CARTAGENA.- La Comisión de Investigación de la desalinizadora de Escombreras que
preside Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional,
reanudó hoy su actividad con las comparecencias de Eduardo Garro,
interventor general de la Comunidad Autónoma, y David Rodríguez Vicente,
jefe de la división e intervención y fiscalización de la CARM, y
Francisco Ferrer, director de los Servicios Jurídicos.
Sánchez lamentó que el pasado mes de diciembre el Gobierno regional
prorrogara el plazo para el acuerdo de extinción de la sociedad
Desaladora de Escombreras hasta el 31 de diciembre de 2016 "haciendo
caso omiso a unos informes detallados y coherentes de juristas de
reconocido prestigio que aconsejaban la disolución, liquidación o, en su
defecto, concurso de la misma".
En este sentido el portavoz de Ciudadanos incidió en que "la
consecuencia es que la desalinizadora nos cuesta a los murcianos más de
70.000 euros diarios. Una de las soluciones que se han debatido sería la
de emprender acciones judiciales para declarar nulos estos contratos".
En primer lugar compareció Eduardo Garro, quien reconoció que la
Comunidad Autónoma no será propietaria de la desalinizadora hasta que no
realice el último pago y que la fórmula de compra de la desalinizadora
"no es habitual".
A preguntas del portavoz de Ciudadanos sobre los informes que desde
el año 2010 advertían que la sociedad Desaladora de Escombreras se
encontraba incursa en un proceso de disolución, Garro reconoció que "los
informes eran conocidos por los consejeros correspondientes" y evitó
valorar las causas por las cuales el pasado mes de diciembre el Consejo
de Gobierno decidió ampliar el plazo para el acuerdo de extinción de la
sociedad hasta el 31 de diciembre de 2016.
Por último, Sánchez preguntó a Garro "si a nivel personal hubiera
firmado un contrato leonino en el que se recogía una cláusula por la
cual se blindaba a la empresa en detrimento de los derechos de los
murcianos", ante lo que el interventor general respondió que procuraría
"que dicha cláusula no estuviera recogida".
Posteriormente se produjo la comparecencia de David Rodríguez
Vicente, quien el pasado 31 de julio de 2015 emitió un informe en el que
se recogía que la sociedad Desaladora de Escombreras se encontraba
incursa en proceso de disolución, aludiendo en el mismo hasta en cuatro
ocasiones a la existencia de responsabilidad contable.
En este sentido, Sánchez se interesó por los motivos por los cuales
el pasado mes de diciembre el Consejo de Gobierno prorrogó el acuerdo de
extinción haciendo caso omiso a sus informes y advertencias. Rodríguez
afirmó que "el informe entregado propone una solución y ellos han
adoptado otra".
No hay comentarios:
Publicar un comentario