MURCIA.- Una nueva iniciativa legal de la letrada que ejerce la acusación
particular en el 'caso Umbra' en nombre del Ayuntamiento de Murcia,
Amalia Saorín, solicita el sobreseimiento de la pieza separada 'Nueva
Condomina' por entender que los hechos investigados no son constitutivos
de delito, según adelanta 'La Verdad'.
La decisión de la letrada es la respuesta al auto de Procedimiento
Abreviado (PA), equivalente al de procesamiento, que el titular del
Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia, David Castillejos, dictó el
pasado junio para confirmar los indicios de delito contra el exalcalde
Miguel Ángel Cámara; el presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y los
ex altos funcionarios de la Gerencia de Urbanismo Pedro Morillas y
Joaquín Peñalver.
El magistrado, que con ese auto situaba a los cuatro
acusados a un solo paso del banquillo, atribuye a los dos primeros unos
presuntos delitos de prevaricación y de información privilegiada y a los
dos últimos, de supuesta prevaricación.
En concreto, el instructor sostiene que Samper desembarcó en Murcia
en 1998, cuando un agente de su empresa Santa Mónica le contó que el
Real Murcia tenía apuros económicos y que podría adquirirlo por una
cantidad nada relevante. A partir de ese momento, habría utilizado el
club de fútbol como «reclamo» o «señuelo» para impulsar un gran proyecto
urbanístico. Para sacarlo adelante, con el apoyo del alcalde Cámara, se
habrían vulnerado presuntamente varios preceptos legales.
La acusación particular ha presentado un recurso para pedir el archivo de las diligencias y
defender que no existe delito en ninguna de las decisiones municipales
que se adoptaron: la firma del Protocolo Marco entre el alcalde Cámara y
Jesús Samper en 1999, la firma del Convenio Nueva Condomina en 2001 y
el Plan Parcial Nueva Condomina en 2003.
La letrada no solo sostiene que no existe delito alguno en la
actuación del antiguo equipo de gobierno, sino que además afirma que el
Ayuntamiento no sufrió perjuicio económico alguno por esas decisiones
que presuntamente favorecieron a Samper por encima de lo que la ley
permitía, de forma que estima que no se les puede exigir a los acusados
responsabilidad penal ni civil alguna.
La postura de esta acusación particular ya fue motivo de controversia
el pasado mayo, cuando el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, la
acusó de estarse limitando a defender los intereses de los imputados,
como el alcalde Miguel Ángel Cámara, en lugar de defender los intereses
públicos y perseguir las desviaciones de poder en que hayan podido
incurrir empleados públicos en perjuicio del Consistorio. Una razón por
la cual la Fiscalía reclamó que esta parte fuera expulsada del caso.
La airada reacción de la abogada consistió en rechazar «tajantemente»
las afirmaciones de Lozano, a quien llegó a amenazar con denunciarle
«por acoso y coacciones» y asegurar que no está obligada «a sostener la
acusación si considera que no existe base para ello, debiendo tener en
cuenta tanto las condiciones favorables como las desfavorables».
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