy viernes aprobará el Consejo de Ministros hará que "la gente sepa en qué se gasta su dinero", y que "si se enchufa" a alguien "salga el nombre y apellidos y se explique cuáles son las razones por las que se contrata".

   En un almuerzo-mitin en Ribadesella junto a la candidata del PP a la Presidencia de Asturias, Mercedes Fernández, Rajoy ha recalcado que los cargos públicos deben ser "austeros y respetar cómo nunca el dinero de los ciudadanos".

   "La Ley de Transparencia pretende que se gobierne mejor, que se gestione bien y que la gente sepa en qué se gasta su dinero, que si se enchufa salga el nombre y apellidos y se explique cuáles son las razones por las que se contrata, si ha habido concurso público, o simplemente porque se le ha ocurrido al señor de turno", ha indicado.

   Rajoy ha enmarcado la Ley de Transparencia dentro de las reformas que el Gobierno está llevando a cabo y ha añadido que con esta norma "todos los ciudadanos tendrán derecho a saber en qué se gastan el dinero todas las administraciones".

   "Si dan subvenciones habrá que publicarlas, se sabrá lo que ingresa cada ayuntamiento, comunidad y gobierno; los impuestos que paga la gente, los sueldos de los dirigentes, un sistema de responsabilidad para todos los gestores que hagan un mal uso del dinero de todos los contribuyentes", ha afirmado.