MURCIA.- El promotor de Totana que se ha
querellado contra el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel acusa
también a una docena de consejeros y altos cargos del actual Gobierno y
del equipo del exjefe del Ejecutivo murciano de lo que define como «una
trama de corrupción» que permitió la recalificación de 1.800 millones de
metros cuadrados en la Región, tal como recuerda hoy 'La Opinión'.
Manuel Núñez, que firmó un
convenio con el ayuntamiento de Totana y pagó 2,5 millones a este
municipio que trata de recuperar, apoya sus acusaciones en los autos
dictados por el magistrado y el fiscal que investigan el caso de
presunta corrupción urbanística Novo Carthago, los informes elaborados
por la Intervención General y los Servicios Jurídicos de la Comunidad y
la denuncia realizada por la Fiscalía a causa de los contratos de la
desaladora de Escombreras, que la semana pasada fue remitida al juez.
A
la información aportada por las causas judiciales abiertas y por los
propios técnicos de la Comunidad añade también las sentencias del
Tribunal Supremo que están anulando los planes generales de los
ayuntamientos de la Región por incumplir la Ley de Aguas al aportar un
certificado del Ente Público del Agua garantizándoles caudales de
Escombreras en lugar de la autorización expedida por la Confederación
Hidrográfica del Segura (CHS).
Los delitos que les atribuye en la
querella son estafa, prevaricación continuada, falsificación de
documentos, malversación de fondos, fraude, delitos societarios, contra
la ordenación del territorio y otros. Al expresidente Valcárcel lo sitúa
«a la cabeza» de la supuesta «trama piramidal», que permitió a los
ayuntamientos ingresar 2.500 millones en diez años, mientras que del
exconsejero Antonio Cerdá dice que actuaba como «ariete».
A los
demás, entre los que figuran los exconsejeros Bascuñana, Ballesta
(actual alcalde de Murcia), De Heras, De la Cierva, Sotoca e Inmaculada
García, los considera «colaboradores necesarios en la puesta en marcha
del Ente Público del Agua y los contratos de la desaladora con el grupo
ACS o en las recalificaciones de suelo. A los actuales consejeros de
Fomento y de Agricultura, Francisco Bernabé y Adela Martínez-Cachá,
respectivamente, y la directora general de Urbanismo, Nuria Fuentes, los
acusa de incumplir las sentencias del Tribunal Supremo que están
anulado los planes urbanísticos.
Manuel Núñez llega a pedir
prisión preventiva para los acusados, aunque apunta la posibilidad de
que pueda solicitar más imputaciones, una vez que se inicie la
investigación, que ha recaído en el Juzgado de Instrucción nº 9.
Pide además «prisión preventiva y sin fianza para los acusados, ante la
posibilidad de que, por su relevancia y poder» puedan destruir pruebas
para «eludir sus responsabilidades».
El promotor también pide al
juez que cite como testigos a una veintena de exaltos cargos de la
Comunidad Autónoma y de otras instituciones públicas, como el
expresidente de la CHS José Salvador Fuentes Zorita, cuyas acusaciones
contra los promotores de la desaladora de Escombreras «por haber
realizado la obra sin los permisos ni las autorizaciones» necesarias
aporta igualmente en la querella.
La larga lista de testigos a los
que pretende citar a declarar está encabezada por el expresidente de la
Comunidad, Alberto Garre, que tuvo conocimiento de los informes
elaborados por la Intervención General y los Servicios Jurídicos.
También hay exalcaldes, funcionarios y otros exaltos cargos de la CHS.
Una gran causa penal
El empresario Manuel Núñez aspira a conseguir que se abra en la Región una gran causa penal como la Gürtel, que tiene ramificaciones en Madrid, Comunidad Valenciana y Palma de Mallorca.
El promotor que reclama la devolución del dinero abonado al ayuntamiento de Totana por un convenio urbanístico que no llegó a ejecutarse ha solicitado al Juzgado en el que ha recaído la querella contra el expresidente Valcárcel y los antiguos miembros de su equipo de Gobierno que una su demanda a las causas abiertas por corrupción urbanística en la Región, entre las cuales figuran las de Novo Carthago en Cartagena y Umbra en Murcia.
También ha pedido que se incluya la denuncia de la Fiscalía por los contratos de la desaladora de Escombreras, que esta misma semana debía ser asignada a un juzgado, con el fin de enlazar todos los procesos en un caso como el Gürtel. La defensa de Manuel Núñez pretende unir así las investigaciones que afectan a delitos urbanísticos con la desaladora de Escombreras.
Una gran causa penal
El empresario Manuel Núñez aspira a conseguir que se abra en la Región una gran causa penal como la Gürtel, que tiene ramificaciones en Madrid, Comunidad Valenciana y Palma de Mallorca.
El promotor que reclama la devolución del dinero abonado al ayuntamiento de Totana por un convenio urbanístico que no llegó a ejecutarse ha solicitado al Juzgado en el que ha recaído la querella contra el expresidente Valcárcel y los antiguos miembros de su equipo de Gobierno que una su demanda a las causas abiertas por corrupción urbanística en la Región, entre las cuales figuran las de Novo Carthago en Cartagena y Umbra en Murcia.
También ha pedido que se incluya la denuncia de la Fiscalía por los contratos de la desaladora de Escombreras, que esta misma semana debía ser asignada a un juzgado, con el fin de enlazar todos los procesos en un caso como el Gürtel. La defensa de Manuel Núñez pretende unir así las investigaciones que afectan a delitos urbanísticos con la desaladora de Escombreras.
Los acusados
Ramón Luis Valcárcel, expresidente del Gobierno regional
Joaquín Bascuñana, exconsejero de Obras Públicas
Antonio Cerdá, exconsejero de Agricultura
Fernando de la Cierva, exconsejero de Presidencia
Constantino Sotoca, exconsejero de Educación
Juan Antonio de Heras, exconsejero de Presidencia
Francisco Bernabé, consejero de Fomento
Adela Martínez-Cachá, consejera de Agua y Agricultura
José Ballesta, exconsejero de Obras Públicas y actual alcalde de Murcia
Antonio Sevilla, exconsejero de Obras Públicas y presidente de la Autoridad Portuaria
Nuria Fuentes, directora general de Urbanismo
Andrés Carrillo, consejero de Hacienda
Inmaculada García, exconsejera de Hacienda y presidenta de Loterías del Estado
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