La corrupción urbanística que se está destapando en los municipios españoles amenaza con contaminar a algunos Gobiernos autónomos, renuentes a sancionar las tropelías inmobiliarias de los ayuntamientos de su mismo color político. Al caso del Gobierno balear, del PP, viene ahora a sumarse la sospecha que recae sobre la presidencia autonómica canaria. En Baleares, parece que el Gobierno arrastró los pies durante diez meses antes de trasladar a la fiscalía una denuncia de agentes forestales por construcciones ilegales en una zona protegida de Andratx, punto fatal de la marea negra inmobiliaria.
Todo suscita el irremediable temor de que las barreras que pueden oponerse a la corrupción son muy débiles. Los municipios obtienen financiación abundante de la especulación inmobiliaria, que benefician a los partidos o a los propios alcaldes, concejales o servidores públicos que envilecen la administración municipal. No es muy alentador ver a los responsables políticos autonómicos o nacionales cuyos ayuntamientos están implicados en casos de fraude urbanístico escudarse en distinciones jurídicas para no actuar con dureza.
La proximidad de las elecciones municipales y autonómicas suscita la sospecha de que la eclosión de los casos de corrupción inmobiliaria que salpican al PP y al PSOE sea un instrumento táctico más para debilitar las posiciones del adversario y que, por tanto, después de las elecciones la persecución policial y judicial de los escándalos urbanísticos se relegue a la trastienda de la política.
Si los grandes partidos políticos, con responsabilidades autonómicas y municipales significativas, desean reducir la corrupción en los municipios están obligados a pactar una estrategia que incluya cambios legales profundos -modificación de la ley de financiación de los partidos, control de la propiedad del suelo de los ayuntamientos, nuevas fuentes de financiación municipal-, una Administración de justicia volcada en la persecución de los delitos inmobiliarios, incluida la información privilegiada, y códigos de conducta que transmitan confianza a los ciudadanos. Es desde luego deplorable que imputados en escándalos urbanísticos sean aun candidatos en las próximas elecciones, como sucede con varios casos del PP. Los votantes deberían hacer pagar semejante torpeza al partido que la cometa.
Nunca se ponderará lo suficiente el papel que pueden jugar los controles internos de los ayuntamientos en esta batalla contra la recalificación desmesurada, los bloques de viviendas sin urbanizar y el pelotazo sobre suelo protegido. Debe reforzarse la independencia de los interventores municipales, sometidos hoy a la arbitrariedad de las decisiones de alcaldes o comisiones municipales que pueden sentirse afectadas por su fiscalización.
La actual disposición adicional segunda del Estatuto de la Función Pública no parece ir por este camino. La corrupción urbanística ha llegado a extremos que sólo puede ser combatida con planes de emergencia. La mejor demostración de que los partidos se toman en serio esta lacra sería que acordasen un plan de acciones legales y políticas contra ella.
(En la fotografía, las polémicas torres de Isla Plana promovidas por Sánchez Carrillo y en las que se sospecha pudo participar inicialmente Carlos Valcárcel)
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4 comentarios:
Uno de los informes técnicos que sirvió de base para recalificar los terrenos protegidos de la finca La Zerrichera de Águilas tuvo «un uso excesivo, indebido y erróneo» por parte de la empresa promotora y de la autoridades medioambientales del Gobierno murciano. Así lo manifiesta el autor de este estudio, el profesor titular de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Almería, Francisco Gómez Mercado, quien ayer manifestó, a preguntas de La Verdad, que su trabajo científico había sido «sobreutilizado» , ya que se le dió un alcance del que no se siente responsable.
El profesor de Biología Vegetal explicó que se mostró disgustado al conocer que su nombre, y el logotipo de la Universidad de Almería, habían aparecido en la portada del documento medioambiental enviado por la empresa Grupo Hispania a la Consejería de Medio Ambiente, con el fin de obtener la Declaración positiva de impacto medioambiental, y a partir de ahí propiciar la urbanización. El mismo malestar sintió al verse reflejado en la Declaración publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Según explicó ayer, la empresa que le encargó y pagó el trabajo, a través de una firma consultora, «no delimitó el ámbito de la autoría del informe que presentó a las autoridades medioambientales murcianas. Yo soy autor de un anejo, pero no del resto del documento», manifestó.
Gómez Mercado decidió ponerse en contacto con la empresa que le encargó el trabajo «para obligarle» a que comunicara a la Consejería de Medio Ambiente el alcance real de su informe, cosa que hizo la promotora. El profesor aclara que no obtuvo respuesta de la Consejería.
Explicó que la empresa le encargó un informe técnico y científico del terreno, a través de un contrato público firmado por la Universidad de Almería. Su misión consistió en delimitar la finca en una serie de parcelas para realizar una evaluación biológica sobre sus valores ambientales, agrícolas y de fauna y flora. Subraya que su participación se ciñó a ese cometido, y que científicamente se hace responsable del mismo, pero no del conjunto de la documentación medioambiental que elaboró la empresa y que dirigió a la Consejería para promover y recalificar los terrenos. «Yo no hablo de viviendas ni de edificabilidad. Sólo me considero responsable de mi estudio técnico, que era un anejo. Hubo un uso excesivo, indebido o erróneo, por no decir otra cosa, de mi nombre y de la autoría», añadió.
