CARTAGENA.- "Es evidente que no fue un buen negocio". Con estas palabras ha
calificado el ex presidente regional, Alberto Garre, la desaladora de
Escombreras tras aludir a informes de la intervención general y del
Tribunal de Cuentas sobre esta infraestructura.
Según ha expuesto,
el informe de la intervención general estipula una hipótesis sobre los
resultados de la sociedad si se hubiese destinado durante el ejercicio
2012-2015 el 90 por ciento de su producción al consumo urbano, esto es,
unos 20 hectómetros cúbicos, de modo que los precios hubieran sido
superiores a los obtenidos hasta la fecha y las cifras de negocio se
encontrarían "muy cerca de su capacidad potencial".
En este
cálculo se contempla que el costo variable de operaciones y
mantenimiento se mantiene en 0,26 euros el metro cúbico. Sin embargo, y
tal y como ha detallado Garre, la pérdida media de producción asciende a
6 millones de euros, lo que unido a los gastos financieros equivaldría a
que los resultados negativos anuales se sitúe en unos 13 millones de
euros durante el periodo 2012-2015.
"Es evidente que no fue un
buen negocio", ha declarado. Garre, que hoy cumple 64 años, ha
comparecido en dicha comisión tras el ex presidente regional Ramón Luis
Valcárcel. Aunque parte de su comparecencia la ha destinado a aludir a
los informes sobre la desaladora de Escombreras, también ha informado
sobre lo que él hubiese hecho, que pasa por "seguir insistiendo en la
solución hídrica para la Región sin renunciar a los trasvases".
Para
Garre, en la Región y en la Asamblea se ha cometido el "tremendo
error" de querer blindar el trasvase Tajo-Segura porque "si los ríos no
se pueden blindar, mucho menos un trasvase. Cometemos el error de ir a
hacer lo mismo que han querido hacer en otras Comunidades Autónomas".
En
sus palabras, él hubiese buscado otras soluciones contando con todos
los informes económicos y jurídicos, que para eso está la intervención y
los servicios jurídicos. Cree que esto hubiese "evitado que el Ente
Público del Agua hubiese asumido como públicos compromisos societarios
de empresas privadas".
Durante su alocución ha afirmado que se
firmaron "contratos leoninos", algo que, ha dejado claro que nunca se
hubiese permitido hacer. "Ni siquiera hubiese escapado a mi control las
operaciones del Ente Público del Agua" y advierte que para suscribir
dichos contratos se hubiese cerciorado antes del coste de ejecución y
de mantenimiento, "de su viabilidad financiera".
El ex presidente
regional confirma que hubiese aconsejado, "y me consta que se hizo", a
los ayuntamientos que extremaran las precauciones en la firma de
conciertos urbanísticos "porque luego pasa lo que pasa".
Ha
asegurado que ha oído hablar de los 140 millones de coste de la
desaladora, así como de los 180 millones por los que se vende, aunque
ha recordado que él aterriza "en este asunto en abril, que es cuando
aparece el primer informe de intervención. De ahí a que el Gobierno
entró en funciones hay escaso tiempo. Se celebraron elecciones y no
pudimos ahondar".
El ex presidente regional también ha afirmado
que le "suenan" los 600 millones de la demanda que se ha interpuesto a
la Comunidad por la desaladora, "pero no los admito de ninguna manera.
La planta iba a costar 111 millones. Debemos intentar solucionar el
problema con la máxima prontitud".
En su opinión, para el tema de
la desaladora, que está actualmente en los juzgados, "hay que negociar
una salida en base a una transacción judicial sobre los gastos reales
de su ejecución".
De no ser así, plantea la opción de interponer
una demanda por los "contratos leoninos, que han sido perjudiciales para
los intereses regionales y olvidarnos del carnaval político en que
está sumida España y la Región". Exige, por tanto, tratar con seriedad
este asunto así como solidaridad institucional entre los grupos
parlamentarios.
Por último, ha agradecido el "regalo de
cumpleaños" de llamarle a comparecer en la comisión de investigación y
que es favorable a que este tipo de comisiones sean "abiertas para que
en directo se saque una conclusión no tergiversando", a lo que ha
añadido que su educación no viene de sus jefes políticos, "sino de mis
profesores de la Facultad de Derecho y no me enseñaron a ponerle
zancadillas a la justicia".
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