MADRID.- Los rectores han propuesto limitar la oferta de titulaciones y de plazas
en aquellas enseñanzas que registren una baja inserción laboral o baja
calidad de la misma con el objetivo de que los universitarios encuentren
la mejor empleabilidad para realizarse profesionalmente.
Esta medida, junto a la de mejorar la orientación e información que
reciben los estudiantes sobre la empleabilidad, se recoge en el informe
“La Universidad española en cifras” 2017-18 de CRUE Universidades
Españolas, presentado este miércoles.
Los responsables de las universidades han sostenido que “la Universidad no solo no ha sido una fábrica de parados”,
sino que durante toda la crisis y la reciente recuperación ha sido “el
principal vector de creación de empleo y de reducción del paro”.
Los rectores reconocen no obstante “desajustes” respecto a la empleabilidad y, en concreto, la de los graduados tampoco “se sustrae a la debilidad del conjunto del mercado laboral español”.
El presidente de la CRUE y rector de la Universidad de Córdoba, José
Carlos Villamandos, ha comentado que los “ajustes” en los planes de
estudios y la oferta educativa es “un trabajo a medio y largo plazo” ya
que no se pueden cambiar las titulaciones de un día para otro sino
“gradualmente” y que no se afecte a las vocaciones.
Villamandos ha apuntado asimismo la falta de demanda de
alumnos para carreras STEM, en especial entre mujeres, y ha instado a
que se oriente hacia las ingenierías y las tecnologías desde el colegio pues son campos donde hay demanda laboral.
El estudio también subraya que el mercado laboral “no absorbe, al
menos con rapidez, el nivel de cualificación de los egresados
universitarios y los subemplea o alternativamente les ofrece unas
condiciones de trabajo precarias”.
Por ejemplo, temporalidad en la contratación y retribuciones y base
de cotización inferiores al trabajo que desempeñan, recalcan los
directores del informe de la CRUE, Juan Hernández Armenteros y José
Antonio Pérez García.
Ese nivel de temporalidad de los contratos se refleja en que el 62 %,
64 % y 68 % de los contratos son temporales en las ramas de Ciencias,
Ciencias de la Salud y Artes y Humanidades, respectivamente. En la rama
de Ingeniería y Arquitectura se reduce a un 37 %.
No obstante, en España los trabajadores con educación
superior mejoran su empleabilidad un 17,4 % respecto a la del mercado de
trabajo en general, frente a un 11,3 % en la OCDE y un 12,4 % en la UE-23 respecto a los de secundaria superior.
Y un adulto con un grado o equivalente percibe, como media, unos
ingresos anuales 52 % superiores a los de una persona con nivel de
formación de educación secundaria superior.
Por otro lado, los rectores han calculado que los alumnos que
abandonan una carrera universitaria cuestan al sistema 399,1 millones de
euros, una cifra menor a otros cálculos sobre este tema que llegaban
hasta los 900 millones de euros.
“Hay que reducir esa tasa de abandono aunque no sea significativamente mayor de los países de la OCDE, pero es un fracaso”, han señalado los autores del documento.
En cuanto a las exigencias académicas y económicas para poder seguir
estudios, se recalca el factor “excluyente” que supone la nota media de
acceso para más de 45.000 becarios. Por ello, CRUE ha concluido que “el esfuerzo público para garantizar la igualdad de oportunidades es insuficiente”.
Por otra parte, el informe recalca que “estamos dentro de los
parámetros de normalidad” en cuanto al número de alumnos por lo que “ni
sobran estudiantes ni titulados universitarios”.
Asimismo los rectores instan a “un cambio radical” de las políticas
públicas en I+D+i, cambiar la regulación de la gestión de los contratos
en esta materia entre universidades y empresas y situar una parte de la
financiación de las universidades en función de sus resultados
científicos y de transferencia.
Tampoco dejan de hacer hincapié en que las universidades públicas
presentan notables diferencias en los niveles de financiación pública
que reciben anualmente del presupuesto público de su correspondiente
comunidad.
Los precios medios más elevados en todos los niveles de estudios son
los de Cataluña, que en el grado multiplica por 2,8 los de Galicia; y en
el Máster habilitante (exigido para poder trabajar) multiplica por 3
los de Andalucía.
También el esfuerzo que supone para las familias el pago de los
precios públicos universitarios sobre la capacidad de renta familiar
difiere por autonomía, siendo de media del 4,6 % de la renta.
Pero llegando en Cataluña al 7 % sobre su renta familiar por un 5,7 %
para Extremadura, la región con menor renta familiar, y, en el extremo
opuesto, el País Vasco sólo requiere un esfuerzo del 3,2 %.
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