Dice un viejo proverbio chino que el que se pone de puntillas no puede sostenerse derecho por mucho tiempo. En un reciente informe del FMI, Roberto Cardarelli confirma lo que casi todos sospechábamos: la vivienda en España está sobrevalorada en un 20%, y el desmesurado peso del ladrillo en nuestro PIB del 9% hace que se tema un doloroso ajuste, que inexorablemente afectará toda la economía. El Banco de España ya rebaja al 2,4% sus previsiones de crecimiento para este ejercicio.
Con las crisis energéticas de los 70 y el ascenso al poder de Thatcher, Reagan o Pinochet, más de uno quiso dar por enterrado al Estado de Bienestar, y las propuestas económicas neoliberales han campado a sus anchas por el globo con el beneplácito de organismos internacionales y bancos centrales. Concretamente, en el mercado inmobiliario, el venerado libre mercado ha fracasado estrepitosamente en proporcionar a la ciudadanía el derecho constitucional a una vivienda digna. La crisis financiera y global que nos azota, deberá hacernos reconsiderar el papel del Estado para frenar el vendaval especulativo en el que subyacen sus causas.
La situación en la que nos encontramos tiene condicionantes tanto externos como internos. Las hipotecas subprime de EEUU forman ya parte de nuestra jerga: se concedieron alegremente préstamos a personas sin garantías o ninjas (no income, no job, no assets) pensando que a las malas, siempre se podrían embargar las casas revalorizadas. Sin embargo, el pinchazo de la burbuja ha dado al traste con el negocio. Lo peor es que usted, que depositó sus ahorros en su caja o banco de toda la vida, es quizás el prestamista último del ninja, a través de las inversiones especulativas de su entidad en fondos de titulización hipotecaria del banco americano. Paralelamente, los bancos centrales, al servicio del gran capital y del control de la inflación, no solo no han advertido a la sociedad de lo arriesgado de este juego, sino que además hace mucho tiempo que eliminaron de su agenda de objetivos velar por el crecimiento real de la economía y por la creación de empleo. Mientras tanto en España, bancos y empresas decidieron que el monocultivo del ladrillo resultaba mucho más rentable que las actividades generadoras de riqueza real, como la investigación científica y la industria.
Si a la hipertrofia financiera y especulativa en la que estamos inmersos le sumamos factores de carácter real, como que el precio del petróleo se ha triplicado en 5 años, tenemos sobre la mesa un cóctel sin duda explosivo. Aún recuerdo a Ana de Palacio presumiendo de lo que iban a subir las bolsas y a bajar el petróleo gracias a la guerra de Irak. Con los salarios reales estancados y el peso de las rentas del trabajo cayendo año tras año en el PIB, vemos en la prensa los beneficios empresariales subir año tras año y a Fernando Martín (MARTINSA-FADESA) afirmar que pueden permitirse bajar el precio de sus viviendas, pues trabajan con un margen del 40% sobre su precio.
Como era de esperar, presidentes de promotores, neocons e incluso el director territorial de una importante caja de ahorros que opera en nuestra Región, no han tardado en ofrecer sus soluciones: reducir el Impuesto de Sociedades, eliminar Patrimonio y Sucesiones y subir el IVA, que incide especialmente sobre los más necesitados, pues son los que dedican al consumo una mayor parte de sus rentas. Por otra parte, claman por una mayor desregulación lamentándose amargamente de la lentitud burocrática y la falta de suelo, cuando entre 2005 y 2007 se construyeron en España 1.720.400 viviendas, no habiéndose vendido en la Región de Murcia la mitad de lo levantado. Resulta harto evidente que estamos ante un problema de demanda, no de oferta.
Ante esta coyuntura, urge en primer lugar replantearse el papel de los bancos centrales y los reguladores de los mercados, intensificando sus funciones de supervisión, dificultando los movimientos especulativos de capital y en definitiva, comprometiéndolos con los objetivos sociales de creación de empleo y riqueza y la equitativa distribución de ésta.
