MURCIA.- Pablo Damián L., empleado de la empresa Sacyr investigado en
el presunto fraude de las obras del tren de alta velocidad (AVE) que
podría elevarse a 50 millones de euros, ha calificado de "escandalosa"
su imputación y ha pedido para él el sobreseimiento de la causa y el
archivo de las actuaciones.
En un escrito al juzgado de instrucción de Murcia que
investiga los presuntos delitos cometidos en el tramo comprendido entre
Crevillente (Alicante) y la capital murciana, su abogado niega que este
investigado tenga la calificación laboral de "jefe de administración",
como le atribuye la Guardia Civil.
Por el contrario, señala que es "solo un mero
administrativo, según convenio, que ni siquiera finalizó sus estudios de
bachillerato", y rechaza que tuviera participación alguna en la
tramitación de las facturas de las obras reputadas como falsas.
En el escrito, la defensa se remite a lo declarado por su cliente en sede judicial como investigado en septiembre pasado.
"Nuestro defendido -señala- manifestó que se dedicaba a
tramitar las facturas y los pagarés que recibía y que la única
tramitación que hacía era meramente formal, comprobando que las facturas
contuvieran los elementos y requisitos formales exigidos por la ley".
"Y añadió que comprobaba la existencia del correspondiente
contrato que las fundamentaba y que era Juan Ortín -subcontratista de
las obras- el que le llevaba las facturas, además de exponer que
tramitaba miles de pagarés, sin fijarse ni siquiera en las cantidades".
Por otra parte, indicaba que el hecho de que la Guardia
Civil lo relacionara con los delitos de pertenencia a organización
criminal, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad documental
y blanqueo de capitales "resultaba escandaloso".
El documento no olvidaba tampoco señalar que era imposible
que hubiera intervenido en operación ilícita alguna porque él no
comprobaba ninguna medición de las obras ni las cantidades de las
facturas, pues su actividad era la meramente formal de su tramitación.
El escrito afirmaba que ni Ortín ni su colaborador, Ángel
Custodio L., le atribuyeron nunca participación en los hechos a Pablo
Damián L. en las varias declaraciones hechas ante la Benemérita y en el
juzgado.
Y añadía que el propio Ortín, el investigado que admitió la
emisión de facturas falsas y de otras hinchadas, manifestó una de sus
declaraciones que quería "añadir que, en el caso de Pablo Damián,
desconocía hasta dónde conocía las alteraciones posteriores en las
certificaciones de obra".
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