MADRID.- El presidente de la Federación Nacional de
Comunidades de Regante (FENACORE), Andrés del Campo, ha propuesto que se
supriman las empresas públicas que actúan como intermediarios en la
gestión de las obras hidráulicas ejecutadas "bajo el paraguas" de los
planes hidrológicos de cuenca y del último Plan Nacional de Regadíos
(Horizonte 2008), porque, en su opinión, encarecen "innecesariamente"
los costes de gestión del agua a los usuarios.
Durante su participación en una jornada del Colegio de Ingenieros
de Caminos sobre sostenibilidad económica, Del Campo ha manifestado que
"una vez cumplido" el objetivo para el que estas empresas de capital
público se crearon "carece de sentido perpetuarse en el tiempo", sobre
todo cuando ya existen corporaciones competentes y cualificadas para
ello.
Por ello, FENACORE recuerda que deben ser las demarcaciones
hidrográficas "las únicas" que se hagan cargo de la gestión de las obras
de regulación, mientras que las comunidades de regantes deben hacer lo
propio con la explotación de las obras de modernización de regadíos,
"evitando así duplicidades competenciales".
En general, Del Campo considera que en muchos casos estas empresas
públicas se escudan en la explotación de las obras en las que se han
intervenido para actuar ahora como compañías de servicios y gestión de
estas infraestructuras hidráulicas, financiándose a través de un
incremento de los cánones que deben soportar los propios usuarios.
Concretamente, ha puesto de ejemplo los embalses de Breña y
Arenoso, de los que ha dicho que "si fueran gestionados, como
correspondería, por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en
lugar de por la empresa Acusur/Acuaes, evitaría a los regantes un
sobrecoste anual de alrededor de 1,5 millones de euros".
"Por una mera razón de reducción de costes y eficacia, habría que
terminar con la subcontratación de estas empresas públicas que fueron
constituidas en las últimas décadas con el cometido de gestionar o
financiar nuevas infraestructuras hidráulicas; un cometido ya terminado y
que no tiene sentido mantener, máxime con la sequía presupuestaria de
las Administraciones", ha insistido el presidente de los regantes.
En este contexto, Del Campo ha mostrado también su preocupación
por el "mal ejemplo" de Portugal, que plantea traspasar la gestión de
los regantes y otros usuarios que se abastecen de Alqueva, la mayor
presa de Europa, a una empresa pública. A su juicio, esto supondría no
solo encarecer innecesariamente los costes de explotación de los
agricultores y, por tanto, reducir su competitividad, sino desautorizar a
las comunidades de regantes que llevan en este país más de 60 años
auto-regulándose y auto-gestionando eficazmente los recursos hídricos.
Finalmente, ha dicho que confía en que Portugal recapacite y no
tome una "decisión en falso que pueda ir a contracorriente", ya que la
iniciativa supone un "claro paso atrás" al adoptar la tendencia
contraria a lo que se está siguiendo en Europa y a nivel mundial, de
corresponsabilidad entre administraciones y usuarios en la gestión de
los recursos y que se inspira en el modelo de comunidades de regantes
para alcanzar una mejor administración del agua de riego.
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