MADRID.- Sólo una veintena de diputados que han
causado baja con el final de la XI legislatura, parece que ninguno por la Región de Murcia, han renunciado a la
llamada indemnización de transición que otorga el Congreso, un pago único de dos mensualidades de salario íntegro que se cobra como compensación económica hasta el día de las elecciones.
Había 229 congresistas con derecho a pedirla, por lo que solo han renunciado 26. Así, 88,6% de los diputados ha pedido seguir cobrando.
Había 229 congresistas con derecho a pedirla, por lo que solo han renunciado 26. Así, 88,6% de los diputados ha pedido seguir cobrando.
De los 203 diputados que han pedido seguir cobrando hasta el 26-J, 66
son del PP, 59 del PSOE, 32 de Podemos y sus confluencias, 26 de
Ciudadanos, cuatro de Convergència (CDC), de ERC y del PNV, tres de
Compromís y uno de IU-Unidad Popular, Foro Asturias, CC y NC, según EP.
El
Congreso de los Diputados ha publicado hoy en su Portal de
Transparencia los nombres de los más de 200 diputados que sí han
solicitado esa indemnización, incompatible con cualquier otra
remuneración pública o privada.
Tampoco tienen derecho a pedir la indemnización por transición los 121 diputados
-entre titulares y suplentes- que son miembros de la Diputación
Permanente del Congreso, el único órgano de la Cámara que permanece de
guardia una vez disueltas las Cortes.
A la Diputación Permanente
pertenecen la plana mayor de cada uno de los grupos parlamentarios,
diputados que seguirán percibiendo su remuneración íntegra hasta la
constitución del nuevo Congreso que salga de las urnas, prevista para el
próximo 19 de julio.
Entre quienes han renunciado a la ayuda, los más numerosos son los del grupo parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea -11 en total-, seguido del PP, con ocho.
De
Ciudadanos no ha renunciado ninguno a esa cantidad, mientras que sólo
han rehusado a ella un único diputado del PSOE, de ERC o de Bildu.
Con nombre propio y por ser más conocidos, destaca Alberto Rodríguez,
diputado de Podemos por Santa Cruz de Tenerife, o la exjueza Victoria
Rosell, que ha pedido el reingreso en la carrera judicial.
Tampoco
han solicitado la indemnización aquellos diputados que, sin formar
parte de la Diputación Permanente, ocupan otros cargos en la
administración incompatibles con su cobro, como es el caso de los
secretarios de Estado Tomás Burgos y José María Lassalle.
Además
de esta indemnización de transición, la Mesa del Congreso ha acordado
también que todos los diputados puedan quedarse durante este periodo con
los teléfonos y las tabletas nuevas que se les facilitaron al inicio de
la XI legislatura, aunque con el compromiso de su devolución si no
resultan elegidos en los comicios del 26 de junio.
No obstante, si
algún diputado que no repita en la próxima legislatura desea quedarse
con el teléfono o la tableta, se le ofrecerá su venta "a precio de
mercado" ya que se encuentran prácticamente nuevos.
En el caso del
Senado, sólo trece senadores han renunciado a esa indemnización de
transición que, en la Cámara alta está fijada en 154,54 euros diarios
desde la disolución de las Cortes hasta el día de las elecciones, en
total 8.345,16 euros cada uno.
Al igual que en el Congreso, no todos los senadores tienen derecho a esta ayuda,
ya que los 71 parlamentarios que permanecen en la Diputación Permanente
tampoco han causado baja y siguen cobrando sus emolumentos con
normalidad.
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