CARTAGENA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García
Retegui, ha presentado a la Mesa de la Asamblea Regional una Proposición
de Ley de Modificación de la Ley del Estatuto de Consumidores y
Usuarios de la Región de Murcia ante "las llamadas gasolineras
desatendidas, es decir sin trabajadores".
Y es que, según expone
la parlamentaria socialista, "la Dirección General de Industria, Energía
y Minas ha publicado una resolución, con entrada a finales de enero,
por la que se dictan instrucciones a las comprobaciones a realizar en
las instalaciones de distribución al por menor de carburantes y
combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público
desatendidas".
Resolución que ha contado con el rechazo tanto de
los empresarios del sector como de los sindicatos y organizaciones de
consumidores y usuarios, explica, "basándose en la pérdida de puestos de
trabajo, peligro potencial en caso de derrame de combustible,
imposibilidad de reclamar ante nadie si se da un error tanto a la hora
de repostar como de cobro, ausencia de una hoja de reclamaciones o la no
emisión de factura".
A lo que se añade "el agravio que supone
para las personas con algún tipo de discapacidad física o de movilidad
encontrarse con una estación de servicio sin personal", produciéndose
"una discriminación en toda regla hacia este colectivo", añade en la
proposición.
Tras lo que
recuerda que comunidades como Aragón, Andalucía, Navarra, Cantabria o
Castilla La-Mancha han aprobado normativas al respecto "que garantiza,
al menos, la presencia de un trabajador para atender a los clientes o a
cualquier incidencia que pudiera producirse".
Según Retegui, "el
Gobierno regional tiene la obligación de garantizar los derechos y
protección de colectivos tan vulnerables como las personas con
discapacidad y evitar la destrucción de más puestos de trabajo en
nuestra Comunidad".
Por lo que, para el PSRM, "se hace necesario
que la Comunidad garantice que las instalaciones de venta al público de
gasolinas y gasóleos de automoción disponga, al menos, de una persona
que atienda a los usuarios mientras permanezcan abiertas".
Todo
ello "sin perjuicio de lo establecido para las instalaciones que
disfrutan de un régimen especial de distribución y, en particular, las
cooperativas que no presten servicios a terceros", concluye la
parlamentario.
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