La Hacienda Pública es hace tiempo, y más desde el aterrizaje de
Montoro como el hombre del dinero del presidente Rajoy, uno de los
problemas más serios que padecemos los españoles. Los impuestos,
directos e indirectos, son confiscatorios, no tratan igual a todos los
ciudadanos, benefician a los que más tienen, se ceban con las clases
medias hasta tenernos como nos tienen y generan, indirectamente, otros
problemas.
Y no es solo Montoro, es que el ministro ha creado escuela y
muchos Ayuntamientos siguen su estela. El último ejemplo se va a
producir con el impuesto de plusvalías, que la mayoría de los municipios
insisten en cobrar, aunque el Tribunal Constitucional se lo ha cargado
en una sentencia que afecta a Irún, pero que debiera disuadir a todos
los alcaldes de seguir cobrándolo. Pero no.
El impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, que es como se denomina a la plusvalía municipal, se
va a convertir para la Administración en lo que han sido las cláusulas
suelo para la banca, o sea, en un rio de denuncias que culminarán con
miles de derrotas tardías en los tribunales para terminar desembolsando
cantidades millonarias en devoluciones con intereses.
El Tribunal
Constitucional ha sido tajante, y “en ningún caso el legislador podrá
establecer un tributo tomando en consideración actos que no sean
exponentes de riqueza”. O sea, que los Ayuntamientos no pueden cobrar
sin incurrir en ilegalidad a quienes venden sus pisos por menos dinero
que el desembolsado al adquirirlo. De cajón.
Pero ahí están los
municipios, de todos los colores políticos, saltándose a la torera la
sentencia y cobrando. Y les importa una higa, cobran ilegalmente, se
gastan la tela a lo suyo, el ciudadano reclama y gana tres o cuatro años
después. Entonces, han de devolverle el dinero más los intereses, pero
los ediles ya no están, han llegado otros, y pagan lo que deben, un
dinero que nunca debieron cobrar. Un dislate al que nadie pone fin, ante
el que el Gobierno y el Constitucional hacen oídos sordos. Y los
ciudadanos, jodidos, pero claro, eso es lo de menos para ellos.
El Ministerio de Hacienda, leo en varios medios, está “estudiando la
situación”, el Ayuntamiento de Madrid “cuantificando el impacto” y
agentes del mercado inmobiliario dicen que “es cuestión de tiempo que se
resuelvan en el mismo sentido las numerosas cuestiones planteadas por
otros juzgados relativas a la legislación de ámbito estatal”. Se calcula
que son más de 500.000 los ciudadanos afectados por esta tropelía. En
los últimos cuatro años los Ayuntamientos han recaudado ilegalmente, y a
sabiendas de que estaban vulnerando la ley en muchísimos casos, 8.000
millones de euros mediante este impuesto.
Como la crisis ha afectado
también al mercado inmobiliario, son muchas las operaciones de venta que
se han cerrado con pérdida para el vendedor, lo cual anticipa un rio de
reclamaciones que se van a ganar. La pregunta es, ¿por qué los
Ayuntamientos han insistido en cobrar impuesto de plusvalía si no había
plusvalía? ¿No estamos ante un delito masivo de prevaricación? ¿No va a
ordenar el Gobierno que la Fiscalía actúe de oficio ante la gravedad del
asunto?
Los especialistas estiman que la reclamación media será de
5.000 euros más intereses, y tras la reclamación administrativa, que
siempre es negativa, se inician los trámites contenciosos. Total, que
hasta 2018 o 2019 los ciudadanos afectados no recuperarán su dinero. Y
ahí llega el siguiente problema, que es el más que previsible embudo en
los Juzgados. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Justicia? ¿Va a habilitar
como ha hecho con las cláusulas suelo un mecanismo extrajudicial y
juzgados especializados para poder hacer frente a la avalancha?
La respuesta inevitable es que sería mejor para todos, menos costoso y
más razonable que de modo inmediato los Ayuntamientos dejaran de cobrar
ese impuesto. Que todos los partidos políticos sin exclusión se pongan
por una vez de parte de los ciudadanos españoles y les eviten a tantos
el calvario que les espera. En su mano esta, porque ellos gobiernan los
municipios. Pero claro, quizá sea mucho pedir. Demasiado.
(*) Periodista
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