Por otra parte, los gobiernos pueden ponerse a rescatar a las partes que nos metieron en este embrollo o bien ayudar a las familias y a los prestatarios a conseguir un arreglo. El profesor Paul Krugman se decanta por esta opción. El catedrático Torres López nos aporta más soluciones: evitar que la vivienda siga considerándose un activo creado para generar beneficio a través de la acumulación y la especulación, establecer reservas de suelo, controles de precios y políticas impositivas que desincentiven la especulación con bienes sociales básicos. Desde la Asamblea de Murcia por una Vivienda digna apostamos además por establecer las garantías necesarias para que los propietarios se decidan a poner en alquiler el ingente parque de viviendas desocupadas y en caso contrario, proceder a la penalización vía fiscal de éstas, así como intensificar la lucha contra la degradación urbanística y la corrupción, tan asentada en nuestra tierra.
Debemos añadir finalmente la urgente necesidad de un gran pacto por la vivienda en España que se sitúe por encima de confrontaciones políticas. La Región de Murcia sigue incumpliendo los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Vivienda en el Plan Estatal de Vivienda. La directora gerente del Instituto de Vivienda y Suelo, Juana Castaño presume en la prensa de que una de cada siete viviendas iniciadas en la Región es oficial (14%), cuando lo cierto es que según los datos que el propio gobierno regional ofrece, durante el año pasado se terminaron 25.461 viviendas siendo VPO 751 (3%). Por otra parte, están iniciadas 24.820 viviendas siendo oficiales 1766 (7%). En 1995, la VPO construida en Murcia era el 45% del total. Finalmente, pasado el torbellino electoral, el gobierno regional debe desistir del boicot al que está sometiendo a la Renta Básica de Emancipación de 210 € para que los jóvenes alquilen una vivienda, reduciendo los injustificables trámites que ha impuesto a su solicitud.
Con las crisis energéticas de los 70 y el ascenso al poder de Thatcher, Reagan o Pinochet, más de uno quiso dar por enterrado al Estado de Bienestar, y las propuestas económicas neoliberales han campado a sus anchas por el globo con el beneplácito de organismos internacionales y bancos centrales. Concretamente, en el mercado inmobiliario, el venerado libre mercado ha fracasado estrepitosamente en proporcionar a la ciudadanía el derecho constitucional a una vivienda digna. La crisis financiera y global que nos azota, deberá hacernos reconsiderar el papel del Estado para frenar el vendaval especulativo en el que subyacen sus causas.
La situación en la que nos encontramos tiene condicionantes tanto externos como internos. Las hipotecas subprime de EEUU forman ya parte de nuestra jerga: se concedieron alegremente préstamos a personas sin garantías o ninjas (no income, no job, no assets) pensando que a las malas, siempre se podrían embargar las casas revalorizadas. Sin embargo, el pinchazo de la burbuja ha dado al traste con el negocio. Lo peor es que usted, que depositó sus ahorros en su caja o banco de toda la vida, es quizás el prestamista último del ninja, a través de las inversiones especulativas de su entidad en fondos de titulización hipotecaria del banco americano. Paralelamente, los bancos centrales, al servicio del gran capital y del control de la inflación, no solo no han advertido a la sociedad de lo arriesgado de este juego, sino que además hace mucho tiempo que eliminaron de su agenda de objetivos velar por el crecimiento real de la economía y por la creación de empleo. Mientras tanto en España, bancos y empresas decidieron que el monocultivo del ladrillo resultaba mucho más rentable que las actividades generadoras de riqueza real, como la investigación científica y la industria.
Si a la hipertrofia financiera y especulativa en la que estamos inmersos le sumamos factores de carácter real, como que el precio del petróleo se ha triplicado en 5 años, tenemos sobre la mesa un cóctel sin duda explosivo. Aún recuerdo a Ana de Palacio presumiendo de lo que iban a subir las bolsas y a bajar el petróleo gracias a la guerra de Irak. Con los salarios reales estancados y el peso de las rentas del trabajo cayendo año tras año en el PIB, vemos en la prensa los beneficios empresariales subir año tras año y a Fernando Martín (MARTINSA-FADESA) afirmar que pueden permitirse bajar el precio de sus viviendas, pues trabajan con un margen del 40% sobre su precio.