«Que apareciera mi nombre en el Boletín Oficial fue un error y un desliz que se fraguó en Murcia». Gómez Mercado indicó, por último, que su misión no consistía en proponer las medidas correctores del informe de repercusiones, necesarias para facilitar la recalificación y posterior urbanización.
Otro informe de Madrid
La empresa promotora también solicitó otro informe técnico a varios profesores de la Universidad Politécnica de Madrid: El catedrático Antonio Prieto Rodríguez, el profesor José Antonio Saiz de Omecaña y la colaboradora Elena Vega Revenga.
Con ambos estudios, el jefe de Servicio de Calidad Ambiental de la Consejería elaboró un informe de evaluación de repercusiones sobre la Red Natura. Basándose en ellos, concluyó que la recalificación de los terrenos «no afectará de forma apreciable a la integridad del LIC Sierra de la Almenara, Moreras, Cabo Cope, siempre y cuando se lleven a cabo las medidas correctoras de los documentos» realizados por los profesores de las universidades de Almería y Madrid.
Se da la circunstancia de que el profesor Gómez Mercado tituló su trabajo Informe botánico preliminar para el estudio de la afecciones y repercusiones a la Red Natura 2000 de un proyecto turístico-residencial en la finca La Cerrichera (Águilas, Murcia).
Luego, la documentación que manejó la Consejería de Medio Ambiente lo tituló Estudio de afecciones y evaluación propuesta de repercusiones a la Red Natura 2000 de la modificación puntual del Plan General de Ordenación de Águilas de la finca La Zerrichera».
De La Verdad
Uno de los informes técnicos que sirvió de base para recalificar los terrenos protegidos de la finca La Zerrichera de Águilas tuvo «un uso excesivo, indebido y erróneo» por parte de la empresa promotora y de la autoridades medioambientales del Gobierno murciano. Así lo manifiesta el autor de este estudio, el profesor titular de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Almería, Francisco Gómez Mercado, quien ayer manifestó, a preguntas de La Verdad, que su trabajo científico había sido «sobreutilizado» , ya que se le dió un alcance del que no se siente responsable.
El profesor de Biología Vegetal explicó que se mostró disgustado al conocer que su nombre, y el logotipo de la Universidad de Almería, habían aparecido en la portada del documento medioambiental enviado por la empresa Grupo Hispania a la Consejería de Medio Ambiente, con el fin de obtener la Declaración positiva de impacto medioambiental, y a partir de ahí propiciar la urbanización. El mismo malestar sintió al verse reflejado en la Declaración publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Según explicó ayer, la empresa que le encargó y pagó el trabajo, a través de una firma consultora, «no delimitó el ámbito de la autoría del informe que presentó a las autoridades medioambientales murcianas. Yo soy autor de un anejo, pero no del resto del documento», manifestó.
Gómez Mercado decidió ponerse en contacto con la empresa que le encargó el trabajo «para obligarle» a que comunicara a la Consejería de Medio Ambiente el alcance real de su informe, cosa que hizo la promotora. El profesor aclara que no obtuvo respuesta de la Consejería.
Explicó que la empresa le encargó un informe técnico y científico del terreno, a través de un contrato público firmado por la Universidad de Almería. Su misión consistió en delimitar la finca en una serie de parcelas para realizar una evaluación biológica sobre sus valores ambientales, agrícolas y de fauna y flora. Subraya que su participación se ciñó a ese cometido, y que científicamente se hace responsable del mismo, pero no del conjunto de la documentación medioambiental que elaboró la empresa y que dirigió a la Consejería para promover y recalificar los terrenos. «Yo no hablo de viviendas ni de edificabilidad. Sólo me considero responsable de mi estudio técnico, que era un anejo. Hubo un uso excesivo, indebido o erróneo, por no decir otra cosa, de mi nombre y de la autoría», añadió.
«Que apareciera mi nombre en el Boletín Oficial fue un error y un desliz que se fraguó en Murcia». Gómez Mercado indicó, por último, que su misión no consistía en proponer las medidas correctores del informe de repercusiones, necesarias para facilitar la recalificación y posterior urbanización.
Otro informe de Madrid
La empresa promotora también solicitó otro informe técnico a varios profesores de la Universidad Politécnica de Madrid: El catedrático Antonio Prieto Rodríguez, el profesor José Antonio Saiz de Omecaña y la colaboradora Elena Vega Revenga.
Con ambos estudios, el jefe de Servicio de Calidad Ambiental de la Consejería elaboró un informe de evaluación de repercusiones sobre la Red Natura. Basándose en ellos, concluyó que la recalificación de los terrenos «no afectará de forma apreciable a la integridad del LIC Sierra de la Almenara, Moreras, Cabo Cope, siempre y cuando se lleven a cabo las medidas correctoras de los documentos» realizados por los profesores de las universidades de Almería y Madrid.
