sábado, 3 de septiembre de 2016

Qué fácil sería todo si Rajoy tuviese toda la culpa / Juan Fco. Martín Seco *

Solo los necios o los muy sectarios pueden dudar del deterioro que en materia social y económica ha sufrido nuestro país en los últimos ocho años. El hecho de que en estos momentos estemos creciendo por encima de la mayoría de los países de la Eurozona no debe restar un ápice a la evidencia de las grietas que persisten en nuestro tejido económico y social.

Las elevadas cifras de paro dilapidan nuestro potencial de crecimiento y condenan a parte de la población a la indigencia. Aun cuando en los dos últimos años se esté creando empleo, este es de tan baja calidad y tan precario que ha originado un fenómeno nuevo, la compatibilidad entre poseer un puesto de trabajo y la permanencia en el umbral de la pobreza. Los salarios en el sector privado, especialmente en el caso de las nuevas colocaciones, han descendido sustancialmente. Los empleados públicos han visto reducido por término medio cerca de un 10% su poder adquisitivo, llegando en algunos casos al 15%. El mercado de trabajo se ha desregulado considerablemente, arrebatando a los trabajadores multitud de garantías y derechos. Los servicios públicos (sanidad, educación, etc.) se han deteriorado. Por primera vez desde hace muchos años, las pensiones han perdido poder adquisitivo y, lo que es aun más grave, se ha aprobado una ley que desliga la evolución de estas prestaciones en el futuro de los incrementos en el coste de la vida. La deuda pública (es decir, la hipoteca que pesa sobre todos los españoles) ha pasado de representar el 36% del PIB a exceder el 100% de esta magnitud.

El catálogo podría continuar, pero creo que lo dicho constituye una muestra suficiente para dar la razón a todos aquellos que denuncian la desigualdad, la pobreza y la precariedad originadas, y los sufrimientos y calamidades que se le ha hecho padecer a una gran parte de la sociedad española. Lo que resulta más dudoso es determinar el origen de todos estos males. Para los partidos de la oposición la cosa está muy clara, se debe a la perversidad de Rajoy y sus seguidores que durante cuatro años han practicado políticas regresivas e inicuas. No seré yo el que exima de responsabilidad al Gobierno del PP, pero lo peor que podemos hacer al enfocar cualquier tema es equivocarnos, aunque sea parcialmente, en la determinación de la causa, o quedarnos en la superficie sin profundizar en el fondo de la cuestión, y en este caso la explicación de la maldad de la derecha me parece pobre e incompleta.

Ojalá todo el problema derivase de la ofuscación de este Gobierno; la solución, entonces, estaría en nuestras manos, consistiría exclusivamente en echarlo, antes o después, del poder. Pero la realidad es tozuda y hay múltiples señales de que la cosa no es tan sencilla. Los recortes y las reformas comenzaron con otro gobierno, y teóricamente de izquierdas, el de Rodríguez Zapatero. Mientras gobernaba, surgió el movimiento 15-M. Fue él quien realmente redujo el sueldo de los funcionarios. A diferencia de suprimir la paga extraordinaria, tal como hizo después el PP, que solo tenía vigencia para un año, la rebaja que aplicó Zapatero se consolidaba para años sucesivos, como así ha ocurrido. También fue el Gobierno de Rodríguez Zapatero el que planteó una reforma laboral, si bien posteriormente Rajoy la endureció. El PSOE privó por primera vez a las pensiones de la actualización por el índice del coste de la vida, aunque es verdad que el PP eliminó este derecho para el futuro. Por último, Rodríguez Zapatero arrastró al PP a modificar la Constitución para anteponer el pago de la deuda al pago de las pensiones, del seguro de desempleo y al mantenimiento de la sanidad y de la educación.

El PP participó entonces de la misma simpleza que ahora demuestra el PSOE. La culpa era de Rodríguez Zapatero, y todo se solucionaría cuando cambiase el Gobierno. El Gobierno cambió y Rajoy se vio obligado a incumplir todas las promesas que había hecho en la oposición, y a continuar, incluso endureciendo, la política del gobierno anterior. Desde hace bastantes años, es una gran necedad centrar la solución de los problemas sociales y económicos exclusivamente en el cambio de gobierno. Por eso en Europa cambian todos los gobiernos, pero se sigue aplicando la misma política. Por eso Hollande, socialista, realiza en Francia, contra viento y marea, una reforma laboral similar a la que aprobó Rajoy en España. Por ello Syriza no ha tenido más remedio que tragarse todo lo dicho anteriormente, y está aplicando una política totalmente contraria a la que había prometido. Por la misma razón, Portugal tiene que tener sumo cuidado porque está al borde de que su deuda pase a la categoría de bono basura en la única agencia de calificación que aún no le ha dado esta puntuación, con lo que se vería en la obligación de pedir de nuevo el rescate.

La explicación se encuentra en que desde la configuración de la Unión Monetaria nuestra soberanía está limitada y, en buena parte, la política no depende del gobierno de turno sino de otras instancias, de Berlín, Frankfurt y Bruselas. Al no contar ni con una moneda ni con un banco central propios, quedamos al albur de los mercados y del Banco Central Europeo. Este organismo no solo dicta la política monetaria sino también la fiscal y la laboral, y sus mandatos son de obligado cumplimiento. Y eso en todos los países; tanto en los rescatados, como en los que por el momento no lo están, porque la línea divisoria entre ambos grupos es muy tenue y el tránsito de una categoría a otra es muy fácil, dependiendo únicamente de la voluntad del BCE, como comprobaron Italia y España cuando estuvieron al borde del rescate porque su prima de riesgo superaba los 600 puntos básicos.

La corrección de cualquier desequilibrio en la Unión Monetaria significa sangre, sudor y lagrimas para el país que lo sufre porque, al no poderse corregir en el plano monetario, el cortocircuito se trasladará a la economía real, en forma de paro, reducción de salarios y recortes fiscales. He aquí la perversidad de la moneda única. Por esta razón, entre otras, algunos nos posicionamos radicalmente en contra de la Unión Monetaria. Era evidente que a partir de la desaparición de la peseta el coste de corregir la menor perturbación que se originase correría a cargo de los trabajadores. Lo que no se entiende muy bien es que aquellos, bien personas u organizaciones, que defendieron con ahínco la creación del euro, ahora se hagan los sorprendidos y se rasguen las vestiduras por las consecuencias.

La experiencia ha confirmado las expectativas más pesimistas. Los nefastos Gobiernos de Aznar y el primero de Zapatero permitieron que nuestro déficit exterior se desbocase, llegando a alcanzar en 2008 el 10% del PIB. Este desequilibrio continuado y progresivo -que originó la acumulación de una ingente deuda exterior de carácter privado- no se hubiera producido, al menos en esas magnitudes, de no haber estado España en la Unión Monetaria, y, en todo caso, (en la medida en que se produjese) se habría corregido con la devaluación monetaria, tal como sucedió en los primeros años noventa. La carencia de moneda propia y de un banco central que la respalde dejo a nuestra economía en manos de los mercados financieros y del BCE. Todo ajuste se traduce en descenso de los costes laborales y en recortes presupuestarios.

No tengo nada en contra de que los partidos de la oposición critiquen y censuren al Gobierno de Rajoy, con tal de que no se olviden de las trabas y rémoras que se derivan de nuestra participación en la moneda única. Su afán por atacar al PP y su respaldo a la Unión Monetaria pueden conducirles a esconder la trampa que representa la pertenencia a la Eurozona. Causa sorpresa el constatar que todos sus planteamientos se realizan ignorando esta realidad y partiendo de cero, como si fuésemos absolutamente soberanos. Cabe por tanto preguntarse si esta postura se debe a la ignorancia o a una hipocresía deliberada orientada a prometer (o exigir a otros) medidas que saben de sobra que son irrealizables, al menos mientras pertenezcamos a ese club tan selecto y exclusivo.


(*) Interventor y Auditor del Estado. Inspector del Banco de España


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