sábado, 11 de octubre de 2014

Uno de los policías de Cartagena detenidos, afirma que otro dijo 'vamos a quitárnoslo de en medio'

CARTAGENA.- Jose Luis S.A., uno de los seis policías nacionales ingresados en prisión por la muerte violenta de Diego Pérez T. ha declarado ante la Unidad de Asuntos Internos de este cuerpo que otro de sus compañeros detenido, que estaba en el coche patrulla en el que trasladaron a la víctima, dijo: "vamos a quitárnoslo de en medio".

La titular del juzgado de instrucción nº 4 de Cartagena decretó el pasado miércoles prisión provisional incomunicada y sin fianza para éste agente y otros cinco compañeros, detenidos por la muerte el pasado marzo de Diego Pérez, el vecino de 43 años de Las Seiscientas, cuyo cadáver fue encontrado en aguas de Cala Cortina dos semanas después de su desaparición.
Este agente, sin embargo, quiso matizar después, cuando el interrogatorio estaba avanzado, que los compañeros que trasladaron al fallecido a la playa de Cala Cortina, en Cartagena, donde fue encontrado su cadáver el pasado marzo, se referían realmente a su intención de alejarlo de su domicilio porque había llamado en dos ocasiones a la Policía para decir que se sentía amenazado.
El acta de su declaración, tras levantarse el secreto de las diligencias, recoge que este policía aseguró durante su declaración que: "ponía la mano en el fuego por sus otros cinco compañeros", y que "el hecho de haber realizado una intervención malísima (en referencia a que trasladaron a Diego Pérez T. a la playa, en lugar de a Comisaria) no significa que sean delincuentes, ya que fue un cúmulo de circunstancias".
Por su parte, Jose Carlos M.L, otro de los policías nacionales que integraban la dotación del coche policial Z-54 que trasladó a la víctima a Cala Cortina, dijo que "el único error" de la noche de los hechos, el pasado 11 de marzo, fue no haber informado a sus superiores de esta actuación, pero que no lo hicieron porque pensaban y piensan que no cometieron delito alguno.
Así mismo, aseguró ante Asuntos Internos que si en una primera comparecencia manifestó que tanto al domicilio del fallecido como, posteriormente, a la playa había acudido una sola dotación policial cuando realmente fueron tres, fue por temor a que, tras el hallazgo del cadáver, lo asociaran con lo ocurrido.
Otro de los policías detenidos, Rubén F.S., declaró que no cometieron delito alguno, pero que lleva "siete meses sin poder dormir", y al ser preguntado por los inspectores de Asuntos Internos por qué no reveló a sus superiores lo que realmente había ocurrido, contestó que era debido a que en la Comisaria de Cartagena "impera la ley del miedo" y que los vehículos policiales zetas "se cargan toda la morralla".
Este mismo policía señaló, además, que habló con uno de sus compañeros para que contara la verdad y que éste lo comentó con otros agentes, pero que cuando los creía decididos a hacerlo, cambiaron de criterio.
En la documentación de esta causa judicial, en la que los seis policías están imputados por el homicidio o asesinato, así como por la detención ilegal de Diego Pérez T, figuran las actas de vigilancia a las que fueron sometidos los agentes sospechosos el pasado junio.
En una de ellas, se recoge el seguimiento efectuado por agentes de la Unidad de Asuntos Internos a cuatro de los sospechosos en un mesón de Cartagena, donde los inspectores de Asuntos Internos escuchan a uno de los ahora encarcelados decir: "Si es que no tienen nada, no tienen nada, no pueden tener nada", mientras que otro de ellos relataba que: "Pues yo cuando fui a hablar con éste, estaba tan preocupado que se estaba tomando una tila".
Finalmente, los inspectores de Asuntos Internos señalan que otro de los cuatro policías intervinientes en esa conversación dijo: "La que se puede liar, se puede liar gorda, como nosotros somos los últimos monos nos toca todo".
Los seis policías, residentes en la ciudad portuaria y de la escala básica, compartían turno en las llamadas patrullas zeta de la Comisaría de Cartagena, y fueron investigados por agentes de asuntos internos y de la policía judicial de Murcia y Cartagena después de que un testigo situara a la víctima en un coche policial la noche en que desapareció.

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