El partido 'Valores' pide al Parlamento Europeo que se cumpla el derecho a la Tutela Judicial Efectiva en caso de menores

BRUSELAS.- El partido político Valores, a través de su presidente nacional, Alfonso Galdón, ha registrado una petición en el Parlamento Europeo en la Comisión de Peticiones, presidida por la popular Dolores Montserrat.

En la petición, se le recuerda que son numerosas las denuncias, en España, pidiendo que se respete la Tutela Judicial Efectiva tal y como dicta el artículo 47 de la carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Para Galdón, es muy grave que sean los técnicos de los Servicios Sociales quienes digan y ordenen que un niño debe abandonar el núcleo familiar para recalar en un centro de menores y no sea un juez quien intervenga. 

"Es un abuso del derecho y un atropello a los Derechos Fundamentales que no sea un juez quien haga esta labor" comenta Galdón, dejando claro que podrían realizarse juicios rápidos, al igual que se realizan con los casos de violencia de género, y de esta manera los niños tendrían asegurado su derecho a la tutela judicial desde el primer momento, algo que no sucede ahora.

El escrito de Valores al Parlamento Europeo concluye con la petición de realizar cambios en la forma de proceder de los Servicios Sociales a la hora de retirar la custodia de menores sin que un juez lo ratifique, asegurando así los derechos de niños y familias.

Ayudar e incitar al abuso sexual infantil y la trata de menores

 NUEVA YORK.- Una investigación encontró que el gigante del aborto Planned Parenthood no revela la sospecha de tráfico sexual de niños a las autoridades y ni siquiera cumple las promesas de capacitar a los miembros del personal para denunciar casos de tal abuso.

Esto ha estado sucediendo durante años. En 2011, una investigación reunió evidencia de ocho miembros del personal de Planned Parenthood en siete clínicas que parecían estar dispuestos a ayudar e instigar el tráfico de menores. Haciéndose pasar por traficantes sexuales de niños, los investigadores de Live Action visitaron instalaciones en varios estados, preguntando sobre la obtención de abortos, anticoncepción y pruebas de ITS para niñas menores de edad.

La investigación mostró imágenes de empleados que ayudan a los “traficantes” al describir las mejores formas de obtener abortos y control de la natalidad para las víctimas de 14 y 15 años. El personal dijo que las clínicas siempre ignorarían las leyes de consentimiento de los padres y practicarían abortos a niñas menores de edad involucradas en el trabajo sexual. 

También explicaron los métodos ilegales para obtener de las clínicas tanto métodos anticonceptivos como abortos para menores sin seguro médico.

Después de que se descubrió esto, la organización dijo a los medios que capacitaría a todos los trabajadores de la clínica para detectar y revelar sospechas de abuso sexual de menores. En una carta al entonces fiscal general Eric Holder, la presidenta hasta 2018 de Planned Parenthood, Cecile Richards, afirmó que su grupo investigó las denuncias de tráfico y las informó a las autoridades policiales pertinentes.

Según el sitio web de Planned Parenthood, las personas que no dan su consentimiento para tener relaciones sexuales o que se ven obligadas a hacer algo que puede considerarse contacto sexual no deseado tienen derecho a decidir qué sucederá con sus propios cuerpos.

Si bien el sitio web se enfoca en la prevención de agresiones, abusos o violaciones y explica lo que se puede hacer después del evento, no tenían nada en su sitio web principal sobre cómo ayudar a las víctimas agredidas . En su lugar, le piden a la persona que “obtenga ayuda de un experto” enviándolos a la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto, que se dice que ofrece apoyo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

También ponen como responsabilidad de la víctima decidir si quiere hablar con la policía, diciendo que es su elección hacerlo, esencialmente dejando libres a los abusadores.

En un estudio reciente, se descubrió a través de entrevistas con ex empleados que Planned Parenthood tiene una tendencia inquietante de guiar a las niñas jóvenes a través de la explotación en múltiples etapas, comenzando con su programa de educación sexual.

Investigadores encubiertos que se hicieron pasar por niñas de tan solo 15 años grabaron en secreto conversaciones en clínicas donde les enseñaron, junto con sus “novios”, sobre relaciones de esclavitud y disciplina, dominación y sumisión, sadismo y masoquismo (BDSM).

En cada una de estas clínicas, los empleados les dijeron a las niñas que cualquier tipo de actividad sexual era perfectamente aceptable siempre que dieran su consentimiento y nunca hicieran preguntas, como la edad de sus novios. 

Los empleados tampoco pidieron detalles de su relación ni dieron consejos sobre cómo evitar el embarazo en primer lugar.

Esto juega directamente en el proceso de preparación de los abusadores sexuales, particularmente en relación con el contacto insensibilizante y el abuso en el que un delincuente puede condicionar a las víctimas para que piensen que el tipo de contacto que están recibiendo es normal y aceptable.