Se da la circunstancia de que el profesor Gómez Mercado tituló su trabajo Informe botánico preliminar para el estudio de la afecciones y repercusiones a la Red Natura 2000 de un proyecto turístico-residencial en la finca La Cerrichera (Águilas, Murcia).
Luego, la documentación que manejó la Consejería de Medio Ambiente lo tituló Estudio de afecciones y evaluación propuesta de repercusiones a la Red Natura 2000 de la modificación puntual del Plan General de Ordenación de Águilas de la finca La Zerrichera».
De La Verdad
Plataforma Ciudadana 'No a este plan urbanístico" convoca reunión el próximo viernes a las 20.30 horas en el Centro Sociocultural "La Cárcel" en Totana
El pasado viernes 9 de febrero, se reunieron unas 50 personas en el antiguo Instituto Juan De La Cierva. La convocatoria se produjo a raíz de la presentación por parte del equipo redactor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Totana al Consejo de Participacion Ciudadana el pasado martes 6 de febrero en el auditorio del centro sociocultural 'La Cárcel'.
En esta reunión se constituyó la Plataforma Ciudadana 'No a este plan urbanístico' , la cual tiene un carácter no partidario, estando abierto a todos los vecinos de Totana con
En esta primera reunión de la plataforma se llegó a los siguientes acuerdos:
1º.- Manifestación unánime en contra de las declaraciones del actual Concejal de Servicios a la Ciudad, Obras públicas, Infraestructuras y Seguridad, en las que se denunciaba una supuesta manipulación de los asistentes a la ya citada reunión del Consejo de Participación Ciudadana por parte de determinadas fuerzas políticas municipales. Las personas que, bien como representantes de las distintas asociaciones del municipio, bien a título individual, acudimos al acto en cuestión lo hicimos de motu propio, para recibir información por parte de los responsables técnicos y políticos allí presentes, y formular preguntas sobre aquellos puntos del PGOU que no habían sido suficientemente explicados por éstos.
2º.- Inicio de los pasos necesarios para aunar todas las inquietudes ciudadanas de distinta índole cuyo nexo común es la oposición a este nuevo Plan General de Ordenación Urbana, tales como las asociaciones agrarias y ganaderas, asociaciones de empresarios, asociaciones culturales, asociaciones de vecinos, asociaciones juveniles, etc.
3º.- La necesaria separación de la plataforma de cualquier tipo de partidismo político. No obstante, todos los vecinos de Totana, en calidad de ciudadanos libres, tendrán acogida en la plataforma, siempre a título individual.
4º.- Identificación de los motivos por los cuales los integrantes de la plataforma nos manifestamos en contra del nuevo PGOU:
a.- La falta de consenso entre las distintas fuerzas políticas y sociales alrededor del PGOU.
b.- La falta de transparencia e información pública durante la tramitación del PGOU, en especial sobre los convenios urbanísticos asociados a la aprobación del mismo.
c.- El cambio sustancial en los usos del suelo del municipio, con la masiva recalificación del mismo como urbanizable.
b.- La muy cuestionable viabilidad y sostenibilidad de la construcción de más de 40.000 nuevas viviendas.
5º.- La definición de los puntos básicos en común a defender por la plataforma, que de forma muy resumida son:
a.-Paralización cautelar e inmediata de la tramitación del nuevo Plan.
b.-Realización de un referéndum sobre el Plan con la participación de todos los ciudadanos de Totana.
6.-La convocatoria a todos los ciudadanos con interés en conocer la plataforma y/o sumarse a ella, el próximo viernes 16 de febrero , a las 20.30 horas , en el auditorio del Centro SocioCultural 'La Cárcel'.
ANSE denuncia que el Ayuntamiento pide 3.166 € por fotocopiar 4 convenios
ANSE asegura haber recibido un escrito del Ayuntamiento de la capital de la Región, firmado por el director de Servicios de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, en el que comunica a la Asociación que, para disponer de cuatro expedientes urbanísticos de Nueva Condomina deberán abonar la cantidad de 170, 580, 924 y1.492 euros respectivamente, o lo que es lo mismo, 2 euros por fotocopia, o 3.166 euros por el conjunto de los convenios.
ANSE considera que los cuatro Convenios Urbanísticos suscritos por el Ayuntamiento de Murcia en el mes de febrero de 2006, para permitir la construcción de 22.000 viviendas en la zona Norte de la ciudad, junto a la Nueva Condomina, podrían estar afectados por vicios de nulidad al haberse realizado con vulneración del propio Plan de Ordenación Urbana de Murcia del año 2001, sin haberse sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y en contra del programa de infra-estructuras definido por el Ministerio de Fomento. La Asociación informa que todavía se encuentran pendientes de resolución por parte del TSJ de la Región los recursos presentados por la propia Asociación y el Colegio de Arquitectos contra los desarrollos urbanísticos impulsados por el Ayuntamiento, en virtud de convenios con diferentes promotores y constructores, incluido el propio proyecto de Nueva Condomina.
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