MADRID.- En el año 2005, Cefusa, el macrogranjero de El Pozo, consiguió una Autorización Ambiental Integrada (AAI) por parte de la Junta de Andalucía para la puesta en marcha de una instalación de porcino en la Finca Dehesa del Rey en el municipio de Castilléjar, provincia de Granada, revela la web https://es.greenpeace.org/es.
El proyecto inicial contaba con nueve explotaciones de porcino para un total de 6.180 UGM (Unidad de Ganado Mayor). A día de hoy, y como figura en la última Autorización Ambiental Integrada concedida, la finca cuenta con diez núcleos de explotación para 8.122,8 UGM.
De los diez núcleos, siete están dedicados a la “explotación de madres” y tres a la “recría de lechones” hasta los 20 kg de peso. En total, las instalaciones pueden albergar a 21.000 cerdas con lechones de hasta los 6 kg, 140 verracos, 3.325 cerdas de reposición, 1.540 lechones de reposición y 117.600 lechones de entre 6 y 20 kg.
Según las cuentas de Cefusa: “cuando esté todo a pleno rendimiento habrá un total de 7 explotaciones de producción de lechones con 3.000 cerdas en producción cada una. Los rendimientos, mientras se mantenga la sanidad, estarían entre los 30-31 lechones destetados por cerda y año durante los próximos 5 años. Aunque se espera que con el paso de los años y con la mejora genética y de sanidad se pueda aumentar.
Por tanto a pleno rendimiento serían 7 granjas x 3000 madres x 31 lechones destetados = 651.000 lechones destetados/año. Para llevarlos a 20 kg. hacen falta unas 5 semanas y suele haber un 0,5 % de bajas. Por tanto de las instalaciones saldrían unos 645.000-648.000 lechones/año para engordar en granjas integradas por la empresa”.
Estas gigantescas instalaciones, que necesitan atención y cuidados 24/7 los 365 días al año, son gestionadas, según datos oficiales, por solo 150 personas. Una simple división demuestra que, a priori, cada uno de los diez núcleos compuestos por varias naves contaría únicamente con unos 15 empleados, lo que explicaría la falta de higiene y suciedad, y la poca atención a los animales derivada de un modelo productivo de macrogranjas que busca los menores costes posibles a los propietarios.
La finca de Cefusa en Castilléjar es una auténtica fábrica a destajo de animales. Un modelo muy agresivo para conseguir carne rápida y en gran cantidad al menor coste posible para la empresa. Sin embargo, Cefusa asegura que todas sus ‘granjas’ están certificadas en bienestar animal, algo que, tras la investigación realizada por Greenpeace, pone en duda su cumplimiento o la validez de estas etiquetas para asegurar condiciones dignas a los animales.
Dentro de la ganadería, el sector porcino es probablemente el más industrializado y ya genera el 66% de la carne producida en España. De hecho, las explotaciones de cerdos reciben nombres tales como instalaciones de producción de lechones o explotaciones de madres. La industrialización de la producción de carne de cerdo rápida, en gran cantidad y barata conlleva que los requerimientos legales de protección de los animales sean muy cuestionables en lo que al bienestar se refiere, y que, aun así, se incumplan en muchas ocasiones.
Las inspecciones a estas instalaciones son muy reducidas, el número de incumplimientos es muy elevado, aunque las instalaciones incumplidoras que acaban sancionadas son muy pocas. En Andalucía, según los datos que publica la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en 2018 se llevaron a cabo 973 controles sobre bienestar animal en explotaciones y transporte de todo tipo de ganadería, en 220 de ellos se detectaron incumplimientos (22,6%), pero solo en nueve casos se inició un expediente sancionador.
Si nos centramos en los controles en porcino en Andalucía, los incumplimientos son más comunes. Ese mismo año se inspeccionaron 180 instalaciones de las 5.295 existentes, 73 de estos controles fueron no favorables (un 40,6%) y se acumularon un total de 173 incumplimientos. El control se realizó en menos del 3,4% de las instalaciones existentes.
En todo caso, una
legislación hecha a medida de la industria de las macrogranjas, permite
que los animales vivan en unas condiciones penosas, un argumento más que
demuestra lo insostenible y perverso de este modelo amparado por la
ley.
Así, por ejemplo, es legal que los animales vivan toda su vida encerrados en naves industriales sin ver la luz del sol; que las cerdas estén cinco semanas seguidas (desde la semana anterior al parto y hasta el destete) aprisionadas entre barrotes con el espacio mínimo necesario para estar tumbadas, sobre rejilla, y poder darse la vuelta; que las cerdas solo tengan unos días de reposo entre el destete y la siguiente inseminación; que los lechones tengan solo el espacio mínimo que les permita estar todos tumbados al mismo tiempo; que se practique el raboteo parcial (cortar el rabo) a los animales para evitar la caudofagia (que los cerdos se muerdan la cola entre ellos por el estrés) o que se reduzca la punta de los colmillos a los lechones.
La realidad que ha encontrado Greenpeace supera esto, la organización ha constatado cómo en una instalación, de las mayores de España, con una importante empresa detrás, las condiciones son lamentables.