Como era de esperar, presidentes de promotores, neocons e incluso el director territorial de una importante caja de ahorros que opera en nuestra Región, no han tardado en ofrecer sus soluciones: reducir el Impuesto de Sociedades, eliminar Patrimonio y Sucesiones y subir el IVA, que incide especialmente sobre los más necesitados, pues son los que dedican al consumo una mayor parte de sus rentas. Por otra parte, claman por una mayor desregulación lamentándose amargamente de la lentitud burocrática y la falta de suelo, cuando entre 2005 y 2007 se construyeron en España 1.720.400 viviendas, no habiéndose vendido en la Región de Murcia la mitad de lo levantado. Resulta harto evidente que estamos ante un problema de demanda, no de oferta.
Ante esta coyuntura, urge en primer lugar replantearse el papel de los bancos centrales y los reguladores de los mercados, intensificando sus funciones de supervisión, dificultando los movimientos especulativos de capital y en definitiva, comprometiéndolos con los objetivos sociales de creación de empleo y riqueza y la equitativa distribución de ésta.
Por otra parte, los gobiernos pueden ponerse a rescatar a las partes que nos metieron en este embrollo o bien ayudar a las familias y a los prestatarios a conseguir un arreglo. El profesor Paul Krugman se decanta por esta opción. El catedrático Torres López nos aporta más soluciones: evitar que la vivienda siga considerándose un activo creado para generar beneficio a través de la acumulación y la especulación, establecer reservas de suelo, controles de precios y políticas impositivas que desincentiven la especulación con bienes sociales básicos. Desde la Asamblea de Murcia por una Vivienda digna apostamos además por establecer las garantías necesarias para que los propietarios se decidan a poner en alquiler el ingente parque de viviendas desocupadas y en caso contrario, proceder a la penalización vía fiscal de éstas, así como intensificar la lucha contra la degradación urbanística y la corrupción, tan asentada en nuestra tierra.
Debemos añadir finalmente la urgente necesidad de un gran pacto por la vivienda en España que se sitúe por encima de confrontaciones políticas. La Región de Murcia sigue incumpliendo los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Vivienda en el Plan Estatal de Vivienda. La directora gerente del Instituto de Vivienda y Suelo, Juana Castaño presume en la prensa de que una de cada siete viviendas iniciadas en la Región es oficial (14%), cuando lo cierto es que según los datos que el propio gobierno regional ofrece, durante el año pasado se terminaron 25.461 viviendas siendo VPO 751 (3%). Por otra parte, están iniciadas 24.820 viviendas siendo oficiales 1766 (7%). En 1995, la VPO construida en Murcia era el 45% del total. Finalmente, pasado el torbellino electoral, el gobierno regional debe desistir del boicot al que está sometiendo a la Renta Básica de Emancipación de 210 € para que los jóvenes alquilen una vivienda, reduciendo los injustificables trámites que ha impuesto a su solicitud.
*Economista. Miembro de la Asamblea de Murcia por una Vivienda Digna y del Foro Ciudadano
2 comentarios:
Si, lo que piden algunos es que se saqueen las arcas públicas para compensar sus aventurillas y su mala gestión empresarial PRIVADA. No querían mercado y ladrillo? Pues que les vayan dando Lo que nadie quiere reconocer es que ladrillo e investigación productiva son antagonistas. Empresas que han "diversificado" su actividad porque pensaban que con los márgenes del ladrillo se vivía mejor, a costa de saquear a las clases medias. Lo que era legítimo, porque el estado no ha hecho nada por corregirlo. Ni zapatitos tampoco, que ahora va presumiendo de centrista y que tras la retirada de las tropas de Irak se le acabó el gas. Una buena operación de limpieza en toda esta política corrupta pasa también porque ningún político pueda durar más de 8 años en el cargo.
Una idea es lo que estan haciendo en coruña, por ley minimo 40m, una hora de luz al dia, etc, lo malo lo de siempre: otra escusa para subir precios, aunque como esta el patio cada vez sale menos rentable construir, la noticia es de: http://acoruna-online.com.es/noticia-2795_asi_seran_las_nuevas_casas_de_galicia.html
Pd: totalmente de acuerdo con el post anterior, mucha promesa y todo esta mucho peor, a ver si pasan estos 4 años rapidito y entra nueva sangre, quien sea.
Salu2.
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