Sorpresiva denuncia del letrado Mazón y el periodista Cano Vera sobre actuaciones del entorno de Valcárcel

MURCIA.- . El consejero de Medio Ambiente, Antonio Cerdá, y el ex consejero de Hacienda, Juan Bernal, acaban de ser denunciados ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, por la supuesta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y asociación ilícita, según 'La Verdad'.

La denuncia ha sido interpuesta por el letrado José Luis Mazón, ya habitual en este tipo de actuaciones contra los poderes públicos y altas instituciones del Estado, y, curiosamente, también por un ex diputado del PP, Juan José Cano Vera, quien desde su salida de la política se ha significado como un furibundo adversario de sus antiguos correligionarios.

Los hechos en los que se sustenta la denuncia ya fueron investigados, básicamente, por la Fiscalía Anticorrupción, con sede en Madrid, que archivó las diligencias por no hallar indicios de delito contra altos cargos de la Comunidad Autónoma. Una circunstancia que no ha sido óbice para que Mazón y Cano Vera hayan formulado esta nueva denuncia, que formalmente podría ser tramitada por el TSJ o por un juzgado de instrucción, ya que nunca antes ha sido objeto de investigación por un juez.

Un regalo envenenado

La balsa Yenny era un depósito o pantano de estériles mineros, con un volumen de más de un millón de metros cúbicos, perteneciente a la empresa Portmán Golf S.L.. La montaña de desechos, constituida por sustancias muy contaminantes y potencialmente peligrosas para el ser humano, se levantaba junto a la población de El Llano del Beal y amenazaba con causar una tragedia, ya que podía descomponerse y sepultar parte de esa localidad.

Fue esa aparente situación de urgencia la que llevó a la Administración regional a asumir la cesión de la propiedad, que pasó de Portmán Golf S.L. a la Consejería de Hacienda -hecho que se produjo en el año 2001-, y posteriormente, en el 2005, a acometer la limpieza de la balsa con fondos públicos.

Es en este punto donde surgen, según los denunciantes, los datos que apuntan a una presunta comisión de delitos. En concreto, y conforme al principio básico de las leyes medioambientales, que establecen que «quien contamina, paga», tendría que haber sido la empresa Portmán Golf S.L. la que hubiera corrido con los gastos. Fue, sin embargo, la Administración regional la que, con cargo al erario público y a subvenciones de la UE, acabó desembolsando 5,4 millones de euros (unos 800 millones de pesetas) y, además, «y no pareciéndole suficiente ese regalo», le entregó a Portmán Golf S.L. otros 2,7 millones de euros por colaborar en las labores de limpieza y permitir que los desechos fueran depositados en una mina de su propiedad.

El Ministerio de Medio Ambiente, que tomó parte de la comisión técnica para la limpieza de la balsa, alertó en 2005 a la Comunidad de que debía exigir a la firma minera el pago de la limpieza; un aviso que, en apariencia, según la denuncia, «fue desatendido».

«Un uso perverso»

Consideran Mazón y Cano Vera que este asunto constituye «un caso emblemático de uso perverso de las potestades institucionales y del dinero público en beneficio de particulares», y reclama del TSJ que abra diligencias por los presuntos delitos de prevaricación (adoptar a sabiendas decisiones injustas), malversación de caudales públicos (por desvío de fondos públicos para beneficiar a particulares) y, lo más novedoso, por asociación ilícita, ya que estiman que pudo existir «un concierto previo entre particulares y altos cargos para favorecer a los primeros».

Tras recibir el escrito, los magistrados de la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ podrán decidir su archivo inmediato, si estiman que el relato no reviste caracteres de delito; abrir diligencias penales por sí mismos, debido a la condición de aforados de los dos denunciados, o bien ordenar a un juzgado de Instrucción que inicie una investigación y que el juez, sólo cuando aprecie indicios de delito contra un aforado, eleve la causa al TSJ.

El consejero Cerdá se limitó ayer a señalar que no iba a hacer comentarios sobre la nueva denuncia interpuesta por el 'caso Yenny'.