En las instalaciones de Cefusa en Castilléjar los ratones campan a sus anchas por las naves y entre los lechones, las cerdas están tumbadas y pariendo sobre sus propias heces, se ven decenas de lechones muertos en las parideras y pasillos y los lechones están hacinados.
Es la imagen del modelo que ha convertido a España en una potencia de la carne de porcino a nivel mundial y en la que, además de la contaminación, la dignidad de los animales se ha quedado en el camino.
El bajo coste de la obtención de carne para la empresa supone sin embargo un coste para el medio ambiente en forma de contaminación, y un elevado sufrimiento para los animales, dadas las condiciones en que se encuentran. Además, implica un coste para la población que ve cómo se deteriora su entorno sin que exista ninguna contrapartida, como la generación de empleos de calidad, para la zona.
Las explotaciones industriales de cerdos son la principal fuente de metano derivado de la gestión de estiércol. En mayo de 2021, el Programa Medioambiental de Naciones Unidas (UNEP) publicó una Evaluación Global de Metano según la cual en Europa casi la mitad (48%) de las emisiones de este gas provienen de la ganadería, en concreto de la fermentación entérica (gases generados en el sistema digestivo de los animales) y la gestión del estiércol.
Las macrogranjas son auténticas fábricas de metano, por lo que es fundamental frenar la expansión de la ganadería industrial y desarrollar un plan de reducción de la cabaña ganadera en intensivo.
Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero publicado por el MITERD, en España, el sector porcino es el responsable del 76% de emisiones de metano derivadas de la gestión del estiércol.
Los datos que ofrece el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes no dejan lugar a dudas: la explotación porcina Finca Dehesa del Rey de Cefusa, en Castilléjar, es la instalación ganadera que más contamina de España. La propia empresa calcula que sus emisiones de metano en 2019 alcanzaron los 590.000 Kg.
Este dato podría ser muy superior dado que, como también señala Naciones Unidas, el conocimiento y monitoreo de las emisiones son incompletos y esto propicia que se subestimen los datos reales de emisión.
Además, la macrogranja de Cefusa, es la cuarta instalación ganadera (la primera si solo tenemos en cuenta las de ganado porcino) más contaminante por amoniaco, con una emisión de 240.000 Kg en 2019.
Según datos oficiales, de media, en toda España, la contaminación por nitratos ha aumentado un 51,5% en solo cuatro años, desde 2016 hasta 2019. El aumento de la contaminación del agua subterránea por nitratos durante 2016-2019 ha sido mayor en las comunidades que mayor censo ganadero (número de cabezas de ganado) tenían en 2016, lo que indica que la ganadería industrial es una de las principales causas de la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos.
La Comisión Europea subrayó en su último informe de seguimiento de la Directiva de Nitratos, publicado el 11 de octubre de 2021, que la ganadería “es responsable del 81% de la aportación del nitrógeno agrícola a los sistemas acuáticos”.
Debido en gran medida al crecimiento exponencial de la agricultura y ganadería industriales en España, la calidad de las aguas subterráneas y superficiales es muy preocupante. Según los datos del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el 30% de las estaciones de control de las aguas subterráneas y el 50% de las superficiales indican una mala calidad debido a la contaminación por nitratos.
En los últimos diez años (2011-2021), según datos oficiales del MITERD, las Zonas Vulnerables por Nitratos (ZVN) se han tenido que ampliar casi cuatro millones de hectáreas, y ya suponen el 24% de la superficie total de España. Andalucía, concretamente, ha ampliado sus ZVN de 23.967.247 hectáreas en 2011 a 31.495.001 en 2020, al calor de un aumento desmesurado de la ganadería y la agricultura industrial.
Castilléjar, a pesar de sufrir una sequía severa desde hace varios años y de presentar un alto riesgo de desertificación, no alberga ningún punto de la Red de Control del Estado Químico de las aguas, ni ningún otro punto de estudio nacional similar ni para las aguas subterráneas ni superficiales.
En abril de 2021 Greenpeace puso en marcha el proyecto “Sin agua no hay pueblos. El agua limpia es un derecho” impulsando la creación de una red ciudadana de vigilancia de la contaminación del agua por nitratos de ámbito estatal. Una de las plataformas que participa en este proyecto es la Plataforma Salvemos Castilléjar.
De las 30 muestras de agua recogidas, se ha calculado un valor medio de la contaminación por nitratos de 31,4 mg/l, y cuatro muestras dieron valores superiores a 50 mg/l, tres de ellas de agua superficial (una de una fuente) con el peligro que supone para la población que la consuma, y una en un pozo.
Castilléjar tiene una superficie municipal de 131,1 km2 y 1.321 habitantes, en 2020, lo que da una densidad poblacional de 10 habitantes/km2.
La población viene disminuyendo desde 1998, especialmente de la población femenina, dado que en 1996 la tasa de mujeres era del 50% y en el año 2020 del 48%, sin que pueda pensarse que una instalación con un ingente impacto medioambiental y animal, que “produce” cientos de miles de cerdos haya servido para revitalizar económicamente la zona.
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