MADRID.- La agencia de
calificación de riesgo Standard and Poor's prevé que el déficit conjunto
de las comunidades autónomas alcance el 1 % del PIB en 2016, lo que
supondría una desviación de tres décimas respecto al objetivo marcado
del 0,7 %, aunque el comportamiento será desigual por regiones.
De acuerdo con su último informe sobre las comunidades autónomas
españolas, la entidad prevé que en los dos años siguientes corrijan el
déficit en 0,3 puntos anuales, lo que les dejaría un desequilibrio
presupuestario del 0,7 % del PIB en 2017 y del 0,4 % en 2018.
El ajuste del déficit será mayor en 2016 (del 1,7 % al 1 % del PIB),
porque S&P prevé que los ingresos de las autonomías crezcan este año
en torno al 7 %, mientras que en los dos años siguientes el ritmo de
aumento será del 4 %, en línea con la desaceleración de la economía
española.
La agencia dice que los altos niveles de deuda acumulados por las
comunidades autónomas durante la crisis -de la que la mitad
aproximadamente se la deben al gobierno central- restringen la
posibilidad de una subida de nota, por lo que en términos generales
espera que las calificaciones se mantengan estables.
Aunque señala que el crecimiento de la deuda de las regiones se ha
estabilizado, S&P no ve posible que se reduzca el endeudamiento, a
no ser que el Gobierno reforme el sistema de financiación autonómica o
adopte medidas extraordinarias.
Sin embargo, la agencia no prevé que haya pasos en este sentido dada
la incertidumbre política y las dificultades para formar Gobierno.
Para S&P, las comunidades autónomas españolas reducirán gradualmente su desequilibrio fiscal negativo agregado durante 2016 y los dos próximos años, aunque esta corrección será insuficiente para alcanzar las metas de déficit establecidas por el Gobierno para cada uno de estos tres ejercicios, según señala la agencia de calificación Standard & Poor's (S&P).
De este modo, el escenario base de la agencia prevé un déficit agregado del 1% del PIB para las regiones españolas en 2016, cifra que se reducirá a un ritmo de tres décimas al año en 2017 y 2018, lo que implica incumplir el objetivo fijado por el Ejecutivo, que contempla un desequilibrio para las CC.AA. del 0,7% este año, del 0,5% en 2017 y del 0,3% en 2018, después del déficit del 1,7% registrado en 2015.
A pesar del incumplimiento previsto, S&P confía en una pronunciada reducción del déficit fiscal de las regiones en 2016 gracias a una mejora del 7% de sus ingresos operativos y un crecimiento medio del 4% entre 2017 y 2018, permitiendo que estos ingresos vuelvan a niveles anteriores a la crisis para 2018.
"Esperamos una pronunciada caída en el déficit agregado para las regiones en 2016 sobre la base de un crecimiento de los ingresos cada vez más dinámico", apuntan los analistas de S&P.
Por otro lado, la agencia anticipa que las distintas regiones aprovecharán sus mayores ingresos para incrementar "modestamente" sus gastos no financieros tras varios años de ajustes, principalmente en inversiones, para impulsar los servicios de bienestar social y las infraestructuras con el fin de reactivar la economía.
En este sentido, S&P prevé que los gastos operativos sin incluir intereses aumentarán un 1,1% en 2016, un 1,8% en 2017 y un 2,5% en 2018, sobrepasando las expectativas de una caída del IPC del 0,2% este año, que pasará a crecer un 1,4% y un 1,2% en los dos años siguientes.
"En nuestra opinión, el gasto en intereses se estabilizará en torno al 3,3% de los ingresos operativos tras alcanzar el 6,7% en 2014, a pesar del incremento previsto en la deuda", destaca la agencia, que relaciona directamente esta contención de los costes de financiación con la decisión del Gobierno central de conceder créditos a intereses excepcionalmente bajos, reflejando así sus propios muy bajos costes de financiación.