Otra investigación de Live Action mostraba a investigadores encubiertos haciéndose pasar por niñas de 13 a 15 años que ingresaban a las instalaciones de Planned Parenthood para ocultar sus relaciones con hombres mayores que sus padres, y en cada operación encubierta, los empleados aseguraban a las niñas que no serían informadas a sus padres. .

También las asesoraron sobre cómo obtener una derivación judicial para abortar y les ofrecieron consejos sobre qué procedimientos serían los mejores para ocultarlos a los padres, como mentir o viajar a un estado diferente sin leyes de consentimiento de los padres.

Si bien Planned Parenthood afirma que denunciar sospechas de tráfico sexual es una prioridad, el hecho de que muchos trabajadores de la clínica estén dispuestos a pasar por alto o incluso llegar a facilitar el abuso continuo de menores sugiere que la organización está más preocupada por su imagen que por el bienestar de los menores, sus clientes.

Nueva denuncia por presuntos abusos sexuales a una menor tutelada por la Comunidad de Madrid

MADRID.- Una nueva denuncia por abusos sexuales a una menor tutelada se suma a la presentada por otra menor de la Residencia Infantil Chamberí, dependiente de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, como ya publicó Diario16.

El pasado 28 de febrero de 2022, la menor de 13 años registró dicha denuncia en el Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid contra la dirección del centro y varias educadoras por los hechos acaecidos.

Según relata la madre, el 24 de Febrero de 2022, recibió una llamada telefónica de un psicólogo del centro «que me dice que mi hija me tiene que contar algo muy importante, sin explicar el motivo. Cuando llegué al centro, salió una educadora a decirme que me pensara bien lo que iba a hacer, que no había sido para tanto y que ya habían tomado medidas. A lo que respondo que hablaría con mi abogado y que tomaríamos las medidas que hubiera que tomar». Al ponerse en contacto con su letrado, éste le recomendó que denunciara inmediatamente en Comisaría.

Ese mismo día, a las 21:05, la madre acude con su hija a las dependencias de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Brigada Provincial de la Policía de Madrid para «oír en exploración» a la menor. En su declaración, ésta pone en conocimiento los hechos ocurridos «con un compañero del centro, de origen español, con el que se encuentra en el Grupo Mixto», y que no es otro que el presunto autor de los abusos sexuales de la primera denuncia sobre la que informó Diario16.

«Te voy a pegar»

La menor afirma en la denuncia que su compañero comenzó a acosarla un año antes, «siguiéndola por el centro, aprovechando siempre que tenía ocasión y no había vigilancia de los educadores para acorralarla y tocarle la zona de los pechos, la vagina y los glúteos por encima de la ropa», mientras le insultaba «gorda puta». El presunto agresor, según la joven, en ocasiones le decía: «Te voy a pegar y voy a poner a todos en tu contra».

Estos comportamientos se habrían repetido de forma constante. De hecho, fue sorprendido por las educadoras, siendo castigado sin salir de su habitación y sin paga. Según explica la menor, el presunto agresor le habría llegado a decir que no le contara nada a su hermano -también residente- «porque esto podría acarrear problemas».

Asimismo, como recoge el escrito, «tras los castigos, el centro estableció unas reglas especiales hacia el menor, tales como que no podía compartir espacios donde estuviesen chicas». Pero después de un tiempo sin provocar incidentes volvió a adoptar el mismo comportamiento. No sólo la joven habría sido víctima de los presuntos abusos sexuales, sino al menos otras dos menores, además de la primera que denunció los hechos.

La situación que fue el detonante para que la menor presentara la denuncia es que el citado menor «se metía en la habitación de la joven mientras ella dormía y le realizaba tocamientos por encima de la ropa. En algunas ocasiones se despertaba y le echaba, pero en otras no, siendo informada por su compañera de habitación, y hasta en dos ocasiones por las educadoras que le ordenaban salir e informaban a la menor de lo que había pasado, ya que ella no se había percatado».

El 22 de febrero de 2022, en torno a las 19:00 horas, cuando la menor se encontraba sola en su habitación, el menor entró, motivo por el que ésta le dijo que se fuese, negándose a ello. El joven se sentó en la cama, agarró por la cintura a la denunciante y le empujo encima de éste, realizando tocamientos en pechos, vagina y glúteos. En ese momento apareció un amigo en el pasillo y al percatarse, el menor denunciado cesó en su actitud y la menor consiguió salir de su habitación.

La menor manifiesta que son tres amigos quienes le animan a contarles, a sus dos educadoras de referencia, lo sucedido, «a pesar de que estas ya tenían conocimiento de alguna de las cosas que habían estado ocurriendo».

Tras este capítulo, las educadoras condujeron al menor a la sala de visitas e informaron a la menor que el castigo «lo iba a poner dirección, como ya han hecho en otras ocasiones». Una de las dos educadoras «dijo que quien contase algo de lo ocurrido a mi familia iba a estar castigado mucho tiempo».

La denunciante afirma, asimismo, que «las educadoras nos dicen a las niñas que si nos hacen algo de ese tipo que podíamos meterles un guantazo, una patada o un empujón. Pero cuando lo hacemos nos lo devuelven, por lo menos el denunciado, y tengo varios compañeros que saben que es verdad».

Como consecuencia de estos hechos relata que «he estado durmiendo mal durante mucho tiempo, con pesadillas de que alguien se metía en mi cama y no podía moverme, sólo mirar, pero el chico no hacía nada. Cuando les expliqué esto a las educadoras no me hicieron caso. Sólo me dijeron que se me pasaría, pero no, se repitieron muchas veces más».

En su declaración también expresa que «tengo mucho miedo de que vuelva a suceder esto. Y estamos coaccionadas y amenazadas por parte de las educadoras el equipo directivo para no contar nada a nuestras familias y que no tomen medidas».

Por todas estas razones, la joven, que sigue residiendo en el centro, ha solicitado medidas cautelares urgentes, la revocación de la medida de desamparo, ser escuchada por la Fiscalía de Menores, reconocida por un médico forense y un equipo psicológico fuera del centro Chamberí, así como la guarda temporal con su madre hasta que se resuelva la medida de desamparo.

Denuncian un entramado encubierto por la Administración para el lucro a costa de los 50.000 menores tutelados en España

MADRID.- Los casos que se investigan en nuestro país sobre redes de tráfico de drogas y prostitución que explotan a menores tutelados se han convertido en el resorte para que las familias afectadas salgan a las calles a denunciar un sistema de protección a la infancia que, como señalan las organizaciones convocantes de una manifestación celebrada este fín de semana en Madrid, «demuestran que algo está muy podrido en los Servicios Sociales y la red privada de centros que se reparten miles de millones de euros de los fondos europeos», según recoge Diario16.

El sufrimiento de niñas y niños apartados de sus progenitores tiene diversas formas, sostienen. «Violencia vicaria, adolescentes en situación de calle, expedientes que tardan años en resolverse, escasas horas de visita al mes en los centros, informes sesgados de las inspecciones de los técnicos a las viviendas cuando se acepta el plan de reintegración, miles de arrancamientos injustos, separación de hermanos de por vida» y una larga carrera de obstáculos. Todo con el denominador común, denuncian, de «un sistema de atención a la infancia que es un fiasco y un entramado para el lucro a costa de menores encubierto por la Administración y la legislación».

Según Fernando Barredo, presidente de la Fundación democraciActiva, esta situación es fruto de «leyes injustas e infames que, además, se aplican de forma torticera por personas sin escrúpulos, tanto dentro de los Servicios Sociales, a todos los niveles de la Administración -local, regional y estatal-, como por parte de personas intermediarias en esto que podemos llamar privatización de los servicios públicos y que no es nada más que un buitreo que permite que se estén arrancando miles de menores a sus familias indefensas, en momentos de vulnerabilidad, cuando la propia Constitución en su artículo 39 dice que habría que auxiliarlas legal y económicamente. Lo que hacen es aprovecharse de esa coyuntura, destrozar familias, maltratarlas y para colmo, muchos de estos menores, sabemos, que acaban en redes de prostitución y drogas».

Silencio cómplice

Barredo explica que se desconoce la magnitud de esta situación en España «por un silencio que hace cómplice a gran parte de la población, por la inacción de los políticos y por la implicación de jueces, policías, fiscales, abogados y todo tipo de profesionales, sin duda también técnicos de los Servicios Sociales. Cuando algún día se sepa, va a haber mucha gente que no va a saber explicarlo. Y sólo esperamos que haya posibilidad de adoptar todo tipo de acciones penales contra ellos. Porque esto es un auténtico robo organizado de niños en nuestro país».

Herencia del franquismo

Detrás del negocio de los menores y adolescentes tutelados dice que se esconden «las mismas sectas del poder, de orientación nacional-católica y de la Administración, que ya robaban niños en la Dictadura, y que son las propietarias de más del 80% de los centros privados donde se está maltratando a los niños y, a veces, incluso, no se les deja ver nada más que media hora al mes a una madre o un padre que no paran de llorar. Esto es execrable. 

Hay toda una organización para desarraigar a los menores de forma que, cuando los consiguen recuperar, ya no se reconocen entre hermanos, ni padres e hijos. Esto es lo mismo que hacían Sor María, aquella repugnante señora vestida de monja. O el doctor Vela del Opus Dei. Ahora lo están haciendo encubiertos por la Administración y leyes obscenas. Y por supuesto, tapándose los ojos aquellos que tienen que tapárselos», concluye. 

Por su parte, José Borja, de la Asociación Nacional del Menor Tutelado ha expresado su preocupación por el futuro de los menores. «Queremos tabicar esos centros, porque ni son centros ni son nada. Ahí lo que consiguen es que las criaturas salgan más rebeldes y que el día de mañana sean delincuentes. Tienen que estar con sus familiares. No sabemos cómo los Servicios Sociales tienen tanto poder. La Constitución dice que España es un Estado social, democrático y de derecho, y que proclama fundamentalmente en su ordenamiento jurídico la libertad y la igualdad. Para estos niños no hay ni libertad, ni igualdad, ni democracia».

Aumento de casos en los juzgados

El manifiesto hecho público por los colectivos apunta que las cifras de niñas y niños tutelados no dejan de crecer, aumentando los casos en los juzgados. «Dicen los jueces y fiscales que no tienen tiempo para atender a tantos, y cubren los expedientes por la ley del mínimo esfuerzo de instrucción, dando siempre por válidos los informes de los Servicios Sociales, sin mirar siquiera los presentados por las familias, ni sus certificados médicos aunque sean de la Seguridad Social».

Si bien reconocen que «hay casos extremos en los que es necesario apartar a los menores de sus padres, son muy pocos comparados con los flagrantes secuestros institucionales que terminan con las niñas y los niños encerrados en centros sórdidos en los que son mal atendidos por personal poco o nada preparado, que en demasiadas ocasiones les presionan, amenazan, golpean y hasta violan».

Son muchas las sentencias a pesar de que la mayoría de las familias afectadas tienen pocos recursos y no pueden denunciar «salvo con abogados de oficio frente a jueces, en gran porcentaje de beneficio para las castas del poder».

Primero te tratan de loca y luego te mandan al psiquiatra

Rosa Aguilera portavoz de las asociaciones ADENI e Infancias Robadas relata cómo puede ser el punto de partida para terminar en la espiral del sistema de protección a la infancia. «Ha llegado un momento en el que denuncias violencia de género, sufres un desahucio o has decidido ser madre soltera como yo y, cuando pides una beca de comedor, pasas a ser un expediente. Y empiezas a ser investigada sin que tú sepas nada. Eres culpable mientras no se demuestre lo contrario.  

Las trabajadoras sociales tienen presunción de veracidad y eres tú, que esto no pasa en ningún tipo de delito, la que tiene que demostrar que no eres culpable, enfrentándote a todas las instituciones, que lo primero que hacen es tratarte de loca y luego te mandan al psiquiatra. Tienes que aceptar el desamparo, porque si no lo aceptas dicen que no se puede trabajar contigo, con lo cual no te dan visitas. 

Pero claro, si yo he puesto una demanda judicial, cómo voy a aceptar el desamparo. Porque además, si lo aceptas, luego te dicen que lo has aceptado. Entonces, es una impotencia…Te sientes tan maltratada y humillada, tan pequeñita. Yo me he leído mi expediente y no me reconozco en él. Son todo mentiras».

Cambio de paradigma

En palabras de Victoriano Fernández de la Asociación de Familias para el Siglo XXI, el modelo alternativo al actual sistema «pasa por que los Servicios Sociales en vez ver qué explicación hay para llevarse a las niñas y los niños, fueran servicios ambulatorios. Es decir, deberían entrar en las casas a ayudar. Ahora no se sabe cuales son los protocolos, que no los dicta la autoridad municipal, que es la que inicia los expedientes». 

Y añade que para aflorar las irregularidades que se detectan en los centros «siempre ha sido necesario que personas que están dentro conecten con personas que estamos en el activismo, porque si no, sencillamente, los directores de los centros y todo el aparato que hay alrededor lo tapan y no sale».

Por el bien superior del menor

Por ello, las organizaciones reclaman un Pacto de Estado que revise el actual modelo, así como que se depuren las responsabilidades civiles y penales en los casos que están siendo investigados por graves vulneraciones de los derechos fundamentales de los menores tutelados. 

Exigen también los ceses inmediatos de las personas con cargos de responsabilidad en el sistema de protección a la infancia de los territorios en los que se han evidenciado graves negligencias, irresponsabilidades, incumplimientos o complicidades.

Asimismo, demandan la implicación de los políticos de todos los partidos «que se esconden para no ver lo que ya es evidente: las tutelas no son un beneficioso servicio público sino un negocio privado».

Y por último, piden «a los directores de los medios hegemónicos de comunicación que dejen de obedecer a sus dueños, que no desvíen la atención del público ni mantengan silencio cómplice cuando son niños españoles las víctimas».

Los menores necesitarán autorización de los padres para viajar sin ellos al extranjero a partir de mañana

MADRID.- Los menores no acompañados o que viajan con terceras personas deberán portar un permiso de viaje de sus progenitores para partir al extranjero a partir de mañana, cuando entra en vigor la nueva instrucción dictada en julio para incrementar la seguridad del colectivo.

Además del DNI o pasaporte, los jóvenes deben tener una declaración firmada de permiso de viaje, un formulario que se puede obtener en la Policía, la Guardia Civil, juzgados, notarías, ayuntamientos o consulados.

El Ministerio del Interior dictó en julio una instrucción para incrementar la seguridad del colectivo con la que pretende evitar que puedan ser víctimas de secuestro o trata e igualmente incrementar la protección de sus datos de carácter personal.

La instrucción, dictada por la Secretará de Estado de Seguridad, unifica los sistemas de control en las fronteras y detalla la forma de actuar y las comprobaciones que deben realizar los agentes ante las entradas y salidas de menores.

La orden, el formulario y la normativa son accesibles en la página web del Ministerio del Interior en la dirección http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/dni/autorizacion-para-viaje-de-menores-al-extranjero.

El bebé de la niña de 11 años recibe el alta

MURCIA.- La Comunidad Autónoma delegará la guarda del hijo de la menor de 11 años que dio a luz el pasado fin de semana en una familia de acogida temporal del programa Urgencia-Diagnóstico Canguro, tras recibir esta mañana el alta hospitalaria.

El programa Canguro es para menores de seis años, tiene una duración inferior a seis meses, en tanto se decide la medida de protección familiar definitiva que corresponda. Los niños y niñas acogidos se incorporan por un período corto de tiempo a una familia normalizada, evitando su internamiento en un centro y recibiendo cuidados, atenciones, estimulación y afecto de la familia acogedora.
El Servicio de Protección de Menores ha adoptado esta medida tras analizar la información recibida y teniendo en cuenta la opinión y los intereses de la familia de la menor.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades asumió el pasado martes la tutela del bebé. Toda tutela conlleva la guarda de un menor, que a su vez puede ser delegada en otras personas como son familiares (en los casos de acogimiento familiar), directores de los centros de protección (acogimiento residencial) y también a una familia de acogida temporal, que es lo que se va a hacer en este caso.
Por otra parte, el joven padre del recién nacido (un adolescente que tiene 14 años) continúa viviendo con sus padres, bolivianos residentes en la capital murciana.
Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a La Opinión que la joven madre ha renunciado a hacerse cargo del bebé. La tutela de éste la tiene desde hace días la Comunidad Autónoma.

La Policía Nacional ultima la investigación del embarazo de la niña murciana de 11 años

MURCIA.- La Policía Nacional tiene previsto remitir en las próximas horas al juzgado de instrucción nº 8 de Murcia, competente en el caso, las diligencias de la investigación que lleva a cabo sobre el embarazo de la niña de once años que dio a luz el sábado en el hospital Virgen de la Arrixaca de la capital murciana.

Los agentes del grupo de menores de la Jefatura Superior de Policía de Murcia han terminado ya los interrogatorios al entorno de la pequeña y solo quedaría por conocer, según fuentes policiales, el resultado de las pruebas de ADN que confirmen la paternidad del recién nacido.

El pasado lunes, cuando el juzgado ordenó a la Policía Nacional que investigara los hechos, una unidad tomó declaración en el hospital a los familiares directos de la pequeña, quienes comunicaron que el padre del bebé era su hermano, de 13 años en el momento de la gestación y, en consecuencia, inimputable.

Las muestras de ADN extraídas por la policía científica al bebé y a los dos menores han sido remitidas para su análisis al laboratorio central y serán determinantes para confirmar la paternidad del recién nacido, un varón cuya custodia han asumido de forma provisional los servicios sociales mientras se esclarecen los hechos.

Su madre, vecina de Murcia y de origen boliviano, ingresó el viernes en el hospital universitario con fuertes dolores en el abdomen y dio a luz el sábado, día en que los asistentes sociales del propio centro sanitario avisaron al juzgado de guardia al tratarse de una menor de 16 años.

Distintas fuentes consultadas afirman que la pequeña, cuya guarda también ha asumido de forma provisional la Comunidad Autónoma, pertenece a una familia "normal y estructurada", que desconocía el embarazo.

Un portavoz de la Consejería de Educación ha informado de que "no era una alumna absentista" porque iba a clase con regularidad, según comunicó su colegio a la inspección educativa.

Desde Educación se ha ofrecido también el acogimiento de esta alumna al programa de atención domiciliaria que habilita la comunidad autónoma a determinados estudiantes por motivos de salud.

Se trata del segundo embarazo en menores de 16 años, la edad mínima para tener relaciones sexuales consentidas, que trasciende a la opinión pública en los últimos días tras conocerse ayer el parto hace dos semanas en Lorca de una niña de 15 años.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), más de un centenar de niñas son madres cada año en España antes de cumplir los quince y, a partir de esa edad, la cifra se multiplica por más de tres.

Respecto a los embarazos de adolescentes que no llegan a término, fuentes de la consejería murciana de Sanidad han informado, por su parte, de que en 2016 -último año con datos- se contabilizaron en esta región un total de 23 interrupciones voluntarias de gestación entre menores de 15 años, frente a los 17 abortos practicados un año antes en esa franja de edad.

En la horquilla de 15 a 19 años, también aumentó el número de interrupciones de 360 de 2015 a 368 de 2016, lo que coincide con la tendencia alcista advertida en la estadística del INE sobre embarazos adolescentes.

En 2016 hubo en España 343 madres de quince años y 111 menores de esa edad; en 2015 fueron 392 de quince y 98 con menos años; mientras que en 2014 hubo 377 madres de quince y 136 sin haber cumplido esa edad.

La Comunidad Autónoma pone el foco en los padres de la niña de 11 años por negligencia de supervisión

MURCIA.- La Comunidad Autónoma ha activado el protocolo de protección de menores en el caso de la niña boliviana de 11 que dio a luz el viernes. El objetivo es garantizar la protección e integridad de ambas menores y de sus bebés, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado. También se ha interesado por la situación de otra adolescente de 16 años que ha dado a luz en el baño de su casa. 

Según el protocolo, el hospital donde dio a luz la menor de once años comunicó el hecho al Juzgado y al forense de guardia, emitiendo un parte por el presunto delito de abuso sexual. La nota informativa del hospital también se comunicó a la unidad de Protección de Menores, de la Dirección General de Familia y Políticas Sociales, para activar el protocolo por si hubiera una situación de desamparo.

Según especifica el protocolo, la unidad de Protección de Menores abrió expediente por si existieran indicios de responsabilidad de los padres, aunque sea por negligencia en su supervisión.
Posteriormente, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades solicitó información a Policía, Juzgado, Servicios Sociales de Atención Primaria, Educación y centros de salud de referencia con la finalidad de unificar los informes que existen sobre las menores y valorar su situación.
Por otra parte, la inspección educativa se puso en contacto con el centro educativo de la menor de 11 años y se le ofreció el programa de atención domiciliaria, que consiste en atención educativa a la menor en su domicilio por razones de salud. La inspección también prestará asesoramiento al centro educativo en aquello que precise.

El padre del bebé es su hermano de 14 años

La Policía Nacional ha confirmado que todo apunta a que el padre del bebé que dio a luz este fin de semana una niña de once años en la Arrixaca es su hermano. Las primeras pesquisas indicaban que el niño era fruto de una relación con un familiar y esta misma tarde se ha confirmado que se trata de una relación incestuosa.
Un equipo del Grupo de Menores de la Policía Nacional ha acudido esta mañana al hospital para hablar con la menor, de nacionalidad boliviana, a fin de realizar las primeras investigaciones.
La menor ingresó el pasado viernes en el hospital murciano y dio a luz a un bebé. Ni la familia ni la pequeña sabían que estaba encinta cuando llegaron a la Arrixaca, donde había acudido con un fuerte dolor de estómago. Tras la exploración de los facultativos, se comprobó que lo que ocurría era que estaba de parto.
El hospital universitario Virgen de la Arrixaca siguió el protocolo que se marca para estos casos e informó al juzgado de guardia de lo que había ocurrido. Este encargó la investigación a la Policía Nacional.

La Comunidad Autónoma ha activado el protocolo de protección de menores y ha abierto un parte por presunto delito de abuso sexual.

El padre del bebé de la niña boliviana de 11 años es un menor de 14

MURCIA.- Las investigaciones sobre la menor de 11 años que dio a luz a un bebé en el hospital universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia apuntan a que el padre de la criatura sería otro menor y miembro de la misma familia, según apuntan las primeras indagaciones que está realizando la Policía Nacional, que precisa que la investigación está aún abierta. Por tanto, en este caso se descartaría el delito de abuso sexual.

Un equipo del Grupo de Menores de la Policía Nacional ha acudido esta mañana al hospital para hablar con la menor, de nacionalidad boliviana, y el entorno familiar, a fin de realizar las primeras investigaciones.

Al parecer, el padre del bebé sería también un menor, de 14 años. No obstante, cuando se produjo la relación sexual él tenía 13, por lo que es inimputable por ser en ese momento menor de 14.

La menor ingresó el pasado viernes en el hospital murciano y dio a luz a un bebé. Ni la familia ni la pequeña sabían que estaba encinta cuando llegaron a la Arrixaca, donde había acudido con un fuerte dolor de estómago. Tras la exploración de los facultativos, se comprobó que lo que ocurría era que estaba de parto.

El hospital universitario Virgen de la Arrixaca siguió el protocolo que se marca para estos casos e informó al juzgado de guardia de lo que había ocurrido. Este encargó la investigación a la Policía Nacional.

La Policía sigue investigando el caso para confirmar la paternidad.

Se investiga ya el caso de una niña de 11 años que dio a luz en la 'Arrixaca' tras ingresar por la puerta de urgencias

MURCIA.- Una niña de 11 años dio a luz este sábado en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, que lo puso de inmediato en conocimiento de las autoridades judiciales.

Según han informado fuentes sanitarias, la menor ingresó en el centro hospitalario el viernes y dio a luz ayer un niño; ambos se encuentran en buen estado de salud.
El hospital lo puso en conocimiento de las autoridades judiciales, un protocolo que se activa siempre en estos casos y teniendo en cuenta la edad de la niña.
Fuentes de la Comunidad Autónoma también han confirmado que tanto la menor como su hijo se encuentran en buen estado de salud.
Siguiendo el protocolo, el centro hospitalario cursó un aviso a la Jefatura Superior de Policía. Incluso en el caso de que las relaciones sexuales hubiesen sido consentidas, y al ser la niña menor de 16 años, podría existir delito.
 Igualmente, el suceso fue puesto en conocimiento del correspondiente juzgado de guardia y de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma, que se han hecho cargo del caso.
La menor llegó al hospital en ambulancia, después de que la familia llamara a emergencias y reportara que la niña sufría fuertes dolores de vientre.
Después de trasladarla hasta la puerta de Urgencias Infantil bajo la sospecha de que podía sufrir algún problema estomacal grave, los facultativos asistieron atónitos a un parto que transcurrió sin incidencias.
Según informa la Cadena Ser, ni la niña ni ninguno de los miembros de su familia dijeron que estaba embarazada, y cuando se les preguntó alegaron que lo desconocían.
Sus padres aseguran que no sabían que estaba embarazada.
Llamaron a una ambulancia pensando que tenía un problema grave en el estómago, pero cuando la menor llegó al hospital los médicos se dieron cuenta de que estaba dando a luz. Los Servicios Sociales ya están investigando el caso. 

Necesidad de atención psicológica a 61 menores de Cartagena por violencia de género

CARTAGENA.- La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, ha firmado este martes con la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, un convenio para prestar el Servicio de Atención Psicológica Especializada para Menores Expuestos a la Violencia de Género (Sapmex), municipio en el que han sido atendidos, desde que se puso en marcha de forma itinerante hace dos años, a 61 menores.

Su objetivo es prestar apoyo psicológico a los hijos de mujeres víctimas de violencia de género en la Región de Murcia, que hayan estado expuestos o hayan sufrido directamente estas situaciones de violencia, garantizado así su derecho a una vida libre de violencia. Desde que se puso en marcha en 2009, se ha atendido a un total de 951 menores, 187 de ellos fueron nuevos casos registrados el año pasado.
La consejera Violante Tomás ha destacado que "este recurso permite el abordaje integral de las necesidades de la mujer y de aquellos hijos e hijas menores que tenga a su cargo, dando apoyo psicológico a toda la unidad familiar de manera especializada y procurando que esta situación traumática no tenga secuelas en el futuro de los menores".
El convenio firmado tiene como objetivo también la formación de los profesionales del Centro de atención para mujeres víctimas de violencia de género, CAVI, para que sean capaces de identificar las necesidades de los hijos menores de las víctimas.
El Sapmex se prestaba en la ciudad de Murcia, si bien desde 2016 se había ampliado de manera itinerante a los municipios de Cartagena, Lorca, Yecla, Totana, Jumilla, Caravaca de la Cruz, Cieza, Bullas, Los Alcázares y Santomera. 

Recientemente, en diciembre de 2017, el servicio itinerante se ha ampliado a cuatro municipios más: Alcantarilla, Mazarrón, Ceutí y Águilas, de manera que actualmente se presta el servicio de manera itinerante a un total de 15 municipios.
Desde que se puso en marcha, se ha atendido a 61 menores en Cartagena, 31 de ellos nuevos casos registrados de enero a diciembre de 2017.

 "Este servicio se presta previa valoración favorable de uno de los CAVI, por lo que debe existir previamente una resolución judicial que permita realizar esta intervención con menores. La coordinación entre los distintos servicios e instituciones es clave para garantizar la protección y recuperación de los menores", ha señalado Violante Tomás.
Además, en el pasado año la Comunidad impartió formación a 90 profesionales de la Red CAVI con el fin de mejorar la atención integral tanto a las madres como a los menores víctimas de violencia de género. 

Igualmente, se están desarrollando acciones formativas para profesionales del área de salud mental infantojuvenil del Servicio Murciano de Salud para mejorar la gestión coordinada de casos.
El servicio de atención psicológica a menores expuestos a la violencia de género se presta a través de la asociación Quiero Crecer y está financiado con 80.000 euros por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Fondo de Asistencia Integral para víctimas de violencia de género.
La Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades destinó el pasado año 128.394 euros a la atención de mujeres en Cartagena, 96.300 euros en la lucha contra la violencia de género y 32.000 euros en materia de conciliación.
Los CAVI de Cartagena prestaron el pasado año 1.637 servicios a víctimas de violencia de género, 249 nuevas mujeres, frente a los 1.611 del año anterior, en el que se atendieron a 207 nuevas mujeres.
La atención psicológica a menores expuestos a violencia de género y la atención en el punto de encuentro familiar para mujeres víctimas de violencia de género son algunas de las medidas pioneras a nivel nacional, que ya se desarrollaban en la Región, y que la Comunidad Autónoma ha incorporado al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Entre las iniciativas de este pacto, que ha entrado en vigor en el mes de enero, también destaca un plan de formación específico en esta materia para profesionales de diferentes sectores, sanitario y educativo, sobre cómo intervenir y detectar casos.
Asimismo, se han incorporado al pacto las Mesas Locales de Coordinación, instrumento que marca los criterios para unificar los procedimientos de atención a mujeres víctimas de violencia y coordinar actuaciones de los distintos profesionales implicados en todos los municipios.
"En la actualidad hay constituidas 30 mesas y estamos especialmente orgullosos de esta iniciativa, ya que es un recurso que se ha realizado en otras comunidades como un caso de éxito", ha manifestado la consejera.
La Comunidad destinará en 2018 un total de 2,4 millones de euros a la prevención de la violencia de género y a la atención de las víctimas. Del total, 240.000 euros son para implantar medidas del Pacto regional contra la violencia de género, cuya redacción ultima la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en colaboración con todos los grupos políticos con representación en la Asamblea Regional.
La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha explicado, por su parte, que gracias a este convenio "se va a ofrecer un servicio itinerante en la ciudad", de manera que los afectados podrán dirigirse al mismo los martes en horario de 9.00 a 13.30 horas y de 15.00 a 19.00 horas.
"Desde el Ayuntamiento se facilitará a este fin un local físico y todos los materiales que se consideren oportunos, como teléfonos u ordenadores". Asimismo, Castejón ha destacado la implicación del Consistorio en materia de violencia de género y ha insistido en el importante papel que realiza el Ayuntamiento al tratarse de "la administración más cercana al ciudadano".
Por último, Ana Belén Castejón se ha dirigido a los dirigentes del Gobierno central para pedir que se siga "avanzando en un consenso pactado con todas las fuerzas políticas al igual que a nivel regional para que se siga dotando a los ayuntamientos de herramientas y de presupuesto para poder dar ese servicio donde podamos tener la mejor asistencia posible".
En el año 2017 se atendió en Cartagena a 31 menores víctimas de violencia de género.

La Comunidad Autónoma de Murcia tutela a casi mil menores

MAZARRÓN.-La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, junto con la alcaldesa de Mazarrón, Alicia Jiménez, visitó hoy al grupo de menores tutelados por la Comunidad de la asociación Leyva para el desarrollo de ocio y tiempo libre de personas con discapacidad intelectual en la Región de Murcia, que pasan estancias de verano en el centro vacacional El Peñasco de este municipio.

Tras la visita, Violante Tomás recordó que el Gobierno regional tutela a un total de 956 menores, de los que 270 están en centros de protección, en programas Canguro o de Acogimiento en Familia. Los niños que se encuentran en esta situación están bajo medida protectora de guarda o tutela, ya que han tenido que ser retirados de sus familias por situaciones de abandono, negligencia o cualquier otro indicador de desamparo.

La consejera destacó la gran labor que desarrolla la asociación Leyva, al ofrecer a 12 menores de entre 6 y 18 años, con una discapacidad física o intelectual, un auténtico hogar para su desarrollo personal.

Durante su visita, la consejera compartió una mañana, con sus rutinas habituales, con algunos de los niños que pasarán en turnos de 15 días por estos centros vacacionales.

La consejera destacó la labor "ejemplar" que realizan las entidades, con actuaciones de ocio y tiempo libre, "en su afán para ofrecerles a estos menores una vida normalizada para su desarrollo personal".

El Gobierno regional destinó en 2016 un total de 8,6 millones de euros a los programas de acogimiento de menores, en los que participaron 1.271 niños tutelados, que pasaron a lo largo de todo el año por residencias y familias. Los motivos de las bajas en los centros son las adopciones, el acogimiento familiar con familia ajena, retorno a su familia de origen, retorno a su país de origen y acogimiento con familia extensa. La consejera declaró que "para nosotros es una enorme satisfacción apoyar a estos niños, ejerciendo su tutela y favoreciendo su crecimiento como personas".