La calificadora de riesgos apunta que, a pesar de los déficits previstos, prevé cierta estabilización de la deuda en términos relativos, aunque considera que el endeudamiento no caerá a menos que el Gobierno acometa reformas del sistema de financiación regional o aplique medidas extraordinarias de alivio para la deuda de las regiones más apalancadas.
"Lo último sería una opción, ya que estimamos que la mitad de la deuda regional es adeudada al Gobierno central", apunta S&P, que no espera, sin embargo, que se lleve a cabo ninguna reforma a corto plazo como consecuencia de la incertidumbre política en España, donde las elecciones del pasado 26 de junio mantienen la fragmentación parlamentaria, dificultando alcanzar consensos sobre reformas.
"Creemos que cuanto más tiempo se pospongan las reformas serán menores las posibilidades de una reducción significativa de la deuda regional", advierte S&P, que augura una generalizada estabilidad para los ratings de las regiones españolas.
Para S&P, las comunidades autónomas españolas reducirán gradualmente su desequilibrio fiscal negativo agregado durante 2016 y los dos próximos años, aunque esta corrección será insuficiente para alcanzar las metas de déficit establecidas por el Gobierno para cada uno de estos tres ejercicios, según señala la agencia de calificación Standard & Poor's (S&P).
De este modo, el escenario base de la agencia prevé un déficit agregado del 1% del PIB para las regiones españolas en 2016, cifra que se reducirá a un ritmo de tres décimas al año en 2017 y 2018, lo que implica incumplir el objetivo fijado por el Ejecutivo, que contempla un desequilibrio para las CC.AA. del 0,7% este año, del 0,5% en 2017 y del 0,3% en 2018, después del déficit del 1,7% registrado en 2015.
A pesar del incumplimiento previsto, S&P confía en una pronunciada reducción del déficit fiscal de las regiones en 2016 gracias a una mejora del 7% de sus ingresos operativos y un crecimiento medio del 4% entre 2017 y 2018, permitiendo que estos ingresos vuelvan a niveles anteriores a la crisis para 2018.
"Esperamos una pronunciada caída en el déficit agregado para las regiones en 2016 sobre la base de un crecimiento de los ingresos cada vez más dinámico", apuntan los analistas de S&P.
Por otro lado, la agencia anticipa que las distintas regiones aprovecharán sus mayores ingresos para incrementar "modestamente" sus gastos no financieros tras varios años de ajustes, principalmente en inversiones, para impulsar los servicios de bienestar social y las infraestructuras con el fin de reactivar la economía.
En este sentido, S&P prevé que los gastos operativos sin incluir intereses aumentarán un 1,1% en 2016, un 1,8% en 2017 y un 2,5% en 2018, sobrepasando las expectativas de una caída del IPC del 0,2% este año, que pasará a crecer un 1,4% y un 1,2% en los dos años siguientes.
"En nuestra opinión, el gasto en intereses se estabilizará en torno al 3,3% de los ingresos operativos tras alcanzar el 6,7% en 2014, a pesar del incremento previsto en la deuda", destaca la agencia, que relaciona directamente esta contención de los costes de financiación con la decisión del Gobierno central de conceder créditos a intereses excepcionalmente bajos, reflejando así sus propios muy bajos costes de financiación.
La calificadora de riesgos apunta que, a pesar de los déficits previstos, prevé cierta estabilización de la deuda en términos relativos, aunque considera que el endeudamiento no caerá a menos que el Gobierno acometa reformas del sistema de financiación regional o aplique medidas extraordinarias de alivio para la deuda de las regiones más apalancadas.
"Lo último sería una opción, ya que estimamos que la mitad de la deuda regional es adeudada al Gobierno central", apunta S&P, que no espera, sin embargo, que se lleve a cabo ninguna reforma a corto plazo como consecuencia de la incertidumbre política en España, donde las elecciones del pasado 26 de junio mantienen la fragmentación parlamentaria, dificultando alcanzar consensos sobre reformas.
"Creemos que cuanto más tiempo se pospongan las reformas serán menores las posibilidades de una reducción significativa de la deuda regional", advierte S&P, que augura una generalizada estabilidad para los ratings de las regiones españolas